Proyecto de Reglamentación de los Cambios introducidos por la LUC a la Ley de Prevención de Lavado

El pasado 9 de julio de 2020 fue promulgada la Ley 19889 , más conocida como «LUC» que introdujo cambios a la Ley 19574 de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. Está pendiente que se introduzcan modificaciones al Decreto 379/2018 que reglamenta dicha Ley para estar en línea con los cambios que la misma tuvo mediante la LUC.
El Poder Ejecutivo ha presentado un Proyecto de un nuevo Decreto que llevaría adelante esas modificaciones. Les proponemos hacer un rápido repaso del contenido de dicho proyecto.
Nuevos Artículos
Se agregan artículos dentro del Capítulo Generalidades, que modifican la aplicación de debida diligencia simplificada. Al igual que fuera establecido en la LUC, cuando los medios de pagos utilizados en las operaciones o actividades sean realizados vía transferencias bancarias u otros instrumentos de pago emitidos por Instituciones de Intermediación Financiera , se  podrá considerar a las mismas de riesgo bajo de lavado de activos por lo que se habilita al sujeto obligado a aplicar medidas de debida diligencia simplificada.
En los mismos artículos se aclaran dos puntos importantes al igual que lo que estableció la LUC: estas modificaciones no eximen al sujeto obligado de siempre en primer lugar realizar un análisis de riesgo del cliente, producto u operación y en caso que se den las condiciones que tanto la Ley 19574 como su Decreto Reglamentario 379 establecen como de riesgo alto, se deberá aplicar debida diligencia intensificada. Por poner algunos ejemplos, en caso que se encuentren PEP en las operaciones, o jurisdicciones de alto riesgo, etc, se deberá aplicar debida diligencia intensificada.
El Proyecto de Decreto también establece como lo hiciera la LUC que en caso de que el ordenante de pago fuera  distinto de quien realiza la operación, se deberá hacer debida diligencia del primero de acuerdo a lo establecido precedentemente . Asimismo, se debe verificar si las cuentas ya fuera de origen o destino de fondos o valores estuvieran radicadas en Instituciones Financieras del exterior y verificar si están situadas o no en países que cumplan con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Hasta aquí el Decreto reglamenta sin variaciones lo que la LUC estableció como modificaciones a la Ley de Prevención de Lavado. Pero en algún nuevo articulo más que es propuesto y en modificaciones a artículos existentes , se establecen nuevas modificaciones que no estaban específicamente establecidas en la LUC.
Compraventa de Inmuebles
 En caso de operaciones de compraventa de inmuebles donde parte del precio se abone con crédito hipotecario otorgado por una Institución Financiera, se deberá aplicar debida diligencia al saldo no cubierto por el préstamo. Ello ya se establece en el Decreto 379. La modificación que se plantea es que si dicho saldo es cubierto en efectivo por un valor menor a  a UI 80 mil (usd 9 mil aproximadamente) , se podrá aplicar debida diligencia simplificada hasta dicho umbral (si no existieran otras condiciones que implicaran aplicar mayores controles).
En general para la compra de inmuebles , se elimina el umbral de u$s 300 mil que está establecido actualmente en el Decreto que obliga a que por operaciones mayores siempre deba aplicarse la debida diligencia intensificada, sea cual sea el medio de pago . Con la modificación que el proyecto de Decreto establece, solo se obligará a aplicar los máximos controles si la operación se realizara en efectivo o si el análisis de riesgo así lo estableciera pero no por el monto de la misma ( siempre que se realice por el Sistema Financiero).
Estos cambios se ingresan tanto para los Sujetos Obligados del  Sector Inmobiliario como para aquellos Abogados, Escribanos y Contadores Públicos quedan obligados por Ley de Prevención de Lavado por sus actividades. Para este segundo grupo se elimina también el umbral de u$s 300 mil  en el caso de compra venta, promesas o cesión de promesas de Establecimientos Comerciales.
En el caso del Sector Rematadores, el Proyecto incluye una modificación similar , eliminando el umbral de u$s 300 mil para ventas en Remates Públicos que obligaba a aplicar debida diligencia intensificada a partir de dicho valor.
En resumen, podemos concluir que el proyecto de Decreto por un lado ratifica y regula las modificaciones que la LUC hizo en la Ley de Prevención de Lavado. Pero asimismo, trae novedades en materia de la Debida Diligencia vinculada a operaciones con inmuebles y a los Remates Públicos.
Documento elaborado por el Cr. Diego Buela
Departamento de Compliance

Tributacion del Impuesto a la Renta en el Agro

El 30 de junio de cada año se configura el cierre de ejercicio fiscal de las empresas agropecuarias.  En oportunidad de esto, resumimos a continuación los principales aspectos de la tributación del impuesto a la renta de esta importante actividad.

La venta de productos agropecuarios está gravada por IMEBA cuando se realizan a un contribuyente de IRAE, y salen de la órbita del sector agropecuario. El impuesto se tributa vía retención y es volcado a DGI por el comprador.

Luego, aquellos productores que, por su actividad o forma jurídica, deban tributar IRAE por algunas de sus rentas, podrán descontar las retenciones de IMEBA en la liquidación de IRAE.

Veremos a continuación cuáles son las rentas agropecuarias y el tratamiento específico de cada una de ellas.

RENTAS AGROPECUARIAS

Las actividades agropecuarias quedan comprendidas en el IRAE, por considerarse rentas empresariales. Las rentas agropecuarias son las siguientes:

  • Las derivadas de la explotación agropecuaria: aquellas destinadas a obtener productos primarios tales como cría o engorde de ganado, lana, cueros y leche, agricultura, fruticultura, horticultura, floricultura, avicultura, apicultura, cunicultura, entre otras.
  • Las obtenidas por la enajenación de activo fijo asociado a la explotación agropecuaria.
  • Las rentas por servicios agropecuarios prestados por los propios productores.
  • Las derivadas de actividades de pastoreo, aparcería, medianería y similares.

