LEY 16.060 Y SUS MODIFICACIONES EN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

El Proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Diputados el pasado lunes 31 de agosto del corriente y establece una serie de novedades en materia societaria, las cuales se reflejan en diversas modificaciones dadas en la Ley N° 16.060 expuestas a continuación.

En primer lugar, el proyecto de ley en discusión amplía las opciones de designación de nombre a las sociedades comerciales emergentes, removiendo la prohibición establecida en el art 12 de la Ley 16.060, de que el nombre de una sociedad no sea “notoriamente semejante” a otro. Por lo tanto, en caso de aprobarse, dos sociedades no podrán tener exactamente la misma denominación social, pero si podrán, eventualmente, tener denominaciones similares.

Se simplifican los requisitos formales de aquellas publicaciones que son exigidas legalmente, pero sin determinación específica, estipulando que las mismas deberán realizarse por única vez en el Diario Oficial. De esta forma se reducen los costos y tiempos para la perfección de procedimientos societarios, lo cual podría repercutir negativamente en los ingresos de los demás diarios.

La modificación realizada al artículo 97 de la Ley 16.060 merece un mayor detenimiento. A través del art 661 del Proyecto se remueve la exigencia, que al momento tienen las sociedades comerciales, de publicar sus estados contables y proyectos de distribución de utilidades. Consecuentemente, también quedaría sin efecto la disponibilidad de cualquier interesado a consultar los Estados Financieros de una entidad registrante de acuerdo a lo previsto en el art 190 de la Ley 19.438.  En relación a este punto y respecto a las sociedades anónimas abiertas, se establece algo muy similar, al removerse el requisito de la publicación de sus Estados Contables que al momento rige, posterior a la visación de parte de la AIN.

En relación con lo antedicho, el Proyecto también rectifica lo previsto en el artículo 98, agregando una mención a la recomposición del rubro contable “Reserva Legal” cuando esta haya quedado disminuida por cualquier razón. Esto aparenta reafirmar lo ya dispuesto en el artículo 93 de la Ley 16.060, el cual menciona que las sociedades deberán destinar “al menos” el 5% de las utilidades netas arrojadas al cierre de cada ejercicio a la reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital integrado. Por tanto, siguiendo dicho razonamiento, previo al presente Proyecto, las sociedades ya debían recomponer el rubro en cuestión.

Atento a las nuevas modalidades de reuniones celebradas a través de diversas plataformas virtuales, que ya venían siendo predicadas y que se han instalado definitivamente, fruto de la emergencia sanitaria, se ha modificado el artículo 340, adaptándose a las nuevas circunstancias, admitiendo la asistencia a Asambleas de Accionistas por medio de videoconferencia, siempre y cuando se brinde la certeza de identidad de sus participantes.

En concordancia con lo antedicho, se elimina el requisito de previa convocatoria a Asambleas previsto en el art 348, siempre que a la misma asistan accionistas que representen el 100% del capital integrado. Esto se podría relacionar con lo recientemente regulado en la Ley N° 19.820 respecto a la posibilidad de los accionistas de una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) a autoconvocarse, siempre que se cumpla con las particularidades pertinentes. Esta reforma disminuye las conocidas formalidades previas a una Asamblea, en relación a sus tiempos y eventuales costos.

En contraste con esta flexibilización, se incrementó el requisito del mínimo de integrantes necesarios para sesionar en las reuniones de Directorio de las sociedades anónimas, pasando de “la mitad más uno” a “la mayoría absoluta”.

Finalmente, se agrega el artículo 409 BIS – “(Publicación del órgano estatal de control).- El órgano estatal de control podrá publicar, toda vez que lo entienda pertinente, las resultancias de las actuaciones realizadas en cumplimiento del control de funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas, y las observaciones formuladas a dichas sociedades, cualquiera sea la causa de las mismas.»

Se desprende así, una mayor autonomía en la actuación de la Auditoría Interna en su función de órgano de control estatal. A esto también se añade la modificación del artículo 411, que, vinculado al accionar de la AIN, sustituye la expresión “en los casos en que proceda su actuación” a “en los casos que así entendiera”, lo cual deja a criterio de este organismo, las facultades de suspender resoluciones sociales, intervenir en sociedades y eventualmente proceder a su disolución y liquidación.

