ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ZONAS FRANCAS

El pasado 6 de diciembre el Poder Ejecutivo dio a conocer una nueva resolución que modifica algunos de los artículos del Decreto Reglamentario de las zonas francas No. 309/018.

Autorización, revocación de autorización por incumplimiento y falta a los objetivos de la ley de Zonas Francas:

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario, las solicitudes de autorización y de sus respectivas prórrogas, como también la revocación de la autorización, serán controladas por el Área de Zonas Francas (AZF) la cual tomará en cuenta los siguientes aspectos a la hora de resolver:

  • La generación de empleo directo en la zona franca de acuerdo a lo estimado en el Proyecto de Inversión.
  • La realización de la actividad en la zona franca. Sobre este aspecto agrega la nueva resolución del Poder Ejecutivo que “el monto de los gastos y costos directos incurridos en zona franca sea adecuado en relación a dicha actividades, en atención a los activos, riesgos y funciones contenidos en el contrato y Proyecto de Inversión (incluido el Plan de Negocios)”.
  • Tener fijado domicilio fiscal en la zona franca.

Los mismos criterios son tomados en cuenta cuando el AZF entiende que el usuario no está cumpliendo con los objetivos de la normativa de zonas francas. Al regulador lo que le concierne es que se generen ingresos reales en las actividades realizadas dentro de las zonas francas, que se agrega explícitamente con la entrada en vigencia de esta nueva resolución,  así como también que se guarde relación económica entre los gastos y costos de los usuarios, y lo estimado en el Proyecto de Inversión.

Rentas derivada de la explotación de derechos de la propiedad intelectual

Tal como prevé la normativa vigente, las rentas derivadas de la explotación de derechos de la propiedad intelectual estarán exentas cuando la actividad de investigación y desarrollo se realice dentro de la zona franca, y que se den ciertas condiciones establecidas en el Decreto.

La resolución agrega que la exoneración de los derechos amparados por la ley No. 9.739, comprende exclusivamente a los derechos de autor sobre soportes logísticos.

Por otra parte, la resolución agrega un nuevo inciso que establece que las actividades industriales estarán exoneradas por las rentas que se deriven de la enajenación de aquellos bienes que se produzcan, siempre que esos bienes no contengan derechos de propiedad industrial y que además provengan de actividades de investigación y desarrollo amparadas por normas de protección en el país o en el extranjero.

En caso de que si posean los derechos referidos de propiedad intelectual se deberá:

  1. Cuantificar la renta al intangible, según métodos previstos en el IRAE.
  2. Aplicar el cociente entre los gastos y costos directos incurridos para desarrollar dichos activos, incrementados en un 30%, y los gastos y costos totales incurridos para desarrollarlos.

LLAMADO A LICITACIÓN PARA NUEVAS LICENCIAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CANNABIS RECREACIONAL

El gobierno uruguayo anunció que el 11 de febrero 2019 se publicará un llamado abierto para otorgar hasta cinco nuevas licencias de producción y distribución de cannabis psicoactivo (THC igual o superior al 1%) para comercialización con fines recreacionales (no medicinal) en farmacias.

Recordemos que hace cinco años se aprobó en Uruguay la ley No. 19.172 que previó tres métodos de acceso para el referido consumo de marihuana, entre los cuales se incluyó la compra sin prescripción médica en farmacias y que ya se encuentra implementado en Uruguay.

Actualmente existen dos empresas con licencias de producción y distribución de cannabis que resultaron adjudicatarias en el año 2015 (ICC y Symbiosis). La distribución por parte de las empresas referidas a las farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud Pública y el IRCCA se implementó a mediados del año pasado. Al día de hoy dicha red se compone de 17 farmacias y el número personas registradas para comprar en las mismas asciende a casi 32.000.

Según la información divulgada por el IRCCA, el nuevo llamado responde a que la demanda ha superado la oferta, y al aumento sostenido del registro de individuos para adquirir marihuana legal por medio de las farmacias.

Si bien el pliego de condiciones se dará a conocer en febrero, el IRCCA adelantó algunas características del llamado, entre las cuales destacamos:

  • Las condiciones para la venta serán las mismas que las vigentes actualmente.
  • Cada licenciatario deberá garantizar la producción anual de hasta 2 (dos) toneladas liberadas de flores femeninas sin fertilizar, secas, acondicionadas y empacadas.
  • La producción será en recintos cerrados bajo condiciones controladas y con calidad de gestión UNIT ISO 9001/20015.
  • Las variedades de cannabis a producir, el predio de producción, la seguridad perimetral y el sistema de gestión para la trazabilidad de la producción, serán proporcionados por el IRCCA.
  • Los recursos humanos, instalaciones, seguridad interna, logística y distribución en vehículos con ciertas características, serán de cargo de las empresas licenciatarias, las que deberá presentar el monto y composición de la inversión proyectada, así como acreditar las cualidades técnicas del equipo (incluyendo químico farmacéutico, ingeniero agrónomo y referente GXP).
  • La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo emitirá un informe previo al otorgamiento respecto de los beneficiarios finales y el origen de fondos.

