Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales exhortó a realizar actualización de bases de datos

Recientemente, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) emitió un comunicado exhortando a los responsables de bases de datos a que realicen las actualizaciones pertinentes, por lo que es importante que las empresas desarrollen las revisiones correspondientes, a efectos de regularizar su situación, en caso de encontrarse dentro de los supuestos previstos por la citada Resolución para la actualización.

El mantenimiento actualizado de las Bases de Datos registradas es de suma trascendencia en ejercicio del principio de responsabilidad proactiva, previsto en el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos Personales, en la redacción dada por el artículo 39 de la Ley Nº 19.670.  El artículo 20 del Decreto 414/009, reglamentario de la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales, prevé que los responsables de las bases de datos deberán mantener actualizados los datos inscriptos en el Registro de Base de Datos Personales, comunicando trimestralmente las actualizaciones.

Sin perjuicio de ello, la URCDP, dispuso a través de la Resolución Nº 1647/010 que solo se deberá presentar la actualización trimestral de los datos de las Bases de Datos inscriptas, si se cumplen algunas de las siguientes condiciones:

“a) que exista una alteración cuantitativa del 20% de los datos indicados en la solicitud de registro,

  1. b) que existan modificaciones estructurales en la Base de Datos registrada, tales como el agregado o la supresión de un campo, cambio de la finalidad u otra que altere significativamente la información declarada inicialmente en la solicitud de registro.” 

Sobre este punto, entendemos comprendido, por ejemplo, el cambio en la dirección donde estará alojada la base de datos, especialmente si es en el extranjero, o en los tipos de datos tratados.

En este sentido, es relevante destacar que se realicen las actualizaciones pertinentes, por lo que es importante que las empresas realicen las revisiones correspondientes, a los efectos de regularizar su situación, en caso de encontrarse dentro de los supuestos previstos por la citada Resolución para la actualización.

El mantenimiento actualizado de las Bases de Datos registradas es de suma trascendencia en ejercicio del principio de responsabilidad proactiva, previsto en el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos Personales, en la redacción dada por el artículo 39 de la Ley Nº 19.670.

Por otra parte, las conclusiones derivadas del procedimiento de revisión interno para la actualización de las Bases de Datos, podrían eventualmente advertir la necesidad cumplir con otros requisitos previstos por la normativa, que no fueran exigidos al momento de la solicitud de registro de dichas bases.

A modo de ejemplo, en el caso de constatarse la existencia de alteraciones cuantitativas del 20% de los datos indicados en la solicitud, que además impliquen ahora el tratamiento de datos personales de más de 35.000 personas, el responsable deberá (en caso de no haberlo hecho), designar un delegado de protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley Nº 19.670, así como realizar una evaluación de impacto de acuerdo al artículo 6 del Decreto Nº 64/020.

Para más información, no dudes en contactarnos.

Josefina Sanguinetti.

Asambleas virtuales e impugnación de Asambleas en la Propiedad Horizontal

Reglamentación de las Asambleas virtuales.

1.a. Introducción.

El pasado 13 de julio se aprobó la Ley N° 20.058 (en adelante, la “Ley”)[1]. La Ley cuenta con ocho artículos y tiene como objetivos principales dar un marco regulatorio para la celebración de asambleas de copropietarios de forma virtual y regular aspectos mínimos relativos a la impugnación de las asambleas o de las resoluciones tomadas por esta.

Según se establece en su exposición de motivos, lo que motivó la presentación del proyecto que derivó en la sanción de la Ley tuvo como origen la situación generada por la pandemia del COVID-19, la declaración de “estado de emergencia nacional sanitaria” por medio del Decreto Nº 93/020 y la constatación de que existen actualmente ciertas tecnologías de la información y la comunicación que permitirían la celebración de asambleas de copropietarios a distancia sin excluir a ninguno de ellos.  A continuación comentamos los puntos más relevantes de la Ley.

1.b. Celebración de asambleas de copropietarios de forma virtual o mixta.  

Con la aprobación de la Ley queda definitivamente autorizada por el legislador la celebración de asambleas de copropietarios con igual validez, tanto de forma presencial (es decir, la forma tradicional) en la que los copropietarios se reúnen en un mismo lugar físico a deliberar y tomar resoluciones, como de forma virtual o mixta.

