Nueva resolución para las Zonas Francas

A principios del presente mes de junio se dio a conocer una nueva resolución de la Dirección General de Comercio – Área Zonas Francas. La resolución establece varios puntos que se desarrollaran a continuación, pero principalmente hace mención reiteradas veces al cumplimiento de los objetivos de la ley de Zonas Francas.  Recordamos que los objetivos de dicha ley son los siguientes “promover las inversiones, diversificar la matriz productiva, generar empleo, incrementar las capacidades de la mano de obra nacional, aumentar el valor agregado nacional, impulsar las actividades de alto contenido tecnológico e innovación, promover la descentralización de las actividades económicas y el desarrollo regional, y en términos generales, favorecer la inserción del país en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios, y los flujos internacionales de inversiones.”

PLAZO

A partir de la fecha y hasta el 7 de octubre del presente año 2019, los Usuarios de Zonas Francas tanto Directos e Indirectos que cuenten con contratos en curso de ejecución y que los mismos carecieren de plazo establecido o cuyo plazo excediere el aludido en el artículo 16 de la Ley Nº 15.921 en la redacción dada por la Ley Nº 19.566 o se hubieran establecido a su respecto prórrogas automáticas, deberán presentar, ante el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, Documentación e Información actualizada de la empresa y Proyecto de Inversión en curso.

Los plazos mencionados en el artículo 16 son los siguientes:

Usuarios directos:

  • 15 años para la realización de actividades industriales
  • 10 años para la realización de actividades comerciales

Usuarios indirectos:

  • 5 años para la realización de cualquier tipo de actividad

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA EMPRESA:

La Documentación e Información actualizada de la empresa deberá acompañarse de certificado notarial que detalle:

  1. Personería y representación de la empresa Usuaria,
  2. Domicilio constituido,
  3. Correo electrónico,
  4. Tipo de acciones
  5. Cumplimiento de las Leyes 17.904, 18.930 y 19.484.

Se entiende por Documentación e Información actualizada:

  1. Antecedentes de la empresa: una breve reseña de aquellos contratos de Usuario vigentes o caducos en los que la empresa ha sido parte en cualquier Zona Franca.
  2. Ingresos por ventas de bienes o prestación de servicios de los últimos 5 ejercicios
  3. Cantidad de empleados, así como nivel y calidad del empleo
  4. Inversiones en activo fijo de los últimos 5 ejercicios
  5. Toda otra información que acredite la viabilidad económica y financiera de su plan de negocios, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos de la ley de Zonas Francas.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente cabe señalar que los Usuarios obligados a cumplir con el requisito de la Documentación e Información actualizada, podrán hacer uso de la opción de presentar una declaración jurada (de acuerdo al numeral 4º) de la Resolución del Área Zonas Francas de fecha 28 de febrero de 2019) .

El incumplimiento a la obligación que constituye la presentación de la Documentación e Información actualizada de la empresa, dará lugar a la aplicación de suspensión o revocación.

NO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY ZONA FRANCA

Para el caso de Usuarios cuyo Proyecto de Inversión tenga por objeto la realización de actividades comerciales o de servicios y constatare fehacientemente que la empresa no contribuye a los objetivos en la Ley de Zonas Francas, pero la misma exprese por escrito su voluntad de seguir operando dentro del régimen, el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio otorgará plazos sucesivos no mayores a seis meses, hasta el 30 de junio de 2021.

Los plazos concedidos tendrán por objetivo el control y seguimiento del progreso de la empresa, en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos exigidos en los literales b) a e) mencionados anteriormente.

Cuando estos Usuarios alcancen probar que cumplen con los objetivos podrán solicitar una modificación de su plazo contractual, siempre que cursen dicha solicitud con una antelación no inferior a 60 días a la fecha del 30 de junio de 2021.

 

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Rentas deportivas: nuevo tratamiento tributario

El deporte como actividad empresarial está desde hace tiempo en la mira de los fiscos del mundo por el gran volumen de dinero que moviliza. Esto lo ha convertido en una verdadera industria del entretenimiento, dejando un tanto de lado el aspecto puramente competitivo, elemento característico del deporte amateur.

