BRAGARD asesoró a las compañías operadoras de televisión por cable

BRAGARD asesoró a las compañías operadoras de televisión por cable de la zona metropolitana de Montevideo, en el conflicto mantenido contra la empresa Equital en relación a los derechos de los canales de televisión abierta, canales 4, 10 y 12 de Montevideo.

La Ley de Medios, Nº 19.307, estableció la obligación de las compañías de cable de trasmitir las señales de los canales de aire cuya área de cobertura sea similar a la suya. Estableció asimismo que esta obligación no aparejaría el pago de ninguna contraprestación de una parte a la otra. Vale aclarar que esta situación se daba en los hechos desde hace más de 20 años

Los canales de 4, 10 y 12 de Montevideo, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Medios, reclamando entre otras cosas la declaración de inconstitucionalidad de la disposición que establece esta licencia obligatoria.

La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esta disposición por entender que se viola el artículo 32 de la Carta, al no preverse el pago de una justa y previa compensación a favor de los canales de aire.

En base a dicha declaración de inconstitucionalidad, Equital SA, empresa que adquirió los derechos de distribución de los canales 4, 10 y 12, pretende cobrar un precio a los cable-operadores que se encuentran dentro del área de cobertura de dichos canales y por tanto están obligados a trasmitir estas señales, contrariamente a una práctica que tiene más de 20 años.

La declaración de inconstitucionalidad del artículo que imponía la gratuidad supuso un gran desafío a afrontar por parte de la defensa de los cable operadores, ya que al imponerse la obligación de trasmitir estos canales, si se permitía cobrar un precio a los canales de aire podía dar lugar al reclamo de precios abusivos, lo que finalmente se concretó en la práctica.

En diciembre de 2017 Equital inició una serie de medidas cautelares contra distintos cable operadores de la zona metropolitana de Montevideo, mediante las cuales se ordenaba a los cable operadores dejar de trasmitir las señales de aire; lo cual suponía un grave perjuicio para las empresas de cable, no solo porque disminuía la calidad del producto sino porque significaba incumplir con la ley. El Dr. Juan Orticochea del Estudio Bragard asesora y representa a gran parte de las empresas de cable demandadas. Ya en el 2018 Equital presentó su demanda judicial reclamando daños y perjuicios y una condena a no trasmitir las señales de los canales de aire, contra varias de nuestras representadas.

Se obtuvieron en la vía judicial varias sentencias de primera y segunda instancia que revirtieron y dejaron sin efecto las medidas cautelares decretadas inicialmente ante el pedido de Equital. Finalmente, luego de haber contestado la demanda de Equital, se arribó a un acuerdo transaccional, incluyendo no solo el objeto del presente procedimiento sino los derechos de otros eventos televisivos emitidos por la contraparte.

Informe país por país, nuevas disposiciones fiscales

Informamos a Uds. que la Dirección General Impositiva (en adelante DGI) emitió el presente año la Resolución 94/019, donde establece que los contribuyentes de IRAE que forman parte de un grupo económico multinacional de gran dimensión económica, deben presentar anualmente un informe país por país e información complementaria que solicita la Administración.

Se considera de gran dimensión económica aquel grupo en su conjunto que tenga ingresos al cierre de su ejercicio económico mayores a EUR 750:000.000. 

Información a incluir en el Informe país por país, en caso de tener que presentarlo:

A) Información de cada una de las entidades que integran el Grupo Multinacional, país de residencia fiscal, país de constitución cuando difiere del país de residencia, y actividades desarrolladas.

B) Ingresos brutos consolidados distinguiendo entre los obtenidos con vinculadas e independientes, resultados financieros antes de impuestos, impuesto sobre la renta pagado y devengado, capital social, resultados acumulados, número de empleados y activos intangibles.

Cabe mencionar que el informe deberá enviarse según las características establecidas en el formato de intercambio Informe País por País previsto por DGI.

No se debe presentar este informe en caso de que otro integrante del grupo lo presente en su país, y que ese país tenga un convenio de intercambio con Uruguay, que le permita a DGI acceder a esa información.

Por otro lado, exigen también que presentemos información complementaria relativa a:

  1. La entidad que presenta el informe país por país en nombre del Grupo Multinacional
  2. La entidad controlante del Grupo Multinacional
  3. Las entidades del Grupo Multinacional en el país.

Esta información adicional debe presentarse antes del cierre de ejercicio del Grupo Multinacional.

Estas disposiciones aplican para los ejercicios económicos iniciados desde el 1/01/2017 en adelante.

En caso de encontrarse comprendidos en los términos de esta resolución o con cualquier incertidumbre al respecto, pueden contactarse con nosotros que con mucho gusto analizaremos el caso y las propondremos las sugerencias pertinentes.

Novedades en materia de Derecho Laboral

Sobre finales del año 2018 se aprobaron en el parlamento una serie de normas que introducen varias modificaciones considerables relativas a la normativa laboral.

Entre ellas, se establece una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad para las empresas del sector privado; se crea un fondo de garantía de los créditos laborales para casos de insolvencia del empleador; se reduce la tasa de aporte al Fondo de Reconversión Laboral; y se crea un registro de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias.