En su art. 2 la Ley define a la asamblea virtual como aquella que “permite la confluencia de voluntades emitidas en forma remota”, mientras que la asamblea mixta será “aquella que permite combinar de forma simultánea en un mismo evento, la modalidad presencial y la de participación virtual”.  

Según se establece en el art. 2 mencionado, la asamblea virtual o mixta requieren de la utilización de tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de internet y debe necesariamente permitir una comunicación multidireccional y simultánea de audio y video, de forma continua y en tiempo real.

1.c. Formalidades que deben cumplirse previo a la celebración de la asamblea.

La celebración de la asamblea debe estar precedida de una convocatoria realizada a cada copropietario, la que deberá realizarse en la forma prevista en el Reglamento de Copropiedad o en forma personal (según se establece en el art. 18 de la Ley Nº 10.751) y al domicilio electrónico que constituya cada copropietario frente al administrador de la propiedad horizontal si así lo entendiera conveniente. Si no se constituye el domicilio electrónico (cuya constitución es facultativa según lo dispuesto en el art. 6 de la Ley), será suficiente con notificar únicamente en la forma establecida en el reglamento de copropiedad o en la Ley.

Adicionalmente, la convocatoria de una asamblea que vaya a celebrarse de forma virtual o mixta deberá especificar el medio telemático que se prevé utilizar en la misma, siendo necesario además entregar a los copropietarios la documentación e información necesaria para poder votar de forma fundada (por ejemplo, presupuestos que deban considerarse, cuentas, etc.) con una antelación mínima de 48 horas.

1.d. Celebración de la Asamblea.

Para la celebración de la asamblea deben observarse los requisitos de quórum y las mayorías previstas en la ley Nº 10.751 y en el Decreto Ley Nº 14.560, los que son de orden público y no son modificados por la Ley.

El art. 5 de la Ley prevé que el voto corresponde al copropietario y que debe realizarse a mano alzada por éste o por su apoderado, siendo suficiente a tales efectos el otorgamiento de un poder simple. A su vez, se prevé que el voto también pueda realizarse a través de programas informáticos, siempre que cumplan con los mismos requisitos ya mencionados en el apartado 1.b anterior.

Por su parte, se establece que las asambleas virtuales deben ser grabadas, respaldadas y archivadas con el número de acta correspondiente, dejando constancia de la forma en que se celebró la asamblea. Además, en un plazo máximo de 30 días corridos desde la fecha de celebración de la asamblea, la copia del acta deberá pasarse al libro correspondiente y ser comunicada a los copropietarios en el domicilio electrónico que hubieran constituido. De no haberse constituido el domicilio electrónico, el copropietario podrá obtener una copia física del acta a su costo.

  1. Impugnación de asambleas de copropietarios.

Además de la regulación relativa a la celebración de asambleas de copropietarios de forma virtual o mixta, el art. 7 de la Ley regula algunos aspectos fundamentales de la impugnación de asambleas.

Específicamente, el art. 7 vino a establecer un plazo concreto para ejercer la acción de impugnación de la asamblea o de alguna de las resoluciones tomadas por ésta del que disponen los copropietarios (o como agrega el texto del artículo, cualquier interesado que tenga un interés directo y legítimo en la impugnación), extremo que era discutido en jurisprudencia y sobre el que no existía acuerdo. Con la aprobación de la Ley, el plazo del que dispone el interesado directo y legítimo para impugnar es de 60 días corridos desde que recibe la comunicación del acta pasada al libro.

Resulta interesante destacar también que si bien no existían limitaciones en el la normativa anterior, la redacción del art. 7 permite interpretar que no solamente los copropietarios están legitimados para impugnar, sino que podrá hacerlo cualquier interesado en ello que hubiera sido afectado por lo resuelto en la asamblea.

Por más comentarios, no dude en consultarnos.

Dr. Alfredo Frigerio.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SALUD PARA EMPRESAS QUE CUENTAN CON ENTRE 5 Y 50 EMPLEADOS

Recordarán que el Decreto No. 277/020 publicado en octubre de 2020, modificó los plazos para la implementación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (en adelante “SPST”) en empresas que tienen entre 5 y 50 trabajadores, establecido como fecha de implementación el 1 de noviembre de 2022.

