Proyectos inmobiliarios en régimen de Propiedad Horizontal

Nuestro país viene experimentando un sostenido crecimiento en la construcción de viviendas con destino residencial, cubriéndose la intensa demanda proveniente del sector medio y medio alto de nuestra población. Este fenómeno responde a varios factores, destacándose -entre otros- los incentivos tributarios implementados, la activa participación de los  Bancos de plaza alineados en otorgar créditos para la compra y construcción de inmuebles, el fuerte ingreso de extranjeros, pero principalmente la consolidación de un cambio en la forma de vida de muchos uruguayos post pandemia.

La “vedette” de este movimiento son los “barrios privados o semi privados”, urbanizaciones que satisfacen el pedido prioritario actual que no es otro que el contacto directo con la naturaleza en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

Pero el mencionado desarrollo no tendría sostén sin una seguridad jurídica detrás que permita brindar tranquilidad al inversor, financista y adquirente. Esta seguridad jurídica emerge de nuestro régimen de propiedad horizontal, cuya ley cumple más de 70 años de vigencia (10.751) y que tuvo, oportunamente, sus ncesarios “aggiornamientos”. Su origen fue reglamentar los edificios de apartamentos y las relaciones entre copropietarios, permitiendo lograr el “estado” de horizontalidad, tras la comprobación del cumplimento de varios requisitos dentro un expediente administrativo. Por ello, tradicionalmente se asocia el término “PH” a Edificio o a vivienda familiar que esá dividida en dos.

Sin entrar en un análisis exhaustivo sobre el tema, ya que existen varias leyes por lo cual se puede incorporar a “PH”, podemos decir que cuando se construye un edificio por la vieja ley, para que existan jurídicamente unidades “independientes” del padrón matriz, es necesario el cumplimiento de varios requisitos.  En definitiva, quien adquiere un apartamento en el llamado “pozo” que aún no tiene la horizontalidad, se convertirá luego de la firma en “promitente comprador”. Cuando se requiere de financiamiento bancario para su adquisición, esto está directamente relacionado en cuanto a la garantía a otorgarse al banco, ya que al tener una promesa de compraventa, se dará como garantía una prenda de derechos de promitente comprador.

Fue recién a comienzos del 2001 (ley 17.292) que se regulan las llamadas “urbanizaciones de propiedad horizontal” con la cual se le da una opción de nacimiento de “PH” a los barrios privados, con modificaciones legales determinantes para su desarrollo. En efecto, se establece que el permiso municipal del proyecto junto a la habilitación de obras de infractructura, plano y reglamento “perfeccionan” el estado de “PH”. Enorme cambio frente al régimen original que implica que cuando construye un edificio, la construcción propiamente dicha debe estar materializada para poder lograr lo que se denomina la “Propiedad Horizontal”.

En definitiva, el “PH” no es un término que se relaciona exclusivamente con un edificio o inmueble “dividido” en dos, sino que permiten otro tipo de desarrollos así como la organización entre sus distintos propietarios. Los barrios privados o semi privados son un claro ejemplo.

Departamento Notarial de BRAGARD

Esc. Alfredo Delgado Sartori

Esc. Antonella Cimino

 

Inauguración Ciudad Deportiva ENFOQUE

Acompañamos a nuestros clientes Andrés Scotti, Diego Godin, Mario Rebollo y Vicente Sánchez en la inauguración de la Ciudad Deportiva ENFOQUE, en cuyo proyecto actuamos como Asesores Legales, Notariales y Fiscales.

 

Cheques electrónicos

Hace poco más de un año, el Ministerio de Economía y Finanzas remitió a la Asamblea General para su consideración un proyecto de ley por el cual se crea el “Cheque Electrónico” introduciendo modificaciones a la Ley de Cheques y al Código General del Proceso.

Dicho proyecto de ley fue sancionado por la Cámara de Senadores el 03 de noviembre de 2021 y por la Cámara de Representantes el 17 de mayo de 2022, promulgado por el Poder ejecutivo el pasado 27 de mayo, permaneciendo pendiente su publicación.

El Decreto – Ley Nº 14.412 del año 1975, comúnmente denominado “Ley de Cheques”, ha demostrado ser una herramienta adecuada respecto de la regulación de los cheques como instrumento de pago.

No obstante, resulta conveniente actualizar el marco normativo a los efectos de acompañar su regulación con las nuevas tecnologías y medios de pago que surgieron con posterioridad a su promulgación.

Incluso a partir de la ley de inclusión financiera, la cual establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos de pago para ciertas transacciones, si bien la utilización del cheque se redujo, éstos no han desaparecido. Y, aun existiendo medios de pagos alternativos, los cheques mantienen su vigencia.

