Adelanto de goce de licencia reglamentaria

En el día de la fecha, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resolvió adelantar el goce de la licencia reglamentaria a generarse en el año en curso, siempre que la misma se encuentre motivada en la situación de emergencia sanitaria por la que se encuentra atravesando el país.

En adjunto encontrarán la Resolución No. 55/2020 que contempla lo indicado más arriba.

El acuerdo de adelanto de la licencia deberá contar con el consentimiento de ambas partes y documentarse por escrito. Posteriormente dicho acuerdo deberá ser presentado ante la Inspección General del Trabajo para que el referido organismo tome conocimiento.

El adelanto podrá ser de toda la licencia (veinte días o más dependiendo de la antigüedad del empleado) o de una fracción de la misma, la que no podrá ser inferior a los diez días. Como incentivo para acordar estos regímenes, el empleador podrá no computar los días sábados para medir la extensión de los mismos.

En cuanto a la oportunidad de pago, la licencia y salario vacacional deberán abonarse en las oportunidades que establece la normativa vigente. En tal sentido, para aquellos empleados mensuales los días de licencia podrán ser abonados con la liquidación del sueldo mensual y en el caso de los empleados jornaleros la licencia debe ser abonada en el momento que salen de vacaciones. En ambos casos el salario vacacional deberá ser abonado al inicio de la licencia.

Dra. Mercedes Nin Algorta

Departamento Laboral

Comunicación Coronavirus COVID – 19

Estimados Clientes

Por motivos de seguridad sanitaria resolvimos seguir las recomendaciones impartidas por las autoridades gubernamentales, comenzando a trabajar desde el día de la fecha en forma remota.

Nuestra firma cuenta con las herramientas necesarias para poder cumplir con las exigencias de nuestra actividad, sin menoscabar la calidad o tiempos de respuesta por parte de nuestro equipo.

Las reuniones se realizarán a través de videoconferencias y nuestros profesionales continuarán en contacto permanente con ustedes a través de su teléfono y mail.

En caso de considerarlo necesario, también nos pueden contactar a través de la siguiente dirección de mail contacto@bragard.com.uy y nuestros números de teléfono habituales.

Saludos cordiales,

Incorporamos un nuevo servicio: AUDITORÍA

Entrevista en Revista Noticias Argentina

Novedades y obligaciones en materia laboral, que deben ser consideradas para este año 2020

Aumento del Salario Mínimo Nacional

Por Decreto Nº 156/019 se fijó el Salario Nominal Mínimo a partir del 1 de enero del 2020 en la suma de $ 16.300, con ello el jornal mínimo – el equivalente resultante en dividir dicho monto entre 25 – y el valor mínimo de la hora trabajada – el equivalente resultante de dividir el salario fijado entre 200.

Contralor de la obligación de voto en las elecciones nacionales para el pago de salarios

De acuerdo a la Circular Nº 10.698 expedida por la Corte Electoral el 5 de diciembre del 2019, se resuelve unificar el plazo para efectuar el control de la obligación de voto. A partir del 23 de marzo del 2020 y durante los 120 días siguientes, se deberá efectuar el control del voto correspondiente a las elecciones nacionales del 27 de octubre de 2019 y del 24 de noviembre de 2019.

De acuerdo al Artículo 11 de la Ley Nº 16.067, los trabajadores de la actividad privada que no demuestren la constancia de voto o el pago de la multa, en cualquiera de las instancias obligatorias de voto, no podrán percibir sus salarios.

Según lo que dispone el Artículo 14 de la misma Ley, los escribanos públicos, los funcionarios públicos y los empleados de la actividad privada que no realicen los contralores, serán pasibles de las siguientes sanciones:

  1. Multa del 10% del sueldo nominal, si se trata de funcionarios de la actividad privada. En caso de reincidencia, se duplicará la multa.
  2. Multa equivalente al importe de tres Unidades Reajustables, cuando el omiso fuere escribano público. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa y con seis meses de suspensión en el ejercicio de la función.
  3. Multa equivalente a un 20% del sueldo nominal, si se trata de funcionario público. La reincidencia se sanciona con el doble de la multa.

