NUEVA CIRCULAR DEL BCU: MODIFICACIONES A LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONMICOS.

Con fecha 18 de febrero de 2021, el Banco Central del Uruguay (“BCU”) emitió la Comunicación Nº 2021/033 (la “Comunicación”), aplicable a los Agentes de Valores, Empresas de Transferencia de Fondos, Fiduciarios Financieros, Fiduciarios Generales, Empresas de Transporte de Valores, Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad y Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos, sujetos a supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”), por medio de la cual se introducen modificaciones a la declaración jurada sobre conjunto económico que están obligados a presentar.

En este sentido, se recuerda que dichas instituciones deben presentar un detalle de las personas físicas y jurídicas del sector financiero y no financiero, locales o del exterior, vinculadas a ellos por pertenecer al mismo conjunto económico[1], con las cuales se verifica alguna de las siguientes condiciones:

  • es el accionista de la entidad supervisada o pertenece a la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el efectivo control inclusive;
  • es una entidad controlada por la entidad supervisada o ésta ejerce influencia significativa sobre aquélla, ya sea directa o indirectamente;
  • se mantiene una relación operativa de cualquier naturaleza, incluyendo prestación y provisión de servicios.

La Comunicación deroga la comunicación Nº 2004/205, implicando ello los siguientes cambios:

  • Obligación de Informar

La comunicación derogada disponía que “en aquellos conjuntos económicos en los que haya participación de una institución de intermediación financiera, la obligación de informar la composición del conjunto recaerá en dicha institución. En los demás casos, la obligación de informar la composición del conjunto recaerá en la empresa supervisada que posea el mayor volumen de activos”. La nueva Comunicación elimina está ultima parte, y establece que son sujetos obligados todas aquellas instituciones a quienes aplica esta Comunicación y en aquellos conjuntos económicos en los que haya participación de una Institución de Intermediación Financiera, la obligación de informar la composición del conjunto recaerá en dicha institución.

[1] Dos o más personas físicas o jurídicas, residentes o no, forman un conjunto económico cuando están interconectadas de tal forma, que existe control de una sobre la(s) otra(s) o están bajo el control común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, o tienen unidad en el centro de decisión, o pertenecen a cualquier título a una única esfera patrimonial, independientemente de la forma jurídica adoptada, haya o no vinculación en la actividad o en el objeto social de los sujetos de derecho considerados. La determinación de un conjunto económico se dará cuando la institución así lo considere al asumir el riesgo ante cualquiera de sus componentes o su existencia hubiere sido detectada e informada por el Banco Central del Uruguay. Cuando una persona física o jurídica ejerza influencia significativa sobre otra o cuando dos o más de estas personas estén bajo la influencia significativa común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, se aplicarán las mismas disposiciones que para un conjunto económico.

Por otro lado, se mantiene la obligación de informar en caso de no integrar ningún conjunto económico, informándose por la negativa.

  • Forma de Operar el Sistema

La Comunicación establece una nueva forma de comunicación, disponiendo que las entidades obligadas deben cargar la información exigida a través del Sistema de Envío Centralizado de la SSF (IDI) o a través de la línea directa con el BCU, según corresponda. El usuario debe contar previamente con la autorización del administrador de usuarios de la institución para acceder a dicho módulo y utilizar un certificado digital válido instalado en un dispositivo físico (token).

  • Modificación de la Información

La Comunicación establece la nueva obligación de presentar anualmente, al 31 de diciembre, una declaración jurada de la situación a dicha fecha, disponiendo un plazo no mayor a 30 días hábiles. La comunicación anterior, únicamente disponía la presentación de la declaración jurada por una única vez, y luego comunicar en caso de haber ocurrido algún cambio.

En este sentido, la Comunicación mantiene la obligación de comunicar cualquier modificación a la información presentada en un plazo no mayor a 30 días hábiles de producida la misma.

Por otro lado, la Comunicación agrega que la omisión y/o presentación fuera de plazo de la referida información podrá dar lugar a las sanciones que correspondan.

Con respecto a la vigencia de la Comunicación, la misma dispone que para la presentación de la primera información (carga inicial de datos en el sistema, según la situación al 28 de febrero de 2021) las instituciones obligadas dispondrán de plazo desde el 1 de marzo de 2021 y hasta el 26 de marzo de 2021.

[1] Dos o más personas físicas o jurídicas, residentes o no, forman un conjunto económico cuando están interconectadas de tal forma, que existe control de una sobre la(s) otra(s) o están bajo el control común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, o tienen unidad en el centro de decisión, o pertenecen a cualquier título a una única esfera patrimonial, independientemente de la forma jurídica adoptada, haya o no vinculación en la actividad o en el objeto social de los sujetos de derecho considerados. La determinación de un conjunto económico se dará cuando la institución así lo considere al asumir el riesgo ante cualquiera de sus componentes o su existencia hubiere sido detectada e informada por el Banco Central del Uruguay. Cuando una persona física o jurídica ejerza influencia significativa sobre otra o cuando dos o más de estas personas estén bajo la influencia significativa común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, se aplicarán las mismas disposiciones que para un conjunto económico.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk.

Beneficios fiscales: nuevos requisitos para inversiones en paneles solares

La COMAP dio a conocer el pasado 12 de febrero nuevas exigencias para poder obtener beneficios fiscales por proyectos de inversión que incluyan paneles solares.

Beneficios fiscales previos al cambio

Las inversiones en paneles solares son inversiones en energías renovables y como tales generan puntaje en los proyectos de inversión que se presenten para solicitar beneficios fiscales, tanto en el indicador de “Tecnologías limpias” como en el indicador sectorial de “Inversión en generación de energía proveniente de fuentes renovables”.

Es decir, al invertir en estos bienes se obtienen beneficios fiscales por dicha inversión. Por ejemplo, si en un proyecto de inversión cuya única inversión es en paneles solares, la exoneración de IRAE podía situarse entre 62% a 69% del total invertido, dependiendo dónde se realice dicha inversión. Si a su vez consideramos que estas inversiones se realizan y presentan antes del 31 de marzo de 2021, podría obtener una exoneración del entorno del 100%.