Contando con la implementación de la firma electrónica, la cual habilita a firmar digitalmente con el mismo valor que la firma manuscrita, el camino hacia la creación de los cheques electrónicos fue ampliamente facilitado.

Una de las características más ventajosas y esenciales del cheque es la posibilidad de usarlo como instrumento de crédito, posibilitando el diferimiento de los pagos. Por otra parte, de las mayores desventajas que presenta es precisamente su soporte papel. Es por ello que actualmente se implementa la creación de los cheques electrónicos o digitalizados.

Análisis de modificaciones introducidas

La Ley de Cheques originariamente enumeró las enunciaciones esenciales que el cheque deberá contener a los efectos de su validez. Por cuanto antes solo hacía referencia a “la firma del librador”, con los cambios introducidos se hace mención a que esta firma podrá ser autógrafa o electrónica, según el cheque sea cartular o electrónico. Respecto de la necesidad de indicar el nombre del obligado al lado de su firma, para la aplicación de esta norma al caso específico de los cheques electrónicos, se establece que el Banco Central del Uruguay regulará la manera de su aplicación.

En materia de endosos, las nuevas modificaciones no inciden en lo previsto para el caso de los cheques cartulares (sin posibilitar la combinación de un cheque cartular con firmas electrónicas). Y, para el caso particular de los cheques electrónicos, establece que el endoso se efectuará mediante firma electrónica avanzada.

También se incorpora a la Ley la mención expresa a la práctica del depósito del cheque, mediante acreditación en cuenta bancaria, a través de máquinas receptoras (buzoneras, cajeros automáticos, etc.) para su cobro, determinándose que la fecha de depósito será considerada como la fecha de presentación. Asimismo, se dispone que el cheque que se originó en forma cartular se podrá digitalizar, por cuanto podrá ser depositado a través de la remisión de su imagen digitalizada al Banco receptor. En esos casos, la imagen sustituirá al documento físico, el que quedará inutilizado mediante constancia.

A los efectos de regular la constancia de presentación y de falta de pago en los cheques electrónicos, la nueva normativa establece que se creará un “certificado”, el cual permitirá el ejercicio de las acciones pertinentes y, sin ningún otro requisito, aparejará ejecución. Y se establece que constituirá título ejecutivo el cheque cartular con la constancia de presentación y de falta de pago, o el cheque generado o transmitido por medios electrónicos con dicho certificado previsto por la nueva regulación. De manera concordante, se modificó el inciso 4º del art. 353 del Código General del Proceso, de manera de incluir en la nómina de títulos ejecutivos al certificado emitido para el caso de cheques electrónicos y digitalizados.

Lo que no fue previsto expresamente es de que este “certificado” tenga carácter de protesto por falta de pago, como sí está establecido expresamente para el caso de la constancia de presentación y de falta de pago en los cheques cartulares (art. 39 inc. 3). En efecto, se establece expresamente que el BCU regulará la emisión del certificado en el que deberán constar las menciones establecidas en art. 39 inc. 1 y 2, dejando por fuera al inc. 3.

Los presupuestos de la pretensión ejecutiva son dos: título ejecutivo y noticia previa. La certificación configura título ejecutivo. Pero la consecuencia de que la certificación no tenga carácter de protesto es que, para promover un eventual proceso ejecutivo de un cheque electrónico o digitalizado, será necesario dar noticia previa como diligencia preparatoria.

Entendemos que la falta de mención de que dicho certificado tenga carácter de protesto no fue intencionada por el legislador y deberá ser objeto de posterior modificación o reglamentación, a los efectos de lograr un igual tratamiento de los cheques electrónicos y digitalizados, como fue pretendido.

Asimismo, se consagra legalmente el instituto de la compensación multilateral en las cámaras de compensación electrónicas, habilitando a los Bancos receptores de cheques cartulares a digitalizarlos para su compensación electrónica.

Por último, se modifica un artículo a los efectos de otorgar al Banco Central del Uruguay la facultad de reglamentar la Ley en todos sus términos y no sólo determinados artículos, como sucedía anteriormente.

Acquisition of the Uruguayan journalistic group El Observador

The Bragard Abogados team lead by  senior partners Jean Jacques Bragard, Cynthia Carballo, Laura Capalbo and associate Sofia Humaian, Mercedes Nin and Antonella Cimino and our fellow colleagues Pablo Tarantino, Agustín Griffi and Paula Cerizola from Law Firm Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados jointly conducted every stage of the legal procedures required in the acquisition of the total Share Interest of the Uruguayan journalistic group El Observador.

Founded in 1991 as a newspaper published in Montevideo, El Observador has become a benchmark for digital journalism in Uruguay.

