GUIÑOS NORMATIVOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL SECTOR PRIVADO INMOBILIARIO

Con fecha de 18 de diciembre del 2020, por ley N.º 19.924, se promulgó la Ley de Presupuesto Nacional del periodo 2020-2024, la cual comenzó a regir desde el 1º de enero del corriente año.

La Ley de Presupuesto Nacional (en adelante, “LPN”) es, como todas las leyes de presupuesto, una vasta ley, la cual cuenta con 774 artículos. La misma es sumamente importante ya que proyecta y articula, entre otras cosas, la actividad económica del país, así como también la forma de financiamiento que contará el Estado para realizar sus fines y cometidos en los próximos años.

La actividad inmobiliaria en ese sentido no está exenta  de  consideración, ya que naturalmente, uno de los tantos fines del Estado, sin lugar a dudas, conducen a la preservación y oportunidad de derechos reconocidos constitucionalmente, como lo es el Derecho a la Vivienda, reconocido por el art. 45 de nuestra Constitución.

¿Qué políticas propone el gobierno nacional de cara al próximo quinquenio para el cumplimiento de dicho fin?

A este respecto, a priori, podríamos considerar una perspectiva “liberal-privatista” en cuanto a las políticas que se desprende de la normativa presupuestaria aprobada de cara a los próximos 5 años; El gobierno nacional buscó, entre otras cosas, realizar una serie de modificaciones a efectos de incentivar la inversión privada de modo que éste contribuya a sobrepasar algunos problemas habitacionales. Esto surge a la luz de lo expuesto en la exposición de motivos de la presente ley. (véase páginas. 3, 4, 116 y 117 de la exposición de motivos).

Ahora bien, ¿Cuáles fueron los “guiños” normativos que llevó a cabo? Veamos.

Como una primera consideración a analizar de esta nueva LPN, es lo referido por su art. 460, el cual expresa un cambio sustancial respecto al régimen de Urbanización de Propiedad Horizontal (en adelante, UPH).

A ese respecto, es dable recordar, que el régimen de UPH se encuentra regulado por la ley 17.292 “Ley de urgencia. Administración pública. Fomento y mejoras del empleo”. Dicha ley fue creada en el año 2001, la cual tuvo lugar producto de una gran crisis económica y social que estaba atravesando el país, en donde el objetivo de la misma consistía en la producción y reactivación del empleo, así como también, en la producción de distintas herramientas que contribuyan con dicho fin, en este caso, la construcción de viviendas.

En este mismo sentido, el Gobierno Nacional, al igual que en el año 2001, entiende fundamental que para dar un nuevo impulso al actuar privado es necesario otorgarles a éstos ciertos respaldos normativos para que el sector privado tenga más actuación en el ámbito de la vivienda. Fue entonces, siguiendo con esta línea, que se dio un nuevo impulso al desarrollo de los “Barrios Privados”, dando nueva redacción del art. 48 de la ley 17.292.  Recordemos que antes de la ley del año 2001, el país no contaba con una legislación propia y específica, pensada y diseñada para este tipo de negocios inmobiliarios. Antes del año 2001 estos “barrios privados” eran contemplado por la ley 10.751 “Ley de propiedad horizontal”, la que carecía de regulación idónea, con la especificidad necesaria para este tipo de negocios.

Ahora bien, yendo en concreto al cambio introducido por la Ley de Presupuesto Nacional respecto al régimen de la “UPH”, consiste en la eliminación a la limitación de construcción que comprendía el régimen a quo de la ley 17.292. En efecto, es menester mencionar, que la ley 17.292 en su original redacción (año 2001) no contenía ningún tipo de restricciones, pero, en el año 2008, con una visión más “intervencionista” que “liberal”, por intermedio de las leyes 18.308 y 18.367, se establecieron ciertas restricciones al régimen de UPH dándole nueva redacción a ley 17.292. Dentro de las restricciones impuestas por las leyes del año 2008 fueron, por un lado, la prohibición de urbanizaciones en suelo de categoría rural, y, por otro lado, se prohibió que estos emprendimientos superaran el área de 10.000m2, que luego por la ley 19.670 (Ley de Rendición de Cuentas del año 2017) se amplió hasta 20.000m2. En ese sentido, el art. 460 de LPN da nueva redacción al art. 48 de la ley 17.292 eliminando la limitación referida a la superficie pasible de construcción de barrios privados, pasando ahora, a estar ilimitada.

En otro orden, también se realizaron modificaciones respecto a la posibilidad de fraccionar lotes de tierras rurales para su venta, en los cuales, según lo dispuesto por el art 279 de la ley 19.149, se establecía la prohibición de  “toda división de tierra, realizada en suelo rural, que implique crear lotes independientes menores en superficie a las cinco hectáreas cada uno o tres hectáreas para los departamentos de Montevideo y de Canelones, con las excepciones establecidas en el art. 2 inciso final de la Ley N° 10.723”. Al respecto, el artículo 459 de la LPN da nueva redacción al artículo referido y efectúa la agregación de 2 nuevas excepciones a la regla, en tanto dispone la posibilidad de lotear hasta un máximo de una hectárea, cuando: a) El fraccionamiento tenga la finalidad de saneamiento, realizadas por programas de la “Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre” y; b) Aquellas que sean aprobadas por los Gobiernos Departamentales, cuya autorización, no podrá ser otorgada si el inmueble es caracterizado como “rural natural”, o incluso, si este fraccionamiento contraviene con la planificación territorial. En definitiva, por intermedio de estas nuevas excepciones, se concede la posibilidad de poder fraccionar dichos inmuebles rurales en un máximo de una hectárea. A este respecto, como toda excepción, ha de interpretarse restrictivamente y de forma taxativa, ya que, la regla continúa siendo, la prohibición de lotear inmuebles rurales en menos de 5 hectáreas para el resto del país y 3 hectáreas para los departamentos de Montevideo y Canelones. Pero, sin perjuicio de ello, se le concede un margen de discrecionalidad, con ciertas limitantes, a cada gobierno departamental que según sus consideraciones conceda, con una suerte de “permiso” o “concesión”, la posibilidad de fraccionar lotes de inmuebles rurales hasta una hectárea; esto, de forma inexequiblemente, se ajustará a las políticas que persigan cada gobierno departamental.

