Senado aprobó «Ley Federica»

 

¿Para qué casos fue pensada la Ley Federica?

La Ley se focaliza en aquellas situaciones en que el recién nacido presenta algún factor de fragilidad o riesgo. Se trata de casos en que el bebé requiere de cuidados especiales que se prolongan en el tiempo.

¿Qué es el subsidio parental para cuidados?

Es un subsidio para el cuidado de recién nacidos. Este subsidio está previsto en la Ley 19.161, de 1º de noviembre de 2013, que innovó al prever un período en el que tanto padre como madre pueden trabajar medio horario para cuidar a su bebé.

La Ley Federica busca modificar algunos artículos de la Ley 19.161 a efectos de incluir en la misma las situaciones de fragilidad de los recién nacidos.

¿Qué situaciones incorpora la Ley Federica a la Ley 19.161?

  1. Prematurez (treinta y tres semanas de gestación o menos).

Dentro de esta categoría, se consideran casos severos aquellos nacidos con treinta y dos o menos semanas de edad gestacional y/o con bajo peso. Es por ello que la Ley Federica propone que, por el solo hecho de que el nacimiento se produzca antes de culminada la semana treinta y tres de gestación, aun siendo sano el recién nacido, la licencia maternal se extienda a dieciocho semanas y la licencia paternal a treinta días corridos.

Cuando el parto sobreviniere antes de la fecha presunta, pero a partir de las treinta y cuatro semanas de gestación inclusive, la beneficiaria iniciará el descanso de inmediato y el período de descanso puerperal se verá prolongado hasta completar las catorce semanas o las ocho semanas posteriores a la fecha de parto probable inicialmente, si este término venciere con posterioridad a aquél.

Se mantiene el subsidio parental para cuidados del recién nacido, hasta los seis meses de vida del hijo de los beneficiarios.

  1. Nacimientos múltiples, sin importar la semana de gestación, aun siendo sanos los recién nacidos.

También en esta situación se propone extender el amparo del subsidio por maternidad a dieciocho semanas y la licencia paternal a treinta días corridos. Al igual que en el caso anterior, se mantiene el subsidio parental para cuidados del recién nacido hasta los seis meses de vida del hijo de los beneficiarios.

  1. Nacimientos con peso menor o igual a 1.5 kg, sin importar la semana de gestación, aun siendo sano el recién nacido.

Se propone que la madre goce de una licencia maternal de dieciocho semanas y el padre de treinta días corridos. Al igual que en el caso anterior, se mantiene el subsidio parental para cuidados del recién nacido hasta los seis meses de vida del hijo de los beneficiarios.

  1. Recién nacidos con complicaciones o comorbilidades, sean o no prematuros, que requieran tratamiento en el centro hospitalario y/o en su domicilio.

En estos casos de complejidad, la Ley propone que la licencia maternal se prolongue hasta los seis meses de edad del recién nacido y la licencia paternal a treinta días corridos. El subsidio parental para cuidados se gozará desde los seis meses y hasta los nueve meses de vida de los beneficiarios.

Esta categoría comprende a los nacimientos ocurridos en cualquier semana gestacional, incluso a término, siempre que el recién nacido presente complicaciones.

Se trata de casos en que el recién nacido presente algún trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección, que por su naturaleza y/o gravedad impliquen riesgo o compromiso de vida del recién nacido, con internación o con tratamiento domiciliario.

Por el mismo término se extenderá el período de amparo al subsidio por maternidad en los casos en que el recién nacido presente algún trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección que, sin implicar riesgo de vida, involucre discapacidades sensoriales, físicas o intelectuales, que requieran internación o tratamiento, que a juicio del médico especialista necesite o se beneficie de los cuidados de la madre.

Se trata de una solución legislativa que no sólo promueve la extensión de la licencia maternal, sino también de la del padre, quien será beneficiado aun cuando la madre no esté incluida en la Ley Nº 19.161. Ello en virtud de que le trabajador tiene derecho al subsidio por inactividad compensada por paternidad por el solo hecho del nacimiento de un hijo (artículo 7º de la Ley 19.161).

¿Se amplía la licencia por paternidad en estos casos?

Sí, se agrega una nueva licencia por paternidad paga por BPS para los casos de padres cuyos hijos nazcan en alguna de las situaciones antes mencionadas. En estos casos, se otorgan 30 días corridos de licencia para el padre.

