Novedades en materia laboral

Sobre finales del año 2018 se aprobaron en el parlamento una serie de normas que introducen varias modificaciones considerables relativas a la normativa laboral.

Entre ellas, se establece una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad para las empresas del sector privado; se crea un fondo de garantía de los créditos laborales para casos de insolvencia del empleador; se reduce la tasa de aporte al Fondo de Reconversión Laboral; y se crea un registro de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias.

  1. Promoción del trabajo para personas con discapacidad

La Ley Nº 19.691 establece la obligación de contratar empleados con discapacidad para aquellas empresas que cuenten con 25 o más empleados. De acuerdo a la Ley Nº 18.651 debe entenderse que “Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

De acuerdo a las disposiciones de la ley, en cada nueva incorporación de personal las empresas obligadas deben contratar personas con discapacidad de forma de respetar los porcentajes establecidos por la norma. Si la empresa cuenta con más de 50 empleados y no más de 150, durante el primer año de vigencia de la ley la empresa deberá contratar un número de personas con discapacidad equivalente al 1% del total de sus empleados. Si la empresa tiene entre 150 y 500 empleados, el porcentaje se eleva a un  2%; y para aquellas empresas con más una discapacidad. Los porcentajes van en aumentando de manera gradual año a año hasta llegar al cuatro año de vigencia de la ley, a partir del cual toda empresa que cuente con 25 empleados o más deberá tener al menos un 4% del total de su personal con discapacidad.

Las personas con discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de esta ley deben inscribirse en un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Los empleados con discapacidad tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador, por lo que le serán aplicables la totalidad de las normas del derecho del trabajo vigentes y en particular los laudos del Consejo de Salarios del sector que corresponda, incluyendo mínimos salariales y condiciones de trabajo que allí se estipulen.

En cuanto al despido de un trabajador con discapacidad, la norma establece una particularidad consistente en la obligación del empleador de justificar la existencia de una causa razonable para proceder al mismo. La causa razonable puede estar vinculada a la conducta del empleado, así como en una razón objetiva de empresa, como por ejemplo una reducción de personal. En caso de que el empleador no pueda acreditar la existencia de una causa razonable se le impone el pago de una indemnización especial de seis meses de sueldo, acumulable con la indemnización por despido legal. Esto significa una excepción al régimen general de acuerdo al cual el empleador no está obligado a detallar los motivos del despido, sino que alcanza con pagar la indemnización legal. Una vez efectuado el despido del trabajador con discapacidad la empresa tiene un plazo de tres meses para recontratar a otro, cumpliendo con la cuota impuesta por la ley.

Adicionalmente, los empleados con discapacidad tendrán derecho a una licencia extraordinaria sin goce de sueldo de hasta tres meses al año, que debe estar fundada en una causa relacionada con su discapacidad.

El empleador deberá permitir, en caso de que el empleado lo solicite, el ingreso a la empresa de un técnico en Empleo con Apoyo, que tendrá la función de colaborar con la adaptación del empleado con discapacidad a su nuevo puesto de trabajo, sus tareas así como a la identificación de sus compañeros.

A su vez la empresa deberá adaptar el lugar de trabajo generando las condiciones necesarias de accesibilidad para personas con discapacidad, contando para ello con un plazo no mayor a 12 meses.

La nueva ley dispone asimismo un descuento sobre los aportes jubilatorios patronales, a cuyos efectos la empresa deberá inscribirse en el Registro de Empleadores que funcionará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante el primer año la empresa pagará únicamente el 25% de los aportes patronales correspondientes al empelado con discapacidad; durante el segundo un 50%, en el tercero un 75% y a partir del cuarto año pasará a pagar el 100% del aporte correspondiente. Cabe aclarar que si se sustituye por despido a un empleado por otro se retoma la escala en donde había quedado para el trabajador cesado.

  1. Fondo de Garantía de los Créditos laborales y Fondo de Reconversión Laboral

La Ley Nº 19.690 crea el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, cuya finalidad es cubrir la contingencia de insolvencia del empleador de la actividad privada, de forma de garantizar a los empleados el cobro de los créditos emergentes de la relación de trabajo.

La garantía se activa en caso de que declarado o rechazado concurso de acreedores del empleador, no existan fondos suficientes para cubrir los créditos laborales. El Fondo no cubre a todos los empleados, ni a todos los créditos laborales y a su vez tiene un tope máximo.

Se encuentran excluidos aquellos trabajadores que tengan un vínculo de parentesco de hasta tercer grado con el empleador o con el personal de dirección de la empresa; también se excluye a los directores, gerentes y personal superior de la empresa; por último tampoco los trabajadores que conformen una cooperativa de trabajo con fin de dar continuidad a la empresa, tendrán derecho a cobrar suma alguna del Fondo.

En cuanto a los créditos comprendidos, exclusivamente serán: salarios impagos generados en los últimos seis meses; licencia, salario vacacional y aguinaldo generados en los últimos dos años; la indemnización por despido legal (no así las indemnizaciones especiales); y la multa del 10% establecida por el artículo 29 de la Ley 18.572. El límite de la suma a pagar será de 105.000 unidades indexadas, y en caso de que el empelado haya cobrado algo en el marco del concurso de acreedores del empleador, esa suma se imputará al límite máximo a cobrar del Fondo.

A efectos de poder cobrar las sumas antes establecidas, los créditos laborales deben haber sido previamente verificados en sede concursal o haber sido reconocidas por sentencia con autoridad de cosa juzgada.

El Fondo de Garantía de Créditos Laborales se financia con una contribución especial a la seguridad social equivalente al 0,025% de las partidas que constituyan materia gravada.

Por otra parte el artículo 17 de la Ley 19.689 establece la tasa de aportes al Fondo de Reconversión Laboral en un 0,10%, lo que implica una reducción de 0,025% de la tasa hasta ahora vigente.

III. Registro de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias

La ley Nº 19.480 creó un Registro que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS), en el cual se inscribe a aquellas personas que por disposición judicial o por un acuerdo homologado judicialmente, deban pagar una pensión alimenticia a favor de menores o adolecentes personas que hayan alcanzado la mayoría de edad pero no superen los 21 años y no puedan aun sustentarse por sí mismas, o personas declaradas incapaces.

La Sede judicial que decrete u homologue una pensión alimenticia de este tipo deberá comunicar sobre la misma al BPS para que éste inscriba a la persona en el registro. El BPS a su vez, además de llevar el registro tiene la obligación de comunicar al actual o futuros empleadores de la persona inscripta, sobre la pensión alimenticia a la cual se encuentra obligado, para que la empresa retenga dicha suma de su sueldo. Una vez recibida la notificación por la empresa, ésta pasa a estar obligada a efectuar la retención. Será cargo del obligado, tramitar ante la Sede judicial la comunicación al BPS cuando cese la pensión alimenticia, para ser dado de baja del Registro.

Documento elaborado por el Dr. Juan Felipe Ortichochea

Departamento Laboral

LLAMADO A LICITACIÓN PARA LICENCIAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CANNABIS RECREACIONAL  

El 11 de febrero se hizo efectivo el llamado abierto para otorgar nuevas licencias de producción y distribución de cannabis psicoactivo (THC igual o superior al 1%) para comercialización con fines recreacionales en locales habilitados, que había sido anunciado por el IRCCA en diciembre 2018.