En tercer término, continuando con la modificativas efectuadas por esta ley de presupuesto, traeremos a colación el art. 455 de Ley N° 19.924. Este articulo da nueva redacción al art. 43 de la Ley 17.292. La nueva redacción otorga la posibilidad a que el MVOT en coordinación con el Banco de Prevención Social pueda dar respuesta a la demanda habitacionales de jubilados y pensionistas, mediante la adquisición de unidades habitacionales en proyectos desarrollados por terceros. Inclusive, se prevé la posibilidad de adquirir por el instrumento “arriendo con opción a compra” en los términos de la reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo, ampliando el margen de oferta que eventualmente puedan llegar a tener los inversores de proyectos inmobiliarios.

En suma, considerando las modificativas comentadas, detonan una clara intención del legislador en ampliar el margen de acción del sector privado inmobiliario, a efectos de que estos puedan coadyuvar con el Estado para hacer frente a la necesidad habitacional. En dicho sentido, se pudo observar como se amplió el margen de acción para aquellos proyectos de “barrios privados” otorgándole ilimitación a su obra, con el fin de que el sector privado pueda, eventualmente, tener mayor rentabilidad, ya que podrán construir más cantidad y calidad de viviendas, corriendo una suerte de incentivo. Asimismo, con este mismo espíritu, se aprecia la modificativa dispuesta por el art. 455 de la LPN antes comentada, en donde se dispone la ampliación del “mercado” (como oferta), para el sector privado, modificando la posibilidad que el MVOT conjuntamente con el BPS puedan contratar con proyectos de terceros.

Concluyendo con la presente, y permitiéndome una valoración final al respecto, la cual es a título personal y no compromete a la firma, creo entender, que estos “guiños normativos” a los cuales hice referencia, promueven herramientas necesarias e imprescindibles para el desarrollo de mercado inmobiliario y vivienda en general, cuyo fin es sumamente congruente con lo referido en la exposición de motivos que de dicha ley. Es decir, los mismos conducen de manera inexequible a la búsqueda, persuasión y captación de inversión privada, con el fin de lograr dinamizar el mercado inmobiliario, y, de esa forma, generar más puestos de trabajo y ayudar a generar más vivienda, los cuales son derechos básicos fundamentales que el Estado debe procurar. Sin lugar a duda, hay mucho camino por recorrer, mas cuestiones a considerar, pero, estos guiños, son buenas señales para un sector económico que venía en decadencia.

Documento elaborado por Paul Laborda.

Memoria Anual de la UIAF pone al Lavado de Activos en la Agenda Pública

Hace algunas semanas la UIAF publicó su Memoria Anual, haciendo una evaluación del año 2020 y planteando las metas y planes para el presente 2021.

Las UIAF es el órgano del BCU que tiene como función recibir y analizar las comunicaciones de operaciones sospechosas; y si lo considera, pasar a la justicia la información que recaba sobre dichas operaciones. Sus funciones abarcan el análisis de las comunicaciones efectuadas tanto por parte del Sistema Financiero como del No Financiero.

Este reporte ha vuelto a poner en la Agenda Pública el tema de la Prevención de Lavado de Dinero, generando cierto debate que invita a analizar y pensar acerca de la temática.

Como antecedente al mismo podemos mencionar que, Uruguay estuvo bajo evaluación del GAFILAT en 2019, el Organismo Supranacional Latinoamericano que supervisa a los países en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo (en adelante “PLAFT”) en donde ya se había puesto de manifiesto diferencias en el estándar de cumplimiento de los obligados del Sistema Financiero frente a los que no son del sistema financiero.  En particular se observó, en esta instancia el bajo número de Reportes de Operaciones Sospechosas (“ROS”) particularmente en el sector de los sujetos obligados no financieros.-

El sistema de Prevención vigente promueve que los llamados sujetos obligados  le reporten a la UIAF los ROS o casos que llamen la atención para así esta pueda comenzar los procesos de investigación que puedan terminar en la justicia y sus eventuales procesamientos o condenas.

La Memoria Anual de la UIAF recientemente publicada viene a evidenciar los siguientes puntos:

  • 1.Efectivamente, los ROS bajaron 10% en 2020 respecto a 2019, siendo el 2o año consecutivo que bajan, ya lo habían hecho en 2019 respecto al año anterior. Una posible atribución de esta circunstancia puede deberse a la existencia de grandes escándalos de corrupción en la región que motivaron la existencia de mayores reportes. En concreto nos referimos a escándalos de corrupción como ser el de la FIFA, el Lavajato de Brasil o los Cuadernos K en Argentina, que junto al impulso que dio la aprobación de la Ley Integral de PLAFT en Uruguay, podrían explicar el crecimiento permanente de ROS hasta el año 2019.
  • 2.La Memoria de UIAF como decíamos separa al Sistema Financiero donde de hecho la cantidad de reportes fue la misma que en 2019, del Sector No Financiero donde la cantidad de reportes bajó un 54%.
  • 3.Dentro del Sistema Financiero, en realidad la estabilidad en los reportes la sostienen los Bancos, que incrementaron la cantidad de reportes siendo  que otros sectores disminuyeron los ROS presentados. En particular, el Reporte individualiza a los Intermediarios de Valores, que de tener una media un poco mayor a 20 reportes diarios hasta 2019, tuvo solo 9 en 2020. Este sector tuvo el año pasado 9 inspecciones, siendo después de los Bancos el sector que tuvo más actuaciones in situ de la UIAF. El comentario en la memoria es que la cantidad de ROS «no condice con su perfil de riesgo». Es de esperar que en 2021 se mantenga una política activa de inspecciones sobre dicho sector.
  • 4.En el Sector No Financiero las críticas que trae la Memoria son mayores. En primer lugar lo que ya mencionamos de la caída grande en cantidad de ROS, donde el número reportado en 2020 cae al nivel de 2016, siendo que en 2017 y 18 había tenido años de sostenido crecimiento. A ello debe agregarse que la Evaluación del GAFILAT como ya mencionamos, hizo hincapié no solo en una falta de entendimiento de los riesgos de LAFT en este sector sino que la cantidad de reportes ya le resultaba bajo en 2018, el año que fue evaluado. Obviamente la cantidad recibida en 2020 debería ser más preocupante a ojos del Organismo Internacional.

En cuanto a los motivos de dicha baja existen una serie de motivos que podrían estar influyendo:

  • 1.El año pasado comenzó la actual pandemia mundial provocando una baja de actividad que incluso afectó a los propios supervisores, la propia UIAF y la SENACLAFT. Ésta última es el Órgano Nacional que lleva adelante la Estrategia de País a nivel de lucha contra el LAFT y también quien supervisa al Sector no Financiero. Ambos organismos vieron afectadas las posibilidades de supervisión in situ el año pasado y eso sin dudas puede haber afectado a la hora de la cantidad de ROS realizados. Pero, aclara el informe de la UIAF, hay sectores como ser el Inmobiliario y por tanto el de Escribanos en lo que refiere a la actividad inmobiliaria, que no debería haberse visto afectados ya que la cantidad de operaciones finalmente no tuvo una baja importante respecto al año anterior. Tanto el Sector de Escribanos como el de Inmobiliarias tuvieron una cantidad de ROS incluso inferior a la que presentaron en 2016.
  • 2.El propio informe introduce como posibles causas los cambios que la LUC introdujo a la Ley Integral de PLAFT permitiendo que en operaciones realizadas a través del sistema financiero se pueda aplicar (si el análisis de riesgo lo permite), debida diligencia simplificada. Ello ha disparado en estas semanas una polémica pública entre colegas especialistas en la materia que han aparecido en los medios ya sea o ratificando esta postura, diciendo incluso que era de esperar que aconteciera, a otras voces más cautas.

En nuestra opinión, creemos que se da un mix de circunstancias, que podrían estar influyendo en forma concomitante a esta baja:

  • 1.La LUC pudo haber dado el mensaje de que si las operaciones pasan por el Sistema Financiero, el riesgo que existe es menor. En efecto, esto se establece literalmente en la modificación que se introdujo al art 17 de la Ley Integral. Sin perjuicio de lo anterior, la interpretación no debería ser concluyente dado que se deja en claro que se debe hacer análisis de riesgo y que hay factores que llevarían a debida diligencia intensificada aún realizándose vía el Sistema Financiero.
  • 2.Asimismo, entendemos relevante señalar que la UIAF a lo largo de 2019  mencionó en reuniones con Sujetos Obligados su preocupación por el carácter «defensivo» de los ROS (algo que también mencionaba el GAFILAT en su evaluación del país de 2019). Es posible que los Sujetos Obligados hayan también modificado su conducta intentando evitar ese tipo de ROS. No hay información en la Memoria respecto a la calidad de los ROS lo cual sería bueno que se incorporara en algún informe futuro.
  • 3.Durante el año 2021 se deberá efectuar una nueva Evaluación de Nacional del Riesgo, liderada por la Comisión Coordinadora contra el LAFT. Se trata de un análisis que los países deben realizar periódicamente para identificar las áreas que están sujetas a mayor riesgo de LAFT y ahí apuntar los mayores esfuerzos para minimizar los mismos. La última Evaluación fue hecha en el 2017 y los sectores identificados como de mayor riesgo fueron el Financiero, el Societario, el Inmobiliario y el de Zonas Francas. Ya han comenzado en estos días las reuniones (virtuales) de la Senaclaft, la UIAF y los distintos Sujetos Obligados No Financieros. En ellas se comenzará a gestar la Evaluación Nacional y allí será la oportunidad de los Sectores de mostrar a los Supervisores de qué forma están enfrentando las amenazas que existen o si se han controlado o mitigado los riesgos existentes. Desde BRAGARD estamos trabajando para poder colaborar con nuestros clientes en el perfeccionamiento de sus procesos y en la evaluación crítica de los resultados.
  • 4.La hipótesis de los ROS “reactivos” puede tener su sustento si se analiza el porcentaje de ROS que deriva efectivamente en la presentación de una denuncia penal por parte de la UIAF.

En efecto, si miramos las Memorias de los años resulta que:

Año 2016 2017 2018 2019 2020
ROS realizados 474 549 782 775 694
ROS enviados a Justicia 25 14 36 9 43
ROS Justicia/ROS Totales 5,2% 2,5% 4,6% 1,25% 6,2%

Hay una oscilación de año a año del porcentaje de ROS que terminan siendo enviados a la justicia pero, en definitiva, el porcentaje de ROS que termina en denuncias penales también es relativamente bajo.

