NUEVO DECRETO REALIZA MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES ESTABLECIDO POR LA LEY N° 16.906 PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES EN URUGUAY.

Con fecha 7 de octubre del presente año fue publicado el Decreto N° 268/020 (en adelante, el
“Nuevo Decreto”), que reglamentó determinados aspectos de la Ley N° 16.906 (en adelante, la
“Ley de Inversiones”) modificando la anterior reglamentación en la materia, establecida por el
Decreto N° 143/018.

El Nuevo Decreto es de aplicación preceptiva para todos los proyectos presentados a partir de
su publicación. No obstante lo anterior, establece un régimen de transición que permite optar
por el régimen del Nuevo Decreto o por el régimen establecido por el Decreto N° 143/018, a
aquellas empresas que hubieren presentado proyectos de inversión solicitando la declaración
promocional prevista en la Ley de Inversiones entre el 1° de mayo y el 6 de diciembre de 2020
(60 días a desde la publicación del Nuevo Decreto), debiendo expresar por escrito el ejercicio de
dicha opción.

Antecedentes.

La Ley de Inversiones estableció el marco jurídico en Uruguay para declarar de interés nacional,
a la promoción y a la protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y
extranjeros en territorio uruguayo, lo que se denominó “Declaratoria Promocional”. A tales
efectos, creó un régimen de considerables beneficios fiscales del que podrán beneficiarse los
sujetos que cumplan con las condiciones que en ella y en sus Decretos Reglamentarios se
establecen.

En líneas generales, a los efectos de evaluar los proyectos de inversión que se someten a estudio,
se establece una matriz de indicadores que reflejan los objetivos buscados por la Ley de
Inversiones y sus decretos reglamentarios (Generación de Empleo, la Descentralización, el
Aumento de Exportaciones, las Tecnologías Limpias, la Investigación y Desarrollo e Innovación,
entre otros que se dirán). La contribución del proyecto en cuestión a cada uno de los objetivos
que reflejan estos indicadores se evalúa en las formas establecidas en su reglamentación.
La COMAP evalúa los proyectos de inversión presentados y recomienda al Poder Ejecutivo la
promoción de aquellos proyectos que considera que cumplen con los indicadores y objetivos
requeridos.

La aprobación del Nuevo Decreto tuvo lugar por motivo de un descenso en la actividad
económica como consecuencia de la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo
a raíz del nuevo Coronavirus COVIT-19. De esta forma, se modifican mediante el Decreto,
diversos criterios que inciden en la promoción de los proyectos de inversión presentados en el
marco de la Ley de Inversiones, buscando otorgar mayores beneficios en pos de estimular el
ascenso de la economía del país.

En síntesis, el Nuevo Decreto modifica principalmente los siguientes aspectos (sin perjuicio de
que luego desarrollaremos por separado cada modificación):

1. Modificación de la metodología de evaluación de los proyectos de inversión;
2. Optimización de las ponderaciones de los indicadores de la matriz de objetivos,
otorgando énfasis a la generación de empleo y elaborando una matriz simplificada a
estos efectos;
3. Redefinición del indicador de descentralización y exportaciones, ampliando el concepto
de “innovación” e incorporando indicadores sectoriales.
Por otro lado, queremos destacar que- si bien se modifican determinados aspectos relativos a
los plazos- en lo que hace al trámite de solicitud para la obtención de la declaratoria
promocional, el Nuevo Decreto no realiza modificaciones significativas a las disposiciones del
Decreto 143/018 de la Ley de Inversiones.

Principales Modificaciones realizadas por el Nuevo Decreto.

A continuación realizaremos una breve descripción de las modificaciones que entendemos más
significativas de las establecidas por el Nuevo Decreto.

Beneficiarios (Art. 1).
Se suprime la prohibición establecida por el Decreto 143/018 de ampararse en el régimen de
beneficios fiscales establecidos por la Ley de Inversión a las empresas de la industria tabacalera.

Alcance objetivo (Art. 3).
Se amplía el concepto de inversiones elegibles para el proyecto de inversión, determinando que
serán consideradas tales -además de las adquisiciones de bienes que integren el activo fijo- las
adquisiciones de bienes para integrar el activo intangible de las empresas. Encomendándose al
Poder Ejecutivo la determinación del elenco de bienes incorporales cuya adquisición es
considerada una inversión.