Recientemente y con el fin de procurar que los mecanismos de protección a la salud laboral sean compatibles con las realidades de las empresas de menor tamaño, las que por cierto son muy heterogéneas, el Poder Ejecutivo dio a conocer un nuevo Decreto por el cual se modifican las condiciones de incorporación de los SPST en empresas que emplean entre 5 y 50 empleados.

La referida norma establece que las empresas que sean integradas por entre 5 y 50 trabajadores, a partir del 1 de noviembre de 2022, deberán elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, realizado por un técnico con título habilitante, pudiendo éste ser un Técnico Prevencionista, Tecnólogo en Salud Ocupacional, Tecnólogo Prevencionista, Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero Tecnólogo Prevencionista.

El plan deberá cumplir con los siguientes aspectos, a saber:

  1. Abarcar todas las actividades desarrolladas por la empresa;
  2. Identificar los peligros y la evaluación de los riesgos que comprenden las tareas/actividades desarrolladas por la empresa;
  3. Determinar las medidas correctivas y establecer un cronograma de cumplimiento que deberá realizarse como mínimo cada seis meses así como toda vez que cambien las condiciones de trabajo (incorporación de tecnología, modificación de procesos productivos o cualquier otro factor).

Arrojado los resultados de la evaluación de riesgos, el que deberá realizarse conforme a los aspectos mencionados más arriba, se podrá recomendar a la empresa la necesidad de que cuente con SPST, no siendo por tanto obligatorio tal y como fuera indicado por el Decreto No. 277/020. Sin embargo y en aquellos casos en que dichos servicios no hayan sido recomendados, la empresa siempre tendrá la opción de contratarlos.

Excepcionalmente, en caso de detectarse riesgos en la empresa y con el fin de proteger la integridad física y la salud de los empleados, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social podrá intimar a las empresas de forma particular la conformación del SPST y el Plan de Vigilancia de la Salud.

Documento elaborado por la Dra. Mercedes Nin Algorta.

Teletrabajo en Zonas Francas – Reglamentación

El pasado 29 de setiembre el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto No. 319/022 que reglamenta el teletrabajo en las Zonas Francas (en adelante “el Decreto”).

Recordamos que el pasado año, el artículo 129 de la Ley No. 19.996 incorporó a la Ley de Zonas Francas (Ley No. 15.921) el artículo 14 TER. Mediante el mismo, se estableció la posibilidad de que los usuarios de Zonas Francas puedan celebrar acuerdos con el personal dependiente, para que éstos presten susservicios bajo la modalidad de teletrabajo exclusivamente desde su domicilio particular situado en territorio nacional.

Hasta el momento, restaba que el Poder Ejecutivo estableciera las condiciones y los límites que deberían cumplir las empresas usuarias de Zonas Francas para que su personal pudiera hacer uso de la modalidad de teletrabajo. Finalmente, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto que reglamentó el teletrabajo en las Zonas Francas.

Con respecto al ámbito subjetivo de aplicación, solamente podrán acceder a trabajar en esta modalidad, el personal dependiente de las empresas usuarias de Zona Franca que tengan una jornada laboral a tiempo completo, no pudiendo ser la carga horaria de éstos, inferior a 25 horas semanales.

El Decreto limita la cantidad de tiempo de trabajo prestado bajo la modalidad de teletrabajo, disponiendoen consecuencia de las restricciones que se indicarán seguidamente:

i. De la totalidad de los trabajadores que opten por la modalidad de teletrabajo:
a. El 90% deberán desempeñar como mínimo un 60% de su carga horaria mensual en la modalidad de trabajo presencial.  
b. El 10% restante, quedará exceptuado del cumplimiento del referido requisito mínimo.  
ii. En ningún caso, la sumatoria de horas presenciales cumplidas por la totalidad de los dependientesdel usuario en un mes, podrá ser inferior al 60% del total de la carga horaria.

Asimismo, el Decreto circunscribe el alcance de la modalidad de teletrabajo a los empleados de empresas usuarias de Zona Franca que cumplan con un mínimo de mil horas mensuales en la modalidad de trabajo presencial.