  1. Promoción del trabajo para personas con discapacidad

La Ley Nº 19.691 establece la obligación de contratar empleados con discapacidad para aquellas empresas que cuenten con 25 o más empleados. De acuerdo a la Ley Nº 18.651 debe entenderse que “Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

De acuerdo a las disposiciones de la ley, en cada nueva incorporación de personal las empresas obligadas deben contratar personas con discapacidad de forma de respetar los porcentajes establecidos por la norma. Si la empresa cuenta con más de 50 empleados y no más de 150, durante el primer año de vigencia de la ley la empresa deberá contratar un número de personas con discapacidad equivalente al 1% del total de sus empleados. Si la empresa tiene entre 150 y 500 empleados, el porcentaje se eleva a un  2%; y para aquellas empresas con más una discapacidad. Los porcentajes van en aumentando de manera gradual año a año hasta llegar al cuatro año de vigencia de la ley, a partir del cual toda empresa que cuente con 25 empleados o más deberá tener al menos un 4% del total de su personal con discapacidad.

Las personas con discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de esta ley deben inscribirse en un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Los empleados con discapacidad tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador, por lo que le serán aplicables la totalidad de las normas del derecho del trabajo vigentes y en particular los laudos del Consejo de Salarios del sector que corresponda, incluyendo mínimos salariales y condiciones de trabajo que allí se estipulen.

En cuanto al despido de un trabajador con discapacidad, la norma establece una particularidad consistente en la obligación del empleador de justificar la existencia de una causa razonable para proceder al mismo. La causa razonable puede estar vinculada a la conducta del empleado, así como en una razón objetiva de empresa, como por ejemplo una reducción de personal. En caso de que el empleador no pueda acreditar la existencia de una causa razonable se le impone el pago de una indemnización especial de seis meses de sueldo, acumulable con la indemnización por despido legal. Esto significa una excepción al régimen general de acuerdo al cual el empleador no está obligado a detallar los motivos del despido, sino que alcanza con pagar la indemnización legal. Una vez efectuado el despido del trabajador con discapacidad la empresa tiene un plazo de tres meses para recontratar a otro, cumpliendo con la cuota impuesta por la ley.

Adicionalmente, los empleados con discapacidad tendrán derecho a una licencia extraordinaria sin goce de sueldo de hasta tres meses al año, que debe estar fundada en una causa relacionada con su discapacidad.

El empleador deberá permitir, en caso de que el empleado lo solicite, el ingreso a la empresa de un técnico en Empleo con Apoyo, que tendrá la función de colaborar con la adaptación del empleado con discapacidad a su nuevo puesto de trabajo, sus tareas así como a la identificación de sus compañeros.

A su vez la empresa deberá adaptar el lugar de trabajo generando las condiciones necesarias de accesibilidad para personas con discapacidad, contando para ello con un plazo no mayor a 12 meses.

La nueva ley dispone asimismo un descuento sobre los aportes jubilatorios patronales, a cuyos efectos la empresa deberá inscribirse en el Registro de Empleadores que funcionará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante el primer año la empresa pagará únicamente el 25% de los aportes patronales correspondientes al empelado con discapacidad; durante el segundo un 50%, en el tercero un 75% y a partir del cuarto año pasará a pagar el 100% del aporte correspondiente. Cabe aclarar que si se sustituye por despido a un empleado por otro se retoma la escala en donde había quedado para el trabajador cesado.

2. Fondo de Garantía de los Créditos laborales y Fondo de Reconversión Laboral

La Ley Nº 19.690 crea el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, cuya finalidad es cubrir la contingencia de insolvencia del empleador de la actividad privada, de forma de garantizar a los empleados el cobro de los créditos emergentes de la relación de trabajo.

La garantía se activa en caso de que declarado o rechazado concurso de acreedores del empleador, no existan fondos suficientes para cubrir los créditos laborales. El Fondo no cubre a todos los empleados, ni a todos los créditos laborales y a su vez tiene un tope máximo.

Se encuentran excluidos aquellos trabajadores que tengan un vínculo de parentesco de hasta tercer grado con el empleador o con el personal de dirección de la empresa; también se excluye a los directores, gerentes y personal superior de la empresa; por último tampoco los trabajadores que conformen una cooperativa de trabajo con fin de dar continuidad a la empresa, tendrán derecho a cobrar suma alguna del Fondo.

En cuanto a los créditos comprendidos, exclusivamente serán: salarios impagos generados en los últimos seis meses; licencia, salario vacacional y aguinaldo generados en los últimos dos años; la indemnización por despido legal (no así las indemnizaciones especiales); y la multa del 10% establecida por el artículo 29 de la Ley 18.572. El límite de la suma a pagar será de 105.000 unidades indexadas, y en caso de que el empelado haya cobrado algo en el marco del concurso de acreedores del empleador, esa suma se imputará al límite máximo a cobrar del Fondo.

A efectos de poder cobrar las sumas antes establecidas, los créditos laborales deben haber sido previamente verificados en sede concursal o haber sido reconocidas por sentencia con autoridad de cosa juzgada.