We are grateful for the trust placed in our team by the new shareholders, who decided to invest in digital innovation and in the generation of journalistic content to become a leading Spanish-speaking digital media outlet.

Comunicación de hechos relevantes por parte de Emisores de Valores de Oferta Pública

Constituye un pilar fundamental del Mercado de Valores que el inversor pueda tomar decisiones informadas, respecto a los valores en los que invierte.

A estos efectos, se vuelve crucial que el regulador del mercado -en nuestro país el Banco Central del Uruguay (“BCU”)-, establezca cuales son los estándares de información y transparencia que los distintos actores del mercado se encuentran obligados a cumplir.

Bajo este marco, la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (“RNMV”) del BCU, impone una serie de deberes a cargo de los sujetos obligados (en lo que nos interesa aquí, a los Emisores de Valores de Oferta Publica) de modo de satisfacer dichos estándares de información.

De este modo, podemos identificar en la RNMV distintas obligaciones de aportar información impuestas a los Emisores. Por un lado, se encuentran obligados a presentar con determinada periodicidad (anual, trimestral, cuatrimestral o semestral en algunos casos), documentación contable de la sociedad, informes de auditoría interna y externa, entre otros (ver en este sentido el artículo 260 de la RNMV).

Adicionalmente, los Emisores de Valores deben realizar comunicaciones puntuales en caso de que se configure un “hecho relevante” a la luz de la RNMV. La regulación de los hechos relevantes no es un invento del regulador uruguayo, sino que se encuentra presente en otras regulaciones como la de Argentina, Chile, España o incluso en la de EE. UU bajo el nombre de “material fact”.

Si bien el concepto de hecho relevante no es definido en la RNMV, el mismo puede ser inferido como aquél hecho que pueda tener un impacto significativo en el precio del valor que se está cotizando.

Por lo tanto, el racional detrás de estas comunicaciones es brindarle al inversor, un conocimiento en tiempo, veraz y efectivo, sobre determinadas situaciones ocurridas en cabeza del sujeto obligado, que se consideran importantes para el inversor a la hora de transar en el mercado.

Ingresando en nuestra regulación, para todos los actores y valores, el Libro V de la RNMV denominado de “Transparencia y Conductas de Mercado”, dispone en el artículo 245 cuales son aquellos hechos relevantes que el regulador entiende que el público necesita conocer respecto de todas instituciones y valores inscriptos.

Los hechos relevantes descriptos comprenden un amplio abanico de circunstancias que van desde cambios de control de la sociedad, operaciones societarias, constitución de garantías sobre el activo de la empresa, destitución y cambios en sus órganos representativos, hasta situaciones de insolvencia y cese de actividades.[1]

Además, el articulo cuenta con un literal de carácter residual que servirá para englobar cualquier tipo de circunstancia que a criterio del Emisor deba ser comunicado. En este sentido, el literal w, impone al Emisor la obligación de comunicar:

“cualquier otro hecho relevante de carácter político, jurídico, administrativo, técnico, de negociación, o económico-financiero, que pueda influir la cotización de los valores emitidos o en la decisión de los inversores de negociar los mismos, en el desarrollo de la actividad llevada a cabo en calidad de participante del mercado, o en el destino de los fondos o Fideicomisos que administra. “

Por otra parte, y de forma concreta para los Emisores de Valores, se impone la obligación de comunicar de inmediato o más tardar al siguiente día hábil, cualquier circunstancia referente a (i) el emisor, (ii) el valor cotizado, (iii) sus negocios, (iv) órganos de administración y de control, que influya de forma significativa en:

  1. la cotización de los valores;
  2. la decisión de los inversores de negociar dichos valores;
  3. la determinación de los inversores de ejercer cualquiera de los derechos inherentes a su condición de titular de dichos valores.

En otro orden, el BCU en ejercicio de su potestad fiscalizadora sobre el mercado, puede imponer sanciones administrativas que van desde la observación, apercibimiento, multa, suspensión o cancelación de la cotización de los valores, hasta la suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

Para el caso concreto de incumplimientos en la obligación de comunicar hechos relevantes, el Emisor podrá ser objeto de una multa equivalente a 30.000 UI (aprox. USD 3900), sin perjuicio de que ante reiterados incumplimientos pueden seguir escalando en sus sanciones.

En síntesis, destacamos la importancia de otorgarle particular relevancia a la comunicación de hechos relevantes. Por un lado, por su capacidad de potenciar la madurez y desarrollo del Mercado de Valores, y, por otro, porque el regulador activamente fiscaliza el cumplimiento efectivo de esta obligación impuesta a los sujetos obligados. 