Cambios:

Las modificaciones introducidas recientemente por COMAP implica que los paneles solares podrán considerarse como inversión elegible en los proyectos de inversión y generar puntaje en los indicadores antes mencionados, únicamente cuando se cumplan dos requisitos:

  • Cuando los paneles solares representen como máximo el 20% del total del proyecto de inversión, y
  • En el proyecto se compute al menos 2 puntos ponderados en el indicador Generación de empleo. Por ejemplo, en un proyecto de USD 100.000 equivale a un incremento de 4 personas.

Vigencia:

Esta modificación se estableció en el Instructivo “Criterios básicos generales de funcionamiento” de COMAP y no se estableció expresamente la vigencia de la misma. Dado que la actualización del Instructivo mencionado se publicó el 12 de febrero debemos interpretar que los proyectos presentados a partir de dicha fecha tendrán que cumplir con estos nuevos requisitos.

Resumen:

En resumen, ya no podrán considerarse los paneles solares como inversiones elegibles en los proyectos de inversión, ni para el cómputo de puntos (indicadores) cuando los mismos superen el 20% del total del proyecto y cuando en el mismo no se esté comprometiendo un mínimo de incremento de empleo.

Esta modificación, toma a las empresas que están armando sus proyectos de inversión de sorpresa, en algunos casos haciendo que el proyecto planificado no obtenga beneficios con las nuevas reglas.

Debemos tener en cuenta que todos los proyectos presentados antes del 31 de marzo del 2021, pueden acceder a beneficios adicionales transitorios que son muy importantes, por lo que muchos empresarios están planificando la presentación de un proyecto en dicho período.

Documento elaborado por la Cra. Cynthia Carballo

Departamento Fiscal y Contable

Beneficios fiscales por inversiones en el agro

Las empresas que sean contribuyentes de IRAE y tengan ingresos gravados por ese impuesto, pueden acceder a importantes beneficios fiscales por las inversiones que realicen, siempre que se cumplan con determinados requisitos.

En el presente análisis se abordará el caso concreto de una empresa agropecuaria, comentando a qué beneficios pueden acceder, cuáles son las inversiones que pueden considerar y con qué deben cumplir para poder obtener los mismos.

Inversiones comprendidas en el beneficio:

Pueden considerarse todas las inversiones en bienes muebles corporales que integren el activo fijo, excepto los de casa habitación y los vehículos no utilitarios (algunos eléctricos sí).

También pueden incluirse las inversiones en obra civil (construcción de bienes inmuebles) y mejoras fijas en inmuebles.

Se considera inversión elegible los plantines y costo de implantación de árboles y arbustos frutales plurianuales. Los activos biológicos en general no pueden considerarse.

A modo de ejemplo, una empresa agropecuaria puede considerar como inversión maquinarias en general, mejoras fijas como bebederos, comederos, alambrados, piso y techo para encierro de ganado, construcción de galpones, vehículos de carga, entre otros.

Se pueden considerar las inversiones ya realizadas en el ejercicio fiscal o en los últimos 6 meses antes de presentar el proyecto, y las inversiones a realizar a futuro, con un máximo de 10 años.

Beneficios fiscales:

Los beneficios fiscales a los que pueden acceder estas empresas son los siguientes:

  • Exoneración de IRAE

Se establece un porcentaje sobre el monto de la inversión que puede descontarse como exonerado de IRAE. Esta exoneración puede ir desde 34% hasta 100% del monto invertido.

Cabe destacar que este beneficio aplica también para empresas que liquiden el IRAE de forma ficta.

En cada ejercicio, la empresa podrá descontar el menor de:

a. Beneficio otorgado por la Resolución, es decir, el porcentaje sobre la inversión comprometida que se hubiera obtenido;

b. Monto total invertido hasta el vencimiento de la presentación de la declaración jurada de IRAE;

c. 90% del IRAE del ejercicio (previo a la deducción del IMEBA y de los anticipos efectuados).

El menor IRAE implicará en algunos casos una reducción en el pago del impuesto y en otros el aumento de los créditos por IMEBA, anticipos e IVA, que la empresa podrá utilizar para el pago de BPS o eventualmente solicitar certificados de crédito de libre endoso que pueden usarse para pagar a cualquier acreedor.

  • Exoneración de Impuesto al Patrimonio de las inversiones efectuadas, por toda la vida útil para los bienes muebles y por 8 o 10 años para las inversiones en obra civil en Montevideo y en el Interior respectivamente.
  • Devolución del IVA por las compras en plaza de materiales y servicios de la obra civil y de los bienes muebles incluidos en el proyecto.
  • Exoneración de los tributos que gravan la importación a todos los bienes del proyecto que sean declarados no competitivos con la industria nacional.

¿Qué hay que hacer para obtener dichos beneficios?:

La empresa que solicita los beneficios fiscales debe comprometerse en el cumplimiento de algunos de los indicadores establecidos, en función de los mismos, obtendrá determinado porcentaje de exoneración de IRAE y plazo para utilizarlo.

Los indicadores son los siguientes:

  • Generación de empleo,
  • Aumento exportaciones,
  • Descentralización (alcanza a todos los proyectos),
  • Tecnologías limpias,
  • Investigación, Desarrollo e Innovación,
  • Para proyecto agropecuarios se puede optar entre los siguientes indicadores sectoriales:
  • Inversiones en adaptación al cambio climático (riego, bebederos, alambrados, terrazas, entre otros).
  • Certificaciones de calidad,
  • Encalado de suelos,
  • Contribución a las exportaciones,
  • Inversiones en energías renovables.

Beneficios adicionales transitorios:

Todos los proyectos que se presenten antes del 31 de marzo de este año, y cuya inversión sea ejecutada por lo menos en un 75% antes del 31 de diciembre, el beneficio que corresponda aumentará en un 20%.

Por otra parte, todas las inversiones realizadas entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 computará en un 150%, esto en la práctica implica que el beneficio para las inversiones ejecutadas en dicho período se incrementa en un 50%.

Estos beneficios pueden acumularse, por lo tanto, si una empresa presenta un proyecto y además invierte antes del 31 de marzo, obtendrá ambos beneficios adicionales. Por ejemplo, si la exoneración según la matriz es del 40%, por la aplicación de estos dos beneficios adicionales pasará a ser del 72%, por el hecho de realizar la inversión en el corto plazo.