Adicionalmente, y conforme al texto normativo mencionado, no podrán trabajar los empleados que desarrollen directamente las actividades operativas de producción o fabriles, de distribución o logísticas. Asimismo, tampoco se autoriza el referido régimen, a los empleados que desarrollen las actividades comerciales sustantivas definidas en el artículo 14 de la Ley No. 15.921, ni a aquellos empleados que desempeñen tareas vinculadas con actividades excepcionales, auxiliares y complementarias para los usuarios de Zonas Francas.  

El usuario deberá garantizar a los trabajadores que desempeñen la modalidad de teletrabajo las condiciones edilicias establecidas en la normativa laboral.

En el Decreto se establece que los desarrolladores deberán llevar un registro de los acuerdos que celebren los usuarios y sus dependientes en las condiciones que establecerá la Dirección Nacional de Zonas Francas. Adicionalmente, ésta última, establecerá los requisitos y procedimientos que deberán llevarse a cabo para dar cumplimiento a la modalidad de teletrabajo.

Lo dispuesto en el Decreto comenzará a regir a los 60 días contados a partir del siguiente a su publicación, pudiendo prorrogarse el referido plazo por única vez por 30 días adicionales en caso de que la Dirección Nacional de Zonas Francas lo entienda pertinente.

Documento elaborado por las Dras. Magdalena Gari y Mercedes Nin Algorta.

Consulta publica sobre cambios en el Sistema Tributario.

En el día de ayer el gobierno uruguayo puso en consideración pública hasta el 15 de agosto, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo (el “Proyecto de Ley”) donde se explican y regulan los cambios a realizarse en el sistema tributario uruguayo a efectos de dar cumplimiento a los requisitos del Código de Conducta de (Fiscalidad de las Empresas) de la Unión Europea (COCG por sus siglas en inglés, Code of Conduct Group).

El Proyecto de Ley contiene una cláusula de vigencia al 1 de enero de 2023, por lo que se deduce el interés del gobierno en darle celeridad al asunto. A continuación, detallamos los puntos más importantes.

  1. Se ha vuelto a ratificar la utilización de la territorialidad de la fuente como principio general para gravar las rentas empresariales.
  2. Los cambios proyectados únicamente alcanzarán a grupos multinacionales, entendiéndose por tal, que una empresa (incluyéndose a los establecimientos permanentes) es participante de un grupo multinacional si está incluida en los estados contables consolidados del grupo (o debería estar, pero por tamaño y relevancia fue excluida). Esta regulación es la ya aplicada por el sistema de precios de transferencia uruguayo, que para estos efectos adquiere rango de ley (arts. 3,4 y 5 del Proyecto de Ley que recogen lo establecido en el articulo 6 del Decreto Nro. 353/018)
  3. En lo medular, se agregan las siguientes dos hipótesis en el Titulo 4 del Texto Ordenado de la DGI Reglamentario del IRAE por las que se considerará que una renta es de fuente uruguaya:
  • Las rentas derivadas de derechos de propiedad intelectual obtenidas por una entidad integrante de un grupo multinacional relativos a patentes y software registrado, enajenados o utilizados económicamente en el exterior, en la parte que no corresponda a ingresos calificados.
  • Los rendimientos de capital inmobiliario, dividendos, intereses, regalías no incluidas en el literal anterior, otros rendimientos de capital mobiliario e incrementos patrimoniales derivados de la enajenación de los activos que generan los rendimientos precedentes, obtenidos en el exterior siempre que no se trate de una entidad calificada.

Nótese que la normativa agrega dos conceptos jurídicos clave: ingresos calificados y entidades calificadas, por lo que el articulo 2 regula que se entenderá por ambos conceptos.

Adicionalmente, dicho artículo también regula la mencionada anteriormente clausula antiabuso por la que se otorga a la Dirección General Impositiva la potestad para desconocer las formas y/o mecanismos utilizados con el “propósito principal o uno de los propósitos principales de obtener una ventaja tributaria que desvirtúe el objeto o finalidad perseguida por dichos artículos”.