[1] A mayor abundamiento, el articulo 245 comprende: a. cambios en el control de la sociedad; b. transformación de una sociedad abierta en cerrada; c. fusión, escisión, transformación o disolución de la sociedad;  d. cese de algunas actividades de la sociedad o iniciación de otras nuevas;  e. decisión de solicitar el retiro de la autorización para funcionar;  f. enajenación de bienes de activo fijo que representen más del 15% (quince por ciento) de este rubro según el último balance;  g. renuncias o remoción de directores, administradores y miembros del órgano de fiscalización, con expresión de sus causas y su reemplazo;  h. la dimisión, destitución o sustitución del Auditor Externo, con expresión de las razones que dieron lugar a la misma;  i. celebración y cancelación de contratos de licencia, franquicia o distribución exclusiva; celebración, modificación sustancial o cancelación de otros contratos trascendentes para la sociedad;  j.incumplimiento de las obligaciones asumidas en la emisión en serie de cualquier clase de valores, así como todo atraso en el cumplimiento de las mismas, especialmente en lo que refiera al pago de amortizaciones y/o de intereses correspondientes a esos valores;  k. rescates anticipados de los valores emitidos;  l.gravamen de los bienes con hipotecas o prendas cuando ellas superen en conjunto el 15% (quince por ciento) del patrimonio neto;  m. todos los avales y fianzas otorgados, con indicación de las causas determinantes, personas afianzadas y monto de la obligación, cuando superen en conjunto el 15% (quince por ciento) del patrimonio neto;  n. adquisición o venta de acciones u obligaciones convertibles de otras sociedades, cuando excediesen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del patrimonio de la inversora o emisora;  o. la autorización, suspensión, retiro o cancelación de la cotización en el país o en el extranjero;  p.observaciones formuladas por la Auditoría Interna de la Nación, cualquiera sea la causa de las mismas;  q. otras observaciones o sanciones aplicadas por el Banco Central del Uruguay a las instituciones supervisadas, por incumplimientos a las normas que regulen su condición o actividad como participante del Mercado de Valores, o por cualquier otra autoridad de control;  r. que la institución o sus accionistas estén siendo objeto de investigación por organismos supervisores o de regulación o autorregulación financiera;  s. alteración en los derechos de los valores emitidos por la sociedad;  t. atraso en el pago de dividendos o cambios en la política de distribución de los mismos;  u. solicitud de concordato, apertura de concurso preventivo, convocatoria de acreedores, quiebra o demandas contra la sociedad que, de prosperar, pueden afectar su situación económico-financiera; v. atrasos en la presentación de la información a la cual están obligados, en función de la normativa vigente;

Acceso al Financiamento en el Mercado

Recientemente el Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) ha vuelto a dejar en claro su postura respecto al financiamiento de empresas mediante la oferta pública de valores, disponiendo que no se permitirán las comunicaciones dirigidas al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad, que no se realicen en el ámbito del mercado de valores.

A los efectos de verificar si se configura o no oferta pública de valores, habrá que analizar si el producto que la empresa ofrece efectivamente es un “valor” y si la oferta que realiza del mismo es considerada como “pública”.

En este sentido, la Ley de Mercado de Valores establece en su artículo 13 que se entenderá por valores, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes, incluyendo en dicho concepto las acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión. Por su parte, la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (en adelante, la “RNMV”) al reglamentar la definición de “valores” en su art. 3.1, agrega al concepto definido en la ley, a vía de ejemplo: bonos, certificados de depósito bancario, títulos de deuda, certificados de participación o títulos mixtos de fideicomisos financieros, vales, conformes, pagarés, letras de cambio, cheques, notas de crédito hipotecarias, entre otros títulos valores, y certificados de depósito y warrants. En virtud de lo anterior, se puede observar que la definición de “valores” que aplica el BCU es amplísima.

En cuanto a si se configura oferta pública, recordamos que dicho concepto previsto en la Ley de Mercado de Valores, fue reglamentada por el BCU, mediante el art. 1 de la RNMV que prevé que, se verifica oferta pública de valores cuando se satisfaga al menos uno de los siguientes requisitos:

  1. a) Sea dirigida a personas del público en general o de ciertos sectores o grupos específicos del mismo, que al momento de realizar el ofrecimiento sean indeterminadas;
  2. b) Se realice con la participación o por intermedio de una bolsa de valores o en el ámbito de una plataforma de financiamiento colectivo;
  3. c) Se haga pública por cualquier medio. Este requisito se tendrá por configurado, cuando se produzca difusión de información por medios tales como diarios, revistas, radio, televisión, correo, reuniones, sistemas informáticos u otro que habilite la tecnología, que permita dar a conocer el contenido de la oferta a los destinatarios mencionados en el literal a. antes detallado. Se establece expresamente que queda comprendida en este supuesto la contratación específica de publicidad en cualquiera de los medios antes mencionados a través de la cual se dé conocer la oferta de valores;
  4. d) La invitación a la compra de valores realizada a los clientes o grupos de clientes de una institución de manera generalizada, aun cuando no se realice publicidad al respecto.