El Fondo de Garantía de Créditos Laborales se financia con una contribución especial a la seguridad social equivalente al 0,025% de las partidas que constituyan materia gravada.

Por otra parte el artículo 17 de la Ley 19.689 establece la tasa de aportes al Fondo de Reconversión Laboral en un 0,10%, lo que implica una reducción de 0,025% de la tasa hasta ahora vigente.

3. Registro de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias

La ley Nº 19.480 creó un Registro que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS), en el cual se inscribe a aquellas personas que por disposición judicial o por un acuerdo homologado judicialmente, deban pagar una pensión alimenticia a favor de menores o adolecentes personas que hayan alcanzado la mayoría de edad pero no superen los 21 años y no puedan aun sustentarse por sí mismas, o personas declaradas incapaces.

La Sede judicial que decrete u homologue una pensión alimenticia de este tipo deberá comunicar sobre la misma al BPS para que éste inscriba a la persona en el registro. El BPS a su vez, además de llevar el registro tiene la obligación de comunicar al actual o futuros empleadores de la persona inscripta, sobre la pensión alimenticia a la cual se encuentra obligado, para que la empresa retenga dicha suma de su sueldo. Una vez recibida la notificación por la empresa, ésta pasa a estar obligada a efectuar la retención. Será cargo del obligado, tramitar ante la Sede judicial la comunicación al BPS cuando cese la pensión alimenticia, para ser dado de baja del Registro.

IRNR – Extensión de la fuente para empleados extranjeros que trabajan en Zona Franca

El pasado 25 de marzo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un nuevo Decreto que reglamenta la situación fiscal de los empleados dependientes extranjeros que trabajan en Zona Franca, cuando estos se trasladen al exterior.

El artículo 6 del Título 7 (IRPF) dispone que, los empleados extranjeros que presten servicios personales en relación de dependencia en zona franca y que hayan elegido no tributar cargas sociales en Uruguay de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 15.921 de Zona Franca, podrán optar por tributar, en relación a las rentas de trabajo antes mencionadas, el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) en lugar del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF). Esta opción estará además sujeta a que las actividades que realice el empleado se presten exclusivamente en zona franca y que no formen parte, directa o indirectamente, de otras prestaciones de servicios en territorio no franco.

A la luz de la norma antes mencionada, existía una incertidumbre sobre los servicios prestados en el exterior por los empleados extranjeros dependientes de empresas ubicadas en zona franca.

De acuerdo al artículo 3 del Título 8, el IRNR grava las rentas provenientes de actividades desarrolladas en la República y algunas otras específicas de fuente extranjera, dentro de las cuales no se consideran rentas de trabajo en relación de dependencia de ningún tipo.

En virtud de lo antes dicho, el MEF consideró necesario dar una solución fiscal a la situación planteada. En esa línea, el nuevo decreto se agrega a la norma vigente especificando que, cuando el personal dependiente extranjero tenga rentas parcialmente en el exterior del territorio uruguayo, también podrá hacer uso de la opción referida en artículo 6 del Título 7, antes mencionado. Esto implica que también quedarán alcanzadas por el IRNR.

Asimismo, se designan responsables sustitutos por obligaciones tributarias de terceros a los usuarios de zona franca empleadores de quienes hayan ejercido la opción del artículo 6 del Título 7.

Cabe destacar que si no se hizo uso de la opción, y por lo tanto el personal dependiente extranjero está alcanzado por IRPF, este Decreto no modifica su situación.

Documento elaborado por Luciana Mantero. Departamento Tributario.

CAMBIOS EN ZONA FRANCA

 

Informamos a todos los usuarios (directos e indirectos) de Zona Franca, y, en especial, a quienes se encuentran tramitando actualmente la calidad de usuario para operar en Zona -o planean hacerlo a corto plazo- la aprobación de ciertos cambios.

Por resolución del Área Zonas Francas (“AZF”) del pasado 28 de febrero, se ha sustituido el hasta ahora vigente “Plan de Negocios” que debían presentar los usuarios por un “Plan de Inversión” (“PI”).

El PI rige desde el 1 de marzo de 2019, por lo que cualquier solicitud de nuevo usuario, prórroga, cesión, o cualquier otra comunicación posterior a dicha fecha, debe realizarse adjuntando el referido PI, y no se dará trámite a ninguna solicitud que utilice el anterior Plan de Negocios.

La presente modificación tiene el principal objetivo de adecuarse a la última reforma normativa en la materia (Ley 19.566 y Decreto 309/2018), de modo de facilitar el contralor que ejerce el AZF.

Los principales cambios del nuevo PI son:

  • exigir determinados datos financiero-contables (como una sección específica de flujo de fondos y cálculo de TIR)
  • se torna preceptivo detallar el origen de los costos de los bienes vendidos y/o servicios prestados (antes esto podía ser recomendable, pero alcanzaba únicamente con una cifra de costos)
  • Todos los usuarios deben proyectarse por al menos 5 años (incluso aquellos usuarios indirectos que tengan contratos por menos plazo).