Documento elaborado por el Dr. Guillermo Lorbeer.

 

 

Proyectos inmobiliarios en régimen de Propiedad Horizontal

Nuestro país viene experimentando un sostenido crecimiento en la construcción de viviendas con destino residencial, cubriéndose la intensa demanda proveniente del sector medio y medio alto de nuestra población. Este fenómeno responde a varios factores, destacándose -entre otros- los incentivos tributarios implementados, la activa participación de los  Bancos de plaza alineados en otorgar créditos para la compra y construcción de inmuebles, el fuerte ingreso de extranjeros, pero principalmente la consolidación de un cambio en la forma de vida de muchos uruguayos post pandemia.

La “vedette” de este movimiento son los “barrios privados o semi privados”, urbanizaciones que satisfacen el pedido prioritario actual que no es otro que el contacto directo con la naturaleza en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

Pero el mencionado desarrollo no tendría sostén sin una seguridad jurídica detrás que permita brindar tranquilidad al inversor, financista y adquirente. Esta seguridad jurídica emerge de nuestro régimen de propiedad horizontal, cuya ley cumple más de 70 años de vigencia (10.751) y que tuvo, oportunamente, sus ncesarios “aggiornamientos”. Su origen fue reglamentar los edificios de apartamentos y las relaciones entre copropietarios, permitiendo lograr el “estado” de horizontalidad, tras la comprobación del cumplimento de varios requisitos dentro un expediente administrativo. Por ello, tradicionalmente se asocia el término “PH” a Edificio o a vivienda familiar que esá dividida en dos.

Sin entrar en un análisis exhaustivo sobre el tema, ya que existen varias leyes por lo cual se puede incorporar a “PH”, podemos decir que cuando se construye un edificio por la vieja ley, para que existan jurídicamente unidades “independientes” del padrón matriz, es necesario el cumplimiento de varios requisitos.  En definitiva, quien adquiere un apartamento en el llamado “pozo” que aún no tiene la horizontalidad, se convertirá luego de la firma en “promitente comprador”. Cuando se requiere de financiamiento bancario para su adquisición, esto está directamente relacionado en cuanto a la garantía a otorgarse al banco, ya que al tener una promesa de compraventa, se dará como garantía una prenda de derechos de promitente comprador.

Fue recién a comienzos del 2001 (ley 17.292) que se regulan las llamadas “urbanizaciones de propiedad horizontal” con la cual se le da una opción de nacimiento de “PH” a los barrios privados, con modificaciones legales determinantes para su desarrollo. En efecto, se establece que el permiso municipal del proyecto junto a la habilitación de obras de infractructura, plano y reglamento “perfeccionan” el estado de “PH”. Enorme cambio frente al régimen original que implica que cuando construye un edificio, la construcción propiamente dicha debe estar materializada para poder lograr lo que se denomina la “Propiedad Horizontal”.

En definitiva, el “PH” no es un término que se relaciona exclusivamente con un edificio o inmueble “dividido” en dos, sino que permiten otro tipo de desarrollos así como la organización entre sus distintos propietarios. Los barrios privados o semi privados son un claro ejemplo.

Departamento Notarial de BRAGARD

Esc. Alfredo Delgado Sartori

Esc. Antonella Cimino

 

Inauguración Ciudad Deportiva ENFOQUE

Acompañamos a nuestros clientes Andrés Scotti, Diego Godin, Mario Rebollo y Vicente Sánchez en la inauguración de la Ciudad Deportiva ENFOQUE, en cuyo proyecto actuamos como Asesores Legales, Notariales y Fiscales.

 

Cheques electrónicos

Hace poco más de un año, el Ministerio de Economía y Finanzas remitió a la Asamblea General para su consideración un proyecto de ley por el cual se crea el “Cheque Electrónico” introduciendo modificaciones a la Ley de Cheques y al Código General del Proceso.

Dicho proyecto de ley fue sancionado por la Cámara de Senadores el 03 de noviembre de 2021 y por la Cámara de Representantes el 17 de mayo de 2022, promulgado por el Poder ejecutivo el pasado 27 de mayo, permaneciendo pendiente su publicación.