OPCION DE TRIBUTAR IMEBA

Aquellos contribuyentes que obtengan rentas derivadas de la explotación agropecuaria (obtención de productos primarios), podrán optar por dejar como definitivo el IMEBA y no tributar IRAE por estas rentas. Por las restantes rentas, tales como venta de activo fijo, servicios, pastoreo, aparcerías y similares no es posible optar por IMEBA, debiendo tributar IRAE preceptivamente.

Si se opta por liquidar IMEBA por la actividad mencionada anteriormente, las demás rentas derivadas de actividades agropecuarias podrán exonerarse de IRAE, siempre que los ingresos del ejercicio no superen las 300.000 UI (aproximadamente USD 34.000) valuadas a la cotización de cierre ejercicio.

En el caso que el productor opte por liquidar IRAE, se deberá mantener en este impuesto por al menos tres ejercicios, incluyendo el de la opción.

Sin embargo, hay quienes deben tributar IRAE por todas sus rentas y no pueden optar por dejar como definitivo los pagos del IMEBA. Estos son:

  • Por forma jurídica: las S.A., los Establecimientos Permanentes de empresas del exterior, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Estado, los Fondos de inversión cerrados de crédito y los Fideicomisos.
  • Por nivel de ingresos: Quienes tengan ingresos en el ejercicio anterior que superen las 2.000.000 UI (aproximadamente USD 230.000), valuadas a la cotización de cierre de ejercicio. A tales efectos, se considerarán únicamente los ingresos derivados de la explotación agropecuaria.
  • Por tamaño de la explotación: Los contribuyentes cuya explotación se realice en predios mayores a 1.250 hectáreas Índice Coneat 100, al inicio del ejercicio.
  • Agroindustrias: cuando el producto total o parcial de la actividad agropecuaria constituye insumo de la industrial desarrollada por la misma empresa. Si los ingresos de la actividad industrial superan el 75% de los ingresos totales, deberá tributar IRAE por todas sus rentas. Si no supera los ingresos mencionados anteriormente, deberá tributar IRAE por su actividad agroindustrial, pudiendo optar por IMEBA por las rentas agropecuarias.

LIQUIDACION DE IRAE REAL O FICTA

Si el contribuyente está obligado a tributar IRAE u optó por liquidar el mismo, entonces debe analizar si puede, o le resulta conveniente liquidar dicho impuesto de forma ficta o de forma real.

De forma resumida, la liquidación del IRAE real implica la aplicación de la tasa del 25% sobre el resultado fiscal (ingresos menos gastos). Se debe tener en cuenta que el resultado fiscal muchas veces difiere significativamente del contable, debido a los resultados por diferencias de cambio, diferencias en los criterios de valuación de activos, restricciones o deducciones incrementales de determinados gastos, entre otros aspectos.

¿Quiénes están obligados a determinar el IRAE de forma real?

  • Por forma jurídica: S.A., establecimientos permanentes de entidades del exterior, empresas estatales, fondos de inversión cerrados de crédito, fideicomisos.
  • Por nivel de ingresos: Quienes en el ejercicio anterior, hayan tenido ingresos superiores a las UI 4.000.000 (aproximadamente USD 450.000).

Los que no estén comprendidos dentro de las condiciones mencionadas anteriormente, podrán liquidar sus rentas de forma ficta. El IRAE ficto se determinará en función de los ingresos, de acuerdo a cada tipo de renta:

  1. Rentas derivadas de la explotación agropecuaria: se aplica a las ventas de cada producto agropecuario la tasa máxima de IMEBA incrementada en un 50%, independientemente de quien sea el adquirente. Por ejemplo, la tasa máxima fijada por ley para los cereales y oleaginosos es del 2%, por lo tanto, por la venta de dichos bienes se deberá tributar de forma ficta 3% sobre las ventas.
  2. Restantes rentas agropecuarias: se aplicará la tasa del 25% sobre la diferencia entre: el 36% de las restantes rentas agropecuarias y 11 Bases Fictas de Contribución (BFC) por cada dueño o socio que preste efectivos servicios y se efectúen los aportes que correspondan.

En caso de que la diferencia sea negativa, no podrá utilizarse para reducir el impuesto determinado en el punto 1 (IRAE ficto sobre explotaciones agropecuarias), ni podrá deducirse en ejercicios siguientes.

  1. Las rentas derivadas de la actividad de cría o engorde de aves de la especie aviar gallus gallus propiedad de terceros, se determinará aplicando el 25% a la diferencia entre: El 9% de los ingresos y 11 BFC por cada socio o titular.

Quienes pueden optar por liquidar de forma ficta y decidan liquidarlo por el régimen real deberán mantenerse en el mismo por lo menos tres ejercicios, incluyendo el de la opción.

RESUMEN

En caso que la empresa agropecuaria tenga la opción de tributar IMEBA, IRAE real o IRAE ficto, deberá evaluar que opción le resulta más conveniente, dependiendo la situación particular de la empresa. Un aspecto relevante a considerar es que, quienes opten por IMEBA no podrán descontar el IVA compras asociado a su actividad, dado que no son contribuyentes.