La licencia es sin perjuicio de las demás habilitaciones que deberán obtener las empresas que resulten adjudicatarias, por ejemplo, de la planta de producción y el producto final, por parte del Ministerio de Salud Pública.

Téngase presente que el llamados como el anunciado es independientes de las demás autorizaciones previstas por la ley uruguaya para producir y/o comercializar cannabis con otros fines, tales como el medicinal, industrial o de investigación, para los que no hace falta una licitación del estado, sino que se otorgan por iniciativa privada y respecto de las cuales no hay límites de cantidad.

Contáctenos por mayor información respecto de las licencias vigentes, las características del mercado en las condiciones actuales y el llamado que se proyecta.

 

BRAGARD asesora en la mayor operación de e-commerce del Uruguay

BRAGARD actuó como asesor legal en la venta del porcentaje mayoritario de la plataforma de e-commerce lider en Uruguay WoOW, que fue adquirida por la cadena de supermercados Ta-Ta, propiedad del empresario argentino Francisco De Narváez.

En la operación, BRAGARD asesoró a los vendedores: el fondo de venture capital Tokai Ventures y el fondo de private equity InCapital. Asimismo, asesoró al co-fundador y actual CEO de WoOW Leonardo Silveira, quien se mantuvo en la empresa.

Con esta operación nuestra firma continúa consolidándose en el área de asesoramiento legal en M&A y sigue creciendo en el área de asesoramiento a operadores del segmento innovación y economía digital.

 

URUGUAY APRUEBA REGIMEN LEGAL PARA PLATAFORMAS PEER TO PEER LENDING

Luego de un año de intenso desarrollo en la materia- tanto a nivel local como internacional- el pasado 23 de noviembre el Banco Central del Uruguay (BCU) finalmente aprobó la circular No. 2.307 (la Circular), reglamentaria de la actividad de empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas, conocidas como Peer to Peer Lending (P2P) o Uber Financieros.

De esta manera, se modifica la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF), que, junto con la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), constituyen el principal cuerpo normativo de dicho organismo.

A modo de repaso, en lo que hace a la evolución jurídica de este instituto en nuestro país, pueden distinguirse tres etapas: a fines del pasado año 2017 el BCU emitió una serie de lineamientos para comenzar a guiar la actividad de estas empresas y proyectar lo que sería la futura regulación. Más adelante, a mediados de este año, se dio a conocer públicamente un proyecto normativo, instando a los usuarios a enviar sus comentarios y aportes al mismo. Finalizando el 2018, un año después de aquellos primeros lineamientos, el regulador formalmente aprueba la normativa aplicable; generándose la consecuente obligación de someterse a ella.

Adentrándonos en el análisis de la nueva regulación, conviene comenzar por determinar su ámbito de aplicación, para poder definir si se debe cumplir con la misma o no. A estos efectos, se consideran empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas aquellas personas jurídicas que administren aplicaciones web u otros medios electrónicos diseñados para mediar entre oferentes y demandantes de préstamos de dinero. Se establece en forma expresa que la norma no será de aplicación para aquellas empresas que sólo administren plataformas diseñadas para mediar entre no residentes.

Para aquellas empresas alcanzadas por la Circular, se crea la obligación de instrumentarse bajo la forma de sociedad comercial, pudiendo escogerse entre cualquiera de los tipos previstos por la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de hecho, etc.) Es interesante que, probablemente en forma involuntaria, el hecho de que la Circular se refiera en forma expresa a “los tipos sociales previstos en la Ley No. 16.060”, excluye la utilización de la Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), figura que, si bien no existe aún en Uruguay, su aprobación se encuentra actualmente a estudio del Parlamento (y es inminente). Esto es así ya que las S.A.S se crean y regulan a través de la Ley de Promoción de Emprendimientos, y no se incorporan a la Ley 16.060. Claramente esta imprevisión es una desventaja para las empresas de P2P Lending, ya que las S.A.S son una herramienta muy conveniente para este tipo de operaciones.

Además de la necesidad de constituirse bajo la forma de sociedad comercial, se establece que los socios deberán ser necesariamente personas físicas y, en el caso de optarse por una sociedad anónima, sus acciones deben ser nominativas.

Manteniendo lo esbozado en el proyecto, se dispone que los demandantes de préstamos de dinero deberán ser residentes uruguayos. Sin embargo, la Circular se aparta del anterior proyecto de ley en lo relativo a los oferentes, ya que estos podrán ser tanto residentes como no residentes y podrán ser personas físicas, jurídicas, bancos, empresas de servicios financieros, fondos de inversión, entre otros (aunque sometidos a ciertas condiciones).

En cuanto a la actividad de las empresas administradoras de plataformas P2P, se regula en forma taxativa los servicios que pueden brindar (aparte de la mediación), siendo estos:

  • Conservación de la documentación correspondiente a préstamos otorgados.
  • Calificación crediticia de los demandantes de préstamos de dinero que impliquen un juicio acerca del riesgo de cada préstamo.
  • Sugerir tasas a los oferentes en función de la calificación crediticia de los demandantes de préstamos.
  • En el caso de créditos vencidos, realizar tareas vinculadas a la gestión de cobro de dichos créditos.