¿A qué nacimientos se aplican los beneficios de la Ley Federica?

Los beneficios de la Ley Federica serán aplicables a los nacimientos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de la ley, pero además a aquellos casos en que los progenitores se encuentren usufructuando el subsidio por maternidad o el subsidio por inactividad compensada por paternidad.

Documento elaborado por la Dra. Andrea Ramírez.

URUGUAY ¿UN HUB DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL?

Al momento de concretar el lugar geográfico para el desarrollo de un proyecto audiovisual, Uruguay se ha posicionado como un destino de referencia dentro del rubro.

Su estabilidad macroeconómica, su rentabilidad, liquidez, seguridad jurídica y sus garantías constitucionales han generado un hub de innovación que merece ser destacado.

Dentro de la región, Uruguay ha logrado mitigar varios de los riesgos emergentes que tanto inversores como organismos internacionales, toman en cuenta para el financiamiento de nuevos negocios.

En el rubro audiovisual, Uruguay logró climatizarse a la “era digital” transformando su modalidad de prestación de servicios a través de plataformas digitales, generando nuevas formas de distribución y consumo que funcionan de manera exitosa.

Actualmente, la alta demanda de técnicos y profesionales vinculados a esta actividad ha generado un porcentaje de desempleo casi nulo y los contenidos digitales creados en el país se han ido sofisticando y diversificando a lo largo de la última década.

Resulta igualmente importante remarcar el impacto positivo “en cadena” que el rubro origina. La sola actividad de rodaje provoca la demanda de servicios y productos conexos, tales como hotelería, catering, medios de transporte y demás, los cuales han visto en la actividad audiovisual, una oportunidad de crecimiento económico alternativa al clásico sector turístico.

Durante el período 2020 – 2021, los estrictos protocolos sanitarios aplicados en la industria, a consecuencia del virus SARS COVID 19 no fueron impedimento para el desarrollo de esta actividad. La cual genera un valor agregado al país, no solamente por el fenómeno de acumulación de proyectos internacionales que aterrizan aquí, si no por la creación de contenido uruguayo el cual se vende como una marca registrada al resto del mundo.

Documento elaborado por la Dra. Sofía Humaian

Software: Exoneraciones tributarias.

En el presente informe analizamos los principales beneficios fiscales de los que goza la actividad de software en nuestro país.

EXONERACIÓN DE IRAE

La normativa respecto a la exoneración de IRAE de las rentas derivadas de la actividad de producción de soportes lógicos y servicios asociados fue ajustada en el año 2018. Con anterioridad a dicha modificación la actividad se encontraba exonerada únicamente cuando las actividades eran aprovechadas íntegramente en el exterior.

A partir de los ejercicios iniciados en enero 2018 también se exoneran los servicios prestados localmente, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Actualmente se condiciona la exoneración de IRAE a que el desarrollo de los intangibles sea realizado -al menos en parte-, en nuestro país.

Para los servicios vinculados a los mismos, se establece la exoneración total siempre que los mismos sean desarrollados en territorio nacional.

Es decir, se distinguen dos tipos de actividades exoneradas:

  • Producción de software

Las actividades que podrán incluirse en la exoneración son las de arrendamiento, uso, cesión de uso o enajenación de software propio, siempre que el activo esté registrado de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual N° 9.739.

A efectos de determinar el porcentaje de exoneración, se debe realizar el siguiente cociente para cada activo intangible producido:

  • Numerador: gastos y costos directos incurridos por el desarrollador en cada activo, más servicios contratados (excluyendo las contratadas con partes vinculadas no residentes). El resultado final se incrementa un 30%.
  • Denominador: Suma del numerador sin incrementar más los gastos y costos de concesión de uso o adquisición de derechos de propiedad intelectual, y los servicios contratados con partes vinculadas no residentes.

En resumen, esta actividad podrá quedar parcialmente exonerada de IRAE, según el resultado del mencionado coeficiente.

  • Desarrollo de software y servicios vinculados

Las actividades que podrán estar comprendidas en la exoneración son las elaboradas para terceros y no registradas por el desarrollador, incluyendo las de investigación, innovación, análisis, diseño, construcción, homologación, adecuación y personalización (GPAs), y parametrización.

Por su parte, los servicios vinculados refieren a la implementación en el cliente, integración, soporte técnico, actualización y corrección de versiones, mantenimiento correctivo y evolutivo, conversión y migración de datos, pruebas y certificación de calidad, riesgo informático, seguridad y capacitación sobre servicios desarrollados por el contribuyente.