En cuanto a lo que se viene en los próximos meses:

  • 1.Se está preparando una plataforma para que los Sujetos No Financieros puedan empezar a hacer los ROS en forma digital y no en forma manual como hoy en día. Este puede ser un factor que ayude a que se realicen en mayor cantidad que la actual, sin ninguna duda. El tener que presentarse en el BCU de forma física puede ser un factor de desincentivo.
  • 2.En aras de simplificar la gestión de los Sujetos Obligados,  se está evaluando que éstos puedan acceder a información que ya está en manos de la UIAF, como ser el Registro de Beneficiarios Finales de las Sociedades Comerciales.
  • 3.La Senaclaft ha confirmado estos días en reuniones con Comités formados con los Sujetos Obligados No financieros, que se están preparando tanto modificaciones en la Ley 19574 como en  el Decreto 379 que la reglamenta. Los cambios en la Ley seguramente agregaran más Sujetos Obligados a la lista actual, vinculados a la venta de autos de alta gama y embarcaciones marítimas.   En particular, en el sector Zonas Francas, se buscará una redacción alternativa al confuso artículo 76 que hace referencia a los Informes Circunstanciados. Existen dudas desde la aprobación del Decreto respecto a su correcta interpretación. También la mencionada Secretaría ha anunciado un Programa específico de Capacitaciones por área de Sujetos Obligados.

Cr. Diego Buela

Oficial de Cumplimiento 

 

Se permite ingresar vehículo a nuevos residentes

Con el objetivo de fomentar y facilitar la radicación de extranjeros en nuestro país, el Gobierno Uruguayo en éste último tiempo ha concedido ciertos beneficios, a aquellos interesados que han manifestado el ánimo de residir en el Uruguay en forma definitiva o permanente.

En ese marco, el pasado 6 de abril, se publicó un decreto que reglamenta el artículo 691 de la Ley 19.924 de fecha 18 de diciembre del pasado año (Ley de Presupuesto). El mencionado artículo, permite la introducción por una única vez, de un vehículo automotor propiedad de quien haya obtenido la residencia permanente a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, así como de los nacionales del MERCOSUR que hubiesen ingresado al Uruguay para residir en él en forma definitiva en dicho período, libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes.

El decreto busca reglamentar un procedimiento que establezca los requisitos de ingreso de los vehículos automotores y su contralor.

En tal sentido será el Ministerio de Economía y Finanzas, el organismo competente para autorizar la referida exoneración, debiendo el interesado presentar a través de la plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la documentación que se indica a continuación:

  1. Datos personales completos del interesado;
  2. Domicilio a constituir en el país el cual no podrá ser modificado por el plazo de dos años a contar desde su ingreso al país sin previa comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante “la DNM”) o al Ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante “el MRREE”) según corresponda;
  3. Solicitud expresa de ampararse al artículo 691 de la Ley 19.924 y su decreto reglamentario;
  4. Documento público o privado que acredite fehacientemente que el titular del trámite es el propietario del vehículo automotor adquirido y afectado al uso en el país de residencia con un mínimo de un año de antigüedad al momento del inicio del trámite de solicitud de residencia, debiendo constar el número de motor, chasis, padrón y demás datos identificatorios del vehículo;
  5. Constancia de residencia legal permanente en nuestro país emitida por la DNM o el MRREE según corresponda, con fecha posterior al 1 de enero 2020 y anterior al 31 de marzo 2021. En caso de que los nacionales de los países del MERCOSUR y países asociados al bloque hubieran iniciado la residencia dentro de ese período pero aún no cuenten con la residencia legal permanente, éstos deberán presentar la constancia del inicio de residencia ante el MRREE o Consulado Uruguayo respectivo y acreditar dentro del plazo prorrogable de 12 meses siguientes al inicio de dicho trámite la constancia de de residencia legal permanente; y
  6. Declaración jurada personal donde conste la decisión del interesado de radicarse definitivamente en nuestro país.

Debajo incluimos el link con la información indicada anteriormente.

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/04/mef_336.pdf

Documento elaborado por la Dra. Mercedes Nin Algorta

Derecho para empleados: 4hs para vacunarse

El miércoles 7 del corriente se aprobó el Proyecto de Ley que otorga a todos los empleados de la actividad pública y privada, que se encuentran agendados para vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 dentro de su horario de trabajo, el derecho de no concurrir a trabajar el día de la vacunación durante el período máximo de cuatro horas. Dichas horas serán abonadas como trabajadas.

El referido derecho se extiende para el caso que la vacunación requiera de dos dosis. Para que el empleado sea acreedor del referido derecho deberá comunicarle previamente a su empleador o a su superior jerárquico que concurrirá a vacunarse  y luego deberá justificar el cumplimiento de la vacunación dentro de los tres días inmediatos siguientes al que fue recibida la última dosis. Dicho beneficio también alcanza a aquellos empleados que se hubieren vacunado contra el mencionado virus en horario de trabajo antes de la aprobación de la presente ley.”

 

Dra. Mercedes Nin Algorta

Departamento Laboral

El Hidrógeno Verde da pasos firmes en Uruguay: se lanzó el proyecto piloto

La producción de hidrógeno verde es uno de los ejes centrales de la segunda etapa de la transición energética que comienza a transitar nuestro país. Durante los últimos años Uruguay ha avanzado en la descarbonización casi total de su matriz eléctrica, la cual proviene en la actualidad en un 97% de energías renovables, por lo que ahora se pretende dar un paso más y continuar con la electrificación del sector industrial y del transporte.