Para la prestación de servicios distintos, deberá solicitarse autorización previa a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU (SSF). También se deberá solicitar autorización de la SSF para la tercerización de servicios inherentes a su giro, debiendo a tales efectos presentar el texto del contrato a ser suscripto, además de probar la solvencia patrimonial y técnica del tercero a subcontratar.

Por el contrario, les está expresamente prohibida la realización de las siguientes actividades:

  • Actuación en calidad de oferentes y/o demandantes de préstamos de dinero en las plataformas que administran.
  • Actuar bajo mandato de los clientes para la concertación de operaciones de préstamos.
  • Operar los pagos y cobros correspondientes a la operativa de préstamos, incluyendo la recuperación de los créditos vencidos.
  • Adquirir los créditos vencidos.
  • Establecer algoritmos que efectúen la concertación de préstamos en forma automática.
  • Constituir fondos de garantía financiados mediante aportes de los participantes del sistema ni otros mecanismos destinados a distribuir los riesgos entre los mismos.
  • Asegurar la recuperación o retorno de los préstamos realizados.
  • Administrar plataformas que operen con no residentes exclusivamente, ni utilizar una denominación que pueda llevar a confusión a sus clientes por su similitud con la de otras empresas que sólo administren plataformas diseñadas para mediar entre no residentes.

Una de las principales innovaciones de la Circular (ya prevista en el proyecto de ley) es la creación del registro de empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas, en el cual deberán inscribirse las mismas previo al inicio de sus actividades, con previsiones similares a las ya vigentes para asesores de inversión. Las empresas que ya se encuentren en actividad, disponen de un plazo de 4 meses desde el 23/11/18 para solicitar la inscripción en el registro, pudiendo mientras tanto mantener su operativa y su publicidad. Además de este registro, el BCU llevará un registro de propietarios de estas empresas (es decir, sus socios o accionistas, según la forma adoptada) el cual será de carácter público. Cualquier cambio en la composición de los propietarios (cambio de socio/accionista, cambios en los porcentajes de participación, cambio de quien ejerce el control efectivo, entre otros) deberá ser comunicado al BCU.

Por otro lado, se incorpora también el requisito de constituir y mantener un depósito, por un monto no inferior a 50.000 unidades indexadas (UI). Hacemos notar que la constitución de este depósito es requisito para la aprobación de la inscripción mencionada anteriormente. El depósito será liberado, total o parcialmente, cuando haya cesado definitivamente la actividad de la respectiva empresa administradora de plataformas para préstamos entre personas y siempre que se comprobare que ésta ha cumplido con sus obligaciones.

En materia de prevención de lavado de activos, se obliga a las empresas a crear e implantar un sistema integral para prevenir ser utilizadas para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como la adopción de códigos de conducta en el que se expongan las normas éticas y profesionales que rigen sus acciones en la materia y extensos procedimientos de debida diligencia de los clientes.

En el mismo sentido, deberá designarse dentro de la empresa un Oficial de Cumplimiento, quien será un empleado de la categoría personal superior, debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, organización y jerarquía suficientes para el cargo.

Al igual que otros integrantes del sistema financiero, las empresas administradoras de plataformas P2P serán sujetos obligados a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU (UIAF) toda operación sospechosa o inusual, al igual que la existencia de bienes vinculados al terrorismo.

Por último, pero no menos importante, se fijan ciertos límites de endeudamiento e inversión:

  • Límites de endeudamiento total dentro de cada plataforma:
  • Por persona física: 100.000 UI
  • Por persona jurídica: 1.000.000 UI
  • Por persona física o jurídica con garantía hipotecaria: 70% del valor de tasación del inmueble a hipotecar
  • Límites de préstamos a través de cada plataforma:
  • Total a prestar (excluyendo créditos con garantía hipotecaria): 100.000 UI, debiendo prestar no más de 25.000 UI por cada persona, física o jurídica.
  • Total a prestar con garantía hipotecaria: 70% del valor de tasación del inmueble a hipotecar
  • Cuando el prestamista posea activos financieros superiores a 400.000 UI, el total a prestar (excluyendo créditos con garantía hipotecaria) será de 1.000.000 UI, debiendo prestar no más de 100.000 UI por cada persona física y no más de 250.000 UI por cada persona jurídica.

Fiel a la máxima bancocentralista de protección al inversor, se establece expresamente que las empresas deberán advertir a los prestamistas que son ellos mismos quienes asumen el riesgo de pérdida total o parcial del capital prestado, ya que la plataforma solo se limita a aproximar a las partes intervinientes, lo que constituye la característica principal e intrínseca de esta modalidad de financiamiento.

Lo anterior es un resumido análisis de los principales aspectos de la Circular recientemente aprobada. Por consultas sobre estos u otros puntos consagrados en la misma, no dude en consultarnos.