Contratación de Personas con Discapacidad

La Ley N° 19.691 y el Decreto N° 73/019 impusieron a las empresas privadas la obligación de contratar personas con discapacidad en forma gradual, dicho porcentaje varía según la cantidad de empleados que tenga la empresa.

A partir del 18 de noviembre de 2019 y hasta el 17 de noviembre de 2020 inclusive, las empresas que tengan entre 25 y 50 empleados deberán contratar personas con discapacidad en el 1,5% de los nuevos ingresos que realicen, las que tengan entre 50 y 150 empleados en el 2%, aquellas que tengan entre 150 y 500 empleados en el 3% y en las empresas con más de 500 empleados deberá ser del 4%.

A partir del 18 de noviembre del 2020 y hasta el 17 de noviembre del 2021 inclusive, los porcentajes se incrementarán a: empresas que tengan entre 25 y 50 empleados deberán contratar personas con discapacidad en el 2% de los nuevos ingresos que realicen, las que tengan entre 50 y 150 empleados en el 3%, aquellas que tengan entre 150 y 500 empleados en el 3.5% y en las empresas con más de 500 empleados seguirá siendo del 4%.

En los siguientes años el porcentaje será del 4% en todos los casos.

Modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera en lo que respecta al régimen de las prestaciones de alimentación electrónicas

La Ley N° 19.732, que modifica el artículo 167 de la Ley N° 16.713, estableció un tope para que las partidas de alimentación cuyo pago efectivo asume el empleador estén exentas, disponiendo un máximo de 100 UI a partir del 1° de enero de 2020 – aproximadamente $ 440.

Por Talía Kremer

Departamento Contable

 

WhatsApp: su valor jurídico como carta de renuncia

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo (TAT) de 2º Turno revocó una sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Young de 2º Turno que había desestimado la validez de la renuncia de una trabajadora a través de un mensaje de WhatsApp. De esta manera el Tribunal dictó un fallo en contra de lo que venía siendo hasta hoy la posición mayoritaria de la jurisprudencia en los últimos años. En efecto, hasta el momento no se tomaba como suficiente para acreditar el acto de renuncia, mensajes de WhatsApp o a través de otras plataformas, requiriendo siempre otros medios de prueba que puedan otorgar certeza a la existencia de este acto que lleva a la terminación de la relación laboral por parte de la voluntad del trabajador.

Uno de los grandes desafíos en la actualidad de nuestros tribunales es la forma de conciliar nuestra legislación procesal en materia probatoria con la existencia de nuevos medios de comunicación. El curso acelerado que ha tenido el desarrollo de la tecnología de la comunicación en especial con la aparición de los smartphones ha llevado a que cada vez más nuestras vidas y relaciones giren en torno a dichos dispositivos. Nuestras comunicaciones e interacciones se dan prácticamente por entero a través de aplicaciones como WhatsApp, lo que ha desencadenado como una consecuencia natural el hecho de que mensajes que se envían a través de esta plataforma sean presentados ante nuestros tribunales como una fuente de prueba.

En una actitud bastante atinada el legislador en nuestro Código General del Proceso reglamentó los medios de prueba con la suficiente amplitud para la inclusión, sin ningún problema, de la prueba que se generara a través de medios de comunicación que al momento de la elaboración del Código en el año 1988 eran totalmente impensados.

Sin embargo, el tema de los nuevos medios de comunicación no solo tiene trascendencia para el Derecho en lo que es el tema de la prueba, sino que en todo el Derecho los medios tecnológicos nos desafían a repensar la forma en que concebimos institutos y actos jurídicos de todos los días como contratos, títulos valores, despidos, renuncias, etc., y ver el impacto que las nuevas formas de comunicación tienen en los mismos.