En el caso de emisiones locales;

  1. e) La emisión de valores efectuada por Fideicomisos Financieros constituidos por acto unilateral;
  2. f) Emisión de acciones de una empresa ya inscripta en el Registro de Valores, en ciertos supuestos especiales;
  3. g) Cuando la forma en que se encuentra estructurada la emisión, ya sea por la denominación de los valores o las condiciones para su comercialización, permita que el valor sea colocado a más de 25 (veinticinco) inversores;
  4. h) Los fideicomisos financieros cuyos títulos no prohíban de forma expresa la comercialización de participaciones en dichos valores.

En caso que el producto ofrecido por la empresa para obtener financiamiento se encuadre dentro de la definición de “valor” antes detallada, y que dicho valor sea ofrecido en cumplimiento de cualquiera de los literales anteriormente señalados, se habrá configurado automáticamente la existencia de oferta pública de valores.

Para realizar una oferta pública de valores, tanto el emisor como los valores deben ser inscriptos en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, debiendo entregar información sobre sí mismos y sobre el valor a emitir al BCU para conocimiento de todos los posibles inversores.

Por su parte, la RNMV define como oferta privada de valores, a aquélla que no satisface ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la RNMV referido precedentemente.

La oferta privada de valores no requiere inscripción en el BCU, por lo cual su emisor no está sometido a ninguna de las obligaciones que la ley y la reglamentación imponen a los emisores de oferta pública. Sin perjuicio de lo anterior, la oferta privada de valores sí se encuentra regulada, disponiéndose en el art. 1 de la RNMV que la documentación que se entregue al inversor deberá indicar, o estar acompañada de declaración expresa de que el valor que se ofrece es de oferta privada y no se encuentra registrado en la Superintendencia de Servicios Financieros.

A la fecha no existen pasos intermedios entre la regulación de oferta pública y oferta privada, aunque el art. 16.2 y siguientes de la RNMV prevé la emisión de valores de oferta pública en régimen simplificado, el cual se rige por las normas generales que aplican a la emisión de valores de oferta pública, con excepción de la exigencia de contar con un Comité de Auditoría y Vigilancia y la presentación del informe de revisión limitada.

La emisión de valores de oferta pública bajo el régimen de emisiones simplificadas podrá realizarse por empresas residentes, con ventas anuales (excluido el impuesto al valor agregado) entre 2.000.000 UI (USD 260.200 aprox.) y 75.000.000 UI (USD 9.760.000 aprox.) o su equivalente, en cada uno de los 2 últimos ejercicios económicos.

Las empresas que luego de emitir en régimen simplificado excedan el límite de facturación, no tendrán ningún tipo de obligación adicional en lo que respecta a dicha emisión

Los valores bajo el régimen de oferta pública simplificada sólo podrán ser adquiridos por los siguientes inversores:

  • El Gobierno Central, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados, las cajas paraestatales y restantes personas de derecho público no estatal;
  • Instituciones de intermediación financiera;
  • Administradoras de fondos de ahorro previsional para sí y para los fondos que administran;
  • Empresas de seguros y reaseguros. v. Intermediarios de valores;
  • Administradoras de fondos de inversión y fiduciarios financieros para sí y para los fondos que administran;
  • Personas físicas o jurídicas, con activos financieros superiores a 4.000.000 UI (USD 520.500 aprox.).

Se observa que en la práctica pueden existir negocios en busca de obtener financiamiento, estructurados de tal forma que los productos que se ofrezcan no tengan apariencia de ser “valores”, pero en la definición que aplica el BCU sí lo son en virtud de que la misma es amplísima. En caso de que dichos productos sean ofrecidos al público en general por cualquier medio – o se dé cumplimiento a cualquier otro literal detallado anteriormente-, se configurará la existencia de oferta pública de valores, pudiendo el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros aplicar sus facultades de regulación y fiscalización con el fin de velar por la transparencia, la competitividad y el funcionamiento ordenado del mercado de valores, así como por la adecuada información a los inversionistas.

Una breve aproximación al mundo de la Web 3

Así como nuestra historia ha sido fraccionada en épocas cuyo inicio y fin lo delimitaron las corrientes de pensamiento emergentes, las guerras y revoluciones, el internet también fue marcado por tres etapas conocidas como la Web 1.0, la Web 2.0 y la Web 3.0.