Por su parte, la Dirección General Impositiva (“DGI”) dictó con fecha 15 de enero la Resolución 231/2019, por lo cual regula -entre otras cosas- la facturación electrónica de las empresas que operan en Zona Franca. A saber:

  • todas las empresas usuarias o desarrolladoras de una Zona Franca deberán obligatoriamente utilizar el régimen de facturación electrónica, independientemente de sus ingresos, volúmenes, etc.[1]
  • a los efectos del ítem anterior, aquellas empresas que ya estén operativas tendrán plazo hasta el 1 de abril de 2019 para adherirse a este sistema. Las nuevas empresas, por su parte, tendrán un plazo de 90 días desde la autorización para operar del AZF (ya sea expresa o tácita).

respecto a la nueva autorización legal a empresas de Zona Franca para brindar servicios en territorio no franco a empresas contribuyentes de IRAE, los contribuyentes deberán, previo a recibir los servicios, comunicar por escrito al prestador que son contribuyentes de IRAE y que los servicios a brindarse estarán afectados a dicho impuesto. Si bien esto es estrictamente una obligación de quienes vayan a recibir el servicio, es importante que el prestador se asegure de contar con dicha comunicación antes de comenzar a brindar los servicios.

[1] La misma obligación aplica a quienes presten servicios de cobranza de morosos a usuarios de zona franca, así como a quienes vendan productos y/o servicios para consumo final a trabajadores de empresas usuarias o desarrolladoras de zona franca.

Llamado a expresiones de interés para la construcción y explotación, en régimen de concesión, de obras marítimas, portuarias y/o terrestres del Puerto Logístico Punta Sayago.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) convocó al llamado de expresión de interés para la construcción y explotación, en régimen de concesión, de obras marítimas, portuarias y/o terrestres en el Puerto Logístico Punta Sayago (Montevideo).

Objeto del llamado: Construcción y explotación de obras marítimas, portuarias y/o terrestres en Puerto Logístico Punta Sayago, el cual se encuentra conectado vía carretera y marítima con proyección de conexión férrea para un manejo eficiente de cargas. Además de ello, se proyecta implementar una oferta integral de servicios comprendida por el control de accesos, vigilancia, red de suministro de agua potable, telefonía, recolección residuos, mantenimiento y limpieza del centro, red contra incendios, entre otros.

Plazos y condiciones de presentación: Los interesados deberán presentar sus antecedentes y la expresión de interés en sobre cerrado.

Fecha de inicio de recepción de propuestas: 1 de marzo de 2019. Fecha límite para presentación de antecedentes y expresar interés: 30 de junio de 2019.

Personas habilitadas a presentarse: Personas físicas o jurídicas nacionales y extranjeras. Los consorcios deben hacerlo constar al momento de la presentación.

Restricciones: No podrán participar del llamado quienes hayan sido declarados en quiebra, liquidación judicial, solicitado concurso de acreedores o se hubieran encontrado en situación similar dentro de los 5 años calendarios anteriores a la fecha de convocatoria del procedimiento. Asimismo tampoco aquellos respecto de los cuales, en los últimos 5 años, se hubiera decretado resolución unilateral de contratos públicos por incumplimiento de parte de estos frente al estado, o bien, que hubieren sido condenadas, en litigios con entidades públicas, como consecuencia de incumplimientos de contratos públicos.

Información y condiciones especiales: Los interesados en participar deberán incluir la siguiente información[1] al momento de presentar su expresión de interés:

a- Presentación de expresión de interés.
b-Estudio de factibilidad y oportunidad de la actividad que se desea desarrollar.
c- Proyecto básico.

Procedimiento: Los interesados que cumplan con los requisitos tendrán entrevistas con la ANP. En caso de ser rechazado o no ser aceptada su solicitud no será convocado a la entrevista por parte de la ANP.  Aquellos participantes que hayan dado cumplimiento a todos los requisitos a satisfacción de la ANP y sus propuestas sean seleccionadas, podrán obtener un beneficio de hasta el 20% sobre su oferta para el caso de su futura participación en el procedimiento competitivo que se realice. Asimismo, las participaciones en esta instancia no constituyen un requisito de cumplimiento previo para una posterior intervención en el procedimiento de licitación que finalmente se convoque.

El equipo BRAGARD se encuentra en condiciones de asesorarlo en caso de tener interés en participar del presente llamado. Para mayor información dirigirse a los siguientes correos: jbragard@bragard.com.uy y cfaget@bragard.com.uy

***

[1] Los documentos deberán ser elaborados de acuerdo a las condiciones establecidas en el punto 6 de las bases.

Huéspedes y Propietarios, qué tener en cuenta al utilizar AIRBNB para proteger sus derechos

Es una realidad que todos hoy en día hemos utilizado o estamos familiarizados al menos con las plataformas de alojamientos “colaborativos”. Si bien existen varias de ellas a nivel mundial (HomeAway, HomeStay, Beenest, etc) no cabe duda de que la más conocida y utilizada es Airbnb (y la única que ha desembarcado en Uruguay). Su función es simple; se limita a intermediar entre quienes ofrecen alojamientos y quienes los demandan, cobrando por ello una comisión, similar en este sentido a lo que tradicionalmente haría una inmobiliaria.