El caso que se llevó en primera instancia al Juzgado Letrado de 1er Instancia de Young de 2º y en segunda instancia al TAT de 2º Turno se enmarcaba en el fin de una relación laboral donde una ex Trabajadora reclamaba a su ex Empleador diferentes rubros entre ellos salario, licencia, salario vacacional y despido. Contestada la demanda el ex Empleador controvertía la existencia de un despido entendiendo que existió una renuncia y los montos de la liquidación practicada por la actora. Amparándose parcialmente en la demanda el tribunal en primera Instancia condenó al demandado al pago de estos rubros y este presentó recurso de apelación fundamentando su agravio en que el tribunal de primera instancia no entendió que existió una renuncia por lo cual condenó al pago de despido entendiendo que esta fue la causa que extinguió la relación laboral.

La renuncia, uno de los puntos principales de la contienda, se había dado al entender del ex Empleador a través de un mensaje de WhatsApp en el que la trabajadora comunica a su ex Empleador “…quería avisarle que no voy a poder seguir trabajando porque se complica con los nenes”. Al contestar la demanda la parte demandada agregó estos mensajes a través de un acta de constatación hecha por Escribano Público en la que no se hizo constar el número de abonado. Sin embargo, en la declaración de parte practicada en audiencia la actora ratifica el envió de esos WhatsApp, por lo cual la falta de identificación del número resulta, según entendió el TAT de 2ºTurno, irrelevante. De esta manera se tuvo por probado que los mensajes de WhatsApp habían salido de la ex Trabajadora.

El siguiente punto que tuvo por analizar el tribunal es si estos mensajes de WhatsApp (cuya procedencia se entendía probada) constituían una carta de renuncia.

La renuncia es uno de los mecanismos de terminación de la relación laboral, como enseña nuestra doctrina a través de Plá Rodríguez. La posibilidad de renunciar es una consecuencia del carácter personalísimo del contrato de trabajo, que lleva a requerir indispensablemente la conformidad del trabajador y, por tanto a determinar el cese de la relación de trabajo si falta la voluntad del trabajador  pero que dada la excepcionalidad de esta medida, ella no puede presumirse y, por el contrario, debe ser examinada con especial cuidado[1].

El análisis que conlleva la prueba de la existencia de este acto busca constatar que en todo momento la voluntad de egreso de la relación de trabajo perteneció por entero al trabajador, se debe constatar y tener especial cuidado en averiguar que la voluntad del trabajador de renunciar fue en todo momento libre, espontáneo y que la única voluntad actuante fue la del trabajador, sino no hay renuncia tenemos un despido. Todo esto por la importancia que el trabajo tiene como fuente de ingresos para el trabajador lo que justifica la tutela que el derecho laboral hace de esta parte de la relación laboral.

Es importante tener en cuenta que en nuestro Derecho laboral no existen requisitos de solemnidad con respecto al acto de la renuncia sin embargo del mismo tiene que surgir la existencia de una manifestación expresa de voluntad[2]. La inexistencia de requisitos de solemnidad hace que la constatación sobre la existencia del acto de renuncia se transforme en un tema meramente probatorio de poder constatar de manera satisfactoria la existencia de esta voluntad inequívoca y libre de todo vicio del trabajador de querer egresar de la relación de trabajo, voluntad que a partir del precedente que sienta este fallo del TAT de 2º Turno vemos que puede quedar probada a través de mensajes enviados por WhatsApp.

[1] Plá Rodríguez, Curso de derecho del Trabajo Tomo II, Volumen I Pag 245-246.

[2] Plá Rodríguez, Curso de derecho del Trabajo Tomo II, Volumen I Pag 246.

Martín Gamarra

Departamento de Litigios & Arbitraje.

NOVEDADES IMPOSITIVAS

Comunicamos dos anuncios relevantes en materia fiscal.

  1. Posibles flexibilizaciones en la residencia legal y en materia fiscal tendientes a atraer capitales extranjeros al país.

De acuerdo a declaraciones del presidente electo, el Dr. Luis Lacalle Pou, realizadas el pasado 4 de enero del presente año se esperan flexibilizaciones en materia legal y fiscal a los efectos de fomentar el ingreso de residentes y capitales extranjeros al país. Específicamente, el presidente electo mencionó que su objetivo durante los 5 años del próximo período de gobierno será que 100.000 argentinos se muden a Uruguay y puedan traer sus capitales consigo.