Licencias a otorgar: 

  • Inicialmente, hasta 3 nuevas licencias
  • Por un plazo de 5 años
  • Para producir y distribuir 2 toneladas anuales de cannabis psicoactivo por cada empresa seleccionada. La producción será en predios proporcionados por el IRCCA de aprox. 2 hectáreas, en el departamento de San José, Uruguay.
  • Aquellas empresas oferentes que superen el puntaje requerido y no resulten adjudicatarias, se incorporarán a una lista de prelación por un plazo de 3 años, para el otorgamiento de posibles nuevas licencias por parte del IRCCA, en iguales condiciones

Pueden ser oferentes:

  • Personas físicas o personas jurídicas
  • Nacionales o extranjeras

No pueden ser oferentes:

Se prevén varias exclusiones en atención a situaciones que pudieran representar conflictos de interés con  organismos intervinientes del Estado, o por estado de insolvencia, pero en particular se destaca que no pueden participar del llamado:

  • Quienes ya tengan este tipo de licencia, ni sus accionistas, directores, representantes y/o beneficiarios finales. Actualmente existen dos empresas con licencias de producción y distribución de cannabis que resultaron adjudicatarias en el año 2015 (ICC y Symbiosis)
  • Quien se encuentre con una sanción vigente impuesta por el IRCCA

Pliego de condiciones:

  • Su compra es condición previa a poder presentar ofertas
  • El costo es aprox. USD 5.000
  • Disponible desde el 11 de febrero de 2019, previo pago
  • Para retirarlo se debe acreditar representación y firmar un compromiso de confidencialidadsobre los términos del Pliego y Anexos y todas las actuaciones

Plazo para presentación de ofertas:

  • Desde el 1 de abril de 2019
  • Hasta el 10 de abril de 2019
  • La apertura tendrá lugar el 11 de abril de 2019

Respecto de las condiciones para la instalación y producción que fueron divulgadas, nos remitimos a nuestra newsletter disponible en: http://www.bragard.com.uy/2018/12/12/llamado-a-licitacion-para-nuevas-licencias-de-produccion-y-distribucion-de-cannabis-recreacional/

El Equipo BRAGARD se encuentra en condiciones de asesorarlo en caso de tener interés en participar  del presente llamado. Para mayor información dirigirse a los siguientes correos: jbragard@bragard.com.uyy fberro@bragard.com.uy

 

Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados No Financieros de la Senaclaft

El pasado mes de noviembre fue aprobado el decreto 379/18 que reglamentó la Ley Nro. 19.574, Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (LA&FT). La misma introdujo importantes cambios en la materia en especial sobre el sector no Financiero, aumentando la cantidad de sujetos obligados a dar cumplimiento en prevención de LA&FT así como también agregando nuevos delitos precedentes de lavado de dinero.

El decreto 379/18 estableció una guía especifica de las medidas que los sujetos obligados deben tomar en la materia y asimismo creó un Registro de Sujetos Obligados No Financieros, y estableció un plazo para inscribirse que vence el 18 de febrero de 2019.

Los sectores obligados a realizar dicho registro son:

  • Los Casinos.
  • Inmobiliarias, Promotores Inmobiliarios, Empresas Constructoras e Intermediarios en Transacciones que involucren inmuebles.
  • Abogados, cuando realizan ciertas operaciones detalladas en el Art. 39 del Decreto.
  • Contadores y otras personas físicas o jurídicas que participan en ciertas operaciones detalladas en el art. 41 del decreto.
  • Proveedores de Servicios Societarios, Fideicomisos y Personas Físicas o Jurídicas que realizan para sus clientes actividades definidas en el art. 77 del decreto.
  • Intermediarios o Mediadores en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas.

Debido a lo establecido por la ley 19.574, la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo (SENACLAFT) recibirá información de directamente de la Caja Notarial, el Área de Zonas Francas del Ministerio de Economía, la Comisión Administradora del Registro Nacional de Rematadores del MTSS y del Ministerio de Educación y Cultura , por lo cual NO deberán inscribirse los siguientes sujetos obligados:

  • Explotadores y Usuarios Directos e Indirectos de Zonas Francas.
  • Asociaciones Civiles, Fundaciones, Partidos Políticos, Agrupaciones y en general, cualquier Organización sin Fines de Lucro.

El decreto 379/18 establece sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de registrarse que se indica en la presente comunicación.

El registro puede hacerse a través del portal de trámites del gobierno uruguayo (portal.gub.uy) o directamente ingresando a la página web de la Senaclaft (www.gub.uy/senaclaft).

Por más información con respecto al Registro de Sujetos Obligados o en general en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, no dude en ponerse en contacto con nuestros profesionales.

Documento elaborado por el Cr. Diego Buela

 

Nuevas licencias, Asesor de Inversión y Gestor de Portafolio

Con fecha 17 de enero de 2019 el Banco Central del Uruguay aprobó la circular nº 2.320 (en adelante la “Resolución”) que introduce diversas modificaciones a la Recopilación de Normas de Mercado de Valores, en relación a los asesores de inversión e intermediarios de valores, así como la creación de una nueva licencia, denominada Gestor de Portafolios.

A continuación, detallamos: (A) las principales características y diferencias entre las licencias de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios; (B) pasos a seguir para mantener la licencia de Asesor de Inversiones; y (C) procedimiento para modificar la licencia de Asesor de Inversiones a Gestor de Portafolios.

Principales características y diferencias entre las licencias de asesores de inversión y gestores de portafolios

 

  ASESOR DE INVERSIÓN GESTOR DE PORTAFOLIOS
 

Definición

 

Personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban previamente de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior.

 

De esta forma, el Asesor de Inversión ya no podrá actuar por mandato discrecional.

 

 

Personas jurídicas que, en forma profesional y habitual, administranen forma discrecional e individualizada – las inversiones de terceros con arreglo a poderes de administración provistos por éstos.

 

 Autorización BCU

 

Requiere inscripción en registro del BCU

 

Requiere autorización previa del BCU, y se evaluarán, entre otras cosas, razones de

legalidad, oportunidad y conveniencia; asimismo se deberá contar con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla.

 

 

Actividades

 

Actividades principales:

–          Asesorar en valores de oferta pública

–          Canalizar órdenes

 

Actividades complementarias:

–          Asesorar en valores de oferta privada

–          Referenciar clientes a otras instituciones financieras

–          Elaborar informes de inversión, análisis financieros y recomendaciones generales

 

Actividades principales:

–          Gestionar portafolios de clientes

 

 

Actividades complementarias:

–          Canalizar órdenes

–          Asesorar en valores de oferta privada

–          Referenciar clientes a otras instituciones financieras

–          Elaborar informes de inversión, análisis financieros y recomendaciones generales

 

 

Dependencias y actuación en el exterior

 

Podrán abrir dependencias en el exterior, y actuar en el exterior a través de empleados, apoderados o directores; comunicándolo a la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”) con una antelación mínima de 30 días hábiles.

 

 

Podrán abrir dependencias en el exterior, y actuar en el exterior a través de empleados, apoderados o directores; comunicándolo a la SSF con una antelación mínima de 30 días hábiles.

 

 

Transferencia de acciones

 

No requieren autorización previa de la SSF para emitir o transferir acciones o cuotas sociales

 

Requieren autorización previa de la SSF para emitir o transferir acciones o cuotas sociales. La SSF podrá considerar razones de legalidad, oportunidad y conveniencia.

 

 

Garantía y depósito

 

–          Garantía favor del BCU ≥ UI 250.000

Podrá consistir en:

a.    prenda sobre depósito denominado en UI constituido en el BCU, o

b.    prenda sobre valores públicos nacionales cotizables, depositados en el BCU, o

c.     seguro de fianza que deberá tener una vigencia no inferior a 1 (un) año, debiéndose renovar

 

–          Depósito en favor del BCU ≥ 50.000

 

 

–          Garantía a favor del BCU ≥ UI 500.000. Si los activos bajo manejo del portafolio de inversiones superan el equivalente a UI 1.000: 000.000 deberán constituir una garantía adicional equivalente al 0,05% del portafolio gestionado.

 

 

 

 

 

–          Depósito en favor del BCU ≥ 50.000

 

Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

 

–          Políticas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas

–          Políticas y procedimientos respecto del personal

–          Oficial de cumplimiento

 

 

–          Políticas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas

–          Políticas y procedimientos respecto del personal

–          Oficial de cumplimiento

 

 Contrato con clientes

 

En las actividades de canalización de órdenes de clientes, el contrato deberá prever la existencia de poderes otorgados por éstos para la canalización de órdenes en su nombre y representación a los intermediarios de valores.

 

Para las actividades de canalización de órdenes de clientes, el contrato deberá prever la existencia de poderes otorgados por éstos para la canalización de órdenes en su nombre y representación a los intermediarios de valores.

 

En las actividades de gestión de portafolios, el contrato deberá prever la existencia de un poder de administración otorgado por el cliente, que permitirá tomar decisiones respecto a sus inversiones y ordenar operaciones a intermediarios de valores en su nombre y representación.