No hay dudas de la facilidad y ventajas que conlleva este servicio para todos los participantes, de ahí su consolidado éxito a nivel mundial. Sin embargo, al igual que sucede con otros servicios y emprendimientos modernos, su desarrollo no es completo aún; si bien cumplen los objetivos para los cuales fueron ideados y tienen gran aceptación a nivel social, su entorno generalmente no está preparado para recibirlos, y por entorno nos referimos principalmente al marco regulatorio (legal, fiscal, etc.).

Para el caso de Airbnb, si bien a simple vista- y ante la ausencia de figuras más específicas- podríamos asemejarlo a un arredramiento, la situación de los propietarios, de los “huéspedes” (como llama Airbnb a los inquilinos) y de la propia plataforma no es la misma que en un arrendamiento tradicional. A su vez, puede pasar que haya más personas involucradas en la operación, que, aunque no sean parte estrictamente de la oferta y demanda, influyan y participen en el curso de la relación, como ser el portero de un edificio (que muchas veces es quien se encarga de recibir a los huéspedes y permitir su ingreso), mucamas, visitas, etc.

Desde el punto de vista del propietario, muchos países o ciudades han desarrollado regulación concreta en cuanto a ciertos requisitos que deben cumplirse para poder publicitar y arrendar un inmueble a través de Airbnb. Este aspecto está muy avanzado en Nueva York, Paris y Barcelona, ciudad esta última donde el Estado ha retirado miles de pisos turísticos ilegales. En Ámsterdam, por su parte, se ha impuesto un límite de noches que pueden ofrecer los arrendadores a través de la plataforma, reduciéndolo a treinta noches. En Japón incluso se aprobó durante el transcurso del pasado 2018 la Ley de Alquiler de Viviendas Particulares, con lo cual los alojamientos ofrecidos por Airbnb en dicho país se redujeron en un 80%.

En este sentido, Airbnb cuenta con una sección en su página web en la cual advierte a sus usuarios (tanto propietarios como huéspedes) sobre la necesidad de cumplir con las normas de cada ciudad, e incluso cuenta con un apartado en el cual reúne las regulaciones de varios Estados, de modo de facilitar el acceso. Pero la plataforma no se limita a dar un simple anuncio: al aceptar los términos y condiciones del servicio (paso al cual generalmente no prestamos atención, haciendo un simple “click” en donde se nos requiere) el usuario se está obligando a cumplir con la normativa local, normativa que generalmente no conoce y que, al menos para el caso de Uruguay, ni siquiera es clara. ¿Qué pasaría entonces en caso de generarse un problema? ¿Airbnb cubre a los usuarios?

Nuestro país ha tenido considerables avances en lo que hace a la aprobación de normativa para estas nuevas modalidades, pero aún queda un largo camino por recorrer. La Intendencia ha reglamentado el uso de Uber, y se ha creado un régimen fiscal para la tributación de servicios tecnológicos en general -que es de hecho muy innovador- pero esta es solo una de las aristas, y falta un régimen claro que regule los derechos, obligaciones y garantías de los usuarios de Airbnb y análogos, máxime cuando se ha registrado que 66.000 turistas han utilizado este servicio en nuestro país solo en el año 2016, y es cada vez mayor el número de uruguayos que utilizan Airbnb para turismo interno.

Cabe mencionar que ha habido intentos de avances en este sentido. En 2017 el Poder Ejecutivo y Airbnb mantuvieron conversaciones para trabajar en la aprobación de una regulación formal, pero no se lograron mayores resultados.

Entonces, ¿qué regulación aplica a los usuarios de Airbnb en Uruguay? Lo lógico es entender que entre las partes (propietario y huésped) se celebra un Contrato de Arrendamiento. Es importante recordar que para que el arrendamiento se perfeccione no es necesario firmar un contrato escrito, alcanza con el consenso que alcanzan las partes sobre la oferta y la demanda. La conveniencia de firmar un contrato escrito en aquellos casos donde no es preceptiva su existencia se debe a dos factores principales: en primer lugar, a efectos probatorios; que exista un elemento claro y objetivo que demuestre lo que alegan las partes, para que no se trate de la palabra de uno contra la del otro. Por otro lado, si bien existe un marco regulatorio que sienta las grandes bases de la relación, generalmente existe un margen (a veces mayor, a veces menor) del que pueden disponer las partes como mejor les parezca, apartándose del régimen general para “personalizar” el contrato conforme sus propias necesidades. Es importante para ello saber cuál es la ley que por defecto aplica al caso concreto, de modo de saber dónde conviene apartarse de ella (pactando algo expresamente distinto) y dónde no, así como donde se puede apartar de ella y donde no. Incluso puede realizarse un inventario que forme parte del contrato, como suele hacerse en los arrendamientos tradicionales.

Hay varios aspectos relevantes a considerar que pueden incidir en la utilización de Airbnb: en primer lugar, los típicos conflictos entre arrendador y arrendatario ¿Qué pasa si el propietario no cumple con entregar el inmueble? ¿O si el inmueble es radicalmente distinto a lo anunciado? ¿Qué pasa, incluso, si el huésped no se retira en la fecha pactada, o si no paga la totalidad del precio? A su vez, la gran mayoría de las veces, el alquiler se celebra entre personas de distintos países, ¿qué ley habría que aplicar en esos casos? Respecto a la plataforma y el mercado, podría llegar a configurarse una hipótesis de competencia desleal, o al menos así lo afirma la industria inmobiliaria.

