EL ACUERDO PRIVADO DE REORGANIZACIÓN (APR) ¿SOLUCIÓN PARA EVITAR CONCURSOS EN MASA EN ÉPOCA DE COVID 19? (PARTE I)

La situación actual que se vive en Uruguay causada por la propagación del virus Covid 19, ha tenido gran repercusión a nivel económico. En efecto, son muchas las empresas uruguayas que actualmente se enfrentan a una fuerte crisis económica; con personal en seguro de paro, sin poder hacer frente al cumplimiento de obligaciones y con el giro de su actividad limitado o incluso, totalmente paralizado.

Esta situación -insostenible en el tiempo- repercute en la viabilidad económica de las empresas y por lo tanto en su continuación en el mercado.

En este escenario, resurge el Acuerdo Privado de Reorganización -instrumento jurídico previsto en la Ley de Concursos (Ley Nº 18.387) – como herramienta para negociar una reestructuración de la deuda con los acreedores del deudor.

Se trata de un mecanismo que evita transitar el procedimiento del concurso y que por lo tanto, se presenta como más ágil, flexible y económico que aquél.

La Ley de Concursos prevé dos modalidades de APR: Por un lado, el acuerdo puramente privado de reorganización y por otro lado, el acuerdo privado que se somete a homologación judicial.

¿Qué tienen en común ambas modalidades de APR? Tienen en común lo siguiente: El APR debe ser acordado antes de la declaración judicial del concurso y para su aprobación, se requiere una mayoría del 75 % de los acreedores quirografarios con derecho a voto.

Asimismo, en ambas modalidades el contenido del APR puede ser el previsto para los convenios: plan de continuación de la empresa (acompañado de un cuadro de financiamiento), esperas, quitas, capitalización del pasivo, constitución de fideicomiso o incluso,  un plan de liquidación, y en general, cualquier otra propuesta lícita.

Por otra parte, en el caso de APR sometido a homologación judicial y en el caso de APR privado con oposición de acreedores (necesariamente sometido a resolución judicial), se dictará un auto de admisión por parte del Juez que producirá los siguientes efectos:

1) El deudor requerirá autorización del Juez para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a los bienes que integran su patrimonio; 2) no podrá decretarse el concurso del deudor, excepto a su propia solicitud; 3) no podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos anteriores a la presentación de la propuesta de acuerdo, las ejecuciones que se encuentren en trámite quedaran en suspenso y la moratoria provisional tendrá un plazo máximo de un año; 4) el Juez que admitió el APR será el único competente para conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer medidas cautelares sobre los bienes que integran el activo del deudor y 5) el Juez podrá adoptar medidas cautelares sobre los bienes que integran el patrimonio del deudor.

Finalmente, el efecto del APR, en cualquiera de sus dos modalidades, alcanza a todos los acreedores del deudor, incluso a aquellos que no adhirieron a la propuesta. En ambas modalidades el deudor debe conseguir las adhesiones en forma privada.

Documento elaborado por la Dra. Andrea Ramírez

Departamento Contencioso