Las actividades desarrolladas por los deportistas en cuanto generadora de rentas presentan una serie de peculiaridades; las rentas más típicas son las contraprestaciones salariales que derivan del contrato de trabajo o de la relación laboral. Además de estas, se encuentras las rentas originadas de la cesión de sus derechos de imagen o las remuneraciones por la promoción y publicidad de eventos.

La explotación de los derechos de imagen de los deportistas constituye una realidad creciente en el mundo. Normalmente, la cesión se realiza mediante el uso de sociedades que actúan como intermediarias (en mayor o menor medida) en la explotación de dichos derechos. En muchos casos, este mecanismo ha sido utilizado por deportistas de élite para eludir los controles impositivos, tales los casos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, o, más atrás en el tiempo, Diego Maradona. Sin embargo, la cesión puede realizarse también en favor del propio club o entidad para la cual se prestan los servicios deportivos.

En nuestro país, las contraprestaciones salariales devengadas por los deportistas, se reputan en cualquier circunstancia rentas de trabajo, por lo que los aquellos que se desempeñan en Uruguay (sean uruguayos o extranjeros) abonan IRPF sobre sus sueldos con las mismas tasas escalonadas que paga un empleado: del 0% al 36%. Las entidades o clubes deportivos son los encargados de realizar la retención. Es importante destacar que los deportistas uruguayos no pagan IRPF por las remuneraciones que reciben de sus clubes en el exterior, puesto que solo se gravan los ingresos que se generan por actividades desarrolladas en Uruguay.

Por otro lado, las rentas provenientes a la explotación de derechos de imagen y similares de los deportistas, son consideradas rentas de capital mobiliario, por lo que, en este caso, el IRPF es del 12%. Estas rentas son íntegramente de fuente uruguaya siempre que el deportista se encuentre inscripto en entidades deportivas residentes.

En abril, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 94/019, mediante el cual establece que las rentas computables correspondientes a contratos de cesión de la explotación de derechos de imagen de deportistas profesionales a entidades deportivas, devengadas a partir del 1º de enero de 2019, no podrán exceder el 15% de las contraprestaciones salariales. En caso de superar dicho porcentaje, la diferencia será considerada renta de trabajo.

El Ministerio de Economía y Finanzas fundamentó su regulación sobre la base de que existen diversas modalidades de contratación entre las entidades deportivas y los deportistas profesionales, que, por lo general, consisten en la celebración de un contrato laboral y otro contrato de cesión de la explotación de los derechos de imagen, que se ejecutan simultáneamente. A su vez, señaló que el límite porcentual tiene por objeto evitar situaciones abusivas.

En la actualidad, no existe unanimidad respecto a si la cesión de la imagen supone o una prestación típica en los contratos laborales de los deportistas. Hay quienes entienden que forma parte de lo conveniente o usual, mientras que, en contrapartida, la doctrina laboralista tradicional entiende que no sería una obligación principal, y que, por ende, podría ser excluida, puesto que el núcleo esencial del contrato es la práctica del deporte.

En Europa, todos los clubes han insertado como condición en los contratos de trabajo de deportistas profesionales la cesión de la explotación comercial de su imagen. No obstante, a fin de no limitar el derecho de imagen individual de cada deportista, se ha entendido que el límite de esta cesión es que el consumidor no asocie individualmente la imagen del deportista a dicha marca. Por este motivo, las entidades deportivas deben necesariamente realizar actividades o spots publicitarios grupales, debiendo contar con al menos tres participantes.

Documento elaborado por Francisco Rodríguez

Empresas de Zona Franca. Nueva prórroga para presentación de DJ ante DGI.

La presentación de la Declaración Jurada de empresas radicadas en zona franca que se encuentren exoneradas por las rentas de propiedad intelectual y otros bienes intangibles, ha sido nuevamente modificada por DGI para el mes de agosto 2019.