Adelantó que, a tales efectos, cambiará normas del Banco Central vinculadas al ingreso de capitales extranjeros al país.

Lo anterior se da en un contexto en el cual el reciente gobierno argentino está aumentando la presión tributaria para los sectores de mayores ingresos. Prueba de lo anterior es la creación en el pasado mes de diciembre del impuesto “PAIS” que determina la aplicación de un recargo del 30% para las compras de moneda extranjera y consumos fuera de la República Argentina.

  1. BRAGARD comunica resolución de DGI sobre jurisdicciones consideradas BONT

La DGI emite la primera resolución del 2020 el 3 de enero del presente año referida a jurisdicciones BONT. La Resolución 1/020, establece cuáles serán las 40 jurisdicciones, países y/o regímenes especiales nominados de baja o nula tributación (BONT), que se deben considerar para las liquidaciones fiscales a partir del 1/1/20.

Es importante destacar además que, en virtud de los últimos cambios normativos publicados, se ha unificado el tratamiento relacionado con estas jurisdicciones para todos los impuestos directos, es decir: IRPF, IRNR, IRAE e IP.

Mediante el siguiente link podrán acceder a la referida resolución: https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones-dgi/1-2020?tipoServicio=11

Quedamos a las órdenes por cualquier consulta.

Dra. Florencia Otero

Departamento Financiero BRAGARD.

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEY N° 19.820

PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA LEY N° 19.820 POR SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 399/2019

El pasado 23 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto 399/2019, Reglamentario a la Ley N°19.820 en su título II – Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). A continuación, se analizan los aspectos más importantes del mismo.

CONSTITUCIÓN SAS

Tal como expone la Ley, su constitución podrá ser realizada por vía web, para ello en el Decreto 399/2019 el Poder Ejecutivo designa a la AGESIC como la entidad responsable de llevar a cabo el “Proyecto SAS”, entendiéndose por el mismo a aquel que implementa la plataforma tecnológica para los tramites de constitución y registro digital de las SAS. 

Tal como lo determina la Ley, dicha plataforma deberá contar con los medios digitales necesarios para que los accionistas proporcionen sus datos generales y seleccionen las cláusulas que contendrán los estatutos de la sociedad. Para llevar a cabo lo antedicho, se les requerirá firma electrónica o cualquier otro medio idóneo para determinar su identidad. De esta manera, se prevé que el trámite pueda realizarse completamente vía web, debiendo en este caso, ser remitido al Registro Público para su inscripción en el plazo de 24 horas, todo ello en formato digital. 

Sin perjuicio de ello, y en tanto la mencionada plataforma aún no se encuentre en funcionamiento, el Decreto establece un Proceso Transitorio de Constitución que permite realizar el trámite de constitución de las SAS ante el Registro de Personas Jurídicas – Sección Registro Nacional de Comercio (“RNC”) quien será el encargado de:

  • Realizar el control de Homonimia (a efectos de que la denominación de la SAS que se está constituyendo no coincida con el nombre de otra Sociedad ya existente)
  • Calificar los Estatutos para lo cual, en caso de que se empleen los modelos de contratos que ponga a disposición la Dirección General de Registro (“DGR”) a través de su página web, contará el Registro con un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Según lo que establece la Ley, se permite la más amplia autonomía contractual en la redacción del contrato social o estatuto, sin perjuicio de ello, en el Decreto Reglamentario se establece que la DGR pondrá a disposición modelos de Contratos que podrán ser empleados de forma facultativa por los interesados. A pesar de que el uso de estos modelos sea facultativo, su uso garantiza la calificación registral en el mencionado plazo. 

  • Una vez culminadas las observaciones que de dicho trámite puedan sobrevenir, el RNC pondrá a disposición de la DGI las denominaciones de las SAS a efectos de que la misma realice la inscripción en el Registro Único Tributario de la DGI.