 

 

Tercerizaciones

 

No hay limitación de la responsabilidad de los Asesores por los servicios tercerizados.

 

Hay prohibición expresa de tercerizar la prestación de las actividades principales detalladas anteriormente.

 

A partir de la nueva circular los Asesores tampoco podrán tercerizar la aceptación de clientes ni los procedimientos de debida diligencia con clientes.

 

No hay limitación de la responsabilidad de los Gestores por los servicios tercerizados.

 

Hay prohibición expresa de tercerizar la prestación de las actividades principales detalladas anteriormente.

 

Los Gestores tampoco podrán tercerizar la aceptación de clientes ni los procedimientos de debida diligencia con clientes.

Pasos a seguir para mantener la licencia de Asesor de Inversiones

Quienes opten por quedarse con la licencia de Asesor de Inversión deberán, en cuanto corresponda:

Presentar una declaración jurada detallando si las actividades que se encuentran desarrollando se corresponden con las de la licencia– ver punto 3 del cuadro-, disponiendo para de un plazo hasta el 30.06.19. En caso de que sus actividades NO se correspondan con las de su licencia, deberán en el mismo plazo: (a) cesar aquellas actividades que no se ajusten a la licencia de Asesor de Inversión; o (b) solicitar la autorización correspondiente a las actividades que pretenda realizar.

Es importante destacar que, hasta tanto la SSF no se manifieste en relación a la solicitud, se podrá continuar desarrollando la actividad que no se ajusta a la licencia de Asesor de Inversión con dicha licencia.

  1. En caso que, a la fecha de la Resolución, actúen en el exterior en los términos que se detallan en el punto 4 del cuadro, dispondrán de un plazo de 90 días contados a partir de la misma para adecuarse a estas disposiciones e informar a la SSF acerca de la modalidad de actuación, la frecuencia de visitas y los servicios ofrecidos.
  2. Constituir las garantías detalladas en el punto 6 del cuadro, disponiendo para ello plazo hasta el 31.12.19.
  3. Constituir los depósitos detallados en el punto 6 del cuadro, disponiendo para ello un plazo de 180 días contados desde la Resolución.
  4. Adecuar sus contratos con clientes, de acuerdo a lo previsto en el punto 8 del cuadro, disponiendo de un plazo de 12 meses desde la Resolución para adecuar los contratos con los clientes ya existentes, y obtener – respecto de cada uno de sus clientes- la información que permita elaborar su perfil y estrategia de inversión.
  5. Adecuar el sistema de prevención de lavados y financiamiento del terrorismo a la nueva normativa banconcetralista, en este sentido, deberán: (a) implementar políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y reportar las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; (b) políticas y procedimientos con respecto al personal; (c) designar a un Oficial de Cumplimiento, (d) designar un responsable del régimen de información; (e) contar con un código de conducta; (f) tener un adecuado conocimiento no solo a sus clientes sino también a sus beneficiarios finales, entre otros.

Procedimiento para modificar la licencia de Asesor de Inversiones a Gestor de Portafolios.

Quienes se encuentren interesados en modificar su status a Gestor de Portafolios deberán –entre otras cosas- presentar los siguientes documentos, antes del 30 de junio de 2019:

  1. Declaración jurada, detallada en literal B (i) anterior, conteniendo actividades que se corresponden a la licencia de Gestor de Portafolios, y habiendo evaluado que se desea continuar desarrollando las mismas.
  2. Nota, solicitando el cambio de licencia, la cual habilitará el desarrollo de la activad de gestión de portafolios de clientes hasta tanto la SSF no se pronuncie respecto de la solicitud.
  • Información/documentación, como ser:
  1. Descripción de las actividades que desarrollará,
  2. Información relativa a la infraestructura organizativa e informática y procedimientos para realizar las actividades de gestión de portafolios;
  3. Nómina de socios o accionistas y personas que ejercen el efectivo control en la participación en el paquete accionario;
  4. Nómina Personal Superior;
  5. Estados contables correspondientes al último ejercicio con informe de compilación;
  6. Constitución de garantías y depósito;
  7. Manuales, Códigos y Contratos: Manual para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ajustado a la nueva actividad de gestión de portafolios; Modelo de contrato y poderes de administración;
  8. Testimonio del Acta del órgano social que resuelve el cese de la actividad como asesor de inversión y la solicitud de autorización como gestor de portafolios;
  9. Reforma de estatuto en caso de corresponder.

Tener presente que únicamente el Asesor de Inversión-Persona Jurídica puede solicitar el cambio de licencia, dado que es requisito para los Gestores de Portafolio estar organizados como sociedad comercial – ver 1 del cuadro-; y en caso de sociedades anónimas, sus acciones deberán ser nominativas.

  1. Informar el monto de activos bajo manejo del portafolio de inversiones, a los efectos de determinar la garantía que deberán constituir – ver punto 6 del cuadro-.
  2. La SSF analizará la solicitud presentada, teniendo en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia, y podrá requerir información adicional. Concluido el análisis, se promoverá una resolución, autorizando a la empresa a funcionar como Gestor de Portafolios, concomitantemente con la cancelación de la inscripción en el Registro como Asesor de Inversión; o denegando la solicitud, instruyendo a cesar las actividades que no están permitidas adecuándose a las previstas para los asesores de inversión – ver punto 3 del cuadro-.

Documento elaborado por las Dras. Daniela Sztryk y Pilar Brito

MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO INTRODUCIDOS POR LA CIRCULAR Nº 2.312 DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

A finales del 2018 el Banco Central del Uruguay (“BCU”) dio a conocer su circular Nº 2.312 (“Circular”) que modifica la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (“RNMV”) en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (“LA y FT”), en relación a los Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y Asesores de Inversión.

El principal objetivo de la Circular es adecuar la RNMV a las disposiciones contenidas en la nueva Ley Integral Contra el Lavado de Activos 19.574 del 20 de diciembre de 2017 y Recomendaciones aprobadas por el Grupo de Acción Financiera (“GAFI”) y sus notas interpretativas.

A continuación, detallamos las principales modificaciones introducidas por la referida Circular.

  1. Cambios aplicables a los Intermediarios de Valores y a las Administradoras de Fondos de Inversión

 Subsidiarias o sucursales en el exterior

De acuerdo a la Circular, en aquellos casos en que en el país donde está ubicada la subsidiaria o sucursal del Intermediario de Valores o la Administradora de Fondos de Inversión prevea requisitos sobre la prevención de LA y FT menores que los vigentes en Uruguay, deberán implementarse, siempre que la normativa del país sede lo permita, los requisitos de Uruguay.  En caso contrario, las instituciones deberán aplicar medidas adicionales apropiadas para manejar los riesgos de LA y FT e informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (“UIAF”) del BCU.

Previo a las modificaciones de la Circular, cuando la normativa del país sede no permitía la implementación del sistema de prevención de LA y FT de Uruguay, alcanzaba con informar a la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”) del BCU.

  1. Evaluación del riesgo

A partir de la Circular, dentro de las políticas y procedimientos de prevención, la institución deberá identificar los factores de riesgo (estos son: los productos, clientes, zonas geográficas y canales de distribución), debiendo documentar las evaluaciones de riesgo realizadas de modo tal que se pueda demostrar sus bases, mantenerlas actualizadas y contar con mecanismos apropiados para suministrar información de la evaluación de riesgo realizada cuando le sea requerida.

El Oficial de Cumplimiento, además de ser el responsable del seguimiento y funcionamiento del sistema, deberá promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución, agregándosele esta nueva función.

  1. Código de Conducta

Si bien la normativa ya se les exigía a las Administradoras de Fondos de Inversión contar con un código de conducta, se extiende la misma exigencia a los intermediarios de valores. El código deberá reflejar el compromiso de la institución para evitar el uso de mercado de valores para actividades de LA y FT.

Por su parte, las administradoras de fondos de inversión también deberán reflejar su compromiso con respecto a los fondos y fideicomisos que administren.