 El pasado 9 de mayo se público la Resolución DGI 1211/019, donde se había establecido que para los estos contribuyentes con fecha de cierre de ejercicio entre el 31/12/2018 y 31/03/2019, el vencimiento de la referida Declaración Jurada sería en octubre de 2019, conforme a las fechas previstas en el cuadro general de vencimientos emitido por DGI.

Por otra parte, para aquellas empresas que tengan sus fechas de cierre establecidas desde el 01/03/2018 hasta 31/12/2018, se había mantenido la misma fecha de vencimiento que en la Resolución DGI 231/019 original, es decir en mayo de 2019.

Sin embargo, con fecha 17 de mayo se emite una nueva Resolución DGI 1331/019, que modifica la Resolución DGI 1211/019 antes mencionada, estableciendo un único vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas, desde la obligatoriedad de su presentación hasta marzo del presente año. Esto significa que para los ejercicios cuya fecha de cierre se encuentra definida desde el 01/03/2018 hasta 31/03/2019, se determina un nuevo vencimiento para la presentación de las declaraciones en agosto de 2019, conforme a las fechas previstas en el cuadro general de vencimientos emitido por DGI.

Empresas de Zona Franca, prorroga para presentar declaración jurada DGI.

DGI prorroga hasta el mes de octubre la presentación de la Declaración Jurada de empresas de zona franca que se encuentren exoneradas por las rentas de propiedad intelectual y otros bienes intangibles.

 Les informamos que DGI ha publicado recientemente la Resolución                     DGI 1211/019, que establece una prorroga al vencimiento de la Declaración Jurada que deben presentar los usuarios de zona franca, de acuerdo al numeral 3 de la Resolución DGI 231/019.

De acuerdo con el artículo 54, del Decreto 309/018, las rentas derivadas de la explotación de derechos de propiedad intelectual y otros bienes intangibles de similar naturaleza que obtengan los usuarios de zonas francas, estarán exentas siempre que provengan de actividades de investigación y desarrollo realizadas dentro de zona franca. Asimismo, estarán exoneradas del IRAE por el monto que surja de aplicar un coeficiente especifico determinado en dicho artículo.

Estos usuarios deberán presentar, entre otras cosas, una Declaración Jurada especial en los términos y condiciones que establezca la DGI.

En esa línea, se emite la Resolución DGI 231/019, donde se establecen los términos y condiciones de la Declaración Jurada antes mencionada. El numeral 3 de esta Resolución, determina que el plazo de presentación será dentro del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio, a partir del 1 de mayo de 2019.

Por los ejercicios cerrados entre el 1/03/2018 y 31/12/2018, el plazo para presentar la declaración jurada a que refiere el presente numeral, vencerá en el mes de mayo de 2019.

La nueva Resolución DGI 1211/019, establece que para los contribuyentes con cierre de ejercicio entre el 31/12/2018 a 31/03/2019 el vencimiento de la referida Declaración Jurada será en octubre de 2019, conforme a las fechas previstas al cuadro general de vencimientos emitido por DGI.

Respecto a este tema u otros relacionados, nos encontramos a las ordenes por cualquier duda y/o consulta.

Departamento Fiscal y Contable.

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BRAGARD asesoró a las compañías operadoras de televisión por cable

BRAGARD asesoró a las compañías operadoras de televisión por cable de la zona metropolitana de Montevideo, en el conflicto mantenido contra la empresa Equital en relación a los derechos de los canales de televisión abierta, canales 4, 10 y 12 de Montevideo.

La Ley de Medios, Nº 19.307, estableció la obligación de las compañías de cable de trasmitir las señales de los canales de aire cuya área de cobertura sea similar a la suya. Estableció asimismo que esta obligación no aparejaría el pago de ninguna contraprestación de una parte a la otra. Vale aclarar que esta situación se daba en los hechos desde hace más de 20 años

Los canales de 4, 10 y 12 de Montevideo, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Medios, reclamando entre otras cosas la declaración de inconstitucionalidad de la disposición que establece esta licencia obligatoria.