Documento elaborado por la Dra. Pilar Rouco

ENTIDADES DEPORTIVAS NUEVA REGLAMENTACIÓN – PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El mundo deportivo, en especial el del fútbol, atraviesa tiempos de cambios profundos. En este sentido, las entidades deportivas deben ajustar su actividad a nuevas obligaciones que procuran aumentar la transparencia del sistema, a proteger su integridad y a obtener una mayor profesionalización y mejora de gestión. Una de las normas en las que deberán prestar especial atención es la Ley 19.574, Ley Integral Contra el Lavado de Activos, que se encuentra vigente desde enero del corriente, y que ha sido reglamentada por los Decretos 379/018 y 380/018, aprobados el pasado 12 de noviembre.

A los efectos de mejorar la prevención y la detección de operaciones inusuales o sospechosas, la Ley amplió la nómina de sujetos obligados no financieros, incluyendo en su art. 13 literal I) a “las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica.” En este elenco quedan incluidos todos los clubes deportivos que que revisten la naturaleza de asociaciones civiles así como las federaciones deportivas (asociaciones de segundo grado).

El Decreto 379/018 agrega que el art. refiere a todas aquellas que tengan ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a UI 4.000.000 (a la fecha aproximadamente USD 490.000) o activos por un valor superior a UI 2.500.000 (a la fecha aproximadamente USD 310.000), valuados de acuerdo a las normas del IRAE.

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), como entidades que persiguen fines lucrativos, quedan fuera de la regulación del art. mencionado. Si bien el Decreto refiere a “entidades deportivas”, existe una nota distintiva respecto a las asociaciones civiles, dado que las SADs no están obligadas a reportar las transacciones que resulten inusuales o sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, ni a cumplir los restantes procedimientos que impone la Ley.

El Decreto 379/018 contiene, por un lado, una parte general, con normas aplicables a todos los Sujetos Obligados, con independencia del sector de actividad al cual pertenecen, y por otro, una parte específica, donde regula a cada sector en particular.

En primer lugar, las entidades deportivas deben confeccionar un manual de procedimiento en el que se establezcan políticas claras para evaluar las operaciones y sus clientes. En base a estos criterios, tendrán que realizar un análisis  de riesgo, que determinará la realización de distintos controles. Estos se aplicarán de forma adecuada y proporcional al nivel de riesgo asignado; si cliente presenta “un riesgo bajo” será de aplicación la debida diligencia simplificada (definida en el art. 12), si reviste un “riesgo medio” se realizará la debida diligencia normal (art. 11), y si existe un “riesgo alto” se aplicará la debida diligencia intensificada (art. 13).

La debida diligencia normal supone la obligación de identificar y verificar la información sobre los clientes y sus beneficiarios finales (persona física con al menos el 15% del capital), utilizando datos e información confiable de fuentes independientes, así como obtener información sobre el propósito de la relación comercial, la naturaleza de los negocios a desarrollar y el origen de los fondos. Asimismo, debe realizarse un seguimiento continuo de las transacciones para asegurarse que sean consistentes con la información disponible de conocimiento del cliente y el perfil de riesgo asignado al mismo.

Por otro lado, la debida diligencia simplificada implica una reducción en los controles, mientras que en el caso de clientes no residentes, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes, personas políticamente expuestas (definidas en el art. 14), entre otros, los sujetos obligados deberán intensificar el procedimiento de debida diligencia, documentando aspectos tales como el estado civil de todas las personas físicas identificadas, declaración jurada de regularidad fiscal, y constancia de declaración de beneficiario final al BCU (Ley 19.484).

En segundo lugar, las asociaciones civiles están obligadas a designar un Oficial de Cumplimiento que deberá llevar adelante los procedimientos y oficiará de nexo con las autoridades competentes en la materia (UIAF, SENACLAFT, Poder Judicial, Fiscalía, etc.). A su vez, deberán conservar los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes, las evaluaciones de riesgo de lavado de activos, así como los procesos de debida diligencia por un plazo mínimo de cinco años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional, a fin de permitir su reconstrucción y constituir elementos de prueba en sede jurisdiccional.

Las entidades deportivas deben reportar aquellas operaciones sin justificación económica o legal evidente; con complejidad inusitada o injustificada; que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud; y aún involucrando activos de origen lícito se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en el lavado de activos.

Es menester destacar que las entidades podrán delegar en terceros que también sean sujetos obligados la realización de los procedimientos de debida diligencia de clientes, siempre que se produzca la inmediata entrega de la información, y bajo su exclusiva responsabilidad.

Por otra parte, se establece que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) le proporcionará los datos de identificación necesarios de cada asociación civil a la SENACLAFT. En virtud de ello, las entidades deportivas no se encuentran obligadas a realizar la inscripción online prevista para otros sujetos obligados. Sin perjuicio de ello, la SENACLAFT podrá requerir directamente a la entidad deportiva toda otra información que entienda necesaria para el desarrollo de sus tareas de supervisión.