A continuación, resumimos el tratamiento de las rentas agropecuarias:

Forma jurídica Ingresos del ejercicio anterior (1)
Menor a USD 230.000 Entre USD 230.000 y USD 450.000 Superiores a USD 450.000
Sociedad Anónima (2) IRAE real

Descuenta IMEBA

Descuenta IVA

IRAE real

Descuenta IMEBA

Descuenta IVA

IRAE real

Descuenta IMEBA

Descuenta IVA

Demás entidades Puede optar por IMEBA

No descuentan IVA

IRAE real / ficto

Descuenta IMEBA

Descuenta IVA

IRAE real

Descuenta IMEBA

Descuenta IVA

 

  • Solo los ingresos derivados de la explotación agropecuaria, no se incluyen otras rentas agropecuarias como por ejemplo venta de activo fijo. Montos aproximados en dólares.
  • Se incluyen adicionalmente a las sociedades Anónimas: los Establecimientos Permanentes de empresas del exterior, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Estado, los Fondos de inversión cerrados de crédito y los Fideicomisos

Documento elaborado por Fabiana Martínez.

Departamento de Tax & Accounting

 

El Convenio Internacional del Trabajo No. 190 entra hoy en vigor.

Nuestro país fue pionero en ratificar en diciembre de 2019 el Convenio Internacional del Trabajo No. 190 (en adelante “el Convenio”) que refiere a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

El Convenio entrará a regir a partir del día de hoy, debiendo nuestro Parlamento adecuar una legislación que contemple el concepto, el ámbito de aplicación, los principios fundamentales y las recomendaciones recogidas en el referido documento.

Asimismo, a partir de la fecha señalada, las empresas se verán en la obligación de adoptar medidas en materia de prevención del acoso y la violencia en el trabajo.

Antes de indicar las obligaciones que entendemos debieran adoptar las empresas, es importante destacar que el Convenio define a la violencia y acoso como: “…. un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género…”.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, el mismo es muy amplio ya que comprende no solamente a los empleados y a otras personas en el mundo del trabajo, sino también incluye a los trabajadores asalariados (definidos conforme a la legislación y prácticas nacionales), así como también a las personas que trabajan cualquiera sea la modalidad contractual adoptada, las personas en formación, incluyendo a los pasantes y aprendices, los empleados despedidos, los voluntarios, quienes están en busca de un empleo y los postulantes a uno, y aquellas personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. En otras palabras, entendemos que la norma protege tanto al personal dependiente como al independiente, el provisto por empresas tercerizadas o suministradoras de mano de obra, y una larga lista de etcéteras.  

En lo que respecta a las empresas, el Convenio establece que las mismas deberán adoptar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género. Dicho esto, y antes de que el Parlamento apruebe una ley específica, aconsejamos a las empresas adoptar las siguientes medidas: (i) la confección de políticas internas de erradicación de la violencia y el acoso en consulta con la organización sindical, difundiendo ampliamente su contenido a través de mailings institucionales o publicando la misma en la cartelera de la empresa; (ii) implementar protocolos de actuación; (iii) impartir capacitaciones y talleres a los empleados y mandos medios; (iv) realizar encuestas anónimas de clima laboral; (v) plasmar en los contratos de trabajo que la empresa no tolerará ninguna conducta de este tipo, etc.

Por más información no dude en contactarnos.

Documento elaborado por la Dra. Mercedes Nin Algorta.

Departamento Laboral

 

Registro de Estados Financieros ante la Auditoría Interna de la Nación

Se acerca el plazo para registrar los Estados Financieros ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN) de las entidades cuyo cierre de ejercicio es diciembre. Por esta razón nos pareció oportuno repasar quiénes están obligados realizarlo, cómo se presentan los mismos y cuáles son las sanciones por incumplimiento.

Quienes están obligados a registrar sus Estados Financieros ante AIN

Los sujetos obligados a registrar sus Estados Financieros son las sociedades comerciales, las sociedades y asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades y asociaciones agrarias, entidades no residentes, los fideicomisos, los fondos de inversión no regulados por el Banco Central del Uruguay, las instituciones de asistencia médica privada de profesionales y las sociedades por acciones simplificadas (SAS).

Los sujetos obligados deberán presentar sus Estados Financieros, debidamente aprobados por el órgano de control correspondiente, ante la Central de Balances Electrónica de la AIN siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

  • a. Los ingresos totales del Estado de Resultados superen los UI 26.300.000 (aproximadamente USD 3.000.000).

 

  • b. Los ingresos superen los UI 4.000.000 (aproximadamente USD 450.000), siempre que al menos el 90% de los mismos generen rentas que no sean de fuente uruguaya.

En caso de que el ejercicio económico abarque un período menor a 12 meses, los ingresos deberán ser proporcionados a un ejercicio completo para determinar si corresponde o no su registro.

La cotización de la unidad indexada a considerar es la de cierre del ejercicio económico que se está presentado.

Cabe destacar que no corresponde la obligación de registrar los estados contables ante la AIN a las instituciones de intermediación financiera, las empresas aseguradoras, las administradoras de fondos de ahorro previsional y los intermediarios de valores, sometidos al control, supervisión y/o superintendencia del Banco Central del Uruguay.

Cómo debe registrarse

La presentación de los Estados Financieros se realiza a través del portal web “Central de Balances Electrónica”. Los mismos deben confeccionarse en la moneda en que se expresa el capital, acompañados de sus correspondientes notas explicativas y el informe de Contador Público que corresponda.

El informe de Contador deberá ser firmado digitalmente, así como también el o los representantes legales de la entidad, por lo que es necesario contar con firma electrónica de Representante ante AIN.

Plazo para presentar

El plazo de presentación es de 180 días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de cierre de ejercicio económico, el plazo se suspende durante la semana de turismo, de acuerdo al siguiente detalle.