La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esta disposición por entender que se viola el artículo 32 de la Carta, al no preverse el pago de una justa y previa compensación a favor de los canales de aire.

En base a dicha declaración de inconstitucionalidad, Equital SA, empresa que adquirió los derechos de distribución de los canales 4, 10 y 12, pretende cobrar un precio a los cable-operadores que se encuentran dentro del área de cobertura de dichos canales y por tanto están obligados a trasmitir estas señales, contrariamente a una práctica que tiene más de 20 años.

La declaración de inconstitucionalidad del artículo que imponía la gratuidad supuso un gran desafío a afrontar por parte de la defensa de los cable operadores, ya que al imponerse la obligación de trasmitir estos canales, si se permitía cobrar un precio a los canales de aire podía dar lugar al reclamo de precios abusivos, lo que finalmente se concretó en la práctica.

En diciembre de 2017 Equital inició una serie de medidas cautelares contra distintos cable operadores de la zona metropolitana de Montevideo, mediante las cuales se ordenaba a los cable operadores dejar de trasmitir las señales de aire; lo cual suponía un grave perjuicio para las empresas de cable, no solo porque disminuía la calidad del producto sino porque significaba incumplir con la ley. El Dr. Juan Orticochea del Estudio Bragard asesora y representa a gran parte de las empresas de cable demandadas. Ya en el 2018 Equital presentó su demanda judicial reclamando daños y perjuicios y una condena a no trasmitir las señales de los canales de aire, contra varias de nuestras representadas.

Se obtuvieron en la vía judicial varias sentencias de primera y segunda instancia que revirtieron y dejaron sin efecto las medidas cautelares decretadas inicialmente ante el pedido de Equital. Finalmente, luego de haber contestado la demanda de Equital, se arribó a un acuerdo transaccional, incluyendo no solo el objeto del presente procedimiento sino los derechos de otros eventos televisivos emitidos por la contraparte.

Informe país por país, nuevas disposiciones fiscales

Informamos a Uds. que la Dirección General Impositiva (en adelante DGI) emitió el presente año la Resolución 94/019, donde establece que los contribuyentes de IRAE que forman parte de un grupo económico multinacional de gran dimensión económica, deben presentar anualmente un informe país por país e información complementaria que solicita la Administración.

Se considera de gran dimensión económica aquel grupo en su conjunto que tenga ingresos al cierre de su ejercicio económico mayores a EUR 750:000.000. 

Información a incluir en el Informe país por país, en caso de tener que presentarlo:

A) Información de cada una de las entidades que integran el Grupo Multinacional, país de residencia fiscal, país de constitución cuando difiere del país de residencia, y actividades desarrolladas.

B) Ingresos brutos consolidados distinguiendo entre los obtenidos con vinculadas e independientes, resultados financieros antes de impuestos, impuesto sobre la renta pagado y devengado, capital social, resultados acumulados, número de empleados y activos intangibles.

Cabe mencionar que el informe deberá enviarse según las características establecidas en el formato de intercambio Informe País por País previsto por DGI.

No se debe presentar este informe en caso de que otro integrante del grupo lo presente en su país, y que ese país tenga un convenio de intercambio con Uruguay, que le permita a DGI acceder a esa información.

Por otro lado, exigen también que presentemos información complementaria relativa a:

  1. La entidad que presenta el informe país por país en nombre del Grupo Multinacional
  2. La entidad controlante del Grupo Multinacional
  3. Las entidades del Grupo Multinacional en el país.

Esta información adicional debe presentarse antes del cierre de ejercicio del Grupo Multinacional.

Estas disposiciones aplican para los ejercicios económicos iniciados desde el 1/01/2017 en adelante.

En caso de encontrarse comprendidos en los términos de esta resolución o con cualquier incertidumbre al respecto, pueden contactarse con nosotros que con mucho gusto analizaremos el caso y las propondremos las sugerencias pertinentes.