En este sentido, el 8 de abril se desarrolló un data room virtual, con presencia de las principales autoridades del MIEM, MEF, ANCAP y UTE, en el cual se explicó la importancia que posee el desarrollo de una economía de hidrógeno verde, considerando que la misma reduce las emisiones CO2 y ello redunda en la limitación del calentamiento global, los compromisos internacionales que ha asumido Uruguay en la materia, y los atributos que tiene nuestro país para la producción de hidrógeno verde, ya sea para consumo local o para exportación, debido a nuestra ventajas logísticas y al gran potencial existente para la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica y solar fotovoltaica combinada a bajo costo.

Lo anterior, sumado a la estabilidad económica y socio-política del país, al crecimiento del grado inversor y a la existencia de reglas de juego claras y estables, son puntos fuertes y diferenciales que permiten atraer la participación del sector privado a estas iniciativas. Con respecto a la exportación, se detallaron las conclusiones obtenidas del análisis de prefactibilidad[1] realizado por el MIEM junto al Puerto de Rotterdam, que posicionan muy bien a nuestro país para convertirse, en una segunda etapa, en un país exportador de hidrógeno.

El proyecto piloto inicial que han definido las autoridades estará focalizado en el transporte pesado (camiones y buses). La inversión, montaje de la planta, provisión de la flota vehicular, mantenimiento y ejecución estará a cargo de privados. En el caso de UTE, ofrecerá su alta disposición de energía eléctrica a una tarifa diferencial (la cual dependerá de la forma en que se requiera el consumo).

En cuanto al rol de ANCAP, se podrán utilizar las instalaciones de la planta Capurro de su propiedad, la cual presenta importantes ventajas, dado que se encuentra en una zona industrial, con buenos accesos para los vehículos y con posibilidades de expansión. Adicionalmente, podrá aportar su experiencia en el manejo de plantas industriales y el expertise desarrollado por sus contratistas.

El Estado brindará los incentivos necesarios, a través de las exoneraciones previstas en la Ley de Inversiones (COMAP) y mediante un apoyo adicional más focalizado, el cual dependerá del proyecto que presente el privado y el tipo de energía que se vaya a consumir. Este incentivo adicional se brindará a través de un fideicomiso u otra figura legal que se elegirá posteriormente, y se realizará contra el cumplimiento de condiciones mínimas, como por ej. el rendimiento de los vehículos, la entrega de informes periódicos, acceso a la planta, entre otras.

El proyecto tendrá una duración estimada de 10 años y se estima que comenzará en el segundo semestre de este año. Durante el 20 de abril hasta el 14 de mayo, el equipo técnico del MIEM tendrá reuniones con los interesados, para lo cual se requerirá de la firma de un acuerdo de confidencialidad y una carta de intención. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades fueron claras en que se encuentran abiertas a la presentación de otro tipo de iniciativas por parte del sector privado que apunten a otros usos del hidrógeno, como por ejemplo la producción de amoníaco y fertilizantes verdes.

Documento elaborado por el Dr. Francisco Rodríguez.

[1] Más información disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/noticias/Hydrogen%20-%20Uruguay%20%26%20Port%20of%20Rotterdam.pdf

Siguen los incentivos fiscales para invertir en el corto plazo

Las empresas contribuyentes del IRAE pueden acceder a importantes beneficios fiscales por realizar inversiones. Entre estos beneficios está la exoneración del Impuesto a la renta (IRAE). El mismo se establece como un porcentaje sobre el monto de la inversión, la que puede ir desde 34% hasta 100% del monto invertido.

Beneficios adicionales transitorios.

Este 31 de marzo culmina el plazo para acceder a una exoneración de IRAE incrementada. Todos los proyectos que se presenten antes de dicha fecha y cuya inversión sea ejecutada por lo menos en un 75% antes del 31 de diciembre, el beneficio que corresponda aumentará en un 20%.

Por otra parte, todas las inversiones realizadas entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 computan en un 150%, esto en la práctica implica que el beneficio para las inversiones ejecutadas en dicho período se incrementa en un 50%.

Extensión de beneficios adicionales para inversiones realizadas hasta setiembre 2021

En esta oportunidad se emitió el Decreto 94/21, que dispone que las inversiones realizadas entre el 1º de abril de 2021 y el 30 de setiembre de 2021 computarán en un 130%.

Este beneficio aplica para cualquier proyecto presentado o a presentarse a futuro, cuya inversión se ejecute efectivamente en dicho período.

Por ejemplo, si la exoneración según la matriz es del 40%, si la inversión se realiza entre abril y setiembre el beneficio para las mismas será del 52%.

Documento elaborado por la Cra. Cynthia Carballo.

 

NUEVA CIRCULAR DEL BCU: MODIFICACIONES A LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONMICOS.

Con fecha 18 de febrero de 2021, el Banco Central del Uruguay (“BCU”) emitió la Comunicación Nº 2021/033 (la “Comunicación”), aplicable a los Agentes de Valores, Empresas de Transferencia de Fondos, Fiduciarios Financieros, Fiduciarios Generales, Empresas de Transporte de Valores, Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad y Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos, sujetos a supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”), por medio de la cual se introducen modificaciones a la declaración jurada sobre conjunto económico que están obligados a presentar.

En este sentido, se recuerda que dichas instituciones deben presentar un detalle de las personas físicas y jurídicas del sector financiero y no financiero, locales o del exterior, vinculadas a ellos por pertenecer al mismo conjunto económico[1], con las cuales se verifica alguna de las siguientes condiciones:

  • es el accionista de la entidad supervisada o pertenece a la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el efectivo control inclusive;
  • es una entidad controlada por la entidad supervisada o ésta ejerce influencia significativa sobre aquélla, ya sea directa o indirectamente;
  • se mantiene una relación operativa de cualquier naturaleza, incluyendo prestación y provisión de servicios.