Si bien parecería que- hasta no aprobarse una regulación más específica- rige en nuestro país la normativa de arrendamientos, por las características mismas del tipo de servicio ofrecido por Airbnb, la misma no es del todo compatible, y deja varios aspectos sin comprender.

A modo de repaso, coexisten dos regímenes en materia de arrendamientos urbanos en nuestro país: el régimen estatutario (Decreto Ley 14.219) y el régimen de libre contratación. El régimen estatutario tiende a proteger al inquilino, y contiene disposiciones de orden público, es decir, que no pueden desconocerse o dejar de aplicarse por las partes, mientras que el régimen de libre contratación otorga libertad a las partes para decidir quien tendrá mayores garantías.

Dentro del régimen estatutario, se prevé expresamente que los “arrendamientos por temporada” están excluidos del Decreto Ley 14.219, por lo que quedarían incluidos en el régimen de libre contratación, que en puridad se regula por las normas y principios generales (Código Civil). Es importante destacar que el arrendamiento por temporada comprende únicamente los arrendamientos en balnearios fuera de Montevideo.

De lo que viene de decirse, puede concluirse entonces que los alquileres a través de Airbnb estarían sujetos en Uruguay a dos situaciones distintas:

  • Cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas balnearias fuera de Montevideo: régimen de libre contratación, principios generales en materia civil.
  • Cuando se trate de inmuebles ubicados fuera de zonas balnearias o en Montevideo: régimen estatutario (a menos que para el caso en concreto aplique alguna causal de exclusión que torne inadmisible este régimen, en cuyo caso aplicaría también la libre contratación).

Por lo tanto, los diferentes conflictos o cuestiones a suscitarse se regularían en cada caso acudiendo a lo que disponen estos instrumentos legales, que muchas veces puede ser insuficiente o inaplicable, en virtud de que fueron creados para regular otro tipo de situaciones, de distinta naturaleza y en un contexto socio-económico totalmente distinto, debido a la antigüedad de ambas normas.

Es aquí donde cobra relevancia entonces un contrato; que si bien a fines probatorios no sería realmente necesario en estos casos (ya que la existencia de la transacción queda reflejada en la plataforma) permitirían esclarecer lo poco claro que ya es el régimen legal y adaptar la ley aplicable a las necesidades concretas del servicio. Sin embargo, para poder hacer eso es necesario tener perfectamente clara la legislación aplicable al caso, por lo que se cae aquí en una especie de círculo vicioso.

Es inminente la necesidad de una regulación específica para este tipo de servicios, que regule en forma clara y entendible los derechos, obligaciones y garantías de todos los agentes involucrados. Parecería ser que este es el próximo paso, luego de haberse regulado Uber y tras mantenerse diversos contactos con la empresa Airbnb, pero no hay aun un panorama claro, por lo que se hace necesario mientras tanto asesorarse sobre las distintas posibilidades e implicancias bajo la situación actual, de modo de prevenir y evitar potenciales conflictos que quedarían actualmente bajo un limbo de regulación.

Novedades en materia laboral

Sobre finales del año 2018 se aprobaron en el parlamento una serie de normas que introducen varias modificaciones considerables relativas a la normativa laboral.

Entre ellas, se establece una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad para las empresas del sector privado; se crea un fondo de garantía de los créditos laborales para casos de insolvencia del empleador; se reduce la tasa de aporte al Fondo de Reconversión Laboral; y se crea un registro de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias.

  1. Promoción del trabajo para personas con discapacidad

La Ley Nº 19.691 establece la obligación de contratar empleados con discapacidad para aquellas empresas que cuenten con 25 o más empleados. De acuerdo a la Ley Nº 18.651 debe entenderse que “Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

De acuerdo a las disposiciones de la ley, en cada nueva incorporación de personal las empresas obligadas deben contratar personas con discapacidad de forma de respetar los porcentajes establecidos por la norma. Si la empresa cuenta con más de 50 empleados y no más de 150, durante el primer año de vigencia de la ley la empresa deberá contratar un número de personas con discapacidad equivalente al 1% del total de sus empleados. Si la empresa tiene entre 150 y 500 empleados, el porcentaje se eleva a un  2%; y para aquellas empresas con más una discapacidad. Los porcentajes van en aumentando de manera gradual año a año hasta llegar al cuatro año de vigencia de la ley, a partir del cual toda empresa que cuente con 25 empleados o más deberá tener al menos un 4% del total de su personal con discapacidad.

Las personas con discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de esta ley deben inscribirse en un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Los empleados con discapacidad tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador, por lo que le serán aplicables la totalidad de las normas del derecho del trabajo vigentes y en particular los laudos del Consejo de Salarios del sector que corresponda, incluyendo mínimos salariales y condiciones de trabajo que allí se estipulen.