La exoneración será total o nula, no admitiéndose exoneración parcial.

Las rentas estarán 100% exoneradas siempre que la actividad que la origina sea desarrollada por el sujeto pasivo de IRAE en territorio nacional.  Se considerará desarrollada en territorio nacional siempre que:

  • La entidad emplee a tiempo completo recursos humanos en número acorde a los servicios que se presten, calificados y remunerados adecuadamente, y
  • los gastos y costos directos incurridos en el país para la prestación de los servicios sean mayores al 50% del total de gastos y costos directos del ejercicio.

Requisitos de exoneración

La aplicación de esta exoneración es opcional, las empresas que deseen ampararse a la misma deberán:

  • Presentar una declaración jurada anual ante la DGI,
  • Dejar constancia del porcentaje de exoneración o monto exonerado en todos los comprobantes emitidos en el ejercicio por los servicios exonerados, los cuales, a su vez, no pueden documentarse conjuntamente con servicios no comprendidos en la exoneración.
  • Deben estar comprendidos en el régimen de facturación electrónica.

Limitaciones de exoneración

Se excluyen de esta exoneración de IRAE a las empresas unipersonales y sociedades de hecho o civiles.  A modo de ejemplo, sí pueden tener la exoneración las S.A., SRL, SAS, etc.

DEDUCCIÓN DEL GASTO DE SOFTWARE EN EL IRAE

La exoneración de IRAE para las empresas de software tiene impacto en la liquidación del IRAE de sus clientes, puesto que la amortización del software o el gasto en servicios no será íntegramente deducible en la liquidación del IRAE del mismo.

La normativa estableció expresamente que a los efectos de la deducción de la amortización del Software debe aplicarse la regla de deducción proporcional de gastos, llamada “regla candado”. Esto implica que para el caso particular de los contribuyentes de IRAE que contratan con sujetos cuyas rentas se encuentran exoneradas parcialmente del impuesto, la deducción de dichos gastos quedará limitada al monto que surja de aplicar a los mismos el porcentaje correspondiente a la renta no exonerada.

Por otra parte, para los gastos por prestación de servicios vinculados a la actividad de software que gocen de exoneración total en cabeza del prestador, se estableció que el mismo será deducible en un 60%.

En resumen, para determinar cuánto del gasto podrá descontar, el cliente tendrá que verificar en la documentación emitida por el prestador de servicios exonerado

IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

En la prestación de servicios fuera de la relación de dependencia, la actividad personal que se desarrolla quedará comprendida en el IRAE o IRPF en función la titularidad de los bienes de activo fijo que se utilizan.

Particularmente en el software, cuando la actividad se desarrolla utilizando exclusivamente equipos informáticos aportados por el prestatario, se considera que no hay combinación de capital y trabajo, de modo que la renta queda comprendida en el IRPF. De lo contrario, quedarían comprendida en el IRAE y aplicarían las exoneraciones previamente explicitadas.

En el IRPF, están exoneradas del impuesto las rentas derivadas de investigación y desarrollo en biotecnología, bioinformática, producción de software y servicios vinculados siempre que los bienes y servicios sean aprovechados en exterior.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

La licencia de uso y cesión total de derechos de uso y explotación de software, y los servicios para el diseño, desarrollo e implementación de software, se consideran exportación de servicios, siempre que los mismos sean prestados a personas del exterior para su aprovechamiento en el exterior o prestados a personas físicas o jurídicas instaladas en zonas francas.

Que sean exportación de servicio implica que se factura sin IVA, y que el IVA compras asociado a las mismas puede recuperarse como crédito fiscal.

Documento elaborado por la Cra. Lucía Ferrari.

Novedades en la Ley de Zona Franca

El miércoles 27 de octubre el Parlamento aprobó la Ley de Rendición de Cuentas. En la misma se incluye un artículo a ser incorporado en la Ley de Zona Francas (No. 15.921)

El texto quedará redactado de la siguiente manera:

“Los usuarios de zonas francas podrán celebrar acuerdos con el personal dependiente, para que éstos puedan prestar servicios en la modalidad teletrabajo exclusivamente desde su domicilio particular situado en territorio nacional. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones y límites para la celebración de dichos acuerdos. El usuario de zona franca que implemente la modalidad teletrabajo, deberá asegurar en todo momento al Desarrollador el control de los recursos humanos que teletrabajan, con el detalle de días y horario dentro del cual lo efectúan, información que podrá ser solicitada por la Dirección Nacional de Zonas Francas cuando esta lo estime pertinente. No quedan comprendidos en la autorización dispuesta en los incisos precedentes, los recursos humanos que desarrollen directamente las actividades operativas de producción o fabriles, de distribución o logísticas.