Inversiones computables (Art. 4).
Se establece como criterio general que las inversiones previstas en el proyecto de inversión,
computables para la obtención de los beneficios, serán las ejecutadas a partir del inicio del
ejercicio de presentación de la solicitud de la declaratoria promocional por la empresa, o en los
6 meses anteriores al primer día del mes de la presentación y por un máximo total de 10
ejercicios.

Este nuevo artículo aumenta el plazo para el cómputo de las inversiones elegibles que
anteriormente era de un máximo de 5 ejercicios posteriores a la solicitud de declaratoria
promocional. Sin perjuicio de determinadas excepciones que se preveían y en las cuales dicho
plazo se podía extender (ej. para inversiones que requirieran plazo mayor a 5 ejercicios para su
ejecución, casos de fuerza mayor que afectaran la ejecución de las inversiones, etcétera).

Asimismo, el Decreto 143/018 también establecía la posibilidad de computar como inversiones
elegibles a las realizadas con 6 meses de anticipación a la solicitud de la declaratoria promocional
pero condicionando dicho cómputo a que dichas inversiones (i) fueran necesarias para la
realización del proyecto; y (ii) no superaren el 20% total de la inversión elegible. Con la actual
redacción del Nuevo Decreto dichas exigencias fueron suprimidas.

Criterios para otorgar los beneficios (Art. 5).
Se modifica la matriz para la evaluación de los indicadores y objetivos que deben cumplir los
proyectos de inversión, siendo éstos la Generación de Empleo, la Descentralización, el Aumento
de Exportaciones, las Tecnologías Limpias, la Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i) y un
indicador sectorial (en adelante, los “Objetivos” o “Indicadores” indistintamente). En este punto,
el Decreto 143/018 establecía un sistema (una matriz) que otorgaba un puntaje a cada Indicador.

El Art. 5 del Nuevo Decreto elimina este sistema y establece que será la COMAP la encargada de
establecer una matriz de indicadores ponderando la participación de los Objetivos. Debiendo
asignarles un puntaje a los solicitantes en función de los resultados esperados del proyecto y
disponiendo el puntaje mínimo para acceder a la declaratoria promocional.

Asimismo, se encomienda a la COMAP el establecimiento de un régimen “simplificado” que
utilizará para la asignación del puntaje el indicador “empleo”, y que tendrá en cuenta el número
de puestos de trabajo a crearse (promedio anual). Se dispone el establecimiento de un puntaje
mínimo para acceder a la declaratoria en función al monto de la inversión del proyecto.También se suprime el cronograma de indicadores establecido en el Art. 12 del Decreto 143/018.
Evaluación por parte de la COMAP (Art. 9).

Se amplía el plazo para el estudio de los proyectos de inversión por la COMAP y el plazo de
suspensión por solicitud de información adicional de la empresa por parte de la COMAP de 60 a
90 días hábiles.

Seguimiento (Art. 11).
Se agrega información adicional a aquella que debían proporcionar las empresas que hubieren
solicitado la declaratoria promocional (hayan obtenido o no la aprobación de la misma), dentro
de los 4 meses del cierre de cada ejercicio económico. En este sentido, se establece que -además de la declaración jurada en la que conste la información referente a la ejecución de la inversión, los beneficios fiscales utilizados y el
cumplimiento de los indicadores comprometidos de acuerdo la reglamentación de la COMAPlas empresas deberán presentar la declaración jurada de impuestos y los estados contables con informe de auditoría (en caso de grandes contribuyentes de la Dirección General Impositiva“DGI”), estados contables con informe de revisión limitada (para contribuyentes clasificados por la DGI como “CEDE”) y estados contables con informe de compilación para los restantes.

Pérdida de los beneficios (Art. 12).
Se establece como causal del incumplimiento en la ejecución de inversión, la situación de que el
contribuyente no hubiera invertido el monto correspondiente a la inversión, pero sí hubiera
ejecutado la totalidad de la misma, cumpliendo los objetivos sustanciales de ejecución y
operación del proyecto. La consecuencia establecida en este caso será la reliquidación de los
tributos (de corresponder) y el pago de los importes indebidamente exonerados por el
contribuyente (cuyo valor deberá actualizarse de acuerdo a la evolución de la unidad indexada
entre la fecha de vencimiento de la obligación tributaria y la de pago). Encomendándose a la DGI
el establecimiento del plazo para el pago de tales obligaciones.

