El Impacto de Covid-19 en las compraventas internacionales

Hoy más que nunca queda en evidencia la importancia del rol que cumple el Derecho Internacional Privado en el orden mundial. El tráfico jurídico de personas, de bienes y de servicios se ve hondamente afectado por la pandemia del COVID-19.En ese sentido, no solo las realidades nacionales se ven comprometidas.

Los contratos internacionales, su incumplimiento o los eximentes de responsabilidad; el concurso de empresas y el efecto extraterritorial de la sentencia que lo declara; el cumplimiento de pensiones alimenticias o visitas cuando el menor no se domicilia en el estado que su progenitor; la cooperación judicial entre procesos que se llevan adelante en distintas jurisdicciones, algunas con ferias judiciales sanitarias y otra no, son aspectos de alta relevancia en la actualidad. En tal sentido, la normativa de Derecho Internacional Privado brinda soluciones a estos tipos de conflictos internacionales.

En esta instancia, analizaremos los instrumentos jurídicos con lo que cuenta nuestro país en materia de contratos civiles y comerciales internacionales, más específicamente en lo relativo al contrato de compraventa internacional de mercaderías.

Uruguay ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, realizada en Viena 11 de abril de 1980, por ley número 16.879 del 21 de octubre de 1997.

Dicha Convención tiene la particularidad que nos vincula actualmente con 93 estados [1] entre los que se encuentran no solo los países de nuestra región sino también América del Norte, Europa, Rusia, China, Japón, la República Popular Democrática de Corea, la República de Corea, Turquía, Australia, entre otros.

Es decir, que Uruguay cuenta con un instrumento que regula la compraventa internacional de mercaderías de la misma forma que los demás países ratificantes, ya que dicha Convención contiene normas materiales.

Como toda norma internacional, es determinante conocer su ámbito de aplicación; esta Convención se aplica cuando las partes tienen sus establecimientos en Estados contratantes diferentes o cuando las reglas de derecho internacional privado contemplen la aplicación de la ley nacional de uno de los Estados contratantes. Esto es, nuestros jueces deberán aplicar dicha Convención no solo en los casos de compraventa de mercaderías con partes con establecimientos en Estados contratantes, sino que pueden llegar a aplicarla en una compraventa de mercaderías con una parte que tenga su establecimiento en un país no ratificante de la misma, siempre y cuando las normas de Derecho Internacional Privado supranacionales o nacionales vigentes entre dichos estados conduzcan a la aplicación de la ley uruguaya para regular dicho contrato.

Asimismo, establece que para su aplicación no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las mismas o del contrato. Se aplica entonces a las compraventas internacionales de mercadería tanto civiles como comerciales.

Por su parte, excluye de su ámbito de aplicación las compraventas de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso; en subastas; judiciales; de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero; de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; de electricidad. La referida Convención regula la formación del contrato y las obligaciones del vendedor y del comprador.

En tiempos de pandemia, cabe destacar lo establecido en su artículo 79, que regula la exoneración de responsabilidad en este tipo de contratos.

Establece que una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si “prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus consecuencias” (artículo 79.1).

Agrega que, si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad: si está exonerada conforme al artículo 79.1, y si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso de que se le aplicaran las disposiciones del artículo 79.1

Un punto a resaltar es la obligatoriedad de la comunicación que debe realizar el impedido a la otra parte. El artículo 79.4 establece que la parte que no haya cumplido sus obligaciones, tiene el deber de comunicar a la otra parte el impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Y agrega: “si la otra parte no recibiera la comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de recepción”.

Otros artículos de la referida Convención son también de destacada importancia y merecen un análisis pormenorizado, pero la presente pretende solo dar noticia de las principales soluciones brindadas por normativa de Derecho Internacional Privado.

Por ello, en próximas entregas, estaremos abordando los contratos de transporte internacional terrestre, marítimo y aéreo, así como los contratos internacionales de arrendamientos de servicios, de seguros, de distribución, de préstamos y de garantías, a efectos de determinar cuál sería ley aplicable y ante qué juez debería realizarse el reclamo ante posibles incumplimientos.

 

Por Dra. María Laura Capalbo

Departamento Contencioso

 

 

[1] https://uncitral.un.org/es/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status