Tampoco se autorizará para el desarrollo de las actividades comerciales sustantivas definidas en el artículo 14 de la presente ley. Asimismo, la presente autorización legal no implicará bajo ninguna circunstancia la autorización para abrir oficinas de tipo alguno fuera de las zonas francas
«.

Dra. Mercedes Nin Algorta

Ingreso al Uruguay Extranjeros Inmunizados y Menores de Edad

Conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 357/021 de fecha 27 de octubre del corriente, a partir del 1 de noviembre podrán ingresar al Uruguay las personas que se dirán a continuación:

  1. Extranjeros que acrediten haber recibido una o dos dosis según corresponda al tipo de vacuna suministrada contra el virus aprobadas por su país de origen dentro de los últimos 9 meses previos al embarque y cumplidos los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva;
  2. Extranjeros que hayan cursado la enfermedad COVID-19 dentro de los últimos noventa días previos al embarque o arribo al país, debiendo acreditar dicho extremo mediante la realización de un resultado positivo de test por técnica de biología molecular o test de detección de antígenos, realizado entre un máximo de 90 días y hasta 20 días previos al embarque o arribo al país, según corresponda; y
  3. Extranjeros menores de 18 años de edad.

Dra. Mercedes Nin Algorta

 

Análisis jurídico del accidente que conmocionó a la industria cinematográfica.

El pasado 23 de octubre, la industria cinematográfica se vio sacudida por un trágico accidente, el cual consideramos merece una breve reflexión respecto a las consecuencias jurídicas que idéntica situación podría haber causado, sí hubiese ocurrido en nuestro país.

El actor y coproductor de la película denominada artísticamente como “RUST”, el señor Alec Baldwin, dentro del set de filmación y durante el rodaje de una escena, disparó accidentalmente un arma de utilería, provocando consecuentemente el fallecimiento de la directora de fotografía.

Debemos destacar que, en este último tiempo, la industria cinematográfica ha crecido exponencialmente en nuestro país. En este contexto de crecimiento y apertura, surge plantearse, si el hecho hubiese ocurrido dentro de un set de filmación uruguayo, ¿Cuál sería la normativa aplicable y quién sería el sujeto pasivo pasible de sanciones?

En este sentido, sí la víctima fatal del accidente, hubiese sido una “empleada dependiente” contratada por la productora que lleva adelante la obra audiovisual, y ésta se encontrare debidamente inscripta ante el Banco de Previsión Social en cumplimiento con las previsiones dictadas por esta rama, entendemos que sería de aplicación la Ley N° 16.704 de fecha 10 de octubre de 1989, denominada “Regulación de los Seguros Sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”. Si bien dicha ley no define específicamente el concepto de accidente de trabajo, se entiende por tal, toda lesión proveniente de una causa externa súbita y frecuentemente violenta en ocasión o a causa del trabajo que se ejecuta en relación de subordinación. En definitiva, para que un accidente sea considerado “laboral” debe generar lesiones y además existir un nexo causal entre el accidente y el trabajo. Asimismo, dicho cuerpo normativo establece que todo empleador será civilmente responsable de los accidentes que ocurran a sus empleados a causa del trabajo o en ocasión de este, entendiéndose por empleado, a todo aquel que ejecute un trabajo habitual u ocasional, remunerado, y en régimen de subordinación. Sin embargo y en oportunidad de esta rama en particular, la Ley de Accidentes de Trabajo en su artículo 3 dispone específicamente que no se considerarán empleados dependientes a quienes sean actores en espectáculos artísticos, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataren.

Asimismo, debemos destacar que con la entrada en vigencia de la Ley No. 19.196 denominada “Ley de Responsabilidad Penal Empresarial”, nuestro legislador consagró un nuevo delito, el cual establece que el empleador o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será sancionado con 3 a 24 meses de prisión.

Conforme a lo expresado y sin perjuicio de las particularidades que podría llegar a revestir cada caso en particular, entendemos que la productora de la película (en su eventual calidad de empleadora del lesionado/a), podría llegar a verse involucrada como sujeto responsable, y por tanto pasible de sanciones, por su actuar negligente de mantener un arma de fuego dentro de un espacio de trabajo, que pudiese poner en peligro la integridad de sus colaboradores.