Ejemplo:

Una empresa agropecuaria, ubicada en el departamento de Tacuarembó, invirtió USD 200.000 en enero 2021. Las inversiones realizadas fuero en maquinarias y mejoras en el campo, entre las que se encuentran bebederos y una represa por un total de USD 40.000. Para su proyecto de inversión el productor no asume más compromisos que invertir en esos bienes.

Según la matriz de indicadores se obtendría una exoneración del 51%. Sin embargo, al presentar el proyecto y realizar la inversión antes del 31 de marzo de 2021 le corresponden los dos beneficios adicionales transitorios, que hacen que el beneficio real ascienda a USD 184.000, lo que representa un 92% de la inversión.

 

Beneficios USD
Inversión 200.000
Exoneración de IRAE (*) 184.000
% de exoneración sobre total de inversión 92%
Plazo para utilizar el beneficio 8 años

Por lo tanto, además de los indicadores incide en el beneficio cuándo se realiza la inversión. A continuación exponemos un cuadro resumen, considerando las cifras del ejemplo y exponiendo cuánto sería la exoneración según cuándo sean ejecutadas las inversiones.

Exoneración de IRAE según cuándo se realice la inversión %
Antes del 31/03/21 (*) 92%
Entre el 31/03/21 y el 31/12/21 (*) 61%
Luego del 31/12/2021 51%

 

(*) siempre que se presente el proyecto antes del 31 de marzo de 2021.

Resumen:

Es importante que las empresas evalúen la opción de solicitar beneficios por proyectos de inversión, dada la importancia de los mismos. Debe tenerse en cuenta que se han creado recientemente nuevos indicadores y opciones para poder solicitar los beneficios.

Documento elaborado por Cynthia Carballo.

NUEVO REGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN GARANTÍA.

La Ley de Urgente Consideración (en adelante LUC), ley N.º 19.889, ha introducido al ordenamiento uruguayo un nuevo régimen de arrendaticio, diverso al establecido por el Decreto-Ley N.º 14.219 (régimen estatutario) y el régimen de libre contratación expresado en el Código Civil.

Este nuevo régimen de arrendamiento tiene como característica fundamental, la ausencia de garantía, y, en contrapartida, se estipulan plazos de desalojo más acotados con respecto al régimen estatuario y de libre contratación, con el fin de que aquellas personas que no cuentan con garantía, puedan de igual modo, arrendar un inmueble con una finalidad habitacional.

En dicho sentido, este nuevo régimen, se aplica a los inmuebles que, sin importar su lugar de ubicación, cumplan en forma conjunta con los siguientes requisitos: a) Destino casa habitación, b) ausencia de garantía, c) contrato por escrito, d) expresar en el contrato, plazo, precio, y la voluntad de ambas partes de someterse al régimen establecido por la ley 19.889. (Art. 444 de la LUC)

Asimismo, es dable mencionar, que las partes tendrán libertad de pactar el plazo que ellos consideren, con el límite máximo de 15 años establecido en el código civil (art. 445). A su vez, respecto al precio del arriendo, el mismo podrá ser tanto en moneda nacional, extranjera, unidades indexadas, o incluso efectivo, teniendo en cuenta que el art. 224 de la LUC derogó el art 39 de la ley 19.210 que comprendía la obligación de que el pago del arriendo debía realizarse por intermedio de alguna entidad de intermediación financiera.

Por otro lado, también se prevé la posibilidad de inscribir dicho contrato, y en tal caso, este efectuará oponibilidad respecto a terceros, en el supuesto de que se venda el inmueble. Lo que se deduce que el eventual comprador, deberá respetar el plazo acordado en el contrato inscripto, es decir, no se aplicaría la cláusula de reserva que generalmente se pacta a favor del arrendador. (Art. 446)

En otro orden, se modifican los plazos de desalojo tanto para los buenos como malos pagadores, con respectos a los regímenes existentes previo a la LUC. En ese sentido, se reduce el plazo de desalojo por buenos pagadores, de un año o seis meses (según se encuentren en el régimen legal o libre contratación) a 30 días (art. 453), y con respecto a los malos pagadores, se reduce de 20 a 6 días (art.462). Asimismo, se considera que la mora de arrendatario se efectiviza al tercer día hábil contando luego de la intimación, teniendo en cuenta que en los regímenes anteriores, se prevé que para que la constitución de mora se efectivice se obtendrá al termino de los diez días posteriores de la intimación (según dispone el art. 55 Dec-ley 14.219). Además, en el nuevo régimen, se prevé que la intimación de pago se pueda realizar por intermedio de telegrama colacionado, por oposición a los regímenes precedentes, que debían realizarse por vía judicial.

Finalmente, con respecto a la etapa de lanzamiento, también se prevé reducciones en cuanto a los plazos. En efecto, sin perjuicio de que se mantiene el plazo de quince días para los buenos pagadores, no es así para los malos pagadores, los cuales tendrán un plazo de cinco días para hacer efectivo el lanzamiento. A su vez, respecto a la posibilidad de prórroga de dicho lanzamiento, se establece que el mismo debe solicitarse con dos días  de anticipación de la fecha del lanzamiento (condición que no es necesario para los otros regímenes arrendaticios), y, en cuanto a los plazos de dicha prorroga, se establecen para los buenos pagadores, una prórroga de siete días (art. 457), y cinco para los malos pagadores (art. 466), que diferencia de los regímenes precedentes estos podrían llegar alcanzar un prorroga de hasta de sesenta días.

Concluyendo con la presente, creo es menester mencionar, que la misma constituye a una nueva forma de arrendamiento, con la cual no deroga los regímenes anteriores, sino que, simplemente, se propicia la agregación de un nuevo régimen arrendaticio al servicio de la ciudadanía, la cual podrá, de acuerdo a sus conveniencias, contratar o no bajo dicho régimen.

Documento elaborado por Paul Laborda.

Modificaciones al régimen de Información Periódica – Gestores de Portafolios y Asesores de Inversión.

El pasado 23 de diciembre de 2020 el Banco Central del Uruguay emitió la Circular Nº 2.375 por la cual se introducen modificaciones a la Recopilación de Normas del Mercado de Valores en relación al régimen informativo aplicable a asesores de inversión y gestores de portafolios.