La Comunicación deroga la comunicación Nº 2004/205, implicando ello los siguientes cambios:

  • Obligación de Informar

La comunicación derogada disponía que “en aquellos conjuntos económicos en los que haya participación de una institución de intermediación financiera, la obligación de informar la composición del conjunto recaerá en dicha institución. En los demás casos, la obligación de informar la composición del conjunto recaerá en la empresa supervisada que posea el mayor volumen de activos”. La nueva Comunicación elimina está ultima parte, y establece que son sujetos obligados todas aquellas instituciones a quienes aplica esta Comunicación y en aquellos conjuntos económicos en los que haya participación de una Institución de Intermediación Financiera, la obligación de informar la composición del conjunto recaerá en dicha institución.

[1] Dos o más personas físicas o jurídicas, residentes o no, forman un conjunto económico cuando están interconectadas de tal forma, que existe control de una sobre la(s) otra(s) o están bajo el control común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, o tienen unidad en el centro de decisión, o pertenecen a cualquier título a una única esfera patrimonial, independientemente de la forma jurídica adoptada, haya o no vinculación en la actividad o en el objeto social de los sujetos de derecho considerados. La determinación de un conjunto económico se dará cuando la institución así lo considere al asumir el riesgo ante cualquiera de sus componentes o su existencia hubiere sido detectada e informada por el Banco Central del Uruguay. Cuando una persona física o jurídica ejerza influencia significativa sobre otra o cuando dos o más de estas personas estén bajo la influencia significativa común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, se aplicarán las mismas disposiciones que para un conjunto económico.

Por otro lado, se mantiene la obligación de informar en caso de no integrar ningún conjunto económico, informándose por la negativa.

  • Forma de Operar el Sistema

La Comunicación establece una nueva forma de comunicación, disponiendo que las entidades obligadas deben cargar la información exigida a través del Sistema de Envío Centralizado de la SSF (IDI) o a través de la línea directa con el BCU, según corresponda. El usuario debe contar previamente con la autorización del administrador de usuarios de la institución para acceder a dicho módulo y utilizar un certificado digital válido instalado en un dispositivo físico (token).

  • Modificación de la Información

La Comunicación establece la nueva obligación de presentar anualmente, al 31 de diciembre, una declaración jurada de la situación a dicha fecha, disponiendo un plazo no mayor a 30 días hábiles. La comunicación anterior, únicamente disponía la presentación de la declaración jurada por una única vez, y luego comunicar en caso de haber ocurrido algún cambio.

En este sentido, la Comunicación mantiene la obligación de comunicar cualquier modificación a la información presentada en un plazo no mayor a 30 días hábiles de producida la misma.

Por otro lado, la Comunicación agrega que la omisión y/o presentación fuera de plazo de la referida información podrá dar lugar a las sanciones que correspondan.

Con respecto a la vigencia de la Comunicación, la misma dispone que para la presentación de la primera información (carga inicial de datos en el sistema, según la situación al 28 de febrero de 2021) las instituciones obligadas dispondrán de plazo desde el 1 de marzo de 2021 y hasta el 26 de marzo de 2021.

[1] Dos o más personas físicas o jurídicas, residentes o no, forman un conjunto económico cuando están interconectadas de tal forma, que existe control de una sobre la(s) otra(s) o están bajo el control común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, o tienen unidad en el centro de decisión, o pertenecen a cualquier título a una única esfera patrimonial, independientemente de la forma jurídica adoptada, haya o no vinculación en la actividad o en el objeto social de los sujetos de derecho considerados. La determinación de un conjunto económico se dará cuando la institución así lo considere al asumir el riesgo ante cualquiera de sus componentes o su existencia hubiere sido detectada e informada por el Banco Central del Uruguay. Cuando una persona física o jurídica ejerza influencia significativa sobre otra o cuando dos o más de estas personas estén bajo la influencia significativa común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, se aplicarán las mismas disposiciones que para un conjunto económico.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk.

Beneficios fiscales: nuevos requisitos para inversiones en paneles solares

La COMAP dio a conocer el pasado 12 de febrero nuevas exigencias para poder obtener beneficios fiscales por proyectos de inversión que incluyan paneles solares.

Beneficios fiscales previos al cambio

Las inversiones en paneles solares son inversiones en energías renovables y como tales generan puntaje en los proyectos de inversión que se presenten para solicitar beneficios fiscales, tanto en el indicador de “Tecnologías limpias” como en el indicador sectorial de “Inversión en generación de energía proveniente de fuentes renovables”.

Es decir, al invertir en estos bienes se obtienen beneficios fiscales por dicha inversión. Por ejemplo, si en un proyecto de inversión cuya única inversión es en paneles solares, la exoneración de IRAE podía situarse entre 62% a 69% del total invertido, dependiendo dónde se realice dicha inversión. Si a su vez consideramos que estas inversiones se realizan y presentan antes del 31 de marzo de 2021, podría obtener una exoneración del entorno del 100%.

Cambios:

Las modificaciones introducidas recientemente por COMAP implica que los paneles solares podrán considerarse como inversión elegible en los proyectos de inversión y generar puntaje en los indicadores antes mencionados, únicamente cuando se cumplan dos requisitos:

  • Cuando los paneles solares representen como máximo el 20% del total del proyecto de inversión, y
  • En el proyecto se compute al menos 2 puntos ponderados en el indicador Generación de empleo. Por ejemplo, en un proyecto de USD 100.000 equivale a un incremento de 4 personas.

Vigencia:

Esta modificación se estableció en el Instructivo “Criterios básicos generales de funcionamiento” de COMAP y no se estableció expresamente la vigencia de la misma. Dado que la actualización del Instructivo mencionado se publicó el 12 de febrero debemos interpretar que los proyectos presentados a partir de dicha fecha tendrán que cumplir con estos nuevos requisitos.