A diferencia de la historia contemporánea, el internet ha mutado a una velocidad tan impredecible que si comparamos el inicio de la Web 1.0 en los años noventa, que giraba en torno a los hiperenlaces, con la web 2.0, cuya protagonista fue la red social que rápidamente se diversificó en las famosas “apps”, tendemos a pensar que nada más podría sorprendernos; hasta que en el año 2008 en el marco de una crisis mundial financiera, aparece un artículo que describe un sistema P2P (Peer to Peer) de dinero digital.

Es entonces que la gran mayoría de los expertos han bautizado a la Web 3.0 como la época de los tokens criptográficos, que ya cuenta con un sistema asentado de funcionamiento y es utilizado por miles de usuarios a nivel mundial.

Yendo al ámbito nacional, nuestro poder legislativo junto a los órganos públicos competentes en la materia, se encuentran en el deber de acompasarse al contexto digital y las nuevas tecnologías. En este sentido, se han presentado dos propuestas documentadas a través de proyectos de ley que buscan adaptar la normativa vigente a fin de regular parcialmente las DLT (Distributed Ledger Technology) y en particular, el tratamiento que se le da a los tokens criptográficos por parte los usuarios.

El pasado 4 de mayo, el Banco Central del Uruguay (“BCU”) órgano público competente en la regulación de entidades y agentes participantes en el rubro financiero, remitió un anteproyecto al Ministerio de Economía y Finanzas que busca definir, regular y fiscalizar el tratamiento de Activos Virtuales (“AV”).

El BCU en todo momento hace alusión al concepto de “activo virtual”; cabe la apreciación de que no todos los tokens criptográficos, en su definición más genérica, entran dentro de la definición de “activos” o “criptoactivos”.

Lo que define a un criptoactivo como tal, es su valor económico. Es decir, este tipo de token puede comercializarse en el mercado, tiene un precio. Existen tokens criptográficos que no tienen un valor económico ni son utilizados con una finalidad comercial, si no que pueden tener – a simple modo de ejemplo – fines soberanos o de trazabilidad.

Adicionalmente, no todos los criptoactivos son iguales si no que pueden subclasificarse. El bitcoin, por ejemplo, es un tipo de criptoactivo con una finalidad de pago, que por su diseño no tiene un mecanismo que estabilice su valor, más que la oferta y la demanda. La volatilidad del valor del Bitcoin es uno de los principales riesgos (acompañado de otros) que asume cualquier usuario al adquirir este tipo de criptoactivos, ya sea con finalidad de ahorro, inversión o como una moneda alternativa para la cancelación de pagos.

Existen otros activos virtuales que si tienen un mecanismo de estabilidad en su valor como las “DAI” o las “TETHER” cuyo valor se encuentra aparejado con el valor del dólar. Este subtipo de criptoactivo, comercialmente conocido como “stable coins” aspiran a una mayor difusión en el futuro, dado que generan una mayor seguridad en los usuarios.

Otra subclasificación de criptoactivos la encontramos en si estas son “públicas”, “privadas” o incluso “híbridas”. A modo ilustrativo, mientras más pública sea una red de blockchain, más complejo será su funcionamiento y gobernanza y viceversa. Ello se debe a que las blockchains públicas parten del supuesto de que ninguno de sus miembros se conoce, con lo cual es necesario implementar mecanismos técnicos para garantizarla.

Lo antes mencionado son algunos ejemplos genéricos y conocidos del mundo de las DLT que merece un mayor desarrollo, el que consideramos nos excede de nuestro objetivo.

Dentro de su exposición de motivos, el BCU manifiesta que “es posible considerar los activos virtuales como bienes muebles incorporales” definición ya existente en nuestro Código Civil en su artículo 471 cuando delimita la existencia de bienes incorporales a derechos reales y personales.

Seguidamente, el texto hace alusión a la clasificación de distintos AV de acuerdo a su criterio de categorización y revelando que, ante una futura regulación, primará el principio de la sustancia por encima del de la forma. Con esto el BCU deja en manifiesto que el marco jurídico aplicable a un criptoactivo en particular, lo dará los elementos que lo compongan y no su denominación.

El fin regulatorio del BCU aspira a la modificación de leyes preexistentes que introduzcan en sus textos, los diversos tipos de AV.

Es así que, por ejemplo, los “Activos Virtuales Valores” que en inglés se asimilaría a lo que se conoce como “Security Tokens” son, en otras palabras, valores negociables tokenizados (acciones, bonos, etc) entrarían dentro de la Ley de Mercado de Valores N° 18.627 y se definirían como un tipo de valor escritural representado exclusivamente mediante anotaciones en cuenta, pero en vez de que dicha anotación la efectúe una entidad registrante, es decir, una entidad centralizada, se realicen mediante un registro distribuido.