Detallamos debajo las principales modificaciones contenidas en la referida circular:

  1. Asesores de inversión:
  • Se extiende el plazo para presentar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información anual sobre transacciones y servicios, de treinta días a dos meses siguientes al cierre del año civil al que está referida.
  • Se reduce el plazo para presentar a la Superintendencia de Servicios Financieros la información anual sobre los servicios brindados a clientes, de tres meses a dos meses contados desde la finalización de cada ejercicio económico.
  1. Gestores de Portafolios:
  • Se reduce el plazo para presentar los estados contables consolidados anuales del grupo, estados contables individuales anuales, información anual sobre los servicios prestados a clientes y declaración jurada indicando el valor de los activos bajo manejo al cierre de ejercicio, de tres meses a dos meses contados desde la finalización de cada ejercicio económico.

A su vez, se elimina la exigencia de que los referidos estados contables se encuentren acompañados de Informe de Auditoria Externa. Por otro lado, la nueva circular exige que los estados contables individuales anuales estén acompañados de Informe de Compilación.

  • Se extiende el plazo para presentar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información anual sobre transacciones y servicios, de 30 días a dos meses siguientes al cierre del ejercicio al que está referida.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk.

Ley de manipulación manual de cargas

El pasado 18 de diciembre del 2020, el Poder Ejecutivo, promulgó la ley 19.927, por la cual pretende salvaguardar la salud de los trabajadores cuya actividad esté referida a la manipulación de objetos de gran peso.

Como primera medida, es dable señalar, que el ordenamiento uruguayo ya contaba con alguna regulación respecto a dicho tema. En efecto, en el año 2007, por Decreto Nº 423/007, el Poder Ejecutivo regulaba la manipulación de carga, pero lo hacía de forma más específica para cierto tipo de objetos mencionadas expresamente en su art. 1 como, por ejemplo, la bolsa de portland, harina, azúcar, arroz, todos con la característica de que no podrían superar los 25kg, ya que se entiende que las cargas que superen dicho peso podrían ocasionar perjuicios nocivos para la salud de los trabajadores.

En ese sentido, esta nueva ley viene a ampliar el régimen establecido en el decreto, ya sea desde un punto de vista material como subjetivo; además, más allá de otorgarle a este un rango legal, se le asigna una sanción en caso de incumplimiento. Ahora bien, yendo al análisis de la ley, en su articulo primero, define que se entiende cuando hablamos de “manipulación de cargas”. En tal sentido, lo define como “toda operación de transportes o sujeción de una carga por parte de uno o mas trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. Incluye la sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda”.  Con respecto a dicha de definición, no provoca ninguna salvedad interpretativa ya que la misma es muy elocuente, pero, si es menester mencionar, que cuando se refiere a riesgos que pueda contraer el trabajador y luego menciona “en particular dolores lumbares”, dicha mención, indudablemente, es a título de ejemplo y es netamente para poner el acento en esa patología, que es la más común. Pero, no hay que descartar que haya manipulación de cargas cuando se provoquen riegos en la zona muscular, articulaciones e incluso cuando se generen riesgos para la zona ósea del trabajador, ya que el espíritu de dicha ley, según surge de la exposición de motivos, se pretende proteger al trabajador de todo tipo de patologías y no solo las lumbares.

Por otro lado, en su art. 2 se establece el ámbito material de la presente ley, ampliándolo, con respecto al Decreto Nº 423/007. En efecto, en el art 2 de la ley 19.927 establece que dicho objeto puede ser tanto bolsa o envase de cualquier composición y en ellas se engloban objetos fraccionables para la construcción, alimentación, fertilizantes, fitosanitarios, alimento animal u otro insumo de uso agropecuario, esto se diferencia con el Decreto Nº 423 que solo se preveía que el objeto material era solo para bolsas de portland, arroz, harina o azúcar. Lo que si ha quedado incambiado es el quantum del peso, establecido en 25kg.

Obligaciones para lo empleadores:

En otro orden, se establecen ciertas obligaciones a las cuales el empleador deberá cumplir, so pena de recaer en infracción. En primer término, se establece, en el art 3 de la presente ley, una obligación de “no hacer”, ya que se prohíbe al empleador a exigir o permitir que sus trabajadores manipulen manualmente objetos mencionados en el art 2 cuyo peso supere los 25kg. En segundo lugar, en el art 4, establece una obligación de “hacer”, en tanto dispone que, “el empleador deberá adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para la manipulación manual de las cargas a efectos de evitar riesgos para la salud de los trabajadores.”. A su vez, por intermedio de su art 5, se establece que los trabajadores deberán recibir una formación e información adecuada sobre la manipulación de cargas y sobre los riesgos que implica su incumplimiento, de la cual, se entiende que es a cargo del empleador.

Obligación para el trabajador:

La única obligación que la ley enmarca para los trabajadores la encontramos en el art.6, en cuento se dispone que el trabajador deberá respetar las orientaciones recibidas y deberá adoptar las medidas indicadas sobre la forma correcta de hacerlo, utilizando los medios adecuadas para la protección personal, el cual ha de ser provisto por el empleador.

Sanciones:

Finalmente, con respecto a las sanciones, según establece el art 7 y art 8 de la ley, el Poder Ejecutivo dispondrá por vía reglamentaría las medidas que considere pertinente a efectos de fiscalizar lo expresado y exigido por la ley. Asimismo, se establece que las infracciones que surjan por la contravención de la presente ley se le sancionará con amonestación, multa o incluso hasta clausura el establecimiento, el cual estará sujeto a la reglamentación que deberá efectuar el Poder Ejecutivo al termino de 180 días siguientes a la promulgación de la ley.

Documento elaborado por Paul Laborda.

Zonas Francas: Autorización transitoria para prestar servicios a residentes fiscales adquirida en 2020

Considerando los incentivos fiscales promovidos por el gobierno durante el año 2020 tendientes a favorecer la radicación de extranjeros en el país, con fecha 23.12.20, se promulgó el Decreto número 362/020 a fin de contemplar la situación de los usuarios de zonas francas que prestaban servicios a dichas personas físicas en forma previa a que cambien su residencia fiscal al país.

La normativa actual no contemplaba la posibilidad de prestar servicios a personas físicas residentes en el país desde una zona franca con excepción de servicios específicos que tienen un tratamiento particular (call centers, educación a distancia, entre otros).