  1. Políticas y Procedimientos de Debida Diligencia

Las políticas y procedimiento de debida diligencia deberán permitir un adecuado conocimiento no solo de sus clientes sino también de los beneficiarios finales. Vale destacar que la Circular establece que los dichos procedimientos deberán ser aplicados a todos los nuevos clientes, y asimismo, a los clientes existentes, sin distinción alguna.

Para el caso de las administradoras de fondos de inversión que actúen en calidad de fiduciarias, se entenderá por cliente no solo a los cuotapartistas, fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos que administren, sino también a todas las personas de las cuales reciban fondos para dichos fideicomisos.

La Circular agrega que las instituciones no entablarán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia antes referidos. Asimismo, en caso de que resulte imposible la realización de la debida diligencia se deberá poner fin a la relación; y considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa (“ROS”) a la UIAF.

En casos excepcionales, la Circular prevé que la institución podrá optar por no completar la debida diligencia, cuando advierta que de hacerlo se estaría alertando al cliente, y por lo tanto se deberá reportar a la UIAF dicha situación en forma inmediata.

En todo caso, se deberá recabar información, registrar el propósito y la naturaleza de la relación de negocios. Y hasta tanto no se hay verificado de forma satisfactoria su identidad habrá imposibilidad de establecer una relación definitiva con el mismo.

  1. Proceso de identificación de los clientes

La Circular incorpora un nuevo artículo a la RNMV que regula las condiciones en que deberá realizarse la identificación de clientes.

En este sentido, la institución deberá instrumentar los procedimientos que estime más eficaz para verificar la identidad de sus clientes antes de establecer una relación definitiva, siempre teniendo en cuenta la evaluación de riesgo realizada.

Dichos procedimientos deberán contemplar el contacto personal (presencia física) en los siguientes casos:

  1. Clientes que realizan una actividad económica[1]

El contacto persona se realizará con el titular, representante o apoderado, de las siguientes formas:

Por transacciones anuales o en el transcurso de un año calendario, de más de USD 1.500.000 o su equivalente en otras monedas: el contacto personal se hará directamente por la institución o a través de terceros mediante la tercerización del procedimiento de debida diligencia de conformidad con la regulación vigente.

Por transacciones anuales o en el transcurso de un año calendario, de más de USD 120.000 o su equivalente en otras monedas: el contacto personal podrá ser también ser realizado a través de otra entidad financiera local o del exterior inscripta ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras o por un escribano (o quién cumpla con esta actividad en el exterior) debiendo obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado.

2.Clientes que no realizan actividad económica[2]

El contacto persona se realizará con alguno de los beneficiarios finales en el caso del literal (i); y con el titular, representante o apoderado en los casos del literal (ii) -que se detallan a continuación-, de las siguientes formas:

. Clientes no residentes por transacciones anuales o en el transcurso de un año calendario de más de USD 500.00 o su equivalente en otras monedas, o Clientes residentes por transacciones anuales o en el transcurso de un año calendario de más de USD 1.000.000 o su equivalente en otras monedas: el contacto personal se hará directamente por la institución o a través de terceros mediante la tercerización del procedimiento de debida diligencia de conformidad con la regulación vigente, o para el caso de residentes, a través del Prestador de Servicios de Confianza. Deberá dejarse constancia del contacto en la copia del documento de identificación utilizado como medio de verificación.

Por transacciones anuales o en el transcurso de un año calendario, de más de USD 120.000 o su equivalente en otras monedas: el contacto personal podrá ser también ser realizado a través de otra entidad financiera local o del exterior inscripta ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras o por un escribano (o quién cumpla con esta actividad en el exterior) debiendo obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado.

Para las sociedades administradoras de fondos de inversión que actúen en calidad de fiduciarias, el requerimiento de verificación de identidad mediante contacto personal alcanzará al menos a los fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos que administran.

A los efectos de determinar los umbrales establecidos, se considerará el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta.

En todos los casos, cuando se trate de personas físicas residentes, la verificación de la identidad mediante contacto personal, podrá ser realizada por un Prestador de Servicios de Confianza (Unidad de Certificación Electrónica el Registro de Prestadores de Servicios de Confianza), de acuerdo a instrucciones que se impartirá el BCU.

Los procedimientos verificación de la identidad de clientes podrán aplicarse luego de iniciada la relación comercial a modo de no interrumpir el curso normal de la actividad. En dicho caso, se establece un plazo máximo de 60 días contados desde el inicio del vínculo o que se cumplan con las condiciones detalladas anteriormente, para su aplicación, período en el que deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente.

La Circular dispone que las instituciones dispondrán de un plazo de 90 días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el artículo; y una vez transcurrido dicho plazo, dispondrán de un plazo de 12 meses para adecuar la verificación de identidad, únicamente de los clientes residentes que tengan una antigüedad menor a tres años y transacciones mayores a USD 1.500.000 y clientes no residentes que tengan antigüedad menos a tres años y transacciones mayores a USD 1.000.000.

Proceso de identificación de los beneficiarios finales

  • Definición:

La Circular modifica la definición de “beneficiario final” de acuerdo a la nueva ley 19.574, disponiendo que serán “las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.  Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.”

Previo a las modificaciones introducidas por la Circular, se previa un porcentaje más exigente, (del 10% del capital o equivalente), el cual pasa a ser el 15%.

Por su parte, la Circular dispone que se considerará beneficiario final a “las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación”

  • Obligaciones:

La Circular establece la obligación de recabar información y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final, y también verificar su identidad. Los procedimientos de verificación de identidad deberán suponer el resultado de la evaluación de riesgo y contemplar el contacto personal cuando corresponda.

En el caso de los fideicomisos, la obligación de identificación del Beneficiario Final alcanza a las personas físicas relacionadas al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

  • Excepciones:

La Circular exceptúa de la obligación de identificar a los beneficiarios finales en los siguientes casos:

  1. Clientes cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio;
  2. Clientes cuyos títulos de participación patrimonial sean de propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito (a) antes mencionado.

Para que opere la excepción los títulos deberán estar siempre a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados, y aplica solamente respecto de los títulos que coticen en bolsa.Identificación de clientes y beneficiarios finales en el ejercicio de funciones de representación, asesoramiento y gestión de portafolio.

La Circular establece que los intermediarios de valores que brinden servicios de referencimeinto, asesoramiento o gestión de portafolios a clientes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión, podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos, debiendo mantener los registros requeridos por la normativa, siempre que:

  • las políticas de prevención del LA y FT de la institución financiera del exterior hayan sido evaluadas favorablemente por el intermediario, y
  • los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que se establezca en forma clara la responsabilidad de tales instituciones por la aplicación de los procedimientos de debida diligencia.

De esta forma, la Circular adopta e incorpora en la RNMV lo que en la práctica se interpretaba de acuerdo a los artículos 208.10 de la RNMV y 316 de la Recopilación de Normas del Regulación y Control del Sistema Financiero.

A su vez, la Circular establece que la identificación deberá realizarse obteniendo la siguiente información:

1) Personas físicas:

  1. a) nombre y apellidos completos;
  2. b) fecha y lugar de nacimiento;
  3. c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial.

 

2) Personas jurídicas:

  1. a) denominación;
  2. b) domicilio y número de teléfono;
  3. c) número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción.
  4. d) los datos requeridos para las personas físicas respeto de los representantes de la persona jurídica.

Información a solicitar

La Circular agrega nueva información mínima a requerir para incluir en el Registro de Clientes, como ser constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales, copia del documento de identidad, número de RUT, datos del cónyuge o concubino. Además, se aclara que los datos requeridos para las personas físicas también deberán serlo a los beneficiarios finales, representantes legales, apoderados y autorizados para operar en nombre de personas jurídicas

Por otro lado, la Circular reduce considerablemente el monto para la categorización de clientes como minoristas, de USD 30.000 a USD 15.000.

La institución dispondrá de un plazo de 90 días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas. Adicionalmente, para clientes existentes, la adecuación deberá realizase de la siguiente manera:

  • Riesgo alto: 1 año
  • Clientes que operen por montos significativos: 2 años
  • Riesgo medio: 2 años
  • Riesgo bajo: 6 años.