Se elimina la sanción aplicable al contribuyente por la no comunicación a la COMAP en caso de
incumplimiento parcial de la ejecución de la inversión. En caso de incumplimientos totales de
los objetivos sustanciales de ejecución y operación del proyecto de acuerdo a lo dispuesto en la
resolución promocional, se establece como sanción por no informar a la COMAP dicho
incumplimiento, la reliquidación del total de los tributos indebidamente exonerados y el pago
de las multas y recargos correspondientes. Sin perjuicio de la reliquidación correspondiente, se
exceptúa de la obligación de informar establecida precedentemente, a los casos en que el
incumplimiento no supere el 15% (quince por ciento) de la inversión elegible.

Se establece que el incumplimiento en la obtención de los Indicadores comprometidos se
configura únicamente al final del cronograma de su cumplimiento, estableciéndose que el
control del nivel de cumplimiento de los compromisos de cada proyecto promovido se realiza al
finalizar el cronograma.

Márgenes de Tolerancia en la matriz de indicadores. (Art. 14)
Se modifica el margen de tolerancia en la matriz de los Indicadores, pasando del 10% (diez por
ciento) respecto a la obtención del puntaje asignado al proyecto de inversión, al 20% (veinte por
ciento) respecto a la obtención del puntaje proyectado elaborado por la COMAP.
A su vez, se establece que este margen se aplicará al puntaje total de la matriz de Indicadores
elaborada por la COMAP al finalizar el cronograma de cumplimiento de indicadores. Mientras
que en el Decreto 143/018 se establecía que dicho margen se aplicaba en cada ejercicio del
cronograma de compromisos y al cierre del mismo.

Se establece que en caso de que razones de fuerza mayor (debidamente fundadas) impidan el
cumplimiento del cronograma de Indicadores en la forma prevista al momento de presentación
del proyecto, la empresa podrá solicitar autorización para el corrimiento del cronograma. Se
establece que las empresas deben cumplir -en todos los casos-con los Indicadores
comprometidos por 3 ejercicios.

Exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas “IRAE” (Art. 17).
En lo relativo al monto de la exoneración de IRAE, se establece la determinación del mismo de
acuerdo al porcentaje de la inversión elegible que resulte de aplicar la matriz de Indicadores,
cuya elaboración compete a la COMAP. Eliminándose los criterios previamente establecidos
para la determinación de dicho porcentaje.

Se establece que el impuesto exonerado no podrá exceder el 100% del monto efectivamente
invertido y se aumenta el porcentaje exonerado de IRAE hasta el 90% del impuesto a pagar
(antes era del 60% y del 80% para empresas nuevas).

No obstante lo anterior, se establecen los siguientes tratamientos específicos:
1. Para proyectos de inversión presentados al amparo del Decreto hasta el 31 de marzo de
2021:se incrementa el porcentaje de exoneración de IRAE que surja de la aplicación de la matriz
de indicadores elaborada por la COMAP, en un 20%. Se establece que dicho incremento será
aplicable para inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2020 y siempre que las mismas
representen como mínimo el 75% de la inversión total comprometida del proyecto. Si finalizados
dichos plazos no se hubiera ejecutado el 75% de la inversión, se reliquidarán los tributos
indebidamente exonerados sin multas ni recargos, actualizados por la evolución de la Unidad
Indexada.
2. Las inversiones realizadas entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se
computarán a un 150% del monto invertido para el cómputo de la exoneración de IRAE.
Se establece que ambos beneficios transitorios pueden acumularse en el período comprendido
entre el 1ro de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

Plazo de Exoneración del IRAE (Art. 18).
Se modifica la forma de cálculo para la exoneración de IRAE. En este punto, el Decreto 143/018
determinaba el mismo como el mayor de entre, 4 ejercicios, o el que surgiera de la aplicación
de fórmulas matemáticas que tenían como centro de cálculo al porcentaje de la exoneración
otorgada.