Documento elaborado por: Sofia Humaian

 

 

 

 

 

Se prorroga la suspensión de plazos para realizar comunicaciones al Registro de titulares y beneficiarios finales del BCU.

Informamos que en el marco de la ley Nº 19.885 de junio de este año, que resolvió la suspensión a partir del día 13 de marzo y hasta el día 15 de mayo de 2020 inclusive, del cómputo de los plazos previstos por las Leyes N° 18.930, N° 19.288, y Capítulo II de la Ley N° 19.484, para cumplir con la obligación de información y comunicación al Registro del BCU de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales; se ha resuelto mediante el Decreto Nº 193/020, publicado el pasado 20 de julio de 2020, prorrogar  la suspensión del cómputo de los plazos antedichos, desde el día 15 de mayo de 2020 hasta el día 15 de agosto de 2020 inclusive.

La citada ley se fundó en las dificultades prácticas que conllevan las comunicaciones a realizar al BCU en el estado de emergencia sanitaria como resultado de la pandemia originada por el Covid-19, y tuvo por fin evitar las consecuencias sancionatorias.

En este sentido, la referida ley previó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera prorroga la suspensión del cómputo de los plazos antes detallados en caso de que persistiera el estado de emergencia, facultad que fue ejercida mediante el mencionado Decreto 193/20.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk

LUC: dos modificaciones importantes al Sistema de Prevención de Lavado y Financiamiento de Terrorismo

La Ley de Urgente Consideración (LUC) realizó dos modificaciones importantes al Sistema de Prevención de Lavado y Financiamiento de Terrorismo, una al Sector Financiero y otro al No Financiero (APNFD).

 Respecto al Sector Financiero, el artículo 226 de la LUC sustituye el artículo 12 de la ley 19574 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, que es el que establece que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay están obligadas a realizar reportes de operaciones sospechosas y por tanto a contar con un sistema de prevención en la materia.

 La novedad del artículo es que indica que las empresas de seguros y reaseguros estaran  alcanzadas por la obligación de informar únicamente cuando participen en actividades relacionadas con suscripción y colocación  de seguros de vida y otros seguros relacionados con la inversión (seguros con ahorro por ejemplo). Cualquier otra modalidad de seguros (los llamados seguros generales) dejan de generar la obligación de reportar y por lo tanto de aplicar sistema de debida diligencia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (LAFT) .

 Respecto al Sector No Financiero, o sea aquellas actividades y profesiones no financieras obligadas a la aplicación de sistema de prevención en LAFT , el artículo 225 de la LUC agrega un inciso al artículo 17 de la ley 19574 , el que refiere a medidas simplificadas de debida diligencia. El mismo ya establecía que los sujetos obligados debían aplicar debida diligencia simplificada respecto de los clientes, productos u operaciones que tengan un riesgo bajo de acuerdo a su evaluación de riesgo. Lo que la LUC agrega es la posibilidad de también aplicar debida diligencia simplificada cuando la operación se realice usando medios electrónicos tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago emitidos por instituciones de intermediación financiera o de los que estas fueran obligadas al pago o valores de los que estas fueran depositarias.

 El nuevo inciso incluye algunas excepciones a la aplicación de la nueva norma , en las cuales deberá aplicarse debida diligencia intensificada:

  • En el caso de clientes no residentes, si éstos provienen de países que no cumplan los estándares  internacionales en materia de prevención en LAFT. 
  • En el caso de la existencia de Personas Políticamente Expuestas en las operaciones (Art 20 Ley 19574, art 14 Decreto 379/18). 
  • En el caso que la operación resulte inusual y se evalúe la posibilidad de realizar un Reporte de operación sospechosa  (art 22 Ley 19574, Art 89 Decreto 379/18).
  • En los casos de las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de riesgo alto (en las que se debe aplicar debida diligencia intensificada) (Art 13 Decreto 379/18) .

 Se agrega otro inciso al Artículo 17 que indica que cuando el ordenante del pago fuera distinto al que realiza la operación (o sea a quién se aplicó la Debida Diligencia) , se deberán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada o intensificada también a este nuevo sujeto, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior.