Actualización de la información

Se agrega un nuevo artículo por el cual se establece la obligación de mantener la información de los clientes actualizada, estableciendo los siguientes plazos mínimos:

  • Riesgo bajo: 5 años.
  • Riesgo medio: no mayor a 3 años.
  • Riesgo alto: no mayor a 1 año.
  • Clientes que operen por montos significativos: no mayor a 2 años.

Las instituciones dispondrán de 90 días para adecuar sus políticas, y transcurrido dicho plazo respecto de sus clientes existentes tendrán los siguientes plazos:

  • Riesgo Alto tendrán un plazo de 1 año.
  • Clientes que operen por montos significativos tendrán un plazo de 2 años.
  • Riego Medio tendrán un plazo de 2 años.

Plazo para la conservación de los registros

De acuerdo a la Circular, todos los registros de las operaciones e información obtenida durante los procesos de debida diligencia deben conservarse por un plazo mínimo de 5 años luego de finalizada la relación comercial. De esta forma se acorta el plazo de conservación prevista anteriormente, el que era de 10 años.

Procedimientos de debida diligencia intensificada

La Circular modifica el artículo sobre los procedimientos de debida diligencia intensificada, estableciendo que los mismos se aplicarán a las categóricas de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayo riesgo, de acuerdo a lo que surja de la evolución de riesgo realizada.

No obstante lo anterior, la Circular dispone que se considerará como de mayor riesgo las siguientes situaciones:

  1. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de LA y FT.
  2. Transacciones de aquellas personas que se vinculan con la entidad a través de operativas que no sea habitual el contacto personal como en el caso de clientes que realizan operaciones a través de modalidades operativas que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.
  3. Personas políticamente expuestas (PEPs), así como sus familiares y asociados cercanos.
  4. Todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad.

A su vez, regula los procedimientos de debida diligencia intensificada, disponiendo que las instituciones deberán:

 

  1. Obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución.
  2. Elaborar un informe circunstanciado en el que se explicitaran todos los elementos que hayan sido considerados para elaborar su perfil de actividad, el cual deberá estar acompañado de la documentación de respaldo que permita establecer la situación patrimonial, financiera y económica o justificar el origen de fondos manejados por el cliente.

No obstante lo anterior, en todos los casos se deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente.

En el caso de PEPs cuyas transacciones anuales (de acuerdo a su perfil de actividad) alcancen importes menores a USD 120.000 o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de fondos manejados por el cliente. A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el monto total a ingresar o ingresado en la cuenta.

Por otro lado, se exceptúa la exigencia de realizar el informe en el literal (ii) anterior, cuando se trate de servicios de referenciamiento, asesoramiento y gestión de portafolios brindados a clientes no residentes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión siempre que:

  • No reciba de dichos clientes dinero, títulos valores o metales preciosos,
  • Se asegure que la prestación del informe no sea un requisito para el regulador de la institución financiera del exterior en sus normas de prevención de LA y FT, y
  • Se obtenga una constancia emitida por la Administración Tributaria correspondiente o una carta emitida por un profesional o por los representantes del cliente indicando que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.
  • Aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente (1 año)
  • Aumentar la frecuencia de la actualización de la información de cliente, de acuerdo a lo señalado anteriormente.
  • Realizar un monitorea mas intenso de la relación comercial.

Para los clientes que operen por montos significativos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los numerales ii. y iii.

PEP

Se limita temporalmente la noción de PEP a cargos desempeñados en los últimos 5 años y se incluyen a representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos y personas que desempeñen o han desempeñado una función de jerarquía en un organismo internacional. Por otro lado, se establece que deben implementar procedimientos para identificar a clientes o beneficiarios finales considerados como personas políticamente expuestas, familiares o asociados a una persona políticamente expuesta.

Reporte de Operaciones Sospechosas o Inusuales

Las instituciones están obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero transacciones inusuales o complejas injustificadas. De acuerdo a la Circular esta obligación alcanza a las operaciones que involucren activos de origen lícito pero que se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o destinadas a financiar cualquier actividad terrorista.

Cuentas abiertas o transacciones relacionadas con personas que manejen fondos de terceros

Por medio de la Circular se da una nueva redacción a los procedimientos que deben seguirse para detectar las cuentas abiertas o transacciones cursadas por personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros, proponiendo que los mismos sean los aplicables a las instituciones de intermediación financiera.

Se establece que en aquellos casos en que las instituciones lo consideren necesario en función de la evaluación de riesgos realzada, deberán identificar al beneficiario final de la transacción y obtener información sobre el origen de los fondos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Circular establece los preceptos que deberán a los que deberán ceñirse los procedimientos relativos a las personas que manejen fondos de terceros.

A su vez, la Circular establece como novedad que se consideran incluidos dentro de la definición de “clientes sujetos a regulación y supervisión financiera”, los clientes que manejen en forma habitual fondos de terceros provenientes o relacionados con el desarrollo de las siguientes actividades:

  • Compraventa, construcción, promoción, inversión o administración de bienes inmuebles;
  • Compraventa de establecimientos comerciales;
  • Administración o custodia de dinero, cuentas bancarias, valores y otros activos;
  • Inversiones o transacciones financieras en general;
  • Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos;
  • Operaciones de comercio exterior, en las que se realicen pagos o cobros por cuenta de terceros.

La Circular establece los procedimientos de debida diligencia intensificada a seguir en cada caso, si se trata de clientes sujetos o no a la regulación y supervisión financiera, y montos por los que se realizan las transacciones.

Tercerización de procedimientos de debida diligencia

Previo a las modificaciones introducidas por la Circular, la normativa previa ciertos casos en que se consideraban autorizadas las tercerizaciones de debida diligencia, siempre que se cumplieran con determinados requisitos. Dicha redacción se mantiene, pero se agregan nuevas exigencias que deberán de cumplirse para que se considere autorizada la tercerización:

  • Los terceros estarán obligados a aplicar los procedimientos de debida diligencia de clientes establecidos por la institución.
  • La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por ésta.
  • La institución mantendrá en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de los mismos, debiendo verificar la adecuada aplicación de sus procedimientos a los clientes cuya debida diligencia sea realizada por un tercero.
  • No podrán utilizarse los servicios de terceros para la realización del monitoreo de cuentas y transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes.

Cambios aplicables a los Asesores de Inversión

  1. Políticas y procedimientos para la prevención del LA y FT

La Circular da un nuevo contenido al Título II, Libro III, sobre protección del sistema financiero contra actividades ilícitas. En este sentido, la Circular establece que los asesores deberán implementar políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y reportar las transacciones que puedan estar relacionadas con el LA y FT; políticas y procedimientos con respecto al personal y designar a un Oficial de Cumplimiento.

  1. Código de Conducta

La Circular incorpora la obligación de contar con un código de conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo de la institución.

  1. Políticas y procedimientos de debida diligencia

La Circular incorpora para los asesores de inversión artículos relacionados a las políticas y procedimiento de debida diligencia sustancialmente iguales a las que aplica para los intermediarios de valores y administradoras de fondos de inversión.

La Circular incorpora para los asesores de inversión artículos relacionados a las políticas y procedimiento de debida diligencia sustancialmente iguales a las que aplica para los intermediarios de valores y administradoras de fondos de inversión.

En este sentido, se incorporan las disposiciones detalladas en el punto I del presente sobre intermediarios de valores y administradoras de fondos de inversión, en relación al numeral 4 en lo aplicable, estableciendo las mismas disposiciones que para los intermediarios de valores respecto de las transacciones con países que no apliquen que no aplican las recomendaciones del GAFI

A su vez, se toma la misma definición de beneficiario final y las mismas disposiciones sobre personas políticamente expuestas mencionadas en el numeral 6 y 12 respectivamente del presente.

Documento elaborado por las Dras. Daniela Sztryk y Pilar Brito.

[1] Personas físicas y jurídicas que realizan actividad comercial, industrial, agrícola, financiera, profesional, etc.

[2] Personas físicas y jurídicas, que no configuren la definición de Clientes que realizan actividad económica, incluyendo: sociedades que se utilicen como vehículo de inversión y sociedades cuya finalidad sea tener o administrar propiedad de otras sociedades o compañías, fideicomisos, entre otros.