Resumen:

En resumen, ya no podrán considerarse los paneles solares como inversiones elegibles en los proyectos de inversión, ni para el cómputo de puntos (indicadores) cuando los mismos superen el 20% del total del proyecto y cuando en el mismo no se esté comprometiendo un mínimo de incremento de empleo.

Esta modificación, toma a las empresas que están armando sus proyectos de inversión de sorpresa, en algunos casos haciendo que el proyecto planificado no obtenga beneficios con las nuevas reglas.

Debemos tener en cuenta que todos los proyectos presentados antes del 31 de marzo del 2021, pueden acceder a beneficios adicionales transitorios que son muy importantes, por lo que muchos empresarios están planificando la presentación de un proyecto en dicho período.

Documento elaborado por la Cra. Cynthia Carballo

Departamento Fiscal y Contable

Beneficios fiscales por inversiones en el agro

Las empresas que sean contribuyentes de IRAE y tengan ingresos gravados por ese impuesto, pueden acceder a importantes beneficios fiscales por las inversiones que realicen, siempre que se cumplan con determinados requisitos.

En el presente análisis se abordará el caso concreto de una empresa agropecuaria, comentando a qué beneficios pueden acceder, cuáles son las inversiones que pueden considerar y con qué deben cumplir para poder obtener los mismos.

Inversiones comprendidas en el beneficio:

Pueden considerarse todas las inversiones en bienes muebles corporales que integren el activo fijo, excepto los de casa habitación y los vehículos no utilitarios (algunos eléctricos sí).

También pueden incluirse las inversiones en obra civil (construcción de bienes inmuebles) y mejoras fijas en inmuebles.

Se considera inversión elegible los plantines y costo de implantación de árboles y arbustos frutales plurianuales. Los activos biológicos en general no pueden considerarse.

A modo de ejemplo, una empresa agropecuaria puede considerar como inversión maquinarias en general, mejoras fijas como bebederos, comederos, alambrados, piso y techo para encierro de ganado, construcción de galpones, vehículos de carga, entre otros.

Se pueden considerar las inversiones ya realizadas en el ejercicio fiscal o en los últimos 6 meses antes de presentar el proyecto, y las inversiones a realizar a futuro, con un máximo de 10 años.

Beneficios fiscales:

Los beneficios fiscales a los que pueden acceder estas empresas son los siguientes:

  • Exoneración de IRAE

Se establece un porcentaje sobre el monto de la inversión que puede descontarse como exonerado de IRAE. Esta exoneración puede ir desde 34% hasta 100% del monto invertido.

Cabe destacar que este beneficio aplica también para empresas que liquiden el IRAE de forma ficta.

En cada ejercicio, la empresa podrá descontar el menor de:

a. Beneficio otorgado por la Resolución, es decir, el porcentaje sobre la inversión comprometida que se hubiera obtenido;

b. Monto total invertido hasta el vencimiento de la presentación de la declaración jurada de IRAE;

c. 90% del IRAE del ejercicio (previo a la deducción del IMEBA y de los anticipos efectuados).

El menor IRAE implicará en algunos casos una reducción en el pago del impuesto y en otros el aumento de los créditos por IMEBA, anticipos e IVA, que la empresa podrá utilizar para el pago de BPS o eventualmente solicitar certificados de crédito de libre endoso que pueden usarse para pagar a cualquier acreedor.

  • Exoneración de Impuesto al Patrimonio de las inversiones efectuadas, por toda la vida útil para los bienes muebles y por 8 o 10 años para las inversiones en obra civil en Montevideo y en el Interior respectivamente.
  • Devolución del IVA por las compras en plaza de materiales y servicios de la obra civil y de los bienes muebles incluidos en el proyecto.
  • Exoneración de los tributos que gravan la importación a todos los bienes del proyecto que sean declarados no competitivos con la industria nacional.

¿Qué hay que hacer para obtener dichos beneficios?:

La empresa que solicita los beneficios fiscales debe comprometerse en el cumplimiento de algunos de los indicadores establecidos, en función de los mismos, obtendrá determinado porcentaje de exoneración de IRAE y plazo para utilizarlo.

Los indicadores son los siguientes:

  • Generación de empleo,
  • Aumento exportaciones,
  • Descentralización (alcanza a todos los proyectos),
  • Tecnologías limpias,
  • Investigación, Desarrollo e Innovación,
  • Para proyecto agropecuarios se puede optar entre los siguientes indicadores sectoriales:
  • Inversiones en adaptación al cambio climático (riego, bebederos, alambrados, terrazas, entre otros).
  • Certificaciones de calidad,
  • Encalado de suelos,
  • Contribución a las exportaciones,
  • Inversiones en energías renovables.

Beneficios adicionales transitorios:

Todos los proyectos que se presenten antes del 31 de marzo de este año, y cuya inversión sea ejecutada por lo menos en un 75% antes del 31 de diciembre, el beneficio que corresponda aumentará en un 20%.

Por otra parte, todas las inversiones realizadas entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 computará en un 150%, esto en la práctica implica que el beneficio para las inversiones ejecutadas en dicho período se incrementa en un 50%.

Estos beneficios pueden acumularse, por lo tanto, si una empresa presenta un proyecto y además invierte antes del 31 de marzo, obtendrá ambos beneficios adicionales. Por ejemplo, si la exoneración según la matriz es del 40%, por la aplicación de estos dos beneficios adicionales pasará a ser del 72%, por el hecho de realizar la inversión en el corto plazo.

Ejemplo:

Una empresa agropecuaria, ubicada en el departamento de Tacuarembó, invirtió USD 200.000 en enero 2021. Las inversiones realizadas fuero en maquinarias y mejoras en el campo, entre las que se encuentran bebederos y una represa por un total de USD 40.000. Para su proyecto de inversión el productor no asume más compromisos que invertir en esos bienes.