En cuanto al despido de un trabajador con discapacidad, la norma establece una particularidad consistente en la obligación del empleador de justificar la existencia de una causa razonable para proceder al mismo. La causa razonable puede estar vinculada a la conducta del empleado, así como en una razón objetiva de empresa, como por ejemplo una reducción de personal. En caso de que el empleador no pueda acreditar la existencia de una causa razonable se le impone el pago de una indemnización especial de seis meses de sueldo, acumulable con la indemnización por despido legal. Esto significa una excepción al régimen general de acuerdo al cual el empleador no está obligado a detallar los motivos del despido, sino que alcanza con pagar la indemnización legal. Una vez efectuado el despido del trabajador con discapacidad la empresa tiene un plazo de tres meses para recontratar a otro, cumpliendo con la cuota impuesta por la ley.

Adicionalmente, los empleados con discapacidad tendrán derecho a una licencia extraordinaria sin goce de sueldo de hasta tres meses al año, que debe estar fundada en una causa relacionada con su discapacidad.

El empleador deberá permitir, en caso de que el empleado lo solicite, el ingreso a la empresa de un técnico en Empleo con Apoyo, que tendrá la función de colaborar con la adaptación del empleado con discapacidad a su nuevo puesto de trabajo, sus tareas así como a la identificación de sus compañeros.

A su vez la empresa deberá adaptar el lugar de trabajo generando las condiciones necesarias de accesibilidad para personas con discapacidad, contando para ello con un plazo no mayor a 12 meses.

La nueva ley dispone asimismo un descuento sobre los aportes jubilatorios patronales, a cuyos efectos la empresa deberá inscribirse en el Registro de Empleadores que funcionará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante el primer año la empresa pagará únicamente el 25% de los aportes patronales correspondientes al empelado con discapacidad; durante el segundo un 50%, en el tercero un 75% y a partir del cuarto año pasará a pagar el 100% del aporte correspondiente. Cabe aclarar que si se sustituye por despido a un empleado por otro se retoma la escala en donde había quedado para el trabajador cesado.

  1. Fondo de Garantía de los Créditos laborales y Fondo de Reconversión Laboral

La Ley Nº 19.690 crea el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, cuya finalidad es cubrir la contingencia de insolvencia del empleador de la actividad privada, de forma de garantizar a los empleados el cobro de los créditos emergentes de la relación de trabajo.

La garantía se activa en caso de que declarado o rechazado concurso de acreedores del empleador, no existan fondos suficientes para cubrir los créditos laborales. El Fondo no cubre a todos los empleados, ni a todos los créditos laborales y a su vez tiene un tope máximo.

Se encuentran excluidos aquellos trabajadores que tengan un vínculo de parentesco de hasta tercer grado con el empleador o con el personal de dirección de la empresa; también se excluye a los directores, gerentes y personal superior de la empresa; por último tampoco los trabajadores que conformen una cooperativa de trabajo con fin de dar continuidad a la empresa, tendrán derecho a cobrar suma alguna del Fondo.

En cuanto a los créditos comprendidos, exclusivamente serán: salarios impagos generados en los últimos seis meses; licencia, salario vacacional y aguinaldo generados en los últimos dos años; la indemnización por despido legal (no así las indemnizaciones especiales); y la multa del 10% establecida por el artículo 29 de la Ley 18.572. El límite de la suma a pagar será de 105.000 unidades indexadas, y en caso de que el empelado haya cobrado algo en el marco del concurso de acreedores del empleador, esa suma se imputará al límite máximo a cobrar del Fondo.

A efectos de poder cobrar las sumas antes establecidas, los créditos laborales deben haber sido previamente verificados en sede concursal o haber sido reconocidas por sentencia con autoridad de cosa juzgada.

El Fondo de Garantía de Créditos Laborales se financia con una contribución especial a la seguridad social equivalente al 0,025% de las partidas que constituyan materia gravada.

Por otra parte el artículo 17 de la Ley 19.689 establece la tasa de aportes al Fondo de Reconversión Laboral en un 0,10%, lo que implica una reducción de 0,025% de la tasa hasta ahora vigente.

III. Registro de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias

La ley Nº 19.480 creó un Registro que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS), en el cual se inscribe a aquellas personas que por disposición judicial o por un acuerdo homologado judicialmente, deban pagar una pensión alimenticia a favor de menores o adolecentes personas que hayan alcanzado la mayoría de edad pero no superen los 21 años y no puedan aun sustentarse por sí mismas, o personas declaradas incapaces.

La Sede judicial que decrete u homologue una pensión alimenticia de este tipo deberá comunicar sobre la misma al BPS para que éste inscriba a la persona en el registro. El BPS a su vez, además de llevar el registro tiene la obligación de comunicar al actual o futuros empleadores de la persona inscripta, sobre la pensión alimenticia a la cual se encuentra obligado, para que la empresa retenga dicha suma de su sueldo. Una vez recibida la notificación por la empresa, ésta pasa a estar obligada a efectuar la retención. Será cargo del obligado, tramitar ante la Sede judicial la comunicación al BPS cuando cese la pensión alimenticia, para ser dado de baja del Registro.