Fecha de Cierre  Vencimiento 
31/12/20  6/7/21 
31/1/21 6/8/21
28/2/21 3/9/21
31/3/21 1/10/21
30/4/21 27/10/21
31/5/21 27/11/21
30/6/21 27/12/21

 Sanciones por incumplimiento

La no publicación de los Estados Financieros en plazo dará lugar a la imposición por parte de la AIN de las siguientes sanciones:

  • a. Multas por presentación tardía equivalente a UI 2.000. En caso de reiteración en un periodo de 5 años calendario la multa aplicable será de UI 3.000.
  • b. Imposibilidad de distribuir utilidades, hasta tanto no se cumple con la obligación de registro de los Estados Financieros. En caso de incumplir esta prohibición se aplicará a la entidad una multa de UI 125.000. En caso de que el incumplimiento se reitere en un período de 5 años calendario la misma será de UI 250.000.

Las multas aplicables no podrán superar las 10.000 Unidades Reajustables.

  • Suspensión del certificado único de DGI hasta tanto no se regularice la situación.

Acceso a la información

Interesa destacar que los Estados Financieros registrados pasan a ser de acceso públicos, es decir, se puede acceder al mismo mediante el pago de una tasa.

 

Documento elaborado por Sabrina González.

Departamento de Tax & Accounting

Modificacion pago de aguinaldo

El pasado 2 de junio del corriente, el Gobierno decretó el pago del aguinaldo para los empleados del sector privado en dos etapas, a saber: (i) el generado hasta el 31 de mayo se deberá abonar dentro del mes de junio del presente año: y (ii) el generado desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, deberá ser abonado antes del 20 de diciembre del presente año.

 

 

SENACLAFT EMITIÓ GUIAS DE DEBIDA DILIGENCIA PARA ZONAS FRANCAS

Recientemente la Senaclaft emitió Guías para la aplicación de Debida Diligencia dirigidas al Sector de Zonas Francas. La iniciativa surge de la nueva Dirección de la mencionada Secretaría de intentar facilitar y aclarar en la mayor medida posible la información y documentación que debe obtenerse de los clientes por parte de los sujetos obligados.

En línea con estas Guías, la Senaclaft ha anunciado que realizará Capacitaciones específicas para cada Sector de Sujetos Obligados.

Las Guías de Zona Franca como dijimos intentan bajar lo mas a tierra posible el decreto 379 y también los nuevos elementos que la Ley de Urgente Consideración  (LUC) modificó y agregó a la ley 19574 (Ley Integral de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del año 2017)  . Haremos foco en los aspectos que nos resultan más destacables  de las mismas.

Un punto llamativo es que las Guías no discriminan o indican la información y documentación que debe solicitarse de acuerdo a si deba aplicarse debida diligencia simplificada, normal o intensificada. Lo que se establece es de hecho la debida diligencia intensificada , pero no se aclara o sugiere qué sería lo necesario en las otras formas. Obviamente la información está en el Decreto 379/18 pero llama la atención que no se haya aprovechado la ocasión para dejarlo bien claro y diferenciado.

La introducción comienza haciendo hincapié en que el proceso debe comenzar con el análisis de riesgo que debe hacerse previo a comenzar la relación con el cliente y a la hora de decidir su renovación. Y aclara que debe quedar constancia por escrito de dicho análisis.

El formato de las guías es la de formulario aunque por su extensión y por tener espacios para confirmar si se tiene o no la documentación que debe obtenerse, está claro que no es para enviarse al cliente sino para que el Sujeto Obligado tenga un  check list completo del status de la  debida diligencia aplicada.

Un primer elemento que llama la atención es que a la hora de indicar si el sujeto obligado ha realizado o no la búsqueda de antecedentes , pide que se indiquen específicamente cuales se analizaron. Consideramos que teniendo como se pide en el Decreto  la documentación respaldatoria sería suficiente.

Se hace hincapié en varios de los requisitos y cambios que agregó la LUC a la ley 19574, como ser el detalle de las transacciones realizadas con el cliente indicando monto y medio de pago de las mismas, haciendo hincapié en las operaciones en efectivo . Sugiere también tener detallado si  el ordenante de pago es diferente del cliente , ya que en ese caso debe hacerse la debida diligencia de aquel. Por último, en relación a temas que agregó la LUC, solicita tener registro en caso de pagos del exterior si el Banco utilizado esta radicado o no en un país que cumpla con los estándares internacionales en materia de lavado de dinero. El Decreto 379 /18 indirectamente define a éstos como aquellos que no estén en las listas emitidas por Consejos de Seguridad de la ONU y los que no integren el GAFI o sus filiales o que no estén en las listas de países que no cumplen o aplican los estándares de dicha organización.

Se sugiere también recabar la información de si se utilizan nuevas tecnologías o en desarrollo que favorezcan el anonimato y se menciona específicamente las criptomonedas (las que no están específicamente nombradas en el decreto 379/18).

Respecto a la información a recabar sobre los Representantes, en caso que éstos sean personas Jurídicas, solicita obtener la información de los beneficiarios finales de éstos, a pesar que en el Decreto 379/18 no está exactamente establecido así (art 72 literal B.2).

En lo relativo a la información de beneficiario final del cliente, sugiere que la misma venga en forma de declaración y que se corrobore si se la obtuvo o no. El Decreto 379/18 establece tomar medidas razonables para identificar a los mismos y menciona «tales como obtener una declaración….». La Guía reafirma la idea de obtener la información con el mencionado formato.

En lo que refiere a la razonabilidad y el origen de fondos, se repite lo que indica el decreto respecto de obtener volumen de ingresos o explicación razonable  y/o justificación sobre origen de los mismos o información  circunstanciada.  La sugerencia de la Guía es tener este análisis por escrito así como el propósito y naturaleza de la relación comercial a realizar.

Al igual que con la información de Beneficiarios Finales, se sugiere tener la información de las Personas Políticamente Expuestas (PEP)  en formato declaración o de lo contrario especificar de qué forma fue obtenida la misma.