El Nuevo Decreto encomienda a la COMAP el establecimiento de dicho plazo, estableciendo que
el mismo nunca podrá ser inferior a 4 ejercicios. Indicando que para dicho cómputo, se deberá
tener en cuenta el monto de la inversión y el puntaje proyectado de acuerdo a los e Indicadores
para realizar la evaluación establecidos en el Art. 5 del Nuevo Decreto y mencionados
precedentemente.

Se aumenta y se unifica el plazo por el cual las empresas pueden suspender el plazo de la
exoneración a 2 ejercicios (consecutivos o no) en todos los casos. El Decreto 143/018 establecía
que este plazo era de hasta un ejercicio, para casos que hubieran obtenido en la resolución de
promoción de la inversión un plazo de hasta 5 ejercicios, y de 2 ejercicios cuando se hubiera
obtenido un plazo de 6 o más ejercicios.

Otras exoneraciones fiscales (Art. 19).
El Nuevo Decreto modifica la exoneración de tasas y tributos a la importación y la deducción del
Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) para empresas cuyos proyecto de inversión hubieran sido
declarados promovidos al amparo del Nuevo Decreto.

En este sentido, las exonera totalmente de tasas y tributos a la importación incluido el IVA sin
restricciones (el Decreto 143/018 exoneraba de IVA a la importación de bienes muebles de
activo fijo y materiales destinados a la obra civil promovida). También exonera de todo tributo
cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de bienes muebles de activo fijo y
materiales destinados a la obra civil promovida que no gocen de exoneraciones al amparo de
otros beneficios y siempre que hayan sido declarados no competitivos con la industria nacional.

En materia de deducción del IVA, establece la posibilidad de deducir dicho impuesto por la
adquisición de bienes muebles destinados al proyecto de inversión. Dicha deducción estaba
anteriormente limitada a la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra
civil promovida.

Incentivos para micro y pequeñas empresas (Art. 20).
Se disminuye el adicional del beneficio de IRAE al 10% del monto de la exoneración calculada de
acuerdo al criterio establecido en el Nuevo Decreto (el monto del adicional bajo el régimen del
Decreto 143/018 era del 20%) .

Se elimina el requerimiento de la evaluación del número de personal ocupado al momento de
presentación del proyecto y la facturación anual de la empresa a los efectos de otorgar el
beneficio adicional de IRAE, requerido por el Decreto 143/018.

Quedamos a las órdenes por cualquier duda o consulta sobre los aspectos mencionados.

Documento elaborado por la Dra. Florencia Otero

Legal500 entrevista al socio director Jean Jacques Bragard

El socio Jean Jacques Bragard fue entrevistado por la editorial internacional Legal500DE sobre el fuerte crecimiento de nuestra firma.

https://www.legal500.com/interviews/jean-jacques-bragard-managing-partner/

Desarrollo del mercado de capitales

Uruguay cuenta con buenos instrumentos para llegar al mercado de valores y de gran aceptación por los inversores institucionales. Uno muy atractivo es el fideicomiso financiero.

A continuación algunos aspectos que caracterizan este instrumento:

  • a. Permite aislar determinados activos presentes o futuros de una empresa, generadores de un flujo financiero predecible, constituyendo un patrimonio fiduciario, independiente y separado.
  • b. El Fideicomiso emite valores en la Bolsa y con los mismos paga a la empresa que se desprende de los activos seleccionados para la operación.
  • c. Mediante este proceso se obtiene liquidez a partir de activos ilíquidos.
  • d. Los valores a emitir pueden ser: Certificados de Participación (CP) representan cuotapartes en el patrimonio fiduciario; o Títulos de Deuda (TD).
  • e. Algunos ejemplos: cobranzas de exportación, facturas comerciales, contratos de leasing, regalías, cosechas futuras, documentos financieros (cheques y conformes), derechos por concesiones, bienes agropecuarios, créditos prendarios, tarifas públicas, cupones tarjeta de crédito, matrículas universitarias, facturas globales.
  • f. Es un instrumento especialmente conveniente en proyectos de obra o infraestructura.
  • g. Requiere la intervención de un fiduciario, que será quien detente la propiedad del patrimonio fideicomitido, y quien debe estar inscripto en el Registro que lleva el BCU.