Documento elaborado por el Dr. Juan Felipe Ortichochea

Departamento Laboral

LLAMADO A LICITACIÓN PARA LICENCIAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CANNABIS RECREACIONAL  

El 11 de febrero se hizo efectivo el llamado abierto para otorgar nuevas licencias de producción y distribución de cannabis psicoactivo (THC igual o superior al 1%) para comercialización con fines recreacionales en locales habilitados, que había sido anunciado por el IRCCA en diciembre 2018.

Licencias a otorgar: 

  • Inicialmente, hasta 3 nuevas licencias
  • Por un plazo de 5 años
  • Para producir y distribuir 2 toneladas anuales de cannabis psicoactivo por cada empresa seleccionada. La producción será en predios proporcionados por el IRCCA de aprox. 2 hectáreas, en el departamento de San José, Uruguay.
  • Aquellas empresas oferentes que superen el puntaje requerido y no resulten adjudicatarias, se incorporarán a una lista de prelación por un plazo de 3 años, para el otorgamiento de posibles nuevas licencias por parte del IRCCA, en iguales condiciones

Pueden ser oferentes:

  • Personas físicas o personas jurídicas
  • Nacionales o extranjeras

No pueden ser oferentes:

Se prevén varias exclusiones en atención a situaciones que pudieran representar conflictos de interés con  organismos intervinientes del Estado, o por estado de insolvencia, pero en particular se destaca que no pueden participar del llamado:

  • Quienes ya tengan este tipo de licencia, ni sus accionistas, directores, representantes y/o beneficiarios finales. Actualmente existen dos empresas con licencias de producción y distribución de cannabis que resultaron adjudicatarias en el año 2015 (ICC y Symbiosis)
  • Quien se encuentre con una sanción vigente impuesta por el IRCCA

Pliego de condiciones:

  • Su compra es condición previa a poder presentar ofertas
  • El costo es aprox. USD 5.000
  • Disponible desde el 11 de febrero de 2019, previo pago
  • Para retirarlo se debe acreditar representación y firmar un compromiso de confidencialidadsobre los términos del Pliego y Anexos y todas las actuaciones

Plazo para presentación de ofertas:

  • Desde el 1 de abril de 2019
  • Hasta el 10 de abril de 2019
  • La apertura tendrá lugar el 11 de abril de 2019

Respecto de las condiciones para la instalación y producción que fueron divulgadas, nos remitimos a nuestra newsletter disponible en: http://www.bragard.com.uy/2018/12/12/llamado-a-licitacion-para-nuevas-licencias-de-produccion-y-distribucion-de-cannabis-recreacional/

El Equipo BRAGARD se encuentra en condiciones de asesorarlo en caso de tener interés en participar  del presente llamado. Para mayor información dirigirse a los siguientes correos: jbragard@bragard.com.uyy fberro@bragard.com.uy

 

Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados No Financieros de la Senaclaft

El pasado mes de noviembre fue aprobado el decreto 379/18 que reglamentó la Ley Nro. 19.574, Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (LA&FT). La misma introdujo importantes cambios en la materia en especial sobre el sector no Financiero, aumentando la cantidad de sujetos obligados a dar cumplimiento en prevención de LA&FT así como también agregando nuevos delitos precedentes de lavado de dinero.

El decreto 379/18 estableció una guía especifica de las medidas que los sujetos obligados deben tomar en la materia y asimismo creó un Registro de Sujetos Obligados No Financieros, y estableció un plazo para inscribirse que vence el 18 de febrero de 2019.

Los sectores obligados a realizar dicho registro son:

  • Los Casinos.
  • Inmobiliarias, Promotores Inmobiliarios, Empresas Constructoras e Intermediarios en Transacciones que involucren inmuebles.
  • Abogados, cuando realizan ciertas operaciones detalladas en el Art. 39 del Decreto.
  • Contadores y otras personas físicas o jurídicas que participan en ciertas operaciones detalladas en el art. 41 del decreto.
  • Proveedores de Servicios Societarios, Fideicomisos y Personas Físicas o Jurídicas que realizan para sus clientes actividades definidas en el art. 77 del decreto.
  • Intermediarios o Mediadores en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas.

Debido a lo establecido por la ley 19.574, la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo (SENACLAFT) recibirá información de directamente de la Caja Notarial, el Área de Zonas Francas del Ministerio de Economía, la Comisión Administradora del Registro Nacional de Rematadores del MTSS y del Ministerio de Educación y Cultura , por lo cual NO deberán inscribirse los siguientes sujetos obligados:

  • Explotadores y Usuarios Directos e Indirectos de Zonas Francas.
  • Asociaciones Civiles, Fundaciones, Partidos Políticos, Agrupaciones y en general, cualquier Organización sin Fines de Lucro.

El decreto 379/18 establece sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de registrarse que se indica en la presente comunicación.

El registro puede hacerse a través del portal de trámites del gobierno uruguayo (portal.gub.uy) o directamente ingresando a la página web de la Senaclaft (www.gub.uy/senaclaft).

Por más información con respecto al Registro de Sujetos Obligados o en general en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, no dude en ponerse en contacto con nuestros profesionales.

Documento elaborado por el Cr. Diego Buela