En lo que respecta a llevar un  registro de la documentación obtenida del cliente, se sugiere especificar (cuando corresponda) si se obtuvo copia de la declaración jurada presentada al BCU, el Plan de Negocios presentado al Área de Zonas Francas del Ministerio de Economía o el Informe Circunstanciado. Es importante recordar aquí que el Decreto 379/18 en su artículo 76 indica que para clientes no usuarios de Zona Francas la debida diligencia debe ser documentada en «forma circunstanciada» . Una de las guías emitidas es un modelo de dicho Informe Circunstanciado , pero lamentablemente no se aclaran las dudas que existen respecto al mismo. Por ejemplo, el modelo de informe emitido dice que en caso de tratarse de clientes habituales (no usuarios de Zona Franca) se deberán realizar la verificación de listas emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la búsqueda de antecedentes en fuentes públicas. ¿Quiere decir eso que para clientes no habituales no deben hacerse? Ello no está en concordancia con lo indicado en los art. 72 y 73 ni en el resto de las Guías emitidas ahora. Creemos que se perdió la oportunidad de evacuar estas dudas.

La Guía no solicita indicar si se obtuvieron copias de los documentos de identidad de las personas físicas ni documentación de las personas jurídicas . El decreto en su art 11 lit A establece identificar al cliente sea persona física o jurídica y verificar identidad en base a documentos, datos e información obtenida de fuentes confiables e independientes.  Puede deducirse de las guías que no sería indispensable obtener las mencionadas copias de documentos si pudiera verificarse a las personas de otra forma.

En resumen, las guías emitidas resultan un completo «check list» de la información y documentación que debe obtenerse de los cliente. Resulta particularmente importante en el caso de los cambios que la LUC introdujo en la Ley 19574. Más allá de las criticas que le realizamos a los documentos, consideramos que son bienvenidas para ayudar al Sector a cumplir con la normativa en vigencia.

Informe elaborado por Diego Buela.

Departamento de Compliance.

 

Se retoman las audiencias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se retoman las Audiencias en el MTSS a partir del 31.5.2021

A partir del próximo lunes 31 de mayo se retoman las audiencias individuales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme al calendario que luce más abajo. Las mismas se cumplirán atendiendo a los protocolos de prevención de contagio del COVID – 19 vigentes.

Audiencias Señaladas a Fines de Marzo y Durante el Mes de Abril

Las audiencias previstas para el 29 de marzo y 5 de abril se reprogramarán para el lunes 31 de mayo. Las agendadas para el 30 de marzo y 6 de abril fueron reagendadas para el 1 de junio, las del 31 de marzo y 7 de abril para el día 2 de junio, las del 8 y 9 de abril para el día 3 de junio, las del 12 y 13 de abril para el 4 de junio, las del 14 y 15 de abril para el 7 de junio, las del 16 y 20 de abril para el 8 de junio, las del 21 y 22 de abril para el 9 de junio, las del 23 y 26 de abril para el día 10 de junio, las agendadas para el 27 y 28 de abril fueron re-agendadas para el 11 de junio, mientras que las del 29 y 30 de abril para el día 14 de junio.

Audiencias Señaladas en el Mes de Mayo

Las audiencias previstas para el 3 y 4 de mayo fueron reprogramadas para el 15 de junio, las señaladas para el día 5 y 6 de mayo pasan para el día 16 de junio, las del 7 y 10 de mayo pasan para el 17 de junio, las del 11 y 12 de mayo pasan para el 18 de junio, las del 13 y 14 de mayo pasan para el 21 de junio, las del 18 y 19 de mayo pasan para el 22 de junio, las agendadas para el 20 y 21 de mayo pasan para el 23 de junio, las del 24 y 25 de mayo pasan para el 24 de junio, las del 26 y 27 de mayo para el 25 de junio, mientras que las previstas para el 28 y 31 de mayo pasan para el día 28 de junio.

Audiencias Señaladas en el Mes de Junio y Julio

Las audiencias previstas para el 1 y 2 de junio fueron reprogramadas para el día 29 de junio, las señaladas para el 3 y 4 de junio pasan para el día 30 del mismo mes. Las audiencias señaladas para el día 7 y 8 de junio pasan para el día 1 de julio, las del 9 y 10 de junio al 2 de julio, las del 11 y 14 de junio pasan al 5 de julio, las del 15 y 16 de junio pasan para el 6 de julio, las del 17 de junio y 1 de julio pasan para el 7 de julio, las del 2 y 5 de julio pasan para el 8 de ese mismo mes. Las señaladas para los días 6 y 7 de julio pasan para el 9 de julio, las del 8 y 9 de julio pasan para el 12 de julio, y finalmente las señaladas para el día 12 de julio pasan para el otro día, y las del día 13 de julio se mantienen en esa misma fecha.

El horario de las mismas se mantiene incambiado.

NOVEDADES EN MATERIA DE RESIDENCIA FSICAL

 A continuación, encontrarán un anuncio relevante en materia de extensión del plazo para tributar el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) con relación a las rentas por rendimientos de capital mobiliario del exterior, aplicable a aquellas personas físicas que hubieran adquirido la residencia fiscal en Uruguay previo al 22 de enero de 2021 y hubieran ejercido la opción de tributar dicho impuesto.  

Con fecha 12 de mayo de 2021 se promulgó el Decreto del Presidente de la República (en adelante, el “Decreto”) que incorporó el Art. 5 Quinquies, a la norma reglamentaria del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), el Decreto Nº 148/007. Esta incorporación se realizó a los efectos de reglamentar lo establecido por la Ley 19.937 del 24 de diciembre de 2020, que estableció una extensión del plazo de tributación de IRNR por los rendimientos de capital mobiliario del exterior obtenidos por personas físicas que hubieran adquirido la calidad de residentes fiscales en Uruguay en forma previa al 22 de enero de 2021, y que cumplieran con determinadas condiciones de inversión en el país y de presencia física efectiva en el mismo.