Novedades en materia de Derecho Laboral

Sobre finales del año 2018 se aprobaron en el parlamento una serie de normas que introducen varias modificaciones considerables relativas a la normativa laboral.

Entre ellas, se establece una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad para las empresas del sector privado; se crea un fondo de garantía de los créditos laborales para casos de insolvencia del empleador; se reduce la tasa de aporte al Fondo de Reconversión Laboral; y se crea un registro de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias.

  1. Promoción del trabajo para personas con discapacidad

La Ley Nº 19.691 establece la obligación de contratar empleados con discapacidad para aquellas empresas que cuenten con 25 o más empleados. De acuerdo a la Ley Nº 18.651 debe entenderse que “Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

De acuerdo a las disposiciones de la ley, en cada nueva incorporación de personal las empresas obligadas deben contratar personas con discapacidad de forma de respetar los porcentajes establecidos por la norma. Si la empresa cuenta con más de 50 empleados y no más de 150, durante el primer año de vigencia de la ley la empresa deberá contratar un número de personas con discapacidad equivalente al 1% del total de sus empleados. Si la empresa tiene entre 150 y 500 empleados, el porcentaje se eleva a un  2%; y para aquellas empresas con más una discapacidad. Los porcentajes van en aumentando de manera gradual año a año hasta llegar al cuatro año de vigencia de la ley, a partir del cual toda empresa que cuente con 25 empleados o más deberá tener al menos un 4% del total de su personal con discapacidad.

Las personas con discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de esta ley deben inscribirse en un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Los empleados con discapacidad tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador, por lo que le serán aplicables la totalidad de las normas del derecho del trabajo vigentes y en particular los laudos del Consejo de Salarios del sector que corresponda, incluyendo mínimos salariales y condiciones de trabajo que allí se estipulen.

En cuanto al despido de un trabajador con discapacidad, la norma establece una particularidad consistente en la obligación del empleador de justificar la existencia de una causa razonable para proceder al mismo. La causa razonable puede estar vinculada a la conducta del empleado, así como en una razón objetiva de empresa, como por ejemplo una reducción de personal. En caso de que el empleador no pueda acreditar la existencia de una causa razonable se le impone el pago de una indemnización especial de seis meses de sueldo, acumulable con la indemnización por despido legal. Esto significa una excepción al régimen general de acuerdo al cual el empleador no está obligado a detallar los motivos del despido, sino que alcanza con pagar la indemnización legal. Una vez efectuado el despido del trabajador con discapacidad la empresa tiene un plazo de tres meses para recontratar a otro, cumpliendo con la cuota impuesta por la ley.

Adicionalmente, los empleados con discapacidad tendrán derecho a una licencia extraordinaria sin goce de sueldo de hasta tres meses al año, que debe estar fundada en una causa relacionada con su discapacidad.

El empleador deberá permitir, en caso de que el empleado lo solicite, el ingreso a la empresa de un técnico en Empleo con Apoyo, que tendrá la función de colaborar con la adaptación del empleado con discapacidad a su nuevo puesto de trabajo, sus tareas así como a la identificación de sus compañeros.

A su vez la empresa deberá adaptar el lugar de trabajo generando las condiciones necesarias de accesibilidad para personas con discapacidad, contando para ello con un plazo no mayor a 12 meses.

La nueva ley dispone asimismo un descuento sobre los aportes jubilatorios patronales, a cuyos efectos la empresa deberá inscribirse en el Registro de Empleadores que funcionará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante el primer año la empresa pagará únicamente el 25% de los aportes patronales correspondientes al empelado con discapacidad; durante el segundo un 50%, en el tercero un 75% y a partir del cuarto año pasará a pagar el 100% del aporte correspondiente. Cabe aclarar que si se sustituye por despido a un empleado por otro se retoma la escala en donde había quedado para el trabajador cesado.

2. Fondo de Garantía de los Créditos laborales y Fondo de Reconversión Laboral

La Ley Nº 19.690 crea el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, cuya finalidad es cubrir la contingencia de insolvencia del empleador de la actividad privada, de forma de garantizar a los empleados el cobro de los créditos emergentes de la relación de trabajo.