 Las cuentas de origen y destino de fondos o valores podrán estar radicadas en instituciones de intermediación financiera del exterior , siempre que las mismas estén situadas en países que cumplan los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 

Como comentario final, vemos que el nuevo inciso del artículo 17 de la ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, permite aplicar debida diligencia simplificada a aquellas operaciones que se realicen a través de medios electrónicos (instrumentos emitidos por Instituciones de Intermediación Financiera) .  Por otro lado la LUC (Ley de Urgente Consideración) en sus artículos 215 a 224 flexibiliza la Ley de Inclusión Financiera subiendo el umbral que permite las operaciones en efectivo a usd 100 mil aproximadamente , por ejemplo en pago de honorarios profesionales o en toda operación o negocio jurídico (inmuebles, empresas, aportes de capital, y otros) .  Con ello es esperable que se realicen más operaciones mediante el uso del efectivo .

 Vale entonces recordar que hay artículos del decreto 379 /2018 que reglamentó la Ley 19574 de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo que obligan a aplicar debida diligencia intensificada a las operaciones en efectivo. Ellos son, el artículo 30 que aplica a los sujetos obligados del sector inmobiliario y el artículo 47 que aplica a Abogados, Escribanos y Contadores Públicos.

Documento elaborado por el Cr. Diego Buela

 

 

Flexibilidad en el pago de algunas obligaciones por anticipos de impuestos

Nueva Resolución de DGI 1251/2020

Se establece que las empresas, salvo los designados Grandes Contribuyentes, que hayan obtenido rentas gravadas menores a UI 6.000.000 (aprox. $ 27 millones) en el ejercicio anterior, tendrán flexibilidad en el pago de las siguientes obligaciones por anticipos de impuestos, correspondientes a los meses de junio y julio 2020:

  • Anticipo de Impuesto al Patrimonio
  • Anticipo de ICOSA
  • Anticipo de IRAE

Estos tres anticipos podrán ser abonados en los meses de setiembre y octubre respectivamente, de acuerdo a las fechas de vencimiento previstas en el cronograma de pagos mensuales para cada sujeto pasivo.

Medidas Tendientes a Recuperar el Empleo

El 1 de julio del corriente, el Poder Ejecutivo, con miras de fomentar nuevas contrataciones e incentivar a que las empresas retomen al personal enviado oportunamente al seguro de desempleo, por la causal suspensión total de actividades, ha decidido otorgarles, por cada empleado, un incentivo de carácter transitorio, no reembolsable de U$ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Para ello, las empresas deberán cumplir con los requisitos que se dirán a continuación:

(i)               Contratación de un nuevo empleado, no debiendo la empresa registrar al 31 de mayo del corriente empleados en el subsidio por desempleo por cualquier causal, salvo aquellos que se encuentren amparados en el subsidio especial por reducción de jornadas u horario laboral para trabajadores mensuales; y

(ii)              Reintegro de empleados que estuvieren amparados en subsidio por desempleo por la causal suspensión total, debiendo haber estado amparados a dicho subsidio al 31 de mayo de 2020, (es decir que los empleados que ingresaron al seguro de paro por suspensión total de actividades a partir del 1 de junio del 2020 y posteriormente son reincorporados,  conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, no quedarán comprendidos en el ámbito de aplicación del referido texto normativo).

Para que las empresas sean acreedoras de dicho incentivo, las nuevas contrataciones y/o reincorporaciones en los términos mencionados anteriormente, deberán realizarse entre el 1 de julio y el 30 de setiembre de este año.

El término máximo del aporte estatal mensual será de tres meses, pudiendo ser interrumpido en forma previa, cuando: (i) existan empleados de la empresa beneficiaria que se hubieren amparado al subsidio por desempleo bajo cualquier modalidad con posterioridad al 1 de julio de este año; y (ii) cuando no se conserven los puestos de trabajo por parte de los empleados contratados o reintegrados durante la vigencia del mismo.

El aporte estatal es financiado por el Fondo Solidario COVID-19 y el encargado de la ejecución e instrumentación del aporte es el Banco de Previsión Social, quien compensará las obligaciones tributarias de la empresa por el monto de aporte que le corresponda.

Documento readactado por la Dra. Mercedes Nin Algorta

Departamento Laboral.

 

LUC- Principales aspectos de la Ley de Inclusión Financiera

El pasado miércoles 8 de junio se aprueba la Ley de Urgente Consideración presentada por el Poder Ejecutivo a los legisladores.