El régimen tributario vigente establece determinadas situaciones en las cuales las personas físicas que adquieran la residencia fiscal en Uruguay pueden optar por tributar el IRNR por los rendimientos de capital mobiliario recibidos del exterior.

A efectos aclaratorios, se entienden por rendimientos de capital mobiliario del exterior a aquellas rentas que tengan su origen en depósitos, préstamos, y colocaciones de capital o de crédito de cualquier naturaleza, que provengan de entidades del exterior que no configuren un establecimiento permanente en Uruguay. En la medida que el IRNR no grava los rendimientos de capital mobiliario del exterior, el ejercicio de dicha opción implicará que la persona no deberá tributar impuesto a la renta por dichos conceptos, lo que se denomina informalmente “tax holiday”.

El Art. 6 BIS del Título 7 del Texto Ordenado de la Dirección General Impositiva de 1996, estableció los siguientes regímenes que regulan la posibilidad de que personas físicas que hubieran adquirido la residencia fiscal en Uruguay puedan optar por tributar IRNR con relación a sus rendimientos de capital mobiliario del exterior:

  1. Aquel en el cual las personas físicas que adquirieran la calidad de residente fiscal en Uruguay pueden optar por tributar el RNR por el ejercicio fiscal en el que se verifica el cambio de residencia a Uruguay y durante los 5 (cinco) ejercicios fiscales posteriores (6 ejercicios fiscales en total), pudiendo ejercerse dicha opción por única vez. (inciso primero);
  2. Aquel aplicable a las personas físicas que hubieran adquirido la residencia fiscal en Uruguay por cambios de residencia verificados a partir del 1/7/2007, en el cual las personas físicas podían optar por tributar IRNR por 5 (cinco) ejercicios fiscales a contarse desde el 1º de enero de 2011 (inciso segundo); y
  3. El aplicable a las personas físicas residentes fiscales en Uruguay a partir del ejercicio fiscal 2020, quienes pueden optar por tributar por única vez el IRNR por el ejercicio en el cual se verifique el cambio de residencia y por hasta 10 (diez) ejercicios fiscales siguientes (once ejercicios en total), o tributar por dichas rentas el IRPF sin límite temporal a una tasa bonificada del 7% , siendo que los restantes contribuyentes de este impuesto tributan IRPF a una tasa del 12% por sus rendimientos de capital mobiliario del exterior (inciso tercero).

La Ley 19.937 estableció una nueva posibilidad para aquellos contribuyentes que hubieran ejercido alguna de las opciones indicadas en los incisos primero o segundo del Art. 6 BIS del Título 7, permitiéndoles extender su período de “tax holiday” aun cuando este ya hubiere finalizado, siempre y cuando se cumplan con determinadas condiciones de inversión y presencia efectiva en el país, lo cual fuera reglamentado por el Decreto en las condiciones que a continuación se dirán. 

  1. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN.

El precitado Decreto permite extender el ejercicio de la opción por IRNR por los rendimientos de capital mobiliario obtenidos exclusivamente por personas físicas que se encuentren en las condiciones del inciso primero o segundo del Art. 6 BIS del Título 7 del Texto Ordenado de la Dirección General Impositiva de 1996. Esto es, a aquellas que o bien hubieran ejercido la opción por tributar IRNR por el ejercicio fiscal en el cual se produjo su cambio de residencia fiscal al Uruguay y durante los 5 (cinco) ejercicios fiscales subsiguientes en forma previa al 22 de enero de 2021, o que hubieran ejercido dicha opción por los ejercicios computados desde el 1º de enero de 2011.

Las personas físicas que se encuentren en alguna de las situaciones anteriores podrán optar por tributar IRNR exclusivamente por los rendimientos de capital mobiliarios del exterior devengados a partir del ejercicio fiscal 2021 y hasta por un plazo máximo de 10 (diez) ejercicios fiscales, debiendo deducir de estos años aquellos ejercicios por los cuales se hubiere ejercido la anterior opción.  

En consecuencia, a modo de ejemplo, una persona física que hubiera verificado el cambio de residencia fiscal en 2014 y hubiera optado por tributar IRNR por sus rendimientos de capital mobiliario del exterior en dicha oportunidad, podrá tributar IRNR adicionalmente por los ejercicios fiscales comprendidos entre 2021 y 2024. Esto es, podrá tributar IRNR por 4 (cuatro) ejercicios fiscales adicionales a los 6 (seis) ejercicios fiscales por los cuales ya tributó dicho impuesto.  

Asimismo, para el ejercicio de la opción por tributar IRNR, el interesado deberá acreditar para cada ejercicio fiscal que se cumplen las siguientes condiciones en forma acumulativa:

  1. a) Haber realizado una inversión en inmuebles en Uruguay a partir del 22 de enero de 2021 por un valor superior a 3.500.000 Unidades Indexadas (USD 400.000 aproximadamente al día de hoy); y
  2. b) Registrar una presencia efectiva en Uruguay durante el año civil de al menos 60 (sesenta) días calendario. A estos efectos no computarán para el cálculo aquellos días en los cuales la persona se encuentre en Uruguay como pasajero en tránsito en el curso de un viaje hacia terceros países.                                           

FORMALIDADES PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN

A los efectos de ejercer la opción por tributar IRNR por los rendimientos de capital mobiliario del exterior, el Decreto estableció que las personas físicas deberían presentar una declaración Jurada a la Dirección General impositiva (DGI) en los plazos y condiciones establecidos por dicho organismo.