La autorización concedida está limitada temporáneamente en tanto rige hasta el 30 de junio de 2021 y se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

PRIMERO; que la actividad desarrollada por el usuario sea de servicios;

SEGUNDO; que dichos servicios se presten personas físicas que hayan adquirido su residencia fiscal en el Uruguay durante el año 2020; y

TERCERO; que dichos servicios se estuvieran prestando en forma previa a la entrada en vigencia del Decreto (29.12.20, fecha de publicación en el Diario Oficial).

Si bien la norma no aclara que el alcance es tanto para usuarios directos como indirectos; entendemos que la referencia genérica a “usuarios” abarca a ambos.

Documento elaborado por la Dra. Agustina Bomio.

Prescripciones: modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideración.

El pasado 14 de julio del presente año entró en vigencia la Ley N° 19.889 (Ley de Urgente Consideración, en adelante “LUC”) la cual introdujo varias modificaciones en el régimen jurídico uruguayo, entre ellas, se modificó el régimen de prescripciones, siendo el tema que nos convoca en esta oportunidad.

De las Prescripciones adquisitivas:

Primeramente, y a solos efectos de contextualizar la presente, deberíamos definir que entendemos por prescripciones. En ese sentido, podríamos establecer que, el instituto de las prescripciones o “usucapión” constituye un modo de adquirir el dominio o derecho reales a través de la posesión durante un tiempo determinado, más algunos requisitos establecidos legalmente como lo son la posesión pacífica, ininterrumpida, pública, inequívoca y con ánimo de dueño.

A su vez, es dable señalar, que los cambios introducidos por la LUC se limitan al régimen de prescripciones de bienes inmuebles, permaneciendo incambiado el régimen de prescripciones de bienes muebles, es decir, continua vigente la prescripción de 3 años con justo título y buena fe y, 6 años sin tales cualidades, en lo referente a bienes muebles.

Tal cual estaba constituido el sistema previo a la LUC se preveía en los artículos 1204, 1205 y 1211 del Código Civil una distinción en cuanto a las prescripciones de bienes inmuebles. Por un lado, tenemos aquellas prescripciones a la que la doctrina denominaba “Prescripción Abreviada”, por su reducción temporaria, regulada en el art. 1204 Código Civil, por oposición a las “Prescripciones treintenales”, caracterizada por su extensión temporaria, establecida en el art. 1211 del Código Civil.

En cuanto a las “Prescripciones Abreviadas”, se comprendían aquellas circunstancias jurídicas en la cual el poseedor del bien al que se pretende prescribir fuese obtenido mediante “justo título y buena fe”. La primera, se refiere a que dicha posesión fue alcanzada por un negocio jurídico obligacional, el cual ha de ser válido y verdadero y, en cuanto a la buena fe, se refiere a una buena fe subjetiva, es decir, en la aptitud psicológica del poseedor en cuanto a creer que le asiste derecho. A su vez, esta categoría de “Prescripciones Abreviada”, se subdividía en dos subclasificaciones, ausentes y presentes. Dicha distinción era establecida por el art. 1205 del Código Civil en cuanto definía lo que se entendía por “ausente”. En ese sentido, el artículo señalaba que ha de entenderse por ausentes, siendo aquellos casos en que el propietario del bien se encuentre residido en el exterior y, para tal caso, la prescripción operaba al termino de 20 años en la posesión del bien (más los requisitos legales mencionados en la definición antes dicha). En cuanto a los presentes, dicha definición era deducida por una interpretación a “contrario sensu” del art. 1205 Código Civil, por el cual se entendía por “presentes” cuando el propietario del bien reside en el país y, en este caso, la prescripción opera a los 10 años.

Por otro lado, en cuanto a las “Prescripciones Treintenales” referidas en el art. 1211 Código Civil, se establecía, en el régimen a quo, que dicha prescripción operaba al termino de 30 años, cuando el poseedor no tiene las cualidades de justo título y buena fe.

Ahora bien, el art. 463 de la LUC vino a modificar lo expresado anteriormente. En efecto, el art. 463 de la LUC vino a dar una nueva redacción al art. 1204 de C.C en la cual establece: “La propiedad de los bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere por la posesión de diez años con buena fe y justo título”. Tal cual como se desprende de la actual redacción se produjo una eliminación de aquella subclasificación de las prescripciones abreviadas entre presente y ausentes, unificándolo y dándole un único plazo de 10 años; derogándose en consecuencia los art. 1205 y 1231 del Código Civil referido al régimen de los ausentes.

Asimismo, se produjo una reducción en cuanto al plazo de las Prescripciones treintenales del art. 1211 Código Civil, pasando éstas de 30 a 20 años.

En otro orden, el art. 463 de la LUC agrega un nuevo inciso en el art. 1206, de las acciones posesorias, del cual viene a explicitar lo que se deducía implícitamente de esta norma. En efecto, el art. 1206 Código Civil legislaba respecto aquellas posesiones con buena fe y justo título, por lo cual de forma implícita se deducía que los art. 1211 y 1214 del Código Civil (prescripciones sin justo título y buena fe de bienes inmueble y mueble, respectivamente), no eran aplicables en las acciones posesorias; esto, es lo que viene agregar la nueva redacción de forma expresa.

Se modifica, también, el art. 1194 Código Civil, al incluirse, junto con el Estado, a los Gobiernos Departamentales en la equiparación con los particulares a efectos de prescribir los bienes de propiedad privada, con la excepción de las “tierras públicas”, agregado de la LUC en que se expresa que, con respecto a éstas, el poseedor que hubiere poseído por sí o por sus causantes por 20 años, estará al abrigo de las pretensiones del Fisco.

 

Por otro lado, y yéndonos a un ámbito procesal, la LUC introdujo cambios con respecto al trato procesal del proceso de “usucapión”. Al respecto, se realiza una agregación de un numeral quinto al art. 349 del Código General del Proceso (Procedencia del P. Extraordinario) disponiéndose que se tramitara por este proceso las prescripciones adquisitivas de cualquier clase de bienes.

