NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE PEER TO PEER LENDINGS

NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE PEER TO PEER LENDINGS

El jueves pasado, el Banco Central del Uruguay (BCU), a través de su Superintendencia de Servicios Financieros, comunicó la elaboración de un nuevo proyecto de ley para reglamentar la actividad de las empresas que administran plataformas de préstamos entre personas, conocidas como Peer to Peer Lending (P2P).

El BCU ha entendido que, como las empresas que desarrollan esta actividad se limitan a aproximar a las partes en negocios de préstamos de dinero, pero sin asumir obligación o riesgo alguno, están por eso sujetas a su reglamentación y control.

El proyecto es una continuación de los lineamientos ya difundidos por el organismo a fines del año pasado, y está destinado a aquellos casos donde la actividad se realiza a través de aplicaciones web u otros medios electrónicos, lo que constituye la gran mayoría de las situaciones.

A continuación, exponemos los principales aspectos del proyecto:

  • Quienes ofrecen y demandan préstamos deben ser residentes.
  • No se admite la oferta por parte de personas jurídicas.
  • Los valores ofrecidos necesariamente deben ser recursos propios.
  • Se prohíbe la actuación de las empresas administradoras en calidad de oferentes y/o demandantes de préstamos de dinero. Esta prohibición abarca a propietarios, socios o accionistas, personal de la empresa y aquellas personas físicas o jurídicas vinculadas a los mismos.
  • Las administradoras tampoco podrán operar los pagos y cobros correspondientes a la operativa de préstamos, ni proveer servicios de gestión de cobro y recuperación de créditos vencidos, o adquirir dichos créditos.
  • Se crea un registro especial, en el que deberán inscribirse las empresas administradoras de plataformas Peer to Peer con anterioridad al inicio de sus actividades. Las empresas ya instaladas, dispondrán de un plazo de noventa días desde la aprobación del proyecto para solicitar la inscripción, pudiendo continuar sus actividades mientras la misma es procesada.
  • Las empresas deberán constituir y mantener un depósito por un monto no inferior a cincuenta mil unidades indexadas (unos USD 6.500, aproximadamente).
  • Será obligatorio para las empresas la implementación de sistemas integrales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como la elaboración de procesos de debida diligencia de los clientes y códigos de conducta.
  • Se deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas a través de la plataforma, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial.

Por ser ésta una temática tan novedosa en nuestro país, incluso para el propio organismo regulador, se alienta a quienes se ven implicados por la nueva normativa, a que aporten a la Superintendencia su visión y comentarios al respecto[1], pudiendo cooperar en la elaboración de la normativa que les será aplicable, lo que sin duda es una gran oportunidad.

Documento elaborado por Pilar Roucco.

 

[1] Los comentarios se recibirán exclusivamente a través del correo electrónico ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido el proyecto al que refieren los comentarios. Se tiene plazo hasta el 7 de septiembre de 2018.

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