Paralelamente a la regulación de criptoactivos, el BCU también ha propuesto integrar a la recopilación de normas bancocentralistas dos nuevas categorías de entidades reguladas: 1) “Proveedor de Servicios de Activos Virtuales”; 2) “Emisor de Activos Virtuales”.

Consideramos que las características enmarcadas en la definición de estas nuevas entidades reguladas (que requerirán de la autorización del BCU para su creación y posterior funcionamiento) deberán limitarse a lo estrictamente financiero, no dejando abierta la posibilidad de que el BCU regule actividades no financieras, dado que eso podría desincentivar a potenciales inversores y desarrolladores en el país.

Como conclusión, el anteproyecto propuesto por el BCU que eventualmente generará modificaciones en la regulación vigente, dista de la prohibición de uso de las DLT por particulares, si no que aspira a controlar su uso y centralizar el control de las entidades que prestan servicios de esta naturaleza y sus transacciones.

Aún queda mucho camino legislativo por recorrer y consideramos que existirán históricas discusiones parlamentarias con el desafío de llevar al derecho uruguayo a una nueva forma de celebración de transacciones económicas y financieras.

El tema en boga aún es novedoso e incierto, su volumen aún no ha puesto al sistema financiero en riesgo, pero si requiere una regulación coherente y adaptable que permita el libre uso y desarrollo de las redes dentro de las DLT para los particulares, empresas, entidades públicas e incluso Estados.

Sin perjuicio de lo antedicho, la regulación deberá establecer mecanismos de prevención y control que logren evitar (en la medida de lo posible) que esta nueva tecnología se desvíe de la finalidad altruista para la cual fue originalmente creada y sea vista como una alternativa rentable para la realización de actos ilícitos.

Documento elaborado por la Dra. Sofía Humaian.

 

 

 

BRAGARD asesoro en la compra de El Observador

Nuestra firma asesoro al grupo de inversores en la adquisición del control accionario del diario El Observador.

Fundado en 1991 como un periódico editado en Montevideo, El Observador se ha transformado en un referente del periodismo digital en Uruguay.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra Firma por los nuevos accionistas, quienes apuestan a invertir fuertemente en innovación digital y en la generación de contenidos periodísticos para transformarse en un medio digital líder de habla hispana.

Implementación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo para Empresas que tengan entre 50 y 150 empleados

A partir del 2 de mayo de 2022 entra en vigencia el Decreto No. 127/014, el cual preveía la obligación de implementar los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (en adelante “SPST”) para todas aquellas empresas que cuenten con entre 50 y 150 empleados a partir del pasado 1º de noviembre.

Los SPST podrán ser externos debiendo intervenir en forma trimestral como mínimo. Los mismos deberán contar necesariamente con al menos un médico especialista en Salud Ocupacional y otro profesional o técnico que cuente con cualesquiera de los siguientes títulos, a saber: (i) Técnico Prevencionista; (ii) Tecnólogo en Salud Ocupacional; (iii) Tecnólogo Prevencionista; (iv) Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional; (v) Ingeniero Tecnólogo Prevencionista, pudiendo complementarse con un Psicólogo, personal de enfermería y otras especialidades asociadas a los temas de salud y seguridad en el trabajo.

Debemos destacar que las funciones de los SPST conforme a lo dispuesto en el Decreto mencionado anteriormente, son esencialmente preventivas y estarán a cargo de asesorar al empleador, empleados y sus representantes en la empresa en lo que refiere a: (i) los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo; y (ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de los empleados atendiendo la salud física y mental de los mismos.

No dude en contactarnos por cualquier aclaración y/o ampliación a éste respecto.

Dra. Mercedes Nin Algorta.

Departamento Laboral

 

NOVEDADES EN EL PROCESO DE ACCIÓN DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO.

Con fecha de 10 de diciembre de 2021 fue aprobada la Ley N.º 20.010 que modificó el proceso que se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“TCA”). La reciente Ley pretende dotar al ordenamiento jurídico de un proceso de anulación más eficiente y moderno, y así corregir una problemática que subyace desde hace varias décadas: la aplicación del decreto- ley N°15.524 como norma procesal, que ordena la aplicación subsidiaria del antiguo Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, iremos destacando las novedades que trajo aparejadas esta ley.