 

APORTES Y CAPITAL

Tal como expone la Ley, el capital, podrá estar representado por acciones nominativas o escriturales, pudiendo preverse distintas clases de acciones. Los accionistas no serán responsables por las obligaciones sociales, más allá de sus respectivos aportes, al igual en las actuales Sociedades Anónimas. Dicho capital deberá ser fijado de forma precisa en los estatutos; aunque la ley prevé como novedad – para adaptar los procesos de captación de recursos – la posibilidad que la propia administración efectúe aumentos de capital contractual. 

Establece el Decreto que, en caso de aumento de capital social, no se exigirán las suscripciones e integraciones previstas en el artículo 15 de la Ley 19.820 para los aportes dinerarios, la integración mínima del 10% al momento de la constitución y el restante en plazo de 2 años, para el caso de los aportes no dinerarios, la integración del 100% al momento de la constitución. 

Para el caso de los aportes que se efectúen a cuenta de futuras integraciones, de acuerdo al Decreto 399/2019, el mismo conformará el patrimonio de la sociedad y deberá de documentarse indicando: 

  1. Datos identificatorios de los aportantes.
  2. Indicación de calidad de tercero, accionista de la sociedad, o de su controlada.
  3. Características y monto del aporte, individualizándolo de conformidad a la Ley 16.060.
  4. El plazo de capitalización – en concordancia con la Ley – no podrá ser superior a 2 años, disponiéndose que en caso de vencimiento de dicho plazo sin que los aportes se hayan capitalizado o aceptado por la Asamblea (o quien haga sus veces), se consideraran un pasivo social. 

 

TRANSFORMACIÓN DE UNIPERSONALES EN SAS

Para la transformación de unipersonales en SAS, el Decreto dispone que será necesario que el titular de la empresa unipersonal sea el único accionista de la nueva sociedad al momento de la conversión y que la misma se encuentre registrada como tal ante los organismos recaudadores. 

Asimismo, se establece el procedimiento que se deberá realizar para efectuar dicha transformación, al respecto se dispone que la resolución que opta por dicha conversión deberá de ser adoptada por el titular de la empresa unipersonal debiendo documentarse a través de una declaratoria en escritura pública o en documento privado con firma certificada. 

Se reglamenta también la forma en que deberá realizarse el inventario de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la unipersonal y son objeto de la transferencia; los cuales deberán de ser protocolizados ante un Escribano Publico debiendo presentarse conjuntamente con el estatuto social al momento de la inscripción en el RNC. Se exige que los bienes que sean objeto de la transferencia se encuentren afectados integra y exclusivamente al giro de la empresa unipersonal y en caso de que dichos bienes comprendan derechos registrables, la enajenación de estos se inscribirá en el Registro respectivo. 

En relación a los aspectos tributarios que implica dicha transformación nos remitimos a lo que se menciona a continuación. 

 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO

El nuevo Decreto 399/2019 modifica normas impositivas de la Ley N°18.083 y reglamenta a las SAS como contribuyentes de IRAE, IVA e IP.

  • Conversión de empresas unipersonales a SAS

En línea con la Ley N°19.820, el Decreto 399/2019 prevé un beneficio tributario para las sociedades unipersonales que se transfieran a SAS en un plazo de un año a contar desde el 1 de enero del 2020.  

La Ley N°19.820 establece la posibilidad de convertir una sociedad unipersonal en una SAS sin que se le apliquen las normas tributarias en relación a la enajenación de establecimientos comerciales. Se establecen exoneraciones fiscales en IRAE, ITP e IVA para las conversiones que se realicen dentro del periodo de doce meses desde la vigencia de la Ley.

El Decreto agrega, en la transformación prevista en párrafo anterior podrán optar por no computar el valor llave que corresponda, siempre que estas conversiones no tengan propósito de producir resultado económico.

Se define que una empresa no tiene propósito de producir resultado económico en la conversión, siempre que no se realicen transferencias de acciones durante un periodo no menor a dos años desde la fecha del contrato. No se considera que se realicen transferencias de acciones para este caso cuando las mismas se originen por el modo de sucesión o disolución de condominio conyugal.