Documento elaborado por las Dras. Daniela Sztryk y Pilar Brito

Nuevo convenio para evitar la doble imposición Uruguay – Paraguay

Con fecha 8 de setiembre de 2017, se suscribió entre la República Oriental del Uruguay (en adelante, “Uruguay”) y la República del Paraguay (en adelante, “Paraguay”) un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio (en adelante, “CDI”).

Mediante el presente, sometemos a su consideración un primer análisis genérico, quedando a su disposición por cualquier aclaración y/o análisis puntual de situaciones concretas tanto desde la perspectiva uruguaya como de la paraguaya.

Dicho CDI ya fue aprobado en Uruguay mediante la promulgación de la ley 19.697 y está pendiente de aprobación aún en Paraguay. De acuerdo a lo previsto en el propio artículo 28 del CDI el mismo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación.

  1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MODELO DE CONVENIO
  • El CDI recoge mayormente los lineamientos OCDE en cuanto a los requerimientos para los CDI de última generación –es decir aquellos que disponen cláusulas básicas para evitar el uso abusivo de los convenios, principalmente-. En concreto, notamos que el CDI aprobado:
  • Incluye expresamente en el acápite que la intención del mismo es evitar la doble imposición “sin generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida, incluida la práctica de la búsqueda el convenio más favorable –treaty shopping- que persigue la obtención de los beneficios previstos en este Convenio para beneficio indirecto de residentes de terceras jurisdicciones”.
  • En el artículo 27 del CDI se establece una larga cláusula con varios requisitos en lo que refiere al “Derecho a los Beneficios” y, entre otras cosas, se dispone que no se otorgará un beneficio de este CDI con relación a una renta o patrimonio, si teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, es razonable concluir que la obtención de tal beneficio fue uno de los principales propósitos de cualquier estructura o transacción que ha resultado directa o indirectamente en tal beneficio (salvo que el otorgamiento de tal beneficio esté de conformidad con el objeto y finalidad del CDI).

Esta inclusión recoge claramente una norma anti elusiva que apela al análisis subjetivo de los hechos y circunstancias a los efectos de juzgar sobre la gravabilidad de una renta en particular, o no. Es, en cierto modo, el reconocimiento del principio de la realidad imperante en la normativa fiscal de nuestros países. Es por esta causa que resulta necesario el análisis de la sustancia de las transacciones y de la realidad material de las mismas.

  • Se recoge el principio de la gravabilidad para evitar la doble no imposición en tanto se establece expresamente que -salvo para el caso de determinadas entidades (estatales o sin fines de lucro, por ejemplo)- el estado de la fuente tiene facultad de gravar de acuerdo a su legislación interna, cualquier renta del no residente no sujeta a imposición en el país de la residencia.
  • Sin perjuicio de lo anterior, el CDI recoge soluciones particulares negociadas entre ambos países que se apartan del modelo de convenio OCDE. Entre estos apartamientos destacamos los siguientes:
  • Se incluye la definición de Establecimiento Permanente de servicios y la posibilidad de que una persona física constituya por la prestación de servicios en el otro Estado un Establecimiento Permanente.
  • Se agrega una causal adicional de Establecimiento Permanente relevante para las empresas de seguro en tanto puede configurarse si la empresa aseguradora recauda primas contra riesgos situados en ese Estado por medio de otra persona.
  • Se incluye dentro del concepto de “Rentas Inmobiliarias” la transferencia de las participaciones patrimoniales cuy activo más relevantes son inmuebles localizados en algún país miembros. Esta posibilidad ya era reconocida por el modelo de la OCDE, por lo que, en puridad no estaríamos ante una innovación sino ante el ejercicio de una de las posibilidades contempladas por el modelo.
  • En el artículo 10 que refiere al tratamiento de los dividendos se aclara que el apartado “no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las utilidades con cargo a las cuales se pagan los dividendos” esto en tanto en Paraguay son las propias sociedades que reconocen utilidades las que deben de pagar renta cuanto distribuyen a los accionistas, sin perjuicio del gravamen que luego le compete a los accionistas en sí.
  • En el artículo 13 bis se incluye artículo específico que regula los Honorarios por Servicios Técnicos reconociendo en este caso la potestad que los mismos sean gravados por el estado del cual los mismos proceden. El concepto de “servicios técnicos” es el que se encuentra ya reconocido en la normativa interna uruguaya en tanto se lo define como “cualquier pago en consideración por servicios de naturaleza gerencial, técnica o de consultoría”.
  1. IMPUESTOS INCLUIDOS Y DEFINICIONES

En los artículos 2 y 3 del CDI se determinan por un lado cuáles son los impuestos que se consideran incluidos en relación a cada uno de los Estados parte, y por otro, se establecen definiciones relevantes que determinan la aplicación del alcance del CDI.

En cuanto a los impuestos aplicables se dispone que son considerados impuestos paraguayos el IRP, IRACIS, IRAGRO, IRPC; y por el lado de Uruguay lo son IRPF, IRNR, IASS, IP. Sin perjuicio de lo anterior, se prevé que el CDI aplicará también a los futuros de idéntica o análoga naturaleza.

En lo que refiere al artículo 3 destacamos la definición que se hace de Uruguay en tanto se refiere al “territorio en el que se aplican las leyes impositivas”. La definición no nos resulta del todo precisa en tanto en las Zonas Francas y Puertos Libres no existe una desaplicación de las “leyes impositivas” más si una exoneración legal de carácter genérico. Sin perjuicio de las clarificaciones que puedan emitirse a posteriori, en principio, nos inclinamos por sostener que el CDI aplicaría también a Zonas Francas y Puertos Libres dado que esta definición no es una innovación en lo que refiere al Uruguay dado que ya ha sido utilizado en otros CDI, como ser, por ejemplo el suscrito con España.

En lo que respecta a la definición del término “negocios” se incluye expresamente a los servicios profesionales y a la realización de otras actividades de carácter independiente.

Además de las definiciones, resulta fundamental considerar el artículo 27 que denominado “Derecho a los Beneficios” determina las condicionantes que deben darse para que una persona pueda beneficiarse de los beneficios del convenio. Estas condiciones resultan ser –en algunos casos- bastante complejas por lo que requieren un análisis pormenorizado y detallado a la luz del caso concreto.

  • DISTRIBUCIÓN DE LA POTESTAD TRIBUTARIA

Los CDI establecen reglas mediante las cuales los Estados participes se reparten la potestad tributaria, es decir, que se reparten la posibilidad de gravar rentas y/o activos. La regla general seguida por el Modelo OCDE, y recogida por el CDI bajo análisis, es que en principio el estado que tiene potestad para gravar las rentas es el estado de la residencia reconociéndole al estado de la fuente la potestad de gravar solo en determinadas circunstancias.

La definición de residente y de establecimiento permanente son relevantes en tanto determinan cuándo puede gravar cada Estado en forma preponderante. Existen otras hipótesis –utilidades, intereses y regalías- en las cuales el Estado de la fuente puede gravar pero sin perjuicio de mantenerse la gravabilidad en residencia, adoptándose criterios para reconocer el impuesto pago en el otro Estado.

En cuanto al concepto de residencia el CDI toma los conceptos del Modelo OCDE utilizando los siguientes criterios en cascada: 1) vivienda permanente y centro de intereses vitales; 2) donde se viva habitualmente; 3) donde se sea nacional.  Para las personas jurídicas se adopta el criterio de residencia de la ley nacional vigente en cada uno de los Estados partes.

El concepto de Establecimiento Permanente (en adelante, “EP”) es relevante en cuanto determina una fijeza en el país de la fuente que amerita se le otorguen potestades de tributación directa al estado de la fuente.  En su sentido histórico y tradicional es cuando se tiene en el otro estado un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad (sedes de dirección, sucursales, fábricas, minas, entre otras).

El CDI vigente también reconoce otras modalidades por las que se puede constituir EP, a saber:

  • EP de obra que incluye no únicamente a proyectos de construcción sino también instalaciones o montajes superiores a los 183 días;
  • EP de servicios siempre que los mismos superen 183 días en un período de doce meses, cualesquiera;
  • EP Agente para cuando una persona concluye contratos en nombre y representación de otra;
  • EP específico para empresas de seguros.