Por último, se prevé que el incumplimiento de las obligaciones determinará la aplicación de sanciones por parte de la SENACLAFT, pudiendo consistir en apercibimiento, observación, multa o suspensión de la habilitación para realizar las actividades, en forma temporaria (hasta tres meses), o en forma definitiva con previa autorización judicial. El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI (a la fecha aproximadamente USD 125) y un máximo de 20.000.000 de UI (a la fecha aproximadamente USD 2.500.000).

Francisco Rodríguez

 

 

BRAGARD asesora a ISUSA S.A. en emisión por hasta USD 6.000.000

BRAGARD agradece una vez más a Industria Sulfúrica S.A -ISUSA S.A- la confianza en su equipo para el asesoramiento legal en la emisión de la segunda serie de obligaciones negociables por hasta USD 6.000.000, bajo el programa de emisión de oferta pública de hasta USD 50.000.000.

 

En esta oportunidad, se implementó una licitación por precio en el tramo competitivo, y  por cantidad al precio de corte en el tramo no competitivo; la suscripción y adjudicación fue completada satisfactoriamente en el día de hoy,  a través de la Bolsa de Valores de Montevideo.

 

El equipo de asesoramiento de BRAGARD fue conformado por el socio Jean Jacques Bragard y asociada senior Florencia Berro.

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS CONSTITUYEN TÍTULO EJECUTIVO

El parlamento aprobó la ley 19.671 que modifica el artículo 353 Código General del Proceso (CGP) en el cuál se regula la procedencia del proceso ejecutivo. Hasta el momento había gran incertidumbre con respecto a sí la facturación electrónica se consideraba o no como título ejecutivo.

La factura comercial es considerada por nuestro Código General del Proceso como título ejecutivo lo que supone que, siempre que estén debidamente conformadas con firma del deudor o representante, se podrá proceder al proceso ejecutivo, el cual tiene dos ventajas significativas con respecto al proceso ordinario. Ellas son que el proceso inicia con una traba de embargo sin contra-cautela y que es considerablemente más ágil que el proceso ordinario.

La factura comercial tiene un rol fundamental ante el incumplimiento, ya que ante la posibilidad de exigir el pago del precio, prueba que se ha entregado la mercadería. A menudo se utiliza la cesión de las facturas como método de financiamiento, siendo un factor fundamental para dicho negocio que la factura comercial constituya título ejecutivo.

Hasta el momento había sido difícil conciliar  los requerimientos del gobierno con respecto a la  facturación electrónica a efectos fiscales, con lo establecido en el CGP, para que las facturas de mercaderías electrónicas se consideraran títulos ejecutivos, y pudieran iniciar un proceso ejecutivo.

Para sanear la normativa disímil, se recomendaba que los vendedores cumplieran con la normativa fiscal y establecieran la facturación electrónica,  pero que a la vez tuvieran una impresión física de la factura, la cual se pudiera conformar debidamente, firmando la misma para poder formar el título ejecutivo y cumplir con los requisitos del CGP.

La ley 19671 modificativa del artículo 353 del CGP en sus numerales 3 y 5 establece los siguientes cambios y considera que serán títulos ejecutivos “los documentos electrónicos privados que hubieren sido firmados con firma electrónica avanzada” y “las facturas electrónicas y los remitos electrónicos que hubieren sido firmados con firma electrónica avanzada” La ley también prevé que “También se encuentran comprendidos las representaciones impresas en papel de dichas facturas o remitos electrónicos, firmados de manera autógrafa.

Por su parte la firma electrónica avanzada se encuentra regulada en  el artículo sexto de la ley 18.600 y se le reconoce “idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa consignada en documento público o en documento privado con firmas certificadas en soporte papel”. Según la mencionada ley, habrá firma electrónica avanzada siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • requerir información de exclusivo conocimiento del firmante, permitiendo su identificación unívoca;
  • ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control;
  • ser susceptible de verificación por terceros;
  • estar vinculada a un documento electrónico de tal modo que cualquier alteración subsiguiente en el mismo sea detectable; y
  • haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma técnicamente segura y confiable y estar basada en un certificado reconocido válido al momento de la firma.

Con la modificación del artículo 353 del CGP, se alinea al creciente comercio electrónico y  brinda mayores certezas a las operaciones comerciales. No solo en cuánto a la facturación electrónica avanzada, sino también a todo documento privado que se firma con firma electrónica avanzada.

Documento elaborado por la Dra. Pilar Brito

EL ARBITRAJE EN EL DEPORTE. RUIDOS EN EL TAS

Desde el pasado 28 de agosto, la Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra gobernada por una Comisión Normalizadora designada por la “FIFA”, cuyo principal objetivo -según se desprende de la prensa- es aprobar un nuevo estatuto que cumpla con las exigencias del órgano rector del fútbol a nivel mundial. Nueve clubes interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte, más conocido como “TAS” en nuestro país por sus siglas en francés.