A su vez, determinó que se debería presentar una declaración jurada al cierre de cada ejercicio ante la DGI en la cual conste el cumplimiento de la persona física con las condiciones para el ejercicio de la opción por IRNR, encomendando también a la DGI la determinación de los términos y condiciones de presentación de dicha declaración.

Por otro lado, se establece la obligación de los contribuyentes que ejerzan la opción de tributar IRNR, de presentar al agente de retención del impuesto una constancia que acredite la presentación de la declaración jurada correspondiente ante la DGI.

En lo relativo a las formalidades, si bien la DGI no ha publicado una Resolución al respecto, podemos suponer que los requisitos serán similares a los establecidos por la Resolución Nº 2481/020, aplicables al ejercicio de las opciones establecidas en el Art. 6 BIS del Título 7. Estos implican la presentación por única vez de una declaración jurada en la cual se materialice el ejercicio de la opción (en dicho caso, el Formulario N° 0306), la presentación de una declaración jurada al cierre de cada ejercicio y la expedición de una constancia de la presentación de la misma para que el interesado pueda presentar al agente de retención correspondiente.

Quedamos a disposición por cualquier consulta.

 Informe elaborado por la Dra. María Florencia Ottero.

 

 

Se Flexibiliza la Cuarentena Obligatoria

Sabido es que toda persona que desee ingresar al Uruguay y que decida permanecer en el país por más de siete días deberá realizar una cuarentena obligatoria mínima de siete días y luego realizarse el test de PCR al séptimo día, o podrá optar por realizar una cuarentena obligatoria de catorce días.

El Gobierno Uruguayo, atendiendo a la evolución de la pandemia,  mediante un decreto de fecha 18 de mayo, que según información brindada por la Dirección Nacional de Migraciones empezará a regir a partir del lunes 24 del corriente, exceptúa de la necesidad de realizar la cuarentena obligatoria para los casos que se dirán seguidamente.

Aquellas personas que hubieran portado el virus SARS CoV-2, dentro de los últimos noventa días previos al embarque o arribo al país, estarán exonerados de cumplir la cuarentena en los términos indicados más arriba. Para acreditar dicho extremo, deberán presentar resultado positivo de test PCR o test de detección de antígenos realizados entre los veinte y noventa días previos al embarque.

Aquellas personas que acrediten haber recibido la única dosis o las dos dosis según corresponda al tipo de vacuna suministrada, contra el virus SARS CoV-2, aprobada por su país de origen, dentro de los últimos seis meses previos al embarque o arribo al país, y hayan cumplido con los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad (14 días después de suministrada la primera o segunda dosis) no tendrán que realizar la cuarentena obligatoria. Para acreditar dicho extremo deberán exhibir certificado emitido por la autoridad sanitaria de su país de origen, que acredite la vacunación y el cumplimiento de los plazos.

Dra. Mercedes Nin Algorta

GUIÑOS NORMATIVOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL SECTOR PRIVADO INMOBILIARIO

Con fecha de 18 de diciembre del 2020, por ley N.º 19.924, se promulgó la Ley de Presupuesto Nacional del periodo 2020-2024, la cual comenzó a regir desde el 1º de enero del corriente año.

La Ley de Presupuesto Nacional (en adelante, “LPN”) es, como todas las leyes de presupuesto, una vasta ley, la cual cuenta con 774 artículos. La misma es sumamente importante ya que proyecta y articula, entre otras cosas, la actividad económica del país, así como también la forma de financiamiento que contará el Estado para realizar sus fines y cometidos en los próximos años.

La actividad inmobiliaria en ese sentido no está exenta  de  consideración, ya que naturalmente, uno de los tantos fines del Estado, sin lugar a dudas, conducen a la preservación y oportunidad de derechos reconocidos constitucionalmente, como lo es el Derecho a la Vivienda, reconocido por el art. 45 de nuestra Constitución.

¿Qué políticas propone el gobierno nacional de cara al próximo quinquenio para el cumplimiento de dicho fin?

A este respecto, a priori, podríamos considerar una perspectiva “liberal-privatista” en cuanto a las políticas que se desprende de la normativa presupuestaria aprobada de cara a los próximos 5 años; El gobierno nacional buscó, entre otras cosas, realizar una serie de modificaciones a efectos de incentivar la inversión privada de modo que éste contribuya a sobrepasar algunos problemas habitacionales. Esto surge a la luz de lo expuesto en la exposición de motivos de la presente ley. (véase páginas. 3, 4, 116 y 117 de la exposición de motivos).

Ahora bien, ¿Cuáles fueron los “guiños” normativos que llevó a cabo? Veamos.

Como una primera consideración a analizar de esta nueva LPN, es lo referido por su art. 460, el cual expresa un cambio sustancial respecto al régimen de Urbanización de Propiedad Horizontal (en adelante, UPH).

A ese respecto, es dable recordar, que el régimen de UPH se encuentra regulado por la ley 17.292 “Ley de urgencia. Administración pública. Fomento y mejoras del empleo”. Dicha ley fue creada en el año 2001, la cual tuvo lugar producto de una gran crisis económica y social que estaba atravesando el país, en donde el objetivo de la misma consistía en la producción y reactivación del empleo, así como también, en la producción de distintas herramientas que contribuyan con dicho fin, en este caso, la construcción de viviendas.

En este mismo sentido, el Gobierno Nacional, al igual que en el año 2001, entiende fundamental que para dar un nuevo impulso al actuar privado es necesario otorgarles a éstos ciertos respaldos normativos para que el sector privado tenga más actuación en el ámbito de la vivienda. Fue entonces, siguiendo con esta línea, que se dio un nuevo impulso al desarrollo de los “Barrios Privados”, dando nueva redacción del art. 48 de la ley 17.292.  Recordemos que antes de la ley del año 2001, el país no contaba con una legislación propia y específica, pensada y diseñada para este tipo de negocios inmobiliarios. Antes del año 2001 estos “barrios privados” eran contemplado por la ley 10.751 “Ley de propiedad horizontal”, la que carecía de regulación idónea, con la especificidad necesaria para este tipo de negocios.

