URUGUAY: EXPORTADOR DE CANNABIS MEDICINAL.

En el día de ayer se dio a conocer que una empresa uruguaya completó la primera exportación de flores de cannabis psicoactivo –con al menos 1% de THC- para fines medicinales.

Éste es un hito histórico en el desarrollo de esa industria a nivel nacional, que hoy inicia una nueva fase de proyección internacional.

Pero es importante hacer notar que es también el punto de llegada después de varios años de avanzar en las demás fases. Haber logrado la exportación referida implica que en Uruguay se logró satisfactoriamente al menos lo siguiente:

  • Contar con un régimen legal propicio para poder desarrollar todas –y cualquiera- de las actividades implicadas: desde la agrícola, pasando por la industrial, hasta la de comercialización; además de la investigación.
  • Implementar el otorgamiento de licencias por parte de una autoridad especializada en la materia, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA).
  • Desarrollar las actividades de cultivo, cosecha, secado y acopio del cannabis.
  • Instalar y manejar laboratorios para desarrollar actividades industriales tales como la extracción, fraccionamiento, elaboración y envasado de productos derivados del cannabis, con habilitaciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública.
  • Alcanzar estándares de las Buenas Prácticas de Manufactura y certificaciones que exige la industria a nivel internacional.
  • Alinear criterios y procedimientos entre las autoridades competentes en materia de control de sustancias y aduaneras locales (principalmente Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Aduanas), así como con las autoridades del país destinatario (Alemania en este caso).
  • Contar con un régimen legal propicio para la captación de inversión extranjera, sumado a la existencia de incentivos y exoneraciones fiscales (por ejemplo a través de las zonas francas).
  • Contar con buena reputación en materia de transparencia y políticas de prevención del lavado de activos, y un organismo especializado que interviene en el control del origen de fondos y beneficiarios finales (la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo –SENACLAFT-).

Documento elaborado por Florencia Berro.