La regulación en el Derecho Deportivo se caracteriza por la imposición del arbitraje privado como fórmula de resolución de conflictos. Ello se logra mediante cláusulas genéricas que obligan a los involucrados a impugnar las resoluciones que adopten las organizaciones internacionales ante el “TAS”, prohibiendo el recurso ante los tribunales estatales, excepto para las cuestiones laborales.

Esta situación no es exclusiva del fútbol, sino que es la solución en los estatutos de las federaciones de todos los deportes.  De esta forma, a partir de su creación en 1984 por el Comité Olímpico Internacional, el “TAS” ha sido el órgano de última instancia de la justicia estrictamente deportiva a nivel mundial y punto de referencia para dirimir los conflictos del deporte.

Recientemente, la Sala 18°de la Corte de Apelación de Bruselas, en el marco del conflicto entre el club belga RFC Seraing y Doyen Sports Ltd. vs. FIFA, UEFA y la Federación Belga, dictó una sentencia en la que declaró que estas cláusulas de sujeción obligatorias al arbitraje contenidas en los estatutos de la “FIFA” son ilegales. Este pronunciamiento, a pesar de no ser vinculante para tribunales de otras jurisdicciones, sienta un importante precedente.

El Tribunal de Apelación considera que: “el Derecho belga únicamente reconoce efectos al convenio arbitral cuando atañe a una determinada relación jurídica… en esta cláusula arbitral se prevé el sometimiento a arbitraje de manera general… se recurre al arbitraje del TAS para resolver cualesquiera litigios que puedan sobrevenir entre determinadas partes, pero sin especificar o indicar nada al respecto de una determinada relación jurídica… por ende, no puede ser reconocida como un convenio arbitral por el Derecho Belga”.

Lo que dicho fallo parece querer decir es que la generalidad de dichas cláusulas las transforma en inaplicables. Por el solo hecho de formar parte de un determinado organismo deportivo, y sin atender el consentimiento para el caso concreto, obligan a sus miembros a reconocer al “TAS” como órgano competente. Asimismo, esto se ve agravado por la situación de monopolio jurídico de la que gozan la “FIFA” y las demás organizaciones deportivas, que hace que los clubes y los deportistas tengan que elegir entre resignar su autonomía de voluntad, o practicar el deporte de manera federada.

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hace tres semanas, en el caso Mutu y Pechstein vs. Suiza, entendió que la estructura y composición del “TAS” cumple con las exigencias de independencia e imparcialidad de toda otra organización deportiva, y es compatible con los derechos procesales fundamentales.  Este fallo no es definitivo, dado que las partes poseen un plazo de tres meses para solicitar que el caso sea reexaminado, pero, en caso de confirmarse, representaría un gran respaldo para el actual funcionamiento y sistema de elección de árbitros del “TAS”, superando las críticas a su posible parcialidad y dependencia, y permitiendo al tribunal deportivo concentrarse en los reparos referidos a su sistema de sometimiento.

Parece indudable que su jurisdicción es necesaria para la uniformidad del deporte, que existe una evidente inadaptación de la justicia de los Estados a la realidad deportiva, y que tal como ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sus procedimientos no vulneran per se el debido proceso. Pero sus grandes virtudes no deben cubrir sus vicios, por lo que debería ser inminente una reforma de las formas de sometimiento al Tribunal Arbitral del Deporte, en virtud de que el sistema arbitral, por su naturaleza, no puede ser obligatorio.

Es claro que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes es el principio básico que rige las técnicas alternativas de resolución de conflictos. Por lo tanto, los mecanismos extrajudiciales, como el arbitraje, no debieran ser impuestos coercitivamente, sino que ambas partes deben expresar su intención de resolver sus conflictos de esta manera.

En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado la posibilidad de que la justicia ordinaria pueda abstenerse de entender en asuntos concernientes a intereses deportivos; no reconoce las cláusulas de las asociaciones deportivas que prohíben a sus afiliados acudir o acceder a los tribunales de la República.

Documento elaborado por Francisco Rodríguez

NOVEDADES EN MATERIA DE TRIBUTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

El pasado 11 de octubre la Dirección General Impositiva (“DGI”) emitió, de conformidad con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Resolución N°9270/2018 que reglamenta aspectos prácticos para hacer efectiva la tributación aplicable a las empresas no residentes portadoras de servicios con componente tecnológico.

Según surge de la propia resolución, el criterio de la DGI en esta oportunidad ha sido el de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, generando condiciones favorables a los sujetos obligados, lo cual obviamente redunda a favor del organismo, reflejándose en una mayor y más fácil recaudación.

Los cambios e innovaciones introducidos por esta resolución en relación al sistema tradicional de recaudación están ligados a la naturaleza de la actividad cuya renta se grava; estamos ante empresas que obtienen rentas en Uruguay, pero sin presencia física en el país valiéndose principalmente de medios tecnológicos para posibilitar tal prestación.