El Decreto – Ley Nº 14.412 del año 1975, comúnmente denominado “Ley de Cheques”, ha demostrado ser una herramienta adecuada respecto de la regulación de los cheques como instrumento de pago.

No obstante, resulta conveniente actualizar el marco normativo a los efectos de acompañar su regulación con las nuevas tecnologías y medios de pago que surgieron con posterioridad a su promulgación.

Incluso a partir de la ley de inclusión financiera, la cual establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos de pago para ciertas transacciones, si bien la utilización del cheque se redujo, éstos no han desaparecido. Y, aun existiendo medios de pagos alternativos, los cheques mantienen su vigencia.

Contando con la implementación de la firma electrónica, la cual habilita a firmar digitalmente con el mismo valor que la firma manuscrita, el camino hacia la creación de los cheques electrónicos fue ampliamente facilitado.

Una de las características más ventajosas y esenciales del cheque es la posibilidad de usarlo como instrumento de crédito, posibilitando el diferimiento de los pagos. Por otra parte, de las mayores desventajas que presenta es precisamente su soporte papel. Es por ello que actualmente se implementa la creación de los cheques electrónicos o digitalizados.

Análisis de modificaciones introducidas

La Ley de Cheques originariamente enumeró las enunciaciones esenciales que el cheque deberá contener a los efectos de su validez. Por cuanto antes solo hacía referencia a “la firma del librador”, con los cambios introducidos se hace mención a que esta firma podrá ser autógrafa o electrónica, según el cheque sea cartular o electrónico. Respecto de la necesidad de indicar el nombre del obligado al lado de su firma, para la aplicación de esta norma al caso específico de los cheques electrónicos, se establece que el Banco Central del Uruguay regulará la manera de su aplicación.

En materia de endosos, las nuevas modificaciones no inciden en lo previsto para el caso de los cheques cartulares (sin posibilitar la combinación de un cheque cartular con firmas electrónicas). Y, para el caso particular de los cheques electrónicos, establece que el endoso se efectuará mediante firma electrónica avanzada.

También se incorpora a la Ley la mención expresa a la práctica del depósito del cheque, mediante acreditación en cuenta bancaria, a través de máquinas receptoras (buzoneras, cajeros automáticos, etc.) para su cobro, determinándose que la fecha de depósito será considerada como la fecha de presentación. Asimismo, se dispone que el cheque que se originó en forma cartular se podrá digitalizar, por cuanto podrá ser depositado a través de la remisión de su imagen digitalizada al Banco receptor. En esos casos, la imagen sustituirá al documento físico, el que quedará inutilizado mediante constancia.

A los efectos de regular la constancia de presentación y de falta de pago en los cheques electrónicos, la nueva normativa establece que se creará un “certificado”, el cual permitirá el ejercicio de las acciones pertinentes y, sin ningún otro requisito, aparejará ejecución. Y se establece que constituirá título ejecutivo el cheque cartular con la constancia de presentación y de falta de pago, o el cheque generado o transmitido por medios electrónicos con dicho certificado previsto por la nueva regulación. De manera concordante, se modificó el inciso 4º del art. 353 del Código General del Proceso, de manera de incluir en la nómina de títulos ejecutivos al certificado emitido para el caso de cheques electrónicos y digitalizados.

Lo que no fue previsto expresamente es de que este “certificado” tenga carácter de protesto por falta de pago, como sí está establecido expresamente para el caso de la constancia de presentación y de falta de pago en los cheques cartulares (art. 39 inc. 3). En efecto, se establece expresamente que el BCU regulará la emisión del certificado en el que deberán constar las menciones establecidas en art. 39 inc. 1 y 2, dejando por fuera al inc. 3.

Los presupuestos de la pretensión ejecutiva son dos: título ejecutivo y noticia previa. La certificación configura título ejecutivo. Pero la consecuencia de que la certificación no tenga carácter de protesto es que, para promover un eventual proceso ejecutivo de un cheque electrónico o digitalizado, será necesario dar noticia previa como diligencia preparatoria.

Entendemos que la falta de mención de que dicho certificado tenga carácter de protesto no fue intencionada por el legislador y deberá ser objeto de posterior modificación o reglamentación, a los efectos de lograr un igual tratamiento de los cheques electrónicos y digitalizados, como fue pretendido.

