NOVEDADES EN EL PROCESO DE ACCIÓN DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO.

Con fecha de 10 de diciembre de 2021 fue aprobada la Ley N.º 20.010 que modificó el proceso que se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“TCA”). La reciente Ley pretende dotar al ordenamiento jurídico de un proceso de anulación más eficiente y moderno, y así corregir una problemática que subyace desde hace varias décadas: la aplicación del decreto- ley N°15.524 como norma procesal, que ordena la aplicación subsidiaria del antiguo Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, iremos destacando las novedades que trajo aparejadas esta ley.

En primer lugar, tal como se indicó, la Ley redirige al Código General del Proceso la regulación subsidiaria del proceso anulatorio aunque exceptúa de dicha remisión, el “Principio de Inmediación” que esboza el art. 8 del Código General del Proceso, dando cuenta que “el Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá presidir las audiencias por sí mismo, a cuyo efecto bastará la presencia de tres den sus miembros, o podrá delegar la tarea en los funcionarios receptores, siempre bajo la supervisión del secretario Letrado”. En segundo término, se establece la carga de constituir domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados. A este respecto, la nueva norma enumera las resoluciones que deben ser notificadas en dicho domicilio, incluyendo, los traslados para proponer prueba complementaria, contraprueba, prueba sobre prueba, traslado de excepciones previas y de la intervención de un tercero coadyuvante con el demandado, así como también de aquellas resoluciones que ordenen subsanar defectos, y que ordena formular alegatos, etc.

En tercer orden, en el art. 4, refiere a las “Tercerías durante el proceso”, estableciendo que, tanto en la demanda de anulación, como en su contestación, se “podrá denunciar los nombres y domicilios de los terceros que pudieran resultar perjudicados en caso de recaer sentencia anulatoria, para que el Tribunal les dé noticia del pleito”. Dichos terceros interesados cuentan con un plazo de treinta días desde su notificación para intervenir en el proceso como un litigante más, tomando las actuaciones en el estado que se encuentre. Finalmente, establece que de la intervención de un tercerista coadyuvante de la Administración, se dará traslado a las partes por un plazo común de quince días y, al evacuar el traslado, ambas podrán proponer la prueba que consideren necesaria.

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley fija un plazo de treinta días para la contestación de la demanda anulatoria, en cuya oportunidad, se deben también interponer las excepciones que correspondan.  Asimismo, el Tribunal podrá establecer un plazo común máximo de treinta días para que cualquiera de las partes intervinientes subsane defectos que padezcan sus actos de proposición y defensa, bajo apercibimiento de tenérselo por no presentado (art.  6 de la ley).

En quinto lugar, el artículo 7 de la Ley incorpora el elenco de excepciones previas reguladas, las del artículo 133 del CGP, como defensas posibles, con traslado al actor por el plazo de diez días. En esta misma línea se agrega un listado taxativo de excepciones previas que se puede relevar de oficio si así lo entiende pertinente el Tribunal (art 8 de la Ley).

Por otra parte, el artículo 9 de la Ley refiere al Despacho saneador, es decir, al igual que sucede en el Código General del Proceso, el Tribunal en audiencia preliminar dirimirá las excepciones propuestas por las partes, pero con ciertas particularidades propias del proceso anulatorio. El TCA deberá resolver las excepciones por sentencia interlocutoria, fijándose un plazo previo de seis días para proponer prueba y otros seis días para alegar; y previo al dictado de sentencia, el Procurador del Estado de lo Contencioso Administrativo tendrá un plazo de treinta días para pronunciarse sobre ello (Art 9 de la Ley).

Una vez culminada esta etapa, se dispone el ofrecimiento de prueba por un plazo común de diez días, en contraposición al plazo de sesenta días y fragmentado que establecía el régimen anterior. Además, se establece un periodo de cinco días para proponer contraprueba o prueba sobre prueba. Vale aclarar que en este periodo solo podrán ser propuestas las pruebas claramente supervinientes, o referidas a hechos nuevos o mencionados por la contraparte al contestar la demanda. En el caso de documentos que se quieran utilizar y estén en poder de la parte, ésta la debe agregar con el acto de proposición (Art. 10 de la Ley).

Culminada la etapa probatoria y conforme al artículo 11 de la Ley, las partes y los eventuales terceros tendrán   un plazo común de quince días para presentar sus alegatos de bien probado; vale recordar que en el régimen a quo el plazo no era común, sino que primero alegaba la parte actora y luego la demandada. Ahora bien, vencido dicho plazo o presentados los alegatos, se tendrá por concluida la causa y se dará traslado al Procurador para que dictamine al respecto en un plazo de sesenta días.

Finalmente, la ley termina con dos artículos no menores.

Por un lado, el art. 12, con el propósito de dar celeridad del proceso, dispone que una vez promovido el proceso anulatorio “El Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible”. Sin lugar a duda este artículo circunscribe el animus o espíritu de esta ley, la cual busca acotar plazos, a efectos de dinamizar el proceso y lograr la mayor celeridad de éste.

Por otro lado, la nueva Ley crea una Comisión para la Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio, con el cometido de elaborar una reforma integral de todos los procesos que se tramitan ante el TCA y sus trámites previos integrada por dos representantes del TCA, dos representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas y dos representantes del Colegio de Abogados del Uruguay.

A modo de conclusión, debe celebrarse la reforma introducida por la Ley N° 20.010, dotando a la Jurisdicción administrativa de un proceso moderno y eficaz basado en el debido proceso, como principio rector de nuestro sistema, principio que también debe ser garantizado en la puesta en práctica de esta ley.

Dr. Paul Laborda