En primer lugar, tal como se indicó, la Ley redirige al Código General del Proceso la regulación subsidiaria del proceso anulatorio aunque exceptúa de dicha remisión, el “Principio de Inmediación” que esboza el art. 8 del Código General del Proceso, dando cuenta que “el Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá presidir las audiencias por sí mismo, a cuyo efecto bastará la presencia de tres den sus miembros, o podrá delegar la tarea en los funcionarios receptores, siempre bajo la supervisión del secretario Letrado”. En segundo término, se establece la carga de constituir domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados. A este respecto, la nueva norma enumera las resoluciones que deben ser notificadas en dicho domicilio, incluyendo, los traslados para proponer prueba complementaria, contraprueba, prueba sobre prueba, traslado de excepciones previas y de la intervención de un tercero coadyuvante con el demandado, así como también de aquellas resoluciones que ordenen subsanar defectos, y que ordena formular alegatos, etc.

En tercer orden, en el art. 4, refiere a las “Tercerías durante el proceso”, estableciendo que, tanto en la demanda de anulación, como en su contestación, se “podrá denunciar los nombres y domicilios de los terceros que pudieran resultar perjudicados en caso de recaer sentencia anulatoria, para que el Tribunal les dé noticia del pleito”. Dichos terceros interesados cuentan con un plazo de treinta días desde su notificación para intervenir en el proceso como un litigante más, tomando las actuaciones en el estado que se encuentre. Finalmente, establece que de la intervención de un tercerista coadyuvante de la Administración, se dará traslado a las partes por un plazo común de quince días y, al evacuar el traslado, ambas podrán proponer la prueba que consideren necesaria.

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley fija un plazo de treinta días para la contestación de la demanda anulatoria, en cuya oportunidad, se deben también interponer las excepciones que correspondan.  Asimismo, el Tribunal podrá establecer un plazo común máximo de treinta días para que cualquiera de las partes intervinientes subsane defectos que padezcan sus actos de proposición y defensa, bajo apercibimiento de tenérselo por no presentado (art.  6 de la ley).

En quinto lugar, el artículo 7 de la Ley incorpora el elenco de excepciones previas reguladas, las del artículo 133 del CGP, como defensas posibles, con traslado al actor por el plazo de diez días. En esta misma línea se agrega un listado taxativo de excepciones previas que se puede relevar de oficio si así lo entiende pertinente el Tribunal (art 8 de la Ley).

Por otra parte, el artículo 9 de la Ley refiere al Despacho saneador, es decir, al igual que sucede en el Código General del Proceso, el Tribunal en audiencia preliminar dirimirá las excepciones propuestas por las partes, pero con ciertas particularidades propias del proceso anulatorio. El TCA deberá resolver las excepciones por sentencia interlocutoria, fijándose un plazo previo de seis días para proponer prueba y otros seis días para alegar; y previo al dictado de sentencia, el Procurador del Estado de lo Contencioso Administrativo tendrá un plazo de treinta días para pronunciarse sobre ello (Art 9 de la Ley).

Una vez culminada esta etapa, se dispone el ofrecimiento de prueba por un plazo común de diez días, en contraposición al plazo de sesenta días y fragmentado que establecía el régimen anterior. Además, se establece un periodo de cinco días para proponer contraprueba o prueba sobre prueba. Vale aclarar que en este periodo solo podrán ser propuestas las pruebas claramente supervinientes, o referidas a hechos nuevos o mencionados por la contraparte al contestar la demanda. En el caso de documentos que se quieran utilizar y estén en poder de la parte, ésta la debe agregar con el acto de proposición (Art. 10 de la Ley).

Culminada la etapa probatoria y conforme al artículo 11 de la Ley, las partes y los eventuales terceros tendrán   un plazo común de quince días para presentar sus alegatos de bien probado; vale recordar que en el régimen a quo el plazo no era común, sino que primero alegaba la parte actora y luego la demandada. Ahora bien, vencido dicho plazo o presentados los alegatos, se tendrá por concluida la causa y se dará traslado al Procurador para que dictamine al respecto en un plazo de sesenta días.

Finalmente, la ley termina con dos artículos no menores.

Por un lado, el art. 12, con el propósito de dar celeridad del proceso, dispone que una vez promovido el proceso anulatorio “El Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible”. Sin lugar a duda este artículo circunscribe el animus o espíritu de esta ley, la cual busca acotar plazos, a efectos de dinamizar el proceso y lograr la mayor celeridad de éste.

Por otro lado, la nueva Ley crea una Comisión para la Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio, con el cometido de elaborar una reforma integral de todos los procesos que se tramitan ante el TCA y sus trámites previos integrada por dos representantes del TCA, dos representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas y dos representantes del Colegio de Abogados del Uruguay.

A modo de conclusión, debe celebrarse la reforma introducida por la Ley N° 20.010, dotando a la Jurisdicción administrativa de un proceso moderno y eficaz basado en el debido proceso, como principio rector de nuestro sistema, principio que también debe ser garantizado en la puesta en práctica de esta ley.

Dr. Paul Laborda