Ahora bien, yendo en concreto al cambio introducido por la Ley de Presupuesto Nacional respecto al régimen de la “UPH”, consiste en la eliminación a la limitación de construcción que comprendía el régimen a quo de la ley 17.292. En efecto, es menester mencionar, que la ley 17.292 en su original redacción (año 2001) no contenía ningún tipo de restricciones, pero, en el año 2008, con una visión más “intervencionista” que “liberal”, por intermedio de las leyes 18.308 y 18.367, se establecieron ciertas restricciones al régimen de UPH dándole nueva redacción a ley 17.292. Dentro de las restricciones impuestas por las leyes del año 2008 fueron, por un lado, la prohibición de urbanizaciones en suelo de categoría rural, y, por otro lado, se prohibió que estos emprendimientos superaran el área de 10.000m2, que luego por la ley 19.670 (Ley de Rendición de Cuentas del año 2017) se amplió hasta 20.000m2. En ese sentido, el art. 460 de LPN da nueva redacción al art. 48 de la ley 17.292 eliminando la limitación referida a la superficie pasible de construcción de barrios privados, pasando ahora, a estar ilimitada.

En otro orden, también se realizaron modificaciones respecto a la posibilidad de fraccionar lotes de tierras rurales para su venta, en los cuales, según lo dispuesto por el art 279 de la ley 19.149, se establecía la prohibición de  “toda división de tierra, realizada en suelo rural, que implique crear lotes independientes menores en superficie a las cinco hectáreas cada uno o tres hectáreas para los departamentos de Montevideo y de Canelones, con las excepciones establecidas en el art. 2 inciso final de la Ley N° 10.723”. Al respecto, el artículo 459 de la LPN da nueva redacción al artículo referido y efectúa la agregación de 2 nuevas excepciones a la regla, en tanto dispone la posibilidad de lotear hasta un máximo de una hectárea, cuando: a) El fraccionamiento tenga la finalidad de saneamiento, realizadas por programas de la “Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre” y; b) Aquellas que sean aprobadas por los Gobiernos Departamentales, cuya autorización, no podrá ser otorgada si el inmueble es caracterizado como “rural natural”, o incluso, si este fraccionamiento contraviene con la planificación territorial. En definitiva, por intermedio de estas nuevas excepciones, se concede la posibilidad de poder fraccionar dichos inmuebles rurales en un máximo de una hectárea. A este respecto, como toda excepción, ha de interpretarse restrictivamente y de forma taxativa, ya que, la regla continúa siendo, la prohibición de lotear inmuebles rurales en menos de 5 hectáreas para el resto del país y 3 hectáreas para los departamentos de Montevideo y Canelones. Pero, sin perjuicio de ello, se le concede un margen de discrecionalidad, con ciertas limitantes, a cada gobierno departamental que según sus consideraciones conceda, con una suerte de “permiso” o “concesión”, la posibilidad de fraccionar lotes de inmuebles rurales hasta una hectárea; esto, de forma inexequiblemente, se ajustará a las políticas que persigan cada gobierno departamental.

En tercer término, continuando con la modificativas efectuadas por esta ley de presupuesto, traeremos a colación el art. 455 de Ley N° 19.924. Este articulo da nueva redacción al art. 43 de la Ley 17.292. La nueva redacción otorga la posibilidad a que el MVOT en coordinación con el Banco de Prevención Social pueda dar respuesta a la demanda habitacionales de jubilados y pensionistas, mediante la adquisición de unidades habitacionales en proyectos desarrollados por terceros. Inclusive, se prevé la posibilidad de adquirir por el instrumento “arriendo con opción a compra” en los términos de la reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo, ampliando el margen de oferta que eventualmente puedan llegar a tener los inversores de proyectos inmobiliarios.

En suma, considerando las modificativas comentadas, detonan una clara intención del legislador en ampliar el margen de acción del sector privado inmobiliario, a efectos de que estos puedan coadyuvar con el Estado para hacer frente a la necesidad habitacional. En dicho sentido, se pudo observar como se amplió el margen de acción para aquellos proyectos de “barrios privados” otorgándole ilimitación a su obra, con el fin de que el sector privado pueda, eventualmente, tener mayor rentabilidad, ya que podrán construir más cantidad y calidad de viviendas, corriendo una suerte de incentivo. Asimismo, con este mismo espíritu, se aprecia la modificativa dispuesta por el art. 455 de la LPN antes comentada, en donde se dispone la ampliación del “mercado” (como oferta), para el sector privado, modificando la posibilidad que el MVOT conjuntamente con el BPS puedan contratar con proyectos de terceros.

Concluyendo con la presente, y permitiéndome una valoración final al respecto, la cual es a título personal y no compromete a la firma, creo entender, que estos “guiños normativos” a los cuales hice referencia, promueven herramientas necesarias e imprescindibles para el desarrollo de mercado inmobiliario y vivienda en general, cuyo fin es sumamente congruente con lo referido en la exposición de motivos que de dicha ley. Es decir, los mismos conducen de manera inexequible a la búsqueda, persuasión y captación de inversión privada, con el fin de lograr dinamizar el mercado inmobiliario, y, de esa forma, generar más puestos de trabajo y ayudar a generar más vivienda, los cuales son derechos básicos fundamentales que el Estado debe procurar. Sin lugar a duda, hay mucho camino por recorrer, mas cuestiones a considerar, pero, estos guiños, son buenas señales para un sector económico que venía en decadencia.

Documento elaborado por Paul Laborda.