En esta oportunidad, analizaremos las modificaciones relacionadas con los principales aspectos de la Ley de Inclusión Financiera:

Libertad Financiera – Cambios a la Ley de Inclusión Financiera

La Ley de Urgente Consideración (LUC) realizó varias modificaciones en relación a la flexibilización de los pagos con medios electrónicos. A continuación, analizaremos los principales cambios introducidos:

  1. Modificaciones al régimen de pago de nómina

En materia de pagos a los trabajadores, la Ley de inclusión Financiera (LIF) en su artículo 10, establecía lo siguiente:

“El pago de las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, deberá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio….”

La LUC modifica este mismo artículo, admitiendo también el “pago en efectivo”.

Por su parte el artículo 11 de la misma Ley establece un cronograma de incorporación al sistema de pago, que no se ve modificado salvo por el párrafo a continuación, que considera ambas formas de pago: “La modalidad de pago será acordada entre el empleador y el trabajador al momento del inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el plazo de un año, que será prorrogable por un año más en caso de que no se pacte otra modalidad de pago luego del vencimiento del primer plazo”.

  1. No discriminación y gratuidad

Se modifica el artículo 24 de la LIF en relación a los servicios descritos en el artículo 17 de la misma norma (beneficios sociales y otras prestaciones), estableciendo que: “… las instituciones que reciben fondos no podrán cobrar cargo alguno al beneficiario final”. Originalmente, la LIF consideraba el no cobro de cargos en forma bipartita, es decir a ninguna de las partes intervinientes.

  1. Pago de honorarios profesionales

De acuerdo al articulo 12 de la LIF, los servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia debían ser abonados mediante medios de pago electrónicos o a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico.

La LUC modifica este artículo incorporando la alternativa del “… pago en efectivo hasta un importe máximo de UI 1.000.000 (aprox. USD 110 mil), …”

  1. Pagos a proveedores del Estado

Se modifica artículo 42 de la LIF donde se establecía lo siguiente: “… todos los pagos a proveedores del Estado deberán realizarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera”.

Se modifica este artículo y se establece que “… se podrá abonar en efectivo hasta un máximo de la compra directa común”. Este monto, de acuerdo a lo que determina el TOCAF, ha quedado fijado en $ 510 mil (aprox. USD 12 mil) para este año 2020.

  1. Restricción al uso de efectivo para ciertos créditos

Se sustituye el artículo 35 de la LIF, donde se establecía que “… el pago por operaciones o negocios jurídicos, cualquiera sea, podrá realizarse mediante medios de pago en efectivo hasta 40.000 UI”. A partir de la vigencia de la presente Ley, este último importe ascenderá a 1.000.000 UI (aprox USD 110 mil).

A efectos de expresar los valores en pesos se convertirán las unidades indexadas a la cotización del primer día de cada mes.

Tal como se menciona en la LIF, las restricciones del uso del efectivo mencionadas en párrafo anterior, serán de aplicación para las sociedades comerciales, respecto de los ingresos y egresos de dinero por aportes irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, con o sin prima de emisión, aportes irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, pago de participaciones sociales, por concepto de exclusión, recesión, reducción, rescate, amortización de acciones u otras operaciones similares previstas en la Ley de sociedades comerciales.

Se incorpora además, el artículo 35 BIS donde se establece lo siguiente:

“Para las operaciones o negocios jurídicos cuyo importe se entregue parte en efectivo y parte en otro medio de pago, el límite en efectivo no podrá superar 1.000.000 UI” (aprox. USD 110 mil).

Los Registros Públicos controlarán el cumplimiento de estas disposiciones, y lo dispuesto en el artículo anterior, para los actos y contratos registrables, y no inscribirán en forma definitiva las operaciones que no cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados. En las operaciones con saldo de precio no se requerirá la individualización de los medios de pago utilizados para cancelar dicho saldo, siempre que se deje constancia del cumplimiento de lo previsto en esta norma y la precedente.

Cuando el medio de pago sea depósito en cuenta, las instituciones de intermediación financiera deberán permitir la identificación de los referidos pagos. La reglamentación podrá admitir otros mecanismos de verificación. Sólo a estos efectos, las instituciones de intermediación financiera quedarán exoneradas del secreto profesional a que refiere el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322.

Este artículo y el anterior no serán de aplicación en los casos de enajenación de inmuebles por vía de expropiación.