La principal novedad consagrada en esta resolución, es la opción otorgada a los contribuyentes de liquidar el pago de sus impuestos a la renta y al valor agregado, en dólares americanos. Ello es algo totalmente excepcional en nuestro país, ya que el régimen general de liquidación es en pesos uruguayos. Sin duda genera un beneficio y evita desajustes para aquellas empresas cuyos ingresos son en esta divisa.
En caso de optar por esta alternativa, el no residente deberá necesariamente mantener la opción por al menos tres ejercicios. Sin embargo, para poder ejercer la opción y/o para mantener la misma deben darse dos condiciones acumulativas:

  • Todas las operaciones liquidadas deben haber sido oportunamente documentadas en dólares;
  • El contribuyente no realice otras actividades gravadas en el país o que en caso de haberlas tenido las mismas fueran objeto de retención.

A su vez, se modifica también la frecuencia con la cual deben realizarse los anticipos de estos impuestos, siendo la misma trimestral para quienes tengan como giro exclusivo la prestación de estos servicios.

Se aprueba asimismo el calendario de vencimientos para el pago de ambos impuestos, debiendo abonarse el período correspondiente a julio-septiembre 2018 hasta el 10 de diciembre de 2018 y en enero 2019 lo referente a octubre-diciembre 2018.

Recordemos que los antecedentes directos de esta Resolución fueron en primer lugar la Ley de Rendición de Cuentas No. 19.535 que creó obligaciones tributarias para la prestación de servicios vía internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares y que entró en vigencia el 1 de enero de 2018. Dicha ley fue reglamentada con fecha 25 de mayo a través del decreto 144/2018. Este decreto ya preveía la posibilidad de que la DGI eximiera a los no residentes de la designación de representantes en el país cuando sus rentas provinieran exclusivamente de las actividades de mediación, intermediación, o de la prestación de servicios audiovisuales.

Documento elaborado por Agustina Bomio y Pilar Rouco

BENEFICIOS FISCALES POR INVERSIONES EN URUGUAY

La norma fiscal uruguaya ofrece al empresario extranjero, los mismos incentivos y beneficios por inversiones que al empresario local. Este régimen de beneficios fiscales aplica para inversiones en Uruguay, cuya promoción y protección se declaran de interés nacional de acuerdo a la Ley Nº 16.906.

Si bien, no existe un importe mínimo o tope de inversión para obtener beneficios fiscales, los proyectos de inversión presentados por las empresas o inversores ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), están sujetos a su aceptación o modificaciones, de acuerdo a los criterios que consideren pertinentes, dependiendo de las particularidades de cada proyecto.

Esta Ley realiza una clasificación de los estímulos fiscales reglamentados en dos grupos: los de orden general para toda inversión (automático) y los asociados a inversiones específicas.

  1. Régimen Automático de exoneración por inversión:

Los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y los contribuyentes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), que realicen actividades industriales o agropecuarias, serán beneficiarios de forma automática sobre inversiones en:

  • Bienes destinados directamente al ciclo productivo (maquinas industriales, instalaciones industriales, máquinas agrícolas y vehículos utilitarios).
  • Equipos para el procesamiento electrónico de datos y todos los bienes necesarios para el funcionamiento de éstos.
IMPUESTO BENEFICIO
 

Impuesto al Patrimonio (IP)

Tasa 1,5%

 

Exoneración de los referidos bienes por el período de su vida útil

 

Impuesto al Valor agregado (IVA) Tasa 22%

Exoneración del IVA importación y devolución de IVA incluido en las adquisiciones en plaza de los bienes considerados.
 

Impuesto Específico Interno        (IMESI)

 

Exoneración de IMESI en la importación de los referidos bienes.

  1. Régimen de inversión especifica – Proyectos de inversión promovidos:

Este régimen está reglamentado actualmente por el Decreto Nº 02/2012, que tiene vigencia hasta el 25 Oct 2018, y el Decreto Nº 143/018, que modifica y extiende los beneficios sobre proyectos de inversión que sean declarados “promovidos” por el Poder Ejecutivo.

El Decreto del 2018, base de nuestro análisis, genera modificaciones positivas en los beneficios, tales como: mayor ponderación en la Matriz de indicadores, habilita un plazo de suspensión de los beneficios, incrementa tope para empresas nuevas, y otros que detallaremos en los cuadros expuestos más adelante.

Los sectores beneficiados son: industriales, agroindustriales, turísticos, comerciales y de servicios en general.

Las empresas que califiquen podrán autofinanciarse mediante la exoneración de los siguientes impuestos:

IMPUESTO APLICA SOBRE BENEFICIO PLAZO
 

 

Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE)

Tasa 25%

 

 

 

Exoneración de IRAE sobre montos y plazos del proyecto en función de la matriz de objetivos e indicadores

Beneficio Mínimo: 20% sobre el monto de la inversión promovida

 

Tope de exoneraciones:

–          60% del IRAE por ejercicio;

–          80% del IRAE por ejercicio; para empresas nuevas;

–          El porcentaje de exoneración obtenido en declaratoria promocional sobre la inversión

 

 

 

 

 

Desde 3 a 4 años luego del primer año de renta fiscal positiva

 

 

Impuesto al Patrimonio (IP)

Tasa 1,5%

 

Los bienes adquiridos en los 6 meses anteriores al mes de presentación del proyecto y dentro de los 5 años siguientes.