Se incluyen normas relacionadas a la posibilidad de configurar ciertos EP ante la presencia de empresas vinculadas.

  • Rentas Inmobiliarias: Las rentas de esta naturaleza pueden someterse a imposición en el estado de la fuente. Esta expresión incluye ganado así como también el equipo utilizado para explotaciones agrícolas o forestales, el derecho a percibir pagos fijos o variables por la explotación, entre otros. Se incluye también dentro de este concepto la imposición de las sociedades cuyas participaciones permitan el disfrute de la propiedad inmobiliaria.
  • Utilidades Empresariales: Como regla general las rentas empresariales serán sometidas a imposición en la país de la residencia salvo cuando las mismas estén relacionadas a un EP y/o –mediando el cumplimiento de ciertos requisitos- cuando él no residente tenga un EP.

En el artículo 9 se establecen normas específicas relacionadas a las empresas asociadas susceptibles de repercutir en los grupos económicos que desarrollan actividades en un país y en el otro bajo un mismo control o dirección. Estas normas –al igual que la normativa interna de precios de transferencia- intenta mitigar y/o re-categorizar aquellas operaciones que se hayan efectuado en condiciones diferentes a las vigentes entre partes independientes; pudiéndose efectuar ajustes.

  • Dividendos, Intereses y Regalías: Estas rentas están reguladas en los artículos 10, 11 y 12 respectivamente. En todos se establece que el país de la fuente tendrá la potestad de gravar las rentas de esta índole generadas en su país con el tope del 15%; pudiendo igualmente el país de la residencia gravar estas rentas.
  • Ganancias de Capital: En el presente artículo se regula, por tipo de activos, el sometimiento a tributación. Resulta relevante destacar que las ganancias obtenidas por la enajenación de acciones o derechos comparables se encuentran gravadas en la fuente siempre que, en cualquier momento durante los 365 días anteriores a la enajenación, más del 50 por ciento del valor de tales acciones sea propiedad inmobiliaria situada en ese otro Estado. A modo de ejemplo, si una sociedad x vende un inmueble localizado en el país AA y dos meses después se transfieren las acciones de la sociedad x; entontes, tal venta podrá estar gravada en el país de localización del inmueble.
  • Honorarios por servicios técnicos. Este artículo si es una innovación  y mediante el mismo se reconoce la facultad de gravar del país del prestador aun cuando el servicio sea extra territorial. En este caso el tope de la gravabildiad será del 15%.
  • Rentas de Trabajo Dependiente: En principio las rentas del trabajo dependiente se someterán a tributación en el Estado en el cual se desarrollan las actividades. Sin perjuicio de lo anterior, se establece expresamente que solo podrá gravar estas rentas el país de la residencia cuando quien recibe las rentas no permanece en el país de la fuente más de 183 días. En consecuencia, si xx trabaja en el Estado BB pero no permanece 183 días en el Estado BB; el Estado AA podrá gravar su renta en el Estado BB.

Respecto a la Imposición al Patrimonio dispone el artículo 21 del CDI que los elementos patrimoniales de un Estado contratante pueden someterse a imposición en ese estado, salvo casos de excepción.

  1. MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

Ambos estados reconocen crédito fiscal por los impuestos pagados en el otro país. En el caso de Uruguay no se permite que la deducción exceda el impuesto correspondiente en Uruguay.

Se establece cláusula de no discriminación por el cual un residente de une Estado parte no podrá recibir un trato menos beneficioso que un local del otro Estado.

Resulta importante destacar que en tanto no apliquen disposiciones específicamente identificadas –anti elusivas en su mayoría- los intereses, regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante, serán deducibles para determinar las utilidades sujetas a imposición como si se hubiesen efectuado con un residente del propio Estado. Esto resulta muy relevante para las empresas uruguayas en tanto establecería una excepción expresa a la “regla candado” que requiere la deducción proporcional de los gastos considerando la tasa de tributación de la contraparte.

A su vez, resulta relevante destacar que las empresas de un estado contratante cuyos accionistas sean residentes del otro estado contratante no podrán estar sometidos a ningún impuesto u obligación que no se le exija o que sea más gravoso de aquel que se le exige a las empresas similares del país de la fuente.  Esto resulta relevante a la hora de analizar las implicancias de la normativa fiscal de Paraguay a la luz de la consideración de la residencia del accionista en cuestión.

  1. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

El artículo 25 del CDI dispone que las autoridades de los Estados Competentes podrán requerirse información previsiblemente relevante para la aplicación del Convenio o de los impuestos internos. Como se puede apreciar la carga es amplia dado que no solo debe ser intercambio relevante para la aplicación del Convenio sino que también abarca un número mayor de situaciones al extender la obligación a lo previsiblemente relevante y al control de los impuestos internos.

Resulta relevante destacar que se exceptúa del deber de brindar información aquella que el Estado requerido no pueda solicitar sobre la base de su propia legislación. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes comprometen sus mejores esfuerzos no siendo la falta de interés en determinada información motivo suficiente para no otorgar la misma.

DGI EMITE NUEVA RESOLUCIÓN PARA EL RÉGIMEN DE ZONA FRANCA

El pasado 15 de enero de 2019, fue publicada la Resolución de DGI Nº 231/019, que regula lo establecido por el Decreto Nº 309/018 y Ley Nº 19.566.

A continuación, y en línea con lo comentado en anteriores oportunidades sobre el tema, expondremos algunos de los puntos más relevantes a tener en cuenta para los desarrolladores, usuarios y terceros no usuarios de zona franca.

Régimen de Facturación Electrónica (CFE)

Los desarrolladores, usuarios y terceros no usuarios de zona franca, que a la fecha no se encuentren bajo el régimen de CFE, deberán postularse antes del 1º de abril de 2019.

Estarán obligados con el mismo plazo, las empresas que realicen actividades de cobranza de carteras morosas a usuarios de zonas francas.

Adicionalmente, los usuarios de zona franca deberán dejar constancia en la documentación de su condición estableciendo la leyenda “Contribuyente amparado a la Ley Nº15.921”.

Prestaciones de servicios a territorio no franco

El decreto Nº 309/018, establece que dicha prestación solamente puede realizarse si el adquirente de dicho servicio es un contribuyente gravado por IRAE.

La nueva Resolución de la Dirección General Impositiva agrega al decreto antes citado, que podrán prestarse dichos servicios siempre que éstos se vinculen a la obtención de rentas gravadas por IRAE para el prestatario.

Quienes adquieren estos servicios, deberán comunicar a los usuarios de zona franca, que cumplen con los requisitos establecidos en forma previa a la prestación de la actividad.

Actividades de Investigación y desarrollo – Propiedad Intelectual

En base al nuevo régimen establecido en el Decreto Nº 309/018 de exoneraciones para las rentas que provienen de actividades de investigación y desarrollo, la Dirección General Impositiva, en la presente Resolución, estableció la información que deberá incluir la Declaración Jurada y el plazo para su presentación. La misma deberá presentarse dentro del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio, a partir del vencimiento de mayo de 2019.

Para los contribuyentes que hayan cerrado ejercicio entre la fecha de vigencia de la Ley Nº 19.566 de fecha  8/12/2017 y el 31 de diciembre de 2018, deberán presentar la Declaración Jurada con el vencimiento de mayo 2019.

Asimismo, la DGI establece que, a los efectos fiscales, la propiedad de los activos que originan rentas de investigación y desarrollo, será atribuida exclusivamente a la empresa que desarrolló tales actividades en tanto tenga el derecho de uso y explotación exclusiva concedido por el dueño, socio o accionista que lo hubiera registrado al amparo de las Leyes Nº 9.739 y Nº 17.164.

Por más información sobre los elementos considerados en la Ley de Zona Franca, su modificativas, el Decreto Reglamentario y nueva Resolución de DGI, nuestra firma podrá asesorarlos y brindarles los detalles relacionados con la normativa, requerimientos y condiciones para adecuarse al tratamiento fiscal aplicable a los usuarios o destinatarios de sus servicios, junto con el análisis de las posibilidades de beneficios que se reglamentan.

