EL ARBITRAJE EN EL DEPORTE. RUIDOS EN EL TAS

Desde el pasado 28 de agosto, la Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra gobernada por una Comisión Normalizadora designada por la “FIFA”, cuyo principal objetivo -según se desprende de la prensa- es aprobar un nuevo estatuto que cumpla con las exigencias del órgano rector del fútbol a nivel mundial. Nueve clubes interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte, más conocido como “TAS” en nuestro país por sus siglas en francés.

La regulación en el Derecho Deportivo se caracteriza por la imposición del arbitraje privado como fórmula de resolución de conflictos. Ello se logra mediante cláusulas genéricas que obligan a los involucrados a impugnar las resoluciones que adopten las organizaciones internacionales ante el “TAS”, prohibiendo el recurso ante los tribunales estatales, excepto para las cuestiones laborales.

Esta situación no es exclusiva del fútbol, sino que es la solución en los estatutos de las federaciones de todos los deportes.  De esta forma, a partir de su creación en 1984 por el Comité Olímpico Internacional, el “TAS” ha sido el órgano de última instancia de la justicia estrictamente deportiva a nivel mundial y punto de referencia para dirimir los conflictos del deporte.

Recientemente, la Sala 18°de la Corte de Apelación de Bruselas, en el marco del conflicto entre el club belga RFC Seraing y Doyen Sports Ltd. vs. FIFA, UEFA y la Federación Belga, dictó una sentencia en la que declaró que estas cláusulas de sujeción obligatorias al arbitraje contenidas en los estatutos de la “FIFA” son ilegales. Este pronunciamiento, a pesar de no ser vinculante para tribunales de otras jurisdicciones, sienta un importante precedente.

El Tribunal de Apelación considera que: “el Derecho belga únicamente reconoce efectos al convenio arbitral cuando atañe a una determinada relación jurídica… en esta cláusula arbitral se prevé el sometimiento a arbitraje de manera general… se recurre al arbitraje del TAS para resolver cualesquiera litigios que puedan sobrevenir entre determinadas partes, pero sin especificar o indicar nada al respecto de una determinada relación jurídica… por ende, no puede ser reconocida como un convenio arbitral por el Derecho Belga”.

Lo que dicho fallo parece querer decir es que la generalidad de dichas cláusulas las transforma en inaplicables. Por el solo hecho de formar parte de un determinado organismo deportivo, y sin atender el consentimiento para el caso concreto, obligan a sus miembros a reconocer al “TAS” como órgano competente. Asimismo, esto se ve agravado por la situación de monopolio jurídico de la que gozan la “FIFA” y las demás organizaciones deportivas, que hace que los clubes y los deportistas tengan que elegir entre resignar su autonomía de voluntad, o practicar el deporte de manera federada.

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hace tres semanas, en el caso Mutu y Pechstein vs. Suiza, entendió que la estructura y composición del “TAS” cumple con las exigencias de independencia e imparcialidad de toda otra organización deportiva, y es compatible con los derechos procesales fundamentales.  Este fallo no es definitivo, dado que las partes poseen un plazo de tres meses para solicitar que el caso sea reexaminado, pero, en caso de confirmarse, representaría un gran respaldo para el actual funcionamiento y sistema de elección de árbitros del “TAS”, superando las críticas a su posible parcialidad y dependencia, y permitiendo al tribunal deportivo concentrarse en los reparos referidos a su sistema de sometimiento.

Parece indudable que su jurisdicción es necesaria para la uniformidad del deporte, que existe una evidente inadaptación de la justicia de los Estados a la realidad deportiva, y que tal como ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sus procedimientos no vulneran per se el debido proceso. Pero sus grandes virtudes no deben cubrir sus vicios, por lo que debería ser inminente una reforma de las formas de sometimiento al Tribunal Arbitral del Deporte, en virtud de que el sistema arbitral, por su naturaleza, no puede ser obligatorio.

Es claro que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes es el principio básico que rige las técnicas alternativas de resolución de conflictos. Por lo tanto, los mecanismos extrajudiciales, como el arbitraje, no debieran ser impuestos coercitivamente, sino que ambas partes deben expresar su intención de resolver sus conflictos de esta manera.

En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado la posibilidad de que la justicia ordinaria pueda abstenerse de entender en asuntos concernientes a intereses deportivos; no reconoce las cláusulas de las asociaciones deportivas que prohíben a sus afiliados acudir o acceder a los tribunales de la República.

Documento elaborado por Francisco Rodríguez