Asimismo, se consagra legalmente el instituto de la compensación multilateral en las cámaras de compensación electrónicas, habilitando a los Bancos receptores de cheques cartulares a digitalizarlos para su compensación electrónica.

Por último, se modifica un artículo a los efectos de otorgar al Banco Central del Uruguay la facultad de reglamentar la Ley en todos sus términos y no sólo determinados artículos, como sucedía anteriormente.

Acquisition of the Uruguayan journalistic group El Observador

The Bragard Abogados team lead by  senior partners Jean Jacques Bragard, Cynthia Carballo, Laura Capalbo and associate Sofia Humaian, Mercedes Nin and Antonella Cimino and our fellow colleagues Pablo Tarantino, Agustín Griffi and Paula Cerizola from Law Firm Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados jointly conducted every stage of the legal procedures required in the acquisition of the total Share Interest of the Uruguayan journalistic group El Observador.

Founded in 1991 as a newspaper published in Montevideo, El Observador has become a benchmark for digital journalism in Uruguay.

We are grateful for the trust placed in our team by the new shareholders, who decided to invest in digital innovation and in the generation of journalistic content to become a leading Spanish-speaking digital media outlet.

Comunicación de hechos relevantes por parte de Emisores de Valores de Oferta Pública

Constituye un pilar fundamental del Mercado de Valores que el inversor pueda tomar decisiones informadas, respecto a los valores en los que invierte.

A estos efectos, se vuelve crucial que el regulador del mercado -en nuestro país el Banco Central del Uruguay (“BCU”)-, establezca cuales son los estándares de información y transparencia que los distintos actores del mercado se encuentran obligados a cumplir.

Bajo este marco, la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (“RNMV”) del BCU, impone una serie de deberes a cargo de los sujetos obligados (en lo que nos interesa aquí, a los Emisores de Valores de Oferta Publica) de modo de satisfacer dichos estándares de información.

De este modo, podemos identificar en la RNMV distintas obligaciones de aportar información impuestas a los Emisores. Por un lado, se encuentran obligados a presentar con determinada periodicidad (anual, trimestral, cuatrimestral o semestral en algunos casos), documentación contable de la sociedad, informes de auditoría interna y externa, entre otros (ver en este sentido el artículo 260 de la RNMV).

Adicionalmente, los Emisores de Valores deben realizar comunicaciones puntuales en caso de que se configure un “hecho relevante” a la luz de la RNMV. La regulación de los hechos relevantes no es un invento del regulador uruguayo, sino que se encuentra presente en otras regulaciones como la de Argentina, Chile, España o incluso en la de EE. UU bajo el nombre de “material fact”.

Si bien el concepto de hecho relevante no es definido en la RNMV, el mismo puede ser inferido como aquél hecho que pueda tener un impacto significativo en el precio del valor que se está cotizando.

Por lo tanto, el racional detrás de estas comunicaciones es brindarle al inversor, un conocimiento en tiempo, veraz y efectivo, sobre determinadas situaciones ocurridas en cabeza del sujeto obligado, que se consideran importantes para el inversor a la hora de transar en el mercado.

Ingresando en nuestra regulación, para todos los actores y valores, el Libro V de la RNMV denominado de “Transparencia y Conductas de Mercado”, dispone en el artículo 245 cuales son aquellos hechos relevantes que el regulador entiende que el público necesita conocer respecto de todas instituciones y valores inscriptos.

Los hechos relevantes descriptos comprenden un amplio abanico de circunstancias que van desde cambios de control de la sociedad, operaciones societarias, constitución de garantías sobre el activo de la empresa, destitución y cambios en sus órganos representativos, hasta situaciones de insolvencia y cese de actividades.[1]

Además, el articulo cuenta con un literal de carácter residual que servirá para englobar cualquier tipo de circunstancia que a criterio del Emisor deba ser comunicado. En este sentido, el literal w, impone al Emisor la obligación de comunicar:

“cualquier otro hecho relevante de carácter político, jurídico, administrativo, técnico, de negociación, o económico-financiero, que pueda influir la cotización de los valores emitidos o en la decisión de los inversores de negociar los mismos, en el desarrollo de la actividad llevada a cabo en calidad de participante del mercado, o en el destino de los fondos o Fideicomisos que administra. “