Por último, el art. 467 de la LUC viene a disponer una norma transitoria, estableciendo que, aquellas prescripciones comenzadas luego de la vigencia de la LUC se abstendrán a lo establecido por dicha ley, y, con respecto a aquellas prescripciones en curso que naturalmente se vieran beneficiadas por el acotamiento del plazo, se establece una espera de 2 años contados de la entrada en vigencia de la LUC (14 de julio del 2020) para poder acudir a la reducción del plazo otorgado por la presente ley.

De las Prescripciones extintivas.

Cuando hablamos de prescripciones extintivas, hacemos referencia a aquella obligación en la cual deviene su exigibilidad (ya sea por haber transcurrido el plazo suspensivo o condición respectiva), el acreedor de ésta, tiene la posibilidad de ejercitar, por vía jurisdiccional el cobro de la misma contra su deudor. Una vez, que la obligación deviene exigible comienza a correr un plazo por el cual, si no se ejercita la acción tendiente al cobro por vía judicial, la obligación o deuda pierde todo tipo de coercibilidad, pasando de una obligación civil a natural.

Como nota característica se puede observar una clara disminución en cuantos a los plazos. En efecto, se reduce el plazo de acciones reales dispuesta en el art. 1215 del Código Civil, pasando de 30 a 20 años. También, se disminuyó el plazo de las acciones personales expresadas en el art. 1216 del Código Civil, reduciendo el termino de 20 a 10 años. Y finalmente, respecto de al derecho de ejecutar una acción personal referida en el art. 1217 del Código Civil pasó de 10 a 5 años.

Asimismo, se produce también una reducción del plazo en cuanto a las deudas comerciales dispuestas por el art. 1018 del Código de Comercio, disminuyendo de 20 a 10 años.

En definitiva, respecto a las modificaciones referidas precedentemente, se puede observar una clara reducción en cuanto a los plazos, ya sea para la adquisición de un dominio o derecho real, así como también, para ejercer una acción.

Indudablemente, y esta opinión va a cargo del autor, a lo que apunta el legislador con estas modificaciones es una mayor certeza de derecho, es decir, constituyen modificaciones en pro de conferir más seguridad jurídica, que, ciertamente, se adecuan más a los plazos de estos tiempos, en donde la globalización ha logrado un alcance inimaginable y, en el cual se observa un mayor dinamismo de las relaciones humanas. Por lo tanto, el reproche que se hace al sujeto se acentúa, en cuanto se entiende que en estos tiempos el ejercicio de un derecho se puede realizar con más facilidad, justificando de esa forma la reducción de los plazos referidos. Al respecto, si vamos al derecho comparado, tenemos como ejemplo el régimen argentino en materia de prescripciones, que, atendiendo a lo expresado, las modificativas de la LUC viene a seguir la misma senda del régimen del país vecino. En efecto, y sólo a efectos de mencionar algunos ejemplos,  el art. 4023 del Código Civil y Comercial de la Nación  establece  que la prescripción extintiva de acciones personales sea por el termino de 10 años (mismo plazo modificado por la LUC); asimismo, en cuanto a las prescripciones adquisitivas con justo título y buena fe opera al termino de 10 años, sin hacer distinción de presentes y ausentes (art. 3999 art. 4023 del Código Civil y Comercial de la Nación), así como también, respecto a la prescripciones inmuebles sin justo título y buena fe exige un plazo de la posesión  por 20 años (art. 4016 art. 4023 del Código Civil y Comercial de la Nación), todos ellos, acompasados con las nuevas modificativas introducidas por la ley 19.889.

Documento elaborado por Paul Laborda.

NUEVO DECRETO REALIZA MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES ESTABLECIDO POR LA LEY N° 16.906 PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES EN URUGUAY.

Con fecha 7 de octubre del presente año fue publicado el Decreto N° 268/020 (en adelante, el
“Nuevo Decreto”), que reglamentó determinados aspectos de la Ley N° 16.906 (en adelante, la
“Ley de Inversiones”) modificando la anterior reglamentación en la materia, establecida por el
Decreto N° 143/018.

El Nuevo Decreto es de aplicación preceptiva para todos los proyectos presentados a partir de
su publicación. No obstante lo anterior, establece un régimen de transición que permite optar
por el régimen del Nuevo Decreto o por el régimen establecido por el Decreto N° 143/018, a
aquellas empresas que hubieren presentado proyectos de inversión solicitando la declaración
promocional prevista en la Ley de Inversiones entre el 1° de mayo y el 6 de diciembre de 2020
(60 días a desde la publicación del Nuevo Decreto), debiendo expresar por escrito el ejercicio de
dicha opción.

Antecedentes.

La Ley de Inversiones estableció el marco jurídico en Uruguay para declarar de interés nacional,
a la promoción y a la protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y
extranjeros en territorio uruguayo, lo que se denominó “Declaratoria Promocional”. A tales
efectos, creó un régimen de considerables beneficios fiscales del que podrán beneficiarse los
sujetos que cumplan con las condiciones que en ella y en sus Decretos Reglamentarios se
establecen.

En líneas generales, a los efectos de evaluar los proyectos de inversión que se someten a estudio,
se establece una matriz de indicadores que reflejan los objetivos buscados por la Ley de
Inversiones y sus decretos reglamentarios (Generación de Empleo, la Descentralización, el
Aumento de Exportaciones, las Tecnologías Limpias, la Investigación y Desarrollo e Innovación,
entre otros que se dirán). La contribución del proyecto en cuestión a cada uno de los objetivos
que reflejan estos indicadores se evalúa en las formas establecidas en su reglamentación.
La COMAP evalúa los proyectos de inversión presentados y recomienda al Poder Ejecutivo la
promoción de aquellos proyectos que considera que cumplen con los indicadores y objetivos
requeridos.

La aprobación del Nuevo Decreto tuvo lugar por motivo de un descenso en la actividad
económica como consecuencia de la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo
a raíz del nuevo Coronavirus COVIT-19. De esta forma, se modifican mediante el Decreto,
diversos criterios que inciden en la promoción de los proyectos de inversión presentados en el
marco de la Ley de Inversiones, buscando otorgar mayores beneficios en pos de estimular el
ascenso de la economía del país.