 

CÓDIGOS DE CONDUCTA EN EL DEPORTE – SU IMPORTANCIA Y NECESIDAD

Debido a la creciente importancia del Buen Gobierno Empresarial (“Corporate Governance”) así como el incremento de los riesgos legales, las empresas cada día más deciden actualizar su política de cumplimiento legal y responsabilidad corporativa (“Corporate Compliance Policy”). En efecto, es común que aprueben códigos éticos o de conducta en los que adoptan una serie de valores, estándares de comportamiento, que definen sus relaciones, tanto a nivel interno como externo, de forma de desarrollar sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente.

El código de conducta es una declaración expresa de la política y los principios en los que se inspira el comportamiento de una organización; pretende impulsar una cultura preventiva y convertirse en un elemento disuasor de conductas ilícitas, procurando un comportamiento honrado de todos sus integrantes, con independencia de la función y rol que cada uno desempeñe.

La incorporación de este instrumento en el mundo del deporte es de vital importancia, debido a que algunas presiones e influencias de la sociedad moderna han amenazado sus principios tradicionales. La implementación de estos Códigos en clubes y asociaciones, permitiría encauzar el deporte hacia el concepto de deportividad, lealtad, respeto a las reglas del juego y del adversario.

Los clubes deportivos deben trabajar en pos de recuperar los valores de gestión y actuación responsable, que, combinados con estructuras organizativas transparentes y modernas, constituirían factores claves para su éxito a largo plazo. A su vez, deben involucrarse más en la sanción de las conductas incorrectas, ya que, aunque probablemente estas nunca se podrán erradicar totalmente, su trabajo contribuiría a un descenso en su intensidad y gravedad. Además, de no hacerlo podrían incurrir en responsabilidad según lo dispuesto por los distintos Códigos Disciplinarios de las federaciones deportivas internacionales y nacionales.

Es importante destacar que para que el Código sea realmente efectivo se requieren varios presupuestos: por un lado, debe mencionar expresamente qué conductas se encuentran prohibidas, sus consecuencias, y qué actuaciones deben verificarse para evitarlas; por otro, deben brindarse las condiciones para que realmente llegue a ser conocido por todos los integrantes del club o entidad (directivos, entrenadores, deportistas, funcionarios administrativos en general, aficionados, etc.); y, fundamentalmente, no debe ser un mero documento, válido para cualquier entidad, sino que debe responder al compromiso efectivo de cada club y adaptarse a sus propias características, por lo que cuanto más grande y complejo sea el club, más lo deberá ser el Código de Conducta.

En cuanto a la temática, si bien no es conveniente elaborar listas taxativas, dado que los Códigos deben adaptarse al caso concreto y a que es absurdo pretender contemplar todas las situaciones posibles, todo Código existente en el mundo del deporte debería hacer referencia a la prohibición del racismo de cualquier índole, de corrupción, de dopaje, de violencia (física y verbal), de arreglar o amañar partidos, de sobornar árbitros y demás participantes del deporte, así como promover la integridad y el juego limpio, proteger a los menores de edad deportistas, entre otros.

Asimismo, los Códigos de Conducta deben prever la existencia de un canal de denuncias adecuado (garantizando la confidencialidad y falta de represalias del denunciante), y de un órgano encargado de su seguimiento, vigilancia y cumplimiento.

Las federaciones deportivas deberían ser las principales interesadas en la implementación y el cumplimiento de estos códigos en los clubes, puesto que el comportamiento inadecuado de uno solo de ellos perjudica la imagen y credibilidad de toda la organización.

En este sentido, recientemente la Asociación Uruguaya de Fútbol ha anunciado la creación de un Departamento de Integridad, cuyo principal objetivo será velar por la ética, el juego limpio, y evitar la manipulación de partidos o competiciones de fútbol, creando para estos fines canales de denuncia de carácter confidencial. Si bien no ha comunicado expresamente la creación de un Código de Conducta, ha invitado a los principales actores del fútbol a diversas jornadas informativas que se desarrollarán a partir del año próximo, y que servirán para proteger la transparencia, los valores y la buena imagen del deporte más importante de nuestro país.

Es necesario promover esta tendencia en el ámbito de toda organización y profesión deportiva, en virtud de que la existencia de parámetros éticos conformes a la leyes vigentes, constituyen una herramienta de mejora y profesionalización.

Nuestra firma cuenta con experiencia en la elaboración de códigos de conducta en diferentes segmentos de la economía, sectores que desde hace tiempo se les exige su implementación y control.

Análisis efectuado por el Dr. Francisco Rodríguez

BRAGARD asesora en emision por hasta USD 150.000.000

BRAGARD asesora  a Bearing Agro S.A. y TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. en la emisión de certificados de participación del Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II,  por hasta USD 150.000.000.

La suscripción tuvo lugar en la Bolsa Electrónica de Valores S.A., habiéndose recibido ofertas por el monto máximo de la emisión proyectada, que incluye la participación de Bearing Agro S.A. por USD 11.250.000 como sponsor del proyecto.

El plan de negocios de previsto para el fideicomiso consiste en la adquisición de inmuebles rurales para explotación principalmente agrícola por parte de  Bearing Agro S.A. mediante la implementación de sistemas de riego.

El equipo de asesoramiento de BRAGARD fue conformado por Jean Jacques Bragard, Florencia Berro, Valentina Olazabal, Daniela Stryk, Santiago Guadalupe por el sector legal y Alfredo Delgado, Maximiliano Losada y Agustina Repetto por el sector notarial.

 

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ZONAS FRANCAS

El pasado 6 de diciembre el Poder Ejecutivo dio a conocer una nueva resolución que modifica algunos de los artículos del Decreto Reglamentario de las zonas francas No. 309/018.

Autorización, revocación de autorización por incumplimiento y falta a los objetivos de la ley de Zonas Francas:

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario, las solicitudes de autorización y de sus respectivas prórrogas, como también la revocación de la autorización, serán controladas por el Área de Zonas Francas (AZF) la cual tomará en cuenta los siguientes aspectos a la hora de resolver:

  • La generación de empleo directo en la zona franca de acuerdo a lo estimado en el Proyecto de Inversión.
  • La realización de la actividad en la zona franca. Sobre este aspecto agrega la nueva resolución del Poder Ejecutivo que “el monto de los gastos y costos directos incurridos en zona franca sea adecuado en relación a dicha actividades, en atención a los activos, riesgos y funciones contenidos en el contrato y Proyecto de Inversión (incluido el Plan de Negocios)”.
  • Tener fijado domicilio fiscal en la zona franca.

Los mismos criterios son tomados en cuenta cuando el AZF entiende que el usuario no está cumpliendo con los objetivos de la normativa de zonas francas. Al regulador lo que le concierne es que se generen ingresos reales en las actividades realizadas dentro de las zonas francas, que se agrega explícitamente con la entrada en vigencia de esta nueva resolución,  así como también que se guarde relación económica entre los gastos y costos de los usuarios, y lo estimado en el Proyecto de Inversión.

Rentas derivada de la explotación de derechos de la propiedad intelectual

Tal como prevé la normativa vigente, las rentas derivadas de la explotación de derechos de la propiedad intelectual estarán exentas cuando la actividad de investigación y desarrollo se realice dentro de la zona franca, y que se den ciertas condiciones establecidas en el Decreto.

La resolución agrega que la exoneración de los derechos amparados por la ley No. 9.739, comprende exclusivamente a los derechos de autor sobre soportes logísticos.

Por otra parte, la resolución agrega un nuevo inciso que establece que las actividades industriales estarán exoneradas por las rentas que se deriven de la enajenación de aquellos bienes que se produzcan, siempre que esos bienes no contengan derechos de propiedad industrial y que además provengan de actividades de investigación y desarrollo amparadas por normas de protección en el país o en el extranjero.

En caso de que si posean los derechos referidos de propiedad intelectual se deberá:

  1. Cuantificar la renta al intangible, según métodos previstos en el IRAE.
  2. Aplicar el cociente entre los gastos y costos directos incurridos para desarrollar dichos activos, incrementados en un 30%, y los gastos y costos totales incurridos para desarrollarlos.