Por otra parte, y de forma concreta para los Emisores de Valores, se impone la obligación de comunicar de inmediato o más tardar al siguiente día hábil, cualquier circunstancia referente a (i) el emisor, (ii) el valor cotizado, (iii) sus negocios, (iv) órganos de administración y de control, que influya de forma significativa en:

  1. la cotización de los valores;
  2. la decisión de los inversores de negociar dichos valores;
  3. la determinación de los inversores de ejercer cualquiera de los derechos inherentes a su condición de titular de dichos valores.

En otro orden, el BCU en ejercicio de su potestad fiscalizadora sobre el mercado, puede imponer sanciones administrativas que van desde la observación, apercibimiento, multa, suspensión o cancelación de la cotización de los valores, hasta la suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

Para el caso concreto de incumplimientos en la obligación de comunicar hechos relevantes, el Emisor podrá ser objeto de una multa equivalente a 30.000 UI (aprox. USD 3900), sin perjuicio de que ante reiterados incumplimientos pueden seguir escalando en sus sanciones.

En síntesis, destacamos la importancia de otorgarle particular relevancia a la comunicación de hechos relevantes. Por un lado, por su capacidad de potenciar la madurez y desarrollo del Mercado de Valores, y, por otro, porque el regulador activamente fiscaliza el cumplimiento efectivo de esta obligación impuesta a los sujetos obligados. 

[1] A mayor abundamiento, el articulo 245 comprende: a. cambios en el control de la sociedad; b. transformación de una sociedad abierta en cerrada; c. fusión, escisión, transformación o disolución de la sociedad;  d. cese de algunas actividades de la sociedad o iniciación de otras nuevas;  e. decisión de solicitar el retiro de la autorización para funcionar;  f. enajenación de bienes de activo fijo que representen más del 15% (quince por ciento) de este rubro según el último balance;  g. renuncias o remoción de directores, administradores y miembros del órgano de fiscalización, con expresión de sus causas y su reemplazo;  h. la dimisión, destitución o sustitución del Auditor Externo, con expresión de las razones que dieron lugar a la misma;  i. celebración y cancelación de contratos de licencia, franquicia o distribución exclusiva; celebración, modificación sustancial o cancelación de otros contratos trascendentes para la sociedad;  j.incumplimiento de las obligaciones asumidas en la emisión en serie de cualquier clase de valores, así como todo atraso en el cumplimiento de las mismas, especialmente en lo que refiera al pago de amortizaciones y/o de intereses correspondientes a esos valores;  k. rescates anticipados de los valores emitidos;  l.gravamen de los bienes con hipotecas o prendas cuando ellas superen en conjunto el 15% (quince por ciento) del patrimonio neto;  m. todos los avales y fianzas otorgados, con indicación de las causas determinantes, personas afianzadas y monto de la obligación, cuando superen en conjunto el 15% (quince por ciento) del patrimonio neto;  n. adquisición o venta de acciones u obligaciones convertibles de otras sociedades, cuando excediesen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del patrimonio de la inversora o emisora;  o. la autorización, suspensión, retiro o cancelación de la cotización en el país o en el extranjero;  p.observaciones formuladas por la Auditoría Interna de la Nación, cualquiera sea la causa de las mismas;  q. otras observaciones o sanciones aplicadas por el Banco Central del Uruguay a las instituciones supervisadas, por incumplimientos a las normas que regulen su condición o actividad como participante del Mercado de Valores, o por cualquier otra autoridad de control;  r. que la institución o sus accionistas estén siendo objeto de investigación por organismos supervisores o de regulación o autorregulación financiera;  s. alteración en los derechos de los valores emitidos por la sociedad;  t. atraso en el pago de dividendos o cambios en la política de distribución de los mismos;  u. solicitud de concordato, apertura de concurso preventivo, convocatoria de acreedores, quiebra o demandas contra la sociedad que, de prosperar, pueden afectar su situación económico-financiera; v. atrasos en la presentación de la información a la cual están obligados, en función de la normativa vigente;