En síntesis, el Nuevo Decreto modifica principalmente los siguientes aspectos (sin perjuicio de
que luego desarrollaremos por separado cada modificación):

1. Modificación de la metodología de evaluación de los proyectos de inversión;
2. Optimización de las ponderaciones de los indicadores de la matriz de objetivos,
otorgando énfasis a la generación de empleo y elaborando una matriz simplificada a
estos efectos;
3. Redefinición del indicador de descentralización y exportaciones, ampliando el concepto
de “innovación” e incorporando indicadores sectoriales.
Por otro lado, queremos destacar que- si bien se modifican determinados aspectos relativos a
los plazos- en lo que hace al trámite de solicitud para la obtención de la declaratoria
promocional, el Nuevo Decreto no realiza modificaciones significativas a las disposiciones del
Decreto 143/018 de la Ley de Inversiones.

Principales Modificaciones realizadas por el Nuevo Decreto.

A continuación realizaremos una breve descripción de las modificaciones que entendemos más
significativas de las establecidas por el Nuevo Decreto.

Beneficiarios (Art. 1).
Se suprime la prohibición establecida por el Decreto 143/018 de ampararse en el régimen de
beneficios fiscales establecidos por la Ley de Inversión a las empresas de la industria tabacalera.

Alcance objetivo (Art. 3).
Se amplía el concepto de inversiones elegibles para el proyecto de inversión, determinando que
serán consideradas tales -además de las adquisiciones de bienes que integren el activo fijo- las
adquisiciones de bienes para integrar el activo intangible de las empresas. Encomendándose al
Poder Ejecutivo la determinación del elenco de bienes incorporales cuya adquisición es
considerada una inversión.

Inversiones computables (Art. 4).
Se establece como criterio general que las inversiones previstas en el proyecto de inversión,
computables para la obtención de los beneficios, serán las ejecutadas a partir del inicio del
ejercicio de presentación de la solicitud de la declaratoria promocional por la empresa, o en los
6 meses anteriores al primer día del mes de la presentación y por un máximo total de 10
ejercicios.

Este nuevo artículo aumenta el plazo para el cómputo de las inversiones elegibles que
anteriormente era de un máximo de 5 ejercicios posteriores a la solicitud de declaratoria
promocional. Sin perjuicio de determinadas excepciones que se preveían y en las cuales dicho
plazo se podía extender (ej. para inversiones que requirieran plazo mayor a 5 ejercicios para su
ejecución, casos de fuerza mayor que afectaran la ejecución de las inversiones, etcétera).

Asimismo, el Decreto 143/018 también establecía la posibilidad de computar como inversiones
elegibles a las realizadas con 6 meses de anticipación a la solicitud de la declaratoria promocional
pero condicionando dicho cómputo a que dichas inversiones (i) fueran necesarias para la
realización del proyecto; y (ii) no superaren el 20% total de la inversión elegible. Con la actual
redacción del Nuevo Decreto dichas exigencias fueron suprimidas.

Criterios para otorgar los beneficios (Art. 5).
Se modifica la matriz para la evaluación de los indicadores y objetivos que deben cumplir los
proyectos de inversión, siendo éstos la Generación de Empleo, la Descentralización, el Aumento
de Exportaciones, las Tecnologías Limpias, la Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i) y un
indicador sectorial (en adelante, los “Objetivos” o “Indicadores” indistintamente). En este punto,
el Decreto 143/018 establecía un sistema (una matriz) que otorgaba un puntaje a cada Indicador.

El Art. 5 del Nuevo Decreto elimina este sistema y establece que será la COMAP la encargada de
establecer una matriz de indicadores ponderando la participación de los Objetivos. Debiendo
asignarles un puntaje a los solicitantes en función de los resultados esperados del proyecto y
disponiendo el puntaje mínimo para acceder a la declaratoria promocional.

Asimismo, se encomienda a la COMAP el establecimiento de un régimen “simplificado” que
utilizará para la asignación del puntaje el indicador “empleo”, y que tendrá en cuenta el número
de puestos de trabajo a crearse (promedio anual). Se dispone el establecimiento de un puntaje
mínimo para acceder a la declaratoria en función al monto de la inversión del proyecto.También se suprime el cronograma de indicadores establecido en el Art. 12 del Decreto 143/018.
Evaluación por parte de la COMAP (Art. 9).

Se amplía el plazo para el estudio de los proyectos de inversión por la COMAP y el plazo de
suspensión por solicitud de información adicional de la empresa por parte de la COMAP de 60 a
90 días hábiles.

Seguimiento (Art. 11).
Se agrega información adicional a aquella que debían proporcionar las empresas que hubieren
solicitado la declaratoria promocional (hayan obtenido o no la aprobación de la misma), dentro
de los 4 meses del cierre de cada ejercicio económico. En este sentido, se establece que -además de la declaración jurada en la que conste la información referente a la ejecución de la inversión, los beneficios fiscales utilizados y el
cumplimiento de los indicadores comprometidos de acuerdo la reglamentación de la COMAPlas empresas deberán presentar la declaración jurada de impuestos y los estados contables con informe de auditoría (en caso de grandes contribuyentes de la Dirección General Impositiva“DGI”), estados contables con informe de revisión limitada (para contribuyentes clasificados por la DGI como “CEDE”) y estados contables con informe de compilación para los restantes.

Pérdida de los beneficios (Art. 12).
Se establece como causal del incumplimiento en la ejecución de inversión, la situación de que el
contribuyente no hubiera invertido el monto correspondiente a la inversión, pero sí hubiera
ejecutado la totalidad de la misma, cumpliendo los objetivos sustanciales de ejecución y
operación del proyecto. La consecuencia establecida en este caso será la reliquidación de los
tributos (de corresponder) y el pago de los importes indebidamente exonerados por el
contribuyente (cuyo valor deberá actualizarse de acuerdo a la evolución de la unidad indexada
entre la fecha de vencimiento de la obligación tributaria y la de pago). Encomendándose a la DGI
el establecimiento del plazo para el pago de tales obligaciones.

Se elimina la sanción aplicable al contribuyente por la no comunicación a la COMAP en caso de
incumplimiento parcial de la ejecución de la inversión. En caso de incumplimientos totales de
los objetivos sustanciales de ejecución y operación del proyecto de acuerdo a lo dispuesto en la
resolución promocional, se establece como sanción por no informar a la COMAP dicho
incumplimiento, la reliquidación del total de los tributos indebidamente exonerados y el pago
de las multas y recargos correspondientes. Sin perjuicio de la reliquidación correspondiente, se
exceptúa de la obligación de informar establecida precedentemente, a los casos en que el
incumplimiento no supere el 15% (quince por ciento) de la inversión elegible.