Cabe mencionar, sin embargo, que el rubro audiovisual mantiene una fuerte tendencia a la contratación de arrendamiento de servicios “por proyecto”, siendo aplicable la normativa civil y leyes especiales aplicables en la materia, y las disposiciones acordadas en el acuerdo escrito celebrado entre las partes.

Los términos y condiciones establecidos en los contratos escritos celebrados entre la productora y los distintos agentes intervinientes en una obra audiovisual, son fundamentales. Ello por tanto las actividades celebradas por estos, vienen atadas a la autoría y protección de sus derechos de propiedad intelectual por la obra creada, materia que consideramos merece un capítulo especial.

 

Reconocimiento The Legal 500

¿Qué hay de nuevo en relación a los activos virtuales?

El pasado 1 de octubre, el BCU publicó un comunicado relativo a los “activos virtuales”, considerando tal a “la representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido (DLT) o similares”; también se expuso al respecto a la semana siguiente en las 10ª Jornadas de Derecho del BCU. En el ámbito tributario, la DGI hizo pública la consulta vinculante número 6419, en relación al pago de un inmueble con criptomonedas.

Lo novedoso del comunicado del BCU consiste en hacer explícito que tiene “en vista” reglamentar los activos virtuales y las actividades de los prestadores de servicios de activos virtuales en nuestra jurisdicción, para lo cual ha establecido un plan de trabajo que abarca el último trimestre del año. El mismo comprendería la elaboración por parte del BCU de proyectos de ley que establezcan un marco legal necesario para la reglamentación por parte de dicho organismo. De existir una iniciativa por parte del BCU, se sumaría a los dos proyectos de ley que actualmente se encuentran a consideración del Parlamento.

En cuanto a la naturaleza jurídica de los “activos virtuales” no hay novedades, sino que el BCU se mantiene en la posición en cuanto a que en atención a las características principales que presentan ciertas criptomonedas (por ejemplo, el bitcoin),  no constituyen monedas de curso legal ni son dinero electrónico de acuerdo a la legislación vigente, en tanto no representan un valor monetario con “respaldo” o exigible a su emisor. En línea con lo antedicho, entre las advertencias que el BCU hace a los usuarios, incluye que no existe obligación de las instituciones financieras a procesar transacciones asociadas a activos virtuales y que los comercios no están obligados a aceptarlos como medio de pago. En sentido contrario, también podría decirse con no tienen prohibido hacerlo, y de allí la relevancia de que el BCU emita lineamientos para la prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en operaciones que impliquen activos virtuales.

Surge asimismo del comunicado del BCU que “la emisión y la comercialización de estos instrumentos no son actividades que se encuentren comprendidas dentro de la actuación del Banco Central del Uruguay y, por tanto, no están sujetas a regulación específica”. Al respecto y en forma complementaria nos parece relevante advertir que la presencia de criptoactivos en ciertas operaciones no inhibe la posibilidad de que se configuren actividades u operaciones de tipo financiero que sí estén sujetas  a la regulación y control por parte del BCU. En las JDBCU se utilizó el ejemplo de emisión de “criptoactivos” que representaran una inversión en valores subyacentes (como podrían ser acciones de una sociedad uruguaya), lo cual habría aplicables las normas de oferta pública de valores si estuviera dirigida al público en general desde Uruguay. La Superintendencia de Servicios Financieros por su parte, ha publicado resoluciones en virtud de las cuales, ciertas empresas que brindan servicios vinculados a criptoactivos deberían obtener la inscripción como empresas de transferencias de fondos. Consideración aparte debería hacerse de la emisión de “stablecoins” que tuvieran respaldo de moneda fiat en un depositario, respecto de lo cual el BCU no adelantó posición. En definitiva, se mantiene intacto el criterio rector del derecho banconcetralista en cuanto a atender a la realidad del negocio y al conjunto de aspectos financieros implicados.

Desde el punto de vista tributario, resulta claro que debe regularse el tratamiento fiscal de estos activos, en especial definir dónde se consideran situado los mismos, a los efectos del Impuesto al Patrimonio y de los impuestos a la renta, fijar criterios de valuación y demás aspectos que             otorguen mayor certeza sobre el tratamiento fiscal a aplicar.