Ningún incumplimiento de esta ley provocará la nulidad del acto o negocio jurídico, ni la aplicación de sanción a los profesionales, escribanos y otros intervinientes, siempre que las operaciones sean celebradas desde el 1º de abril de 2018.

  1. Incumplimientos y sanciones

Se sustituye el articulo 46 de la LIF, donde se establecía que el incumplimiento de los la obligación de realizar los medios de pago previstos por los artículos 12, 14, 35, 36, 40 y 41 de la misma Ley, se sancionará mediante multa que podrá alcanzar el mayor entre: 25% del monto abonado o percibido por medios de pago distintos al permitido o 10.000 UI.

La LUC sustituye los artículos antes mencionados por lo establecido en el artículo 35 únicamente, mencionado más arriba.

  1. La LUC elimina varios artículos de la LIF donde se establece lo siguiente:
  • Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto (160.000 UI);
  • Inscripción en los Registros Públicos y la actuación del escribano público. De acuerdo al articulo 36 BIS, los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva las operaciones que no cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados o cuyos medios de pago sean distintos a los previstos para dichas operaciones en la presente ley;
  • Limitación de medios de pago específicos para los arrendamientos, subarrendamientos y crédito de uso de inmuebles;
  • Limitación de medios de pago específicos a las enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmueble.
  • Limitación de medios de pago específicos a las adquisiciones de vehículos motorizados;
  • Limitación de medios de pago específicos para el pago de tributos nacionales;
  • Limitación de medios de pago específicos para las adquisiciones de bienes y servicios realizadas en el marco de regímenes tributarios especiales;
  • Disposiciones sobre la equiparación de beneficios entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico para proveedores o comercios.

Documento elaborado por la Cra. Luciana Mantero

Departamento Fiscal

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LUC EN MATERIA LABORAL

El pasado 8 de julio, el Poder Legislativo sancionó el Proyecto de Ley de Urgente Consideración (en adelante la “Ley”).

Seguidamente advertirán el cambio introducido en materia laboral y previsional por dicha ley.

Bajo el nombre “Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”, la Ley establece: “El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.”

Mediante la referida disposición, el Estado garantiza: (i) el ejercicio pacífico del derecho de huelga; (ii) la posibilidad de que los trabajadores no huelguistas ingresen a trabajar a la empresa, y (iii) el derecho de la dirección de la empresa, incluyendo claro está al empleador, que puedan ingresar al establecimiento para trabajar.

En lo que dice relación al ejercicio pacífico del derecho de huelga, entendemos que éste equivaldría a decir que no se admiten las modalidades violentas del ejercicio del referido derecho, tales como los piquetes duros, el boycot o el sabotaje, o en general cualquier acción que signifique la imposibilidad de mantener operativo el establecimiento una vez finalizada la medida, y ello por cuanto las medidas antes mencionadas, por sus propias características, necesariamente son violentas.

Asimismo, el Estado reconoce el derecho de los empleados que no se adhieren a la huelga y que quieren trabajar, la posibilidad de ingresar al establecimiento a desarrollar sus tareas y continuar con sus labores, permitiéndole dicho ingreso también a la dirección de la empresa, incluyendo al empleador.

¿Cuál es la finalidad de la norma y cómo se materializa? En primer lugar entendemos que dicha disposición busca fortalecer el derecho al trabajo y la libertad de circulación, ambos derechos consagrados en nuestra Constitución. En segundo lugar y en lo que dice relación a la última interrogante, entendemos que la solución dependerá de cómo tales derechos se vean afectados y quienes los menoscaben. Es decir, que si los empleados huelguistas, los no huelguistas o los empleados encargados de la dirección de la empresa, adoptan medidas que contravienen lo indicado en el citado artículo, tipificando en consecuencia algún delito penal, (por ejemplo: delito de daño), entendemos que para garantizar el derecho consagrado en el artículo 392 de la Ley, debiera participar el Ministerio del Interior. En cambio, si no se tipifica ninguna conducta delictiva, pero con su accionar los empleados huelguistas, los no huelguistas, o incluso el empleador, menoscaba los derechos de los demás, entendemos que debiera participar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En lo que respecta al aspecto previsional, la Ley prevé la creación de una Comisión de Expertos en materia de Seguridad Social, integrada por quince miembros del Poder Ejecutivo, que cuenten con notoria idoneidad en asuntos previsionales, demográficos, económicos y legales. Dicha Comisión funcionará en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La misma tiene varios cometidos, entre los cuales deberá analizar las fortalezas y debilidades de los diversos regímenes previsionales que integran el sistema previsional uruguayo actual, diagnosticando tal situación así como brindar perspectivas a corto, mediano y largo plazo. Asimismo deberá formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes provisionales actuales.