Se establece que el incumplimiento en la obtención de los Indicadores comprometidos se
configura únicamente al final del cronograma de su cumplimiento, estableciéndose que el
control del nivel de cumplimiento de los compromisos de cada proyecto promovido se realiza al
finalizar el cronograma.

Márgenes de Tolerancia en la matriz de indicadores. (Art. 14)
Se modifica el margen de tolerancia en la matriz de los Indicadores, pasando del 10% (diez por
ciento) respecto a la obtención del puntaje asignado al proyecto de inversión, al 20% (veinte por
ciento) respecto a la obtención del puntaje proyectado elaborado por la COMAP.
A su vez, se establece que este margen se aplicará al puntaje total de la matriz de Indicadores
elaborada por la COMAP al finalizar el cronograma de cumplimiento de indicadores. Mientras
que en el Decreto 143/018 se establecía que dicho margen se aplicaba en cada ejercicio del
cronograma de compromisos y al cierre del mismo.

Se establece que en caso de que razones de fuerza mayor (debidamente fundadas) impidan el
cumplimiento del cronograma de Indicadores en la forma prevista al momento de presentación
del proyecto, la empresa podrá solicitar autorización para el corrimiento del cronograma. Se
establece que las empresas deben cumplir -en todos los casos-con los Indicadores
comprometidos por 3 ejercicios.

Exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas “IRAE” (Art. 17).
En lo relativo al monto de la exoneración de IRAE, se establece la determinación del mismo de
acuerdo al porcentaje de la inversión elegible que resulte de aplicar la matriz de Indicadores,
cuya elaboración compete a la COMAP. Eliminándose los criterios previamente establecidos
para la determinación de dicho porcentaje.

Se establece que el impuesto exonerado no podrá exceder el 100% del monto efectivamente
invertido y se aumenta el porcentaje exonerado de IRAE hasta el 90% del impuesto a pagar
(antes era del 60% y del 80% para empresas nuevas).

No obstante lo anterior, se establecen los siguientes tratamientos específicos:
1. Para proyectos de inversión presentados al amparo del Decreto hasta el 31 de marzo de
2021:se incrementa el porcentaje de exoneración de IRAE que surja de la aplicación de la matriz
de indicadores elaborada por la COMAP, en un 20%. Se establece que dicho incremento será
aplicable para inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2020 y siempre que las mismas
representen como mínimo el 75% de la inversión total comprometida del proyecto. Si finalizados
dichos plazos no se hubiera ejecutado el 75% de la inversión, se reliquidarán los tributos
indebidamente exonerados sin multas ni recargos, actualizados por la evolución de la Unidad
Indexada.
2. Las inversiones realizadas entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se
computarán a un 150% del monto invertido para el cómputo de la exoneración de IRAE.
Se establece que ambos beneficios transitorios pueden acumularse en el período comprendido
entre el 1ro de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

Plazo de Exoneración del IRAE (Art. 18).
Se modifica la forma de cálculo para la exoneración de IRAE. En este punto, el Decreto 143/018
determinaba el mismo como el mayor de entre, 4 ejercicios, o el que surgiera de la aplicación
de fórmulas matemáticas que tenían como centro de cálculo al porcentaje de la exoneración
otorgada.

El Nuevo Decreto encomienda a la COMAP el establecimiento de dicho plazo, estableciendo que
el mismo nunca podrá ser inferior a 4 ejercicios. Indicando que para dicho cómputo, se deberá
tener en cuenta el monto de la inversión y el puntaje proyectado de acuerdo a los e Indicadores
para realizar la evaluación establecidos en el Art. 5 del Nuevo Decreto y mencionados
precedentemente.

Se aumenta y se unifica el plazo por el cual las empresas pueden suspender el plazo de la
exoneración a 2 ejercicios (consecutivos o no) en todos los casos. El Decreto 143/018 establecía
que este plazo era de hasta un ejercicio, para casos que hubieran obtenido en la resolución de
promoción de la inversión un plazo de hasta 5 ejercicios, y de 2 ejercicios cuando se hubiera
obtenido un plazo de 6 o más ejercicios.

Otras exoneraciones fiscales (Art. 19).
El Nuevo Decreto modifica la exoneración de tasas y tributos a la importación y la deducción del
Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) para empresas cuyos proyecto de inversión hubieran sido
declarados promovidos al amparo del Nuevo Decreto.

En este sentido, las exonera totalmente de tasas y tributos a la importación incluido el IVA sin
restricciones (el Decreto 143/018 exoneraba de IVA a la importación de bienes muebles de
activo fijo y materiales destinados a la obra civil promovida). También exonera de todo tributo
cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de bienes muebles de activo fijo y
materiales destinados a la obra civil promovida que no gocen de exoneraciones al amparo de
otros beneficios y siempre que hayan sido declarados no competitivos con la industria nacional.

En materia de deducción del IVA, establece la posibilidad de deducir dicho impuesto por la
adquisición de bienes muebles destinados al proyecto de inversión. Dicha deducción estaba
anteriormente limitada a la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra
civil promovida.

Incentivos para micro y pequeñas empresas (Art. 20).
Se disminuye el adicional del beneficio de IRAE al 10% del monto de la exoneración calculada de
acuerdo al criterio establecido en el Nuevo Decreto (el monto del adicional bajo el régimen del
Decreto 143/018 era del 20%) .

Se elimina el requerimiento de la evaluación del número de personal ocupado al momento de
presentación del proyecto y la facturación anual de la empresa a los efectos de otorgar el
beneficio adicional de IRAE, requerido por el Decreto 143/018.

Quedamos a las órdenes por cualquier duda o consulta sobre los aspectos mencionados.

Documento elaborado por la Dra. Florencia Otero

Legal500 entrevista al socio director Jean Jacques Bragard

El socio Jean Jacques Bragard fue entrevistado por la editorial internacional Legal500DE sobre el fuerte crecimiento de nuestra firma.

https://www.legal500.com/interviews/jean-jacques-bragard-managing-partner/