Al respecto, DGI se ha expedido en una reciente consulta, donde se plantea el caso de una permuta de un inmueble por criptomonedas. En ausencia de normativa específica al respecto, DGI consideró, de forma consistente con la interpretación que realiza el Banco Central, que las criptomonedas no son dinero ni dinero electrónico, sino un bien mueble incorporal.

¿En este caso puntual qué implicancia fiscal tiene esta respuesta? Que se trata de una permuta y por lo tanto para determinar a qué precio se transfiere el inmueble para determinar el IRPF, debe considerarse el valor corriente en plaza del bien entregado, es decir, de las criptomonedas, el que podrá ser rechazado por DGI. Cabe recordar que el precio o cotización de este activo es de gran volatibilidad, cambiando segundo a segundo, por lo tanto, al no existir en la normativa una referencia sobre qué cotización considerar y de qué momento, queda a criterio del contribuyente tomar los valores de referencia que estime conveniente, eso sí, deberá conservarse la documentación que respalde dicho valor, dado que el mismo puede ser rechazado por DGI.

La consulta está realizada por el escribano actuante, a los efectos de realizar o no la retención del IRPF. Por esta razón la consulta no menciona cuál es el tratamiento fiscal que debe realizar quien permuta las criptomonedas por el inmueble. Al desprenderse de las criptomonedas, se estaría vendiendo un bien mueble, con las consecuencias fiscales en el impuesto a la renta que variarán según dónde consideramos que se genera la renta por estos activos, y quién la obtiene.

Al respecto, el proyecto de ley elevado al Parlamento el pasado 1 de octubre, que se diera a conocer por redes sociales, incluye artículos específicos sobre el tratamiento fiscal.

El proyecto dispone que el tratamiento tributario de las criptomonedas será el mismo que para la moneda extranjera. Es decir, se está considerando, a efectos fiscales, que es una moneda, no un bien mueble.

Por otra parte, se establece que desde el punto de vista fiscal las criptomonedas están situadas fuera del Uruguay, salvo respecto a aquellas cuya utilización se dirija exclusiva o principalmente al mercado nacional.

En resumen, lo que propone este reciente proyecto de ley, es que la tenencia de criptomonedas y el resultado por su venta o entrega en pago de bienes o servicios, no se encuentre gravado por el impuesto al patrimonio ni por el impuesto a la renta. Recordemos que en el IRPF los resultados por tenencia de moneda extranjera están exonerados y por su parte, en la liquidación del IRAE, generarían una renta en el exterior no gravada.

Asimismo se establece que, DGI podrá requerir información a las entidades financieras, casas de cambio, servicios de plataforma de cambio, servicios de custodia de monederos electrónicos y entidades vinculadas con los cajeros automáticos que intervengan en la adquisición, venta, intermediación o mediación de criptomonedas, así como a las empresas que admiten pagos con por este medio.

En definitiva, el creciente y constante uso y prestación de servicios asociados a los activos virtuales, amerita el dictado de regulación específica en todos los frentes, incluyendo en materia financiera, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y tributario, que otorgue certeza a todas las partes intervinientes.

Documento elaborado por la Dra. Florencia Berro y la Cra. Cynthia Carballo.

Flexibilización Aislamiento Social Obligatorio

El pasado 4 de octubre del corriente, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto No. 340/2021, dispuso que el grupo familiar de los propietarios y promitentes compradores de bienes inmuebles ubicados en nuestro territorio, titulares de participaciones sociales o acciones de personas jurídicas y los beneficiarios finales de éstas, sean propietarias o promitentes compradoras de bienes inmuebles ubicados en el Uruguay, que provengan de un país en que no se haya aprobado ningún tipo de vacuna contra el SARS-COVID 19 para su franja etaria, podrán exonerarse de guardar aislamiento social obligatorio.

Como alternativa, los extranjeros que se encuentran en esa situación indicada más arriba, podrán realizar el test de detección del virus a los siete días de haberse realizado el hisopado exigido para ingresar al Uruguay. Asimismo, conforme al referido texto normativo, se encontrarán exonerados de cumplir con la cuarentena obligatoria (catorce días de aislamiento o siete días con hisopado negativo) aquellas personas que hubieren completado el esquema vacunatorio (una dosis o las dos dosis según el tipo de vacuna suministrada) y los quince días posteriores de inmunidad, en los nueve meses anteriores al embarque o arribo al país.

Mercedes Nin Algorta