La garantía se activa en caso de que declarado o rechazado concurso de acreedores del empleador, no existan fondos suficientes para cubrir los créditos laborales. El Fondo no cubre a todos los empleados, ni a todos los créditos laborales y a su vez tiene un tope máximo.

Se encuentran excluidos aquellos trabajadores que tengan un vínculo de parentesco de hasta tercer grado con el empleador o con el personal de dirección de la empresa; también se excluye a los directores, gerentes y personal superior de la empresa; por último tampoco los trabajadores que conformen una cooperativa de trabajo con fin de dar continuidad a la empresa, tendrán derecho a cobrar suma alguna del Fondo.

En cuanto a los créditos comprendidos, exclusivamente serán: salarios impagos generados en los últimos seis meses; licencia, salario vacacional y aguinaldo generados en los últimos dos años; la indemnización por despido legal (no así las indemnizaciones especiales); y la multa del 10% establecida por el artículo 29 de la Ley 18.572. El límite de la suma a pagar será de 105.000 unidades indexadas, y en caso de que el empelado haya cobrado algo en el marco del concurso de acreedores del empleador, esa suma se imputará al límite máximo a cobrar del Fondo.

A efectos de poder cobrar las sumas antes establecidas, los créditos laborales deben haber sido previamente verificados en sede concursal o haber sido reconocidas por sentencia con autoridad de cosa juzgada.

El Fondo de Garantía de Créditos Laborales se financia con una contribución especial a la seguridad social equivalente al 0,025% de las partidas que constituyan materia gravada.

Por otra parte el artículo 17 de la Ley 19.689 establece la tasa de aportes al Fondo de Reconversión Laboral en un 0,10%, lo que implica una reducción de 0,025% de la tasa hasta ahora vigente.

3. Registro de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias

La ley Nº 19.480 creó un Registro que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS), en el cual se inscribe a aquellas personas que por disposición judicial o por un acuerdo homologado judicialmente, deban pagar una pensión alimenticia a favor de menores o adolecentes personas que hayan alcanzado la mayoría de edad pero no superen los 21 años y no puedan aun sustentarse por sí mismas, o personas declaradas incapaces.

La Sede judicial que decrete u homologue una pensión alimenticia de este tipo deberá comunicar sobre la misma al BPS para que éste inscriba a la persona en el registro. El BPS a su vez, además de llevar el registro tiene la obligación de comunicar al actual o futuros empleadores de la persona inscripta, sobre la pensión alimenticia a la cual se encuentra obligado, para que la empresa retenga dicha suma de su sueldo. Una vez recibida la notificación por la empresa, ésta pasa a estar obligada a efectuar la retención. Será cargo del obligado, tramitar ante la Sede judicial la comunicación al BPS cuando cese la pensión alimenticia, para ser dado de baja del Registro.

IRNR – Extensión de la fuente para empleados extranjeros que trabajan en Zona Franca

El pasado 25 de marzo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un nuevo Decreto que reglamenta la situación fiscal de los empleados dependientes extranjeros que trabajan en Zona Franca, cuando estos se trasladen al exterior.

El artículo 6 del Título 7 (IRPF) dispone que, los empleados extranjeros que presten servicios personales en relación de dependencia en zona franca y que hayan elegido no tributar cargas sociales en Uruguay de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 15.921 de Zona Franca, podrán optar por tributar, en relación a las rentas de trabajo antes mencionadas, el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) en lugar del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF). Esta opción estará además sujeta a que las actividades que realice el empleado se presten exclusivamente en zona franca y que no formen parte, directa o indirectamente, de otras prestaciones de servicios en territorio no franco.

A la luz de la norma antes mencionada, existía una incertidumbre sobre los servicios prestados en el exterior por los empleados extranjeros dependientes de empresas ubicadas en zona franca.

