NUEVAS MODIFICATIVAS DE LA ACCIÓN REVOCATORIA EN LAS DONACIONES INOFICIOSAS

El pasado 23 de diciembre del 2021, se promulgó la Ley No. 20021, por la cual viene a modificar el régimen de la acción revocatoria, respecto de las donaciones inoficiosas.

A este respecto, a efectos meramente didácticos, haremos referencia a ciertas cuestiones preliminares, de manera tal de situar al lector dentro de dicho régimen, a efectos de que este comprenda los cambios efectuados y el fin perseguido por el legislador con dichas modificaciones. Veamos.

En primer lugar, es menester destacar,  existen determinados institutos de protección para los llamados “herederos forzosos” esto son, quienes tienen derecho a heredar por ley, independientemente de la voluntad del causante. Estos herederos forzosos tienen derecho a una “legitima” esto es, una de las asignaciones forzosas que prevé el artículo 870 del Código Civil Uruguayo, definiéndose como “la parte de los bienes que la ley asigna a cierta clase de herederos, independientemente de la voluntad del testador y de que éste no puede privarlos, sin causa justa y probada de desheredación”.

En virtud de ello, este derecho puede ser vulnerado en una sucesión, a raíz una donación o un testamento que realizó el causante en vida, disponiendo de sus bienes luego de su fallecimiento. Para estos casos, existen institutos de protección en nuestro Derecho denominados como “acción de reforma del testamento” y la “acción de reducción de donaciones inoficiosas”. Es entonces, que para aquellos casos en que se realiza una donación, por medio de la cual se dispone de los bienes del causante, sin considerar las legítimas de los herederos forzosos, existe la denominada “acción de reducción de donaciones inoficiosas”.

¿En qué consiste esta acción de reducción de donaciones inoficiosas?

Esta acción tiene por objeto el reclamo del valor económico que tenían las cosas donadas al tiempo en que se realizó la donación y no el reclamo de las cosas en sí mismas. Este reclamo se realiza por el monto económico en que se vulneró la porción legítima a causa de la donación realizada, estando la posibilidad de entablar el reclamo por el total del bien objeto de la donación o una parte de éste hasta completar el monto en que la legítima que fue vulnerada.

En este mismo sentido, el art. 1634 del Código Civil Uruguayo dispone como plazo para entablar dicha acción de cuatro años a contar de la apertura de la sucesión.

Ahora bien, ¿Cómo era el régimen previo a la modificación? ¿Qué problemas patentaba dicho régimen?

En nuestro código, se distinguían las donaciones cuyo objeto era un bien mueble o inmueble ya que las posibilidades para efectuar el reclamo podían variar. En el caso de bienes muebles, el heredero forzoso podía reclamar el valor correspondiente al donatario (la persona que recibió la donación). En cambio, si el bien donado era un bien inmueble, el reclamo podía efectuarse en primer lugar contra el donatario y en caso de que éste sea insolvente o no tenga bienes porque los ha vendido o enajenado a cualquier título, se podía orientar el reclamo contra el tercero poseedor del bien inmueble objeto de la donación, por ejemplo, un tercero lo había adquirido por compra venta.

En virtud de ello, los bienes inmuebles generaban un montón de problemas prácticos, sobre todo para los escribanos, y tampoco otorgaban seguridad jurídica al comprador. ¿Por qué?

Bien, por la sencilla razón de que el escribano al analizar los antecedentes de los títulos de propiedad de un inmueble observaba que mientras no caducaran los cuatro años que la ley otorga para iniciar la acción de reducción de donaciones inoficiosas, estaría abierta la posibilidad de que un heredero forzoso reclame su porción legitimaria al comprador de dicho bien. Esto hacía que la compraventa de un bien inmueble en cuyos antecedentes domínales estuviera una donación, fuera vista de mala manera, y los compradores no quieran comprar dicho bien, por la posibilidad de que los herederos forzosos eventualmente puedan repetir contra ellos, restituyendo el bien.

En esta misma línea, las instituciones financieras solían negar la aceptación de títulos de propiedad en los cuales existieran antecedentes de donaciones como garantía hipotecaria generando así una paralización en la comercialización ante un título que tenía grandes dificultades para circular con fluidez, por las razones antes mencionadas.

Entonces, ¿Cuáles son los cambios que trajo esta nueva ley?

Habiendo concluido con las cuestiones preliminares, corresponde enfocarnos en los cambios efectuados al régimen a quo. A este respecto, el art. 1 de la Ley No. 20.021, elimina el art. 1112 del Código Civil, por el cual se disponía que, “Cuando el inmueble o inmuebles donados excedieren el haber del donatario y éste los hubiese enajenado, lo coherederos sólo podrán repetir contra el tercer poseedor por el exceso…” es decir, este articulo habilitaba repetir, en caso que el donatario sea insolvente, contra el tercero poseedor del o los inmuebles objeto de donación.

Sin embargo, pese a dicha derogación, ello no implica que el heredero forzoso este desprotegido ya que éste continuará teniendo a su favor las mismas acciones que existían hasta la fecha para a los bienes muebles, es decir, reclamando el valor del bien. Esto significa que va a poder iniciar sus reclamos contra el donatario o sus sucesores a título universal por el valor del objeto de la donación, sea mueble o inmueble por el monto en que afectó su porción legitimaria, de acuerdo al inciso final del artículo 1639 del Código Civil, agregado por el art. 2 de la referida ley.

Finalmente, el art. 4 de la Ley No. 20.021, dispone la vigencia de la aplicabilidad de este nuevo régimen, disponiendo que la misma comenzará aplicarse en las sucesiones posteriores a la vigencia de la ley.

Conclusión final.

A modo de conclusión, recapitulando lo mencionado precedentemente, podemos afirmar que dicha modificación es por demás positiva, esta brinda más seguridad jurídica tanto para los escribanos como para los compradores de inmuebles donados.

Esta derogación implicaría mayor fluidez en la circulación de bienes en cuyos antecedentes domínales se encuentre una donación, ya que los terceros adquirentes no tendrán latente un eventual reclamo, durante los cuatro años luego de iniciada la sucesión como pasaba en el régimen a quo. Esto generará mayor confianza, más seguridad jurídica al momento de adquirir un bien inmueble, favoreciendo el tráfico jurídico de este tipo de operaciones que hasta el momento, eran totalmente desaconsejables por los operadores jurídicos.

Por Dr. Paul Laborda.