En caso de que se incumpla con la condición antedicha, se deberán abonar los impuestos correspondientes, actualizados por la evolución de la unidad indexada, entre la fecha de la conversión y el incumplimiento.

 

La conversión de una empresa unipersonal por la que se realice la transferencia total del giro, implicará la clausura de dicha sociedad. 

  • Régimen de aportación tributaria

La Ley Nº 19.820, establece que las SAS tendrán el mismo tratamiento tributario que las sociedades personales, incluso para el caso de la distribución de utilidades.

Sin embargo, en caso de enajenación de las acciones deberá aplicarse el tratamiento previsto para las sociedades anónimas. 

El Decreto 399/2019 no hace mención al respecto, por lo que nos atenemos a lo establecido en la ley.

 

COMUNICACIONES A LA AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN

De acuerdo al presente Decreto, las SAS estarán obligadas a comunicar ante la Auditoria Interna de la Nación (“AIN”) los siguientes aspectos:

  1. Integraciones de capital efectuados por nuevos aportes.
  2. Reducciones de capital integrado.
  3. Rescate o amortizaciones de acciones.
  4. Reintegro de Capital.
  5. Supuestos en que se genere derecho de receso. 

 

Asimismo, deberán de comunicar anualmente, dentro del plazo de 180 días corridos a partir del día siguiente a la fecha de cierre del ejercicio económico, las modificaciones de capital integrado y el cumplimiento de la Ley N° 19.484. La AIN establecerá la forma y condiciones en que se deberán de realizar dichas comunicaciones.

La Ley 19.820 estableció que las SAS deberían presentar ante el órgano de control competente los Estados Financieros cuando los ingresos del ejercicio superen UI 37.500.000. Asimismo, de no quedar comprendidas en el párrafo anterior, su presentación quedará sujeta a lo que establezca la reglamentación.

Por su parte, el Decreto 399/2019 establece que las SAS estarán obligadas a presentar los Estados Financieros ante la Auditoria Interna de la Nación (“AIN”) en las mismas condiciones establecidas para las sociedades comerciales. 

En virtud de lo antes mencionado, podrían existir situaciones de controversia sobre la obligatoriedad de presentar los Estados Financieros ante AIN, considerando exclusivamente el volumen de ingresos. En nuestra opinión, a este respecto, las SAS deberán atenerse a la normativa establecida para las sociedades comerciales.

 

OTROS CONTROLES

En línea con lo que dispone la Ley, el Decreto 399/2019 establece que, en los casos en que las sociedades reciban ingresos por un valor superior a UI 4.000.000 al cierre de cada ejercicio anual o si devinieren titulares de activos situados en el territorio nacional por un valor superior a UI 2.500.000, la SENACLAFT podrá establecer requisitos adicionales de información en función de los análisis de riesgo que realice. 

 

Quedamos a las órdenes por cualquier duda o consulta sobre los aspectos mencionados.

Felices Fiestas!

Women’s Empowerment Principles

As a firm we are committed to the fight for gender equality, with 68% of our staff being women who benefit from labor flexibility when it comes to matters of maternity leave and academic leave. Furthermore, we have created a pro bono project called “Bolsa M”, a platform for women/mothers seeking flexible jobs to get in touch with companies and firms who provide such type of work.

As a result of our commitment to the cause, BRAGARD has signed the CEO Statement of Support for the Women’s Empowerment Principles (WEPs). The WEPs are the result of a collaboration between the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and the United Nations Global Compact (UNGC) to create a platform and framework of action for companies to promote gender equality and to signal their support for the overall goal of advancing and empowering women.

We commit ourselves to support the following principles:

Principle 1: Establish high-level corporate leadership for gender equality.

Principle 2: Treat all women and men fairly at work – respect and support human rights and nondiscrimination.

Principle 3: Ensure the health, safety and well-being of all women and men workers.

Principle 4: Promote education, training and professional development for women.

Principle 5: Implement enterprise development, supply chain and marketing practices that empower women.

Principle 6: Promote equality through community initiatives and advocacy.

Principle 7: Measure and publicly report on progress to achieve gender equality.