De acuerdo al artículo 3 del Título 8, el IRNR grava las rentas provenientes de actividades desarrolladas en la República y algunas otras específicas de fuente extranjera, dentro de las cuales no se consideran rentas de trabajo en relación de dependencia de ningún tipo.

En virtud de lo antes dicho, el MEF consideró necesario dar una solución fiscal a la situación planteada. En esa línea, el nuevo decreto se agrega a la norma vigente especificando que, cuando el personal dependiente extranjero tenga rentas parcialmente en el exterior del territorio uruguayo, también podrá hacer uso de la opción referida en artículo 6 del Título 7, antes mencionado. Esto implica que también quedarán alcanzadas por el IRNR.

Asimismo, se designan responsables sustitutos por obligaciones tributarias de terceros a los usuarios de zona franca empleadores de quienes hayan ejercido la opción del artículo 6 del Título 7.

Cabe destacar que si no se hizo uso de la opción, y por lo tanto el personal dependiente extranjero está alcanzado por IRPF, este Decreto no modifica su situación.

Documento elaborado por Luciana Mantero. Departamento Tributario.

CAMBIOS EN ZONA FRANCA

 

Informamos a todos los usuarios (directos e indirectos) de Zona Franca, y, en especial, a quienes se encuentran tramitando actualmente la calidad de usuario para operar en Zona -o planean hacerlo a corto plazo- la aprobación de ciertos cambios.

Por resolución del Área Zonas Francas (“AZF”) del pasado 28 de febrero, se ha sustituido el hasta ahora vigente “Plan de Negocios” que debían presentar los usuarios por un “Plan de Inversión” (“PI”).

El PI rige desde el 1 de marzo de 2019, por lo que cualquier solicitud de nuevo usuario, prórroga, cesión, o cualquier otra comunicación posterior a dicha fecha, debe realizarse adjuntando el referido PI, y no se dará trámite a ninguna solicitud que utilice el anterior Plan de Negocios.

La presente modificación tiene el principal objetivo de adecuarse a la última reforma normativa en la materia (Ley 19.566 y Decreto 309/2018), de modo de facilitar el contralor que ejerce el AZF.

Los principales cambios del nuevo PI son:

  • exigir determinados datos financiero-contables (como una sección específica de flujo de fondos y cálculo de TIR)
  • se torna preceptivo detallar el origen de los costos de los bienes vendidos y/o servicios prestados (antes esto podía ser recomendable, pero alcanzaba únicamente con una cifra de costos)
  • Todos los usuarios deben proyectarse por al menos 5 años (incluso aquellos usuarios indirectos que tengan contratos por menos plazo).

Por su parte, la Dirección General Impositiva (“DGI”) dictó con fecha 15 de enero la Resolución 231/2019, por lo cual regula -entre otras cosas- la facturación electrónica de las empresas que operan en Zona Franca. A saber:

  • todas las empresas usuarias o desarrolladoras de una Zona Franca deberán obligatoriamente utilizar el régimen de facturación electrónica, independientemente de sus ingresos, volúmenes, etc.[1]
  • a los efectos del ítem anterior, aquellas empresas que ya estén operativas tendrán plazo hasta el 1 de abril de 2019 para adherirse a este sistema. Las nuevas empresas, por su parte, tendrán un plazo de 90 días desde la autorización para operar del AZF (ya sea expresa o tácita).

respecto a la nueva autorización legal a empresas de Zona Franca para brindar servicios en territorio no franco a empresas contribuyentes de IRAE, los contribuyentes deberán, previo a recibir los servicios, comunicar por escrito al prestador que son contribuyentes de IRAE y que los servicios a brindarse estarán afectados a dicho impuesto. Si bien esto es estrictamente una obligación de quienes vayan a recibir el servicio, es importante que el prestador se asegure de contar con dicha comunicación antes de comenzar a brindar los servicios.

[1] La misma obligación aplica a quienes presten servicios de cobranza de morosos a usuarios de zona franca, así como a quienes vendan productos y/o servicios para consumo final a trabajadores de empresas usuarias o desarrolladoras de zona franca.