Mercedes Nin Algorta

Requerimientos de información para Gestores de Portafolios

El Banco Central ha previsto una serie de requisitos de información específicos para los Gestores de Portafolios, quienes son definidos como personas jurídicas que, en forma profesional y habitual, administran las inversiones de terceros con arreglo a poderes de administración provistos por éstos, asesoran en valores, canalizan ordenes, referencian clientes a otras instituciones y elaboran informes relativos a los mercados de valores.

Los requisitos previstos se detallan a continuación:

Contabilidad y estados contables:

  • Al igual que otras entidades, se ha unificado para los gestores la fecha de cierre del ejercicio económico, que será el 31 de diciembre de cada año.
  • Dentro del plazo de 3 (tres) meses contados desde la finalización de cada ejercicio económico, deberán presentar:
    1. Estados contables consolidados anuales del grupo al que pertenece el gestor de portafolios, acompañados de Informe de Auditoría Externa, debidamente firmados. En los casos en que no corresponde consolidar, se deberá presentar declaración jurada indicando los motivos por los cuales el gestor no elabora estados contables consolidados.
    2. Estados contables individuales anuales, acompañados de Informe de Auditoría Externa, debidamente firmados por profesionales autorizados por BCU e inscriptos en el Registro de auditores Externos de esta Institución.
  • Información anual sobre los servicios prestados a clientes, de acuerdo con instrucciones que se impartirán.
  1. Declaración jurada indicando el valor de mercado de los activos bajo manejo al cierre de ejercicio.
  • Dentro del plazo de 2 (dos) meses contados desde la finalización del primer semestre de cada ejercicio económico: Declaración jurada indicando el valor de mercado de los activos bajo manejo al cierre del semestre.

Cr. Jorge Baglivo

Auditoria Externa

LACCA Approved 2021

Decreto establece flexibilizaciones al régimen de residencia fiscal en Uruguay en materia de inversiones.

Con la finalidad de promover la inversión extranjera, el Poder Ejecutivo publicó el pasado 11 de junio, un Decreto que flexibiliza los requisitos para que extranjeros puedan obtener la residencia fiscal en Uruguay en mérito a inversiones realizadas en el país. Con fecha 17 de junio de 2020 se emitió nuevo decreto precisando el alcance, por lo expuesto, aclaramos la información oportunamente enviada.

Se permite obtener la residencia fiscal en Uruguay a aquellos extranjeros que realicen las siguientes inversiones en Uruguay:

  1. Inversiones en bienes inmuebles.

El inversor deberá cumplir acumulativamente las siguientes condiciones:

(i) que tengan un valor superior a 3.500.000 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 370.000 al día de hoy), disminuyendo considerablemente el monto requerido hasta la fecha (aproximadamente USD 1.600.000);

(ii)  que sean realizadas a partir del 1° de julio de 2020; y

(iii) que el inversor registre una presencia efectiva en Uruguay de al menos 60 (sesenta) días durante el año civil.

  1. Inversiones directas o indirectas empresas.

El inversor deberá cumplir acumulativamente las siguientes condiciones:

(i)  que tenga un valor superior a 15.000.000 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 1.590.000 al día de hoy), disminuyendo también significativamente el monto requerido a la fecha (aproximadamente USD 4.800.000);

(ii)  que la inversión se realice a partir del 1° de julio de 2020; y

(iii) que se generen al menos 15 (quince) nuevos puestos de trabajo directo, en relación de dependencia y a tiempo completo durante el año civil. Se computará la inversión acumulada desde el 1° de julio de 2020 y hasta la finalización del año civil correspondiente.

Es importante mencionar que se elimina para estas inversiones el requisito hasta entonces solicitado de que las actividades y/o proyectos realizados por la empresa hubieran sido declarados de interés nacional.

Documento elaborado por la Dra. Agustina Bomio