Acceso al Financiamento en el Mercado

Recientemente el Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) ha vuelto a dejar en claro su postura respecto al financiamiento de empresas mediante la oferta pública de valores, disponiendo que no se permitirán las comunicaciones dirigidas al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad, que no se realicen en el ámbito del mercado de valores.

A los efectos de verificar si se configura o no oferta pública de valores, habrá que analizar si el producto que la empresa ofrece efectivamente es un “valor” y si la oferta que realiza del mismo es considerada como “pública”.

En este sentido, la Ley de Mercado de Valores establece en su artículo 13 que se entenderá por valores, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes, incluyendo en dicho concepto las acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión. Por su parte, la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (en adelante, la “RNMV”) al reglamentar la definición de “valores” en su art. 3.1, agrega al concepto definido en la ley, a vía de ejemplo: bonos, certificados de depósito bancario, títulos de deuda, certificados de participación o títulos mixtos de fideicomisos financieros, vales, conformes, pagarés, letras de cambio, cheques, notas de crédito hipotecarias, entre otros títulos valores, y certificados de depósito y warrants. En virtud de lo anterior, se puede observar que la definición de “valores” que aplica el BCU es amplísima.

En cuanto a si se configura oferta pública, recordamos que dicho concepto previsto en la Ley de Mercado de Valores, fue reglamentada por el BCU, mediante el art. 1 de la RNMV que prevé que, se verifica oferta pública de valores cuando se satisfaga al menos uno de los siguientes requisitos:

  1. a) Sea dirigida a personas del público en general o de ciertos sectores o grupos específicos del mismo, que al momento de realizar el ofrecimiento sean indeterminadas;
  2. b) Se realice con la participación o por intermedio de una bolsa de valores o en el ámbito de una plataforma de financiamiento colectivo;
  3. c) Se haga pública por cualquier medio. Este requisito se tendrá por configurado, cuando se produzca difusión de información por medios tales como diarios, revistas, radio, televisión, correo, reuniones, sistemas informáticos u otro que habilite la tecnología, que permita dar a conocer el contenido de la oferta a los destinatarios mencionados en el literal a. antes detallado. Se establece expresamente que queda comprendida en este supuesto la contratación específica de publicidad en cualquiera de los medios antes mencionados a través de la cual se dé conocer la oferta de valores;
  4. d) La invitación a la compra de valores realizada a los clientes o grupos de clientes de una institución de manera generalizada, aun cuando no se realice publicidad al respecto.

En el caso de emisiones locales;

  1. e) La emisión de valores efectuada por Fideicomisos Financieros constituidos por acto unilateral;
  2. f) Emisión de acciones de una empresa ya inscripta en el Registro de Valores, en ciertos supuestos especiales;
  3. g) Cuando la forma en que se encuentra estructurada la emisión, ya sea por la denominación de los valores o las condiciones para su comercialización, permita que el valor sea colocado a más de 25 (veinticinco) inversores;
  4. h) Los fideicomisos financieros cuyos títulos no prohíban de forma expresa la comercialización de participaciones en dichos valores.

En caso que el producto ofrecido por la empresa para obtener financiamiento se encuadre dentro de la definición de “valor” antes detallada, y que dicho valor sea ofrecido en cumplimiento de cualquiera de los literales anteriormente señalados, se habrá configurado automáticamente la existencia de oferta pública de valores.

Para realizar una oferta pública de valores, tanto el emisor como los valores deben ser inscriptos en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, debiendo entregar información sobre sí mismos y sobre el valor a emitir al BCU para conocimiento de todos los posibles inversores.

Por su parte, la RNMV define como oferta privada de valores, a aquélla que no satisface ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la RNMV referido precedentemente.

La oferta privada de valores no requiere inscripción en el BCU, por lo cual su emisor no está sometido a ninguna de las obligaciones que la ley y la reglamentación imponen a los emisores de oferta pública. Sin perjuicio de lo anterior, la oferta privada de valores sí se encuentra regulada, disponiéndose en el art. 1 de la RNMV que la documentación que se entregue al inversor deberá indicar, o estar acompañada de declaración expresa de que el valor que se ofrece es de oferta privada y no se encuentra registrado en la Superintendencia de Servicios Financieros.

A la fecha no existen pasos intermedios entre la regulación de oferta pública y oferta privada, aunque el art. 16.2 y siguientes de la RNMV prevé la emisión de valores de oferta pública en régimen simplificado, el cual se rige por las normas generales que aplican a la emisión de valores de oferta pública, con excepción de la exigencia de contar con un Comité de Auditoría y Vigilancia y la presentación del informe de revisión limitada.

La emisión de valores de oferta pública bajo el régimen de emisiones simplificadas podrá realizarse por empresas residentes, con ventas anuales (excluido el impuesto al valor agregado) entre 2.000.000 UI (USD 260.200 aprox.) y 75.000.000 UI (USD 9.760.000 aprox.) o su equivalente, en cada uno de los 2 últimos ejercicios económicos.

Las empresas que luego de emitir en régimen simplificado excedan el límite de facturación, no tendrán ningún tipo de obligación adicional en lo que respecta a dicha emisión

Los valores bajo el régimen de oferta pública simplificada sólo podrán ser adquiridos por los siguientes inversores:

  • El Gobierno Central, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados, las cajas paraestatales y restantes personas de derecho público no estatal;
  • Instituciones de intermediación financiera;
  • Administradoras de fondos de ahorro previsional para sí y para los fondos que administran;
  • Empresas de seguros y reaseguros. v. Intermediarios de valores;
  • Administradoras de fondos de inversión y fiduciarios financieros para sí y para los fondos que administran;
  • Personas físicas o jurídicas, con activos financieros superiores a 4.000.000 UI (USD 520.500 aprox.).

Se observa que en la práctica pueden existir negocios en busca de obtener financiamiento, estructurados de tal forma que los productos que se ofrezcan no tengan apariencia de ser “valores”, pero en la definición que aplica el BCU sí lo son en virtud de que la misma es amplísima. En caso de que dichos productos sean ofrecidos al público en general por cualquier medio – o se dé cumplimiento a cualquier otro literal detallado anteriormente-, se configurará la existencia de oferta pública de valores, pudiendo el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros aplicar sus facultades de regulación y fiscalización con el fin de velar por la transparencia, la competitividad y el funcionamiento ordenado del mercado de valores, así como por la adecuada información a los inversionistas.