 

 

Exoneración del Impuesto al Patrimonio sobre los bienes invertidos

Toda la vida útil de los bienes invertidos del proyecto

 

Para obras civiles:

–          8 años en Montevideo

–          10 años en el interior del país

 

 

 

Tasas y tributos a la importación

Bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil (mismas limitaciones de IP), siempre que sean declarados no competitivos con la industria nacional

 

 

 

 

Se podrán exonerar tasas y tributos a la importación, incluido el I.V.A.

 

 

 

Al momento de la Importación

Impuesto al Valor Agregado Nacional (Tasa 22%) Adquisiciones en plaza de materiales y servicios destinados a la construcción de obras civiles (mismas limitaciones de IP)  

 

Devolución del 100% del I.V.A.

 

Se solicitan certificados de crédito luego de promovida la Resolución del proyecto

El sistema de cálculo del beneficio obtenido para IRAE, se determina utilizando una Matriz que combina indicadores ponderados, asignando particularidades específicas a efectos de obtener un puntaje. El puntaje mínimo requerido varía en función del proyecto de inversión.

A continuación se incluye cuadro con Indicadores de la Matriz y aspectos a considerar:

Indicadores Aplicación y particularidades Ponderación
 

Generación de empleo

Se considera: Cantidad de empleados contratados, sin importar la remuneración

Se adicionan puntos en contrataciones de:

∙           Mujeres

∙           Menores de 24 años

∙           Trabajadores rurales y/o personas con discapacidad

 

 

40%

 

Exportaciones

Se consideran las ventas al exterior, salvo que provengan de actividades por las que la empresa obtenga rentas exoneradas  

15%

 

Descentralización

Tienen como uno de sus principales objetivos incentivar la localización de inversiones en zonas de menor desarrollo en el interior del país. No se otorga puntaje a inversiones realizadas en Montevideo

 

 

10%

 

Tecnologías Limpias (TL)

Tiene como objetivo aplicación de estrategias ambientales integradas a los procesos productivos, para incrementar la eficiencia global y reducir riesgos a las personas y el ambiente.

Se consideran entre otros: vehículos utilitarios eléctricos, paneles solares fotovoltaicos y colectores solares, molinos eólicos, dispositivos de iluminación LED y condensadores eléctricos

 

 

20%

 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

 

Se consideran inversiones específicamente destinadas al desarrollo de actividades de I+D+i, entre otros: adquisición de bienes de capital, transferencias de tecnología y consultorías, adquisición de Hardware, adquisición de Software

 

 

25%

 

Indicador sectorial

Se definen coeficientes particulares según el sector de actividad del proyecto. Son evaluados por los Ministerios de: Economía; Industria Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca, y Turismo y Deporte  

20%

Notas:

  • Existe un puntaje mínimo para cada indicador y para la suma ponderada de los indicadores.
  • Este decreto en particular, brinda un incentivo especial estableciendo las ponderaciones sobre indicadores en 130%, lo que permite ampliar los beneficios.
  • Los proyectos que sean presentados hasta el 28 Feb 2019, podrán contar con un 10% de beneficio adicional sobre el porcentaje resultante de la Matriz de indicadores a efectos de la exoneración de IRAE, sujeto a un mínimo de inversión antes de Dic 2018.

Los Proyectos de Inversión que pretendan obtener los beneficios mencionados, deberán presentarse ante la COMAP, de acuerdo a los criterios del Decreto Nº 143/018 y la reglamentación especificada para cada tipo de proyecto.

 Documento elaborado por Departamento Fiscal. Cres. Jorge Baglivo y Luciana Mantero.

Nuestra firma le brinda asesoramiento profesional al empresario en cada Proyecto, a efectos de encontrar la mejor combinación de indicadores optimizando las exoneraciones, en la presentación y seguimiento ante COMAP de las inversiones previstas, así como en la posterior aplicación de los beneficios fiscales.

Asimismo, cabe destacar que existen regímenes especiales para determinados sectores de actividad, estos son:

  • Hotelería y Turismo – Complejos Turísticos
  • Hoteles Condominio
  • Parques Industriales
  • Energías Renovables – Generación de Energía
  • Industria de Biotecnología
  • Forestación
  • Maquinaria Agrícola
  • Vehículos o Autopartes
  • Proyectos de Participación Publico Privado
  • Vivienda Social
  • Zonas Francas
  • Puertos y Aeropuertos Libres
  • Regímenes vinculados a Comercio Exterior – Admisión Temporaria – Depósitos Aduaneros Particulares
  • Instalación de Call Centers
  • Tratamiento y disposición final de residuos sólidos industriales
  • Fondos para certificación en el exterior

 

Por más información sobre tratamientos especiales para cada uno de estos sectores, nuestra firma podrá asesorarlos y brindarles los detalles relacionados con la normativa, requerimientos y condiciones para obtener los beneficios fiscales previstos.