Según la matriz de indicadores se obtendría una exoneración del 51%. Sin embargo, al presentar el proyecto y realizar la inversión antes del 31 de marzo de 2021 le corresponden los dos beneficios adicionales transitorios, que hacen que el beneficio real ascienda a USD 184.000, lo que representa un 92% de la inversión.

 

Beneficios USD
Inversión 200.000
Exoneración de IRAE (*) 184.000
% de exoneración sobre total de inversión 92%
Plazo para utilizar el beneficio 8 años

Por lo tanto, además de los indicadores incide en el beneficio cuándo se realiza la inversión. A continuación exponemos un cuadro resumen, considerando las cifras del ejemplo y exponiendo cuánto sería la exoneración según cuándo sean ejecutadas las inversiones.

Exoneración de IRAE según cuándo se realice la inversión %
Antes del 31/03/21 (*) 92%
Entre el 31/03/21 y el 31/12/21 (*) 61%
Luego del 31/12/2021 51%

 

(*) siempre que se presente el proyecto antes del 31 de marzo de 2021.

Resumen:

Es importante que las empresas evalúen la opción de solicitar beneficios por proyectos de inversión, dada la importancia de los mismos. Debe tenerse en cuenta que se han creado recientemente nuevos indicadores y opciones para poder solicitar los beneficios.

Documento elaborado por Cynthia Carballo.

NUEVO REGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN GARANTÍA.

La Ley de Urgente Consideración (en adelante LUC), ley N.º 19.889, ha introducido al ordenamiento uruguayo un nuevo régimen de arrendaticio, diverso al establecido por el Decreto-Ley N.º 14.219 (régimen estatutario) y el régimen de libre contratación expresado en el Código Civil.

Este nuevo régimen de arrendamiento tiene como característica fundamental, la ausencia de garantía, y, en contrapartida, se estipulan plazos de desalojo más acotados con respecto al régimen estatuario y de libre contratación, con el fin de que aquellas personas que no cuentan con garantía, puedan de igual modo, arrendar un inmueble con una finalidad habitacional.

En dicho sentido, este nuevo régimen, se aplica a los inmuebles que, sin importar su lugar de ubicación, cumplan en forma conjunta con los siguientes requisitos: a) Destino casa habitación, b) ausencia de garantía, c) contrato por escrito, d) expresar en el contrato, plazo, precio, y la voluntad de ambas partes de someterse al régimen establecido por la ley 19.889. (Art. 444 de la LUC)

Asimismo, es dable mencionar, que las partes tendrán libertad de pactar el plazo que ellos consideren, con el límite máximo de 15 años establecido en el código civil (art. 445). A su vez, respecto al precio del arriendo, el mismo podrá ser tanto en moneda nacional, extranjera, unidades indexadas, o incluso efectivo, teniendo en cuenta que el art. 224 de la LUC derogó el art 39 de la ley 19.210 que comprendía la obligación de que el pago del arriendo debía realizarse por intermedio de alguna entidad de intermediación financiera.

Por otro lado, también se prevé la posibilidad de inscribir dicho contrato, y en tal caso, este efectuará oponibilidad respecto a terceros, en el supuesto de que se venda el inmueble. Lo que se deduce que el eventual comprador, deberá respetar el plazo acordado en el contrato inscripto, es decir, no se aplicaría la cláusula de reserva que generalmente se pacta a favor del arrendador. (Art. 446)

En otro orden, se modifican los plazos de desalojo tanto para los buenos como malos pagadores, con respectos a los regímenes existentes previo a la LUC. En ese sentido, se reduce el plazo de desalojo por buenos pagadores, de un año o seis meses (según se encuentren en el régimen legal o libre contratación) a 30 días (art. 453), y con respecto a los malos pagadores, se reduce de 20 a 6 días (art.462). Asimismo, se considera que la mora de arrendatario se efectiviza al tercer día hábil contando luego de la intimación, teniendo en cuenta que en los regímenes anteriores, se prevé que para que la constitución de mora se efectivice se obtendrá al termino de los diez días posteriores de la intimación (según dispone el art. 55 Dec-ley 14.219). Además, en el nuevo régimen, se prevé que la intimación de pago se pueda realizar por intermedio de telegrama colacionado, por oposición a los regímenes precedentes, que debían realizarse por vía judicial.

Finalmente, con respecto a la etapa de lanzamiento, también se prevé reducciones en cuanto a los plazos. En efecto, sin perjuicio de que se mantiene el plazo de quince días para los buenos pagadores, no es así para los malos pagadores, los cuales tendrán un plazo de cinco días para hacer efectivo el lanzamiento. A su vez, respecto a la posibilidad de prórroga de dicho lanzamiento, se establece que el mismo debe solicitarse con dos días  de anticipación de la fecha del lanzamiento (condición que no es necesario para los otros regímenes arrendaticios), y, en cuanto a los plazos de dicha prorroga, se establecen para los buenos pagadores, una prórroga de siete días (art. 457), y cinco para los malos pagadores (art. 466), que diferencia de los regímenes precedentes estos podrían llegar alcanzar un prorroga de hasta de sesenta días.

Concluyendo con la presente, creo es menester mencionar, que la misma constituye a una nueva forma de arrendamiento, con la cual no deroga los regímenes anteriores, sino que, simplemente, se propicia la agregación de un nuevo régimen arrendaticio al servicio de la ciudadanía, la cual podrá, de acuerdo a sus conveniencias, contratar o no bajo dicho régimen.

Documento elaborado por Paul Laborda.