Documento elaborado por el Dr. Jean Jacques Bragard

 

 

LOS CAMBIOS QUE HA TRAIDO 2020 EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO

No es novedad que el 2020 ha sido un año de grandes cambios. Obviamente, en primer lugar por la pandemia del COVID 19 que afecta al mundo entero y en segundo lugar, por el cambio de Gobierno que se dio en marzo pasado a nivel local. La Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo no ha sido ajeno a verse afectado por estas dos circunstancias.

El GAFILAT emitió recientemente un documento de actualización  sobre Amenazas en PLAFT en América Latina y el Caribe e incluyó un capitulo sobre las amenazas detectadas cuyo origen está en la  Pandemia que vive el mundo. Algunas de ellas son: aumento en fraudes financieros,  estafas en el tráfico de medicamentos falsificados y mayor oferta de inversiones fraudulentas del tipo «ponzi» aprovechando la situación de incertidumbre económica causados por el COVID. Ante el confinamiento de miles de personas por causas sanitarias, que lleva al mayor uso de medios digitales para las operaciones financieras o compra de productos, aumento de ciber-delitos como ser el phising, vishing o smishing. Aumento de reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales ante la falta de empleo formal y las necesidades económicas de la población. Ante el repunte de economía informal , más movimientos de cantidades de efectivo. Aumento del mal uso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro derivado del papel y carácter humanitario que juegan muchas de ellas.

A nivel local, el cambio de Gobierno trajo cambios legislativos a través de la LUC a la Ley Integral «antilavado». A nivel del sector financiero, la eliminación de las empresas de Seguros Generales como Sujetos Obligados. A nivel del sector no financiero, la flexibilización y cambios en la debida diligencia que permite que los Sujetos Obligados una vez hecho el análisis de riesgo, puedan aplicar debida diligencia simplificada si la operación analizada se hiciera vía el sistema financiero. Si por el contrario la misma se hiciera en efectivo deberá aplicarse debida diligencia intensificada (solo para el caso de operaciones inmobiliarias) . Dado que la LUC subió el umbral de dicha modalidad a usd 100 mil en la ley de inclusión financiera, habrá más casos de operaciones con ese medio de pago.

También como producto del cambio de Gobierno , hubo modificaciones en la SENACLAFT, con la asunción de nuevo Secretario Nacional, el Dr Jorge Chediak, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Chediak ha manifestado su intención de que el Organismo tenga más presencia de abogados que de contadores , como era en el periodo anterior. También en notas de prensa ha señalado que pretende que la Senaclaft realice  fiscalizaciones con perfil más docente y menos «represivas» y que tome al Sujeto Obligado como Colaborador y no tanto como «obligado» valga la redundancia.

A pesar de ello, si estas consideraciones podrían llevar a considerar que la Senaclaft de alguna forma sería menos estricta que en el periodo anterior, el lanzamiento de las Guías para los Sujetos Obligados de Zonas Francas no muestran eso . Las mismas pretenden ser un check list muy detallado de la información y documentación que los sujetos «colaboradores» deberán recabar y obtener de sus clientes. En las mismas llama la atención que se solicita  la obtención de información detallada de los montos , fechas y tipo de operación que realicen los clientes , indicando si los mismos son en efectivo o vía medios de pago electrónicos. Dicha información es más específica y detallada que la que se solicita en el decreto 379/18 que regula la debida diligencia a aplicar por Sujetos Obligados No Financieros, aunque está en línea con las modificaciones que la LUC realizó a la Ley Integral de PFLAT. Tal vez sea un adelanto de cambios que puedan venir próximamente en el Decreto Reglamentario de la LUC.

Por último, la Senaclaft anunció también fiscalizaciones a Zonas Francas en 2020 y para el año que viene a Organizaciones sin Fines de Lucro, en particular, los Clubes de Fútbol.

Documento elaborado por Diego Buela

Departamento de Compliance.

 

 

BCU anuncia intención de estimular mercado de valores

Días atrás el presidente del BCU anunció la intención de estimular el mercado de valores para que se convierta en un pilar central del sistema financiero uruguayo. Se persigue que pueda competir con el sistema bancario.

A continuación algunas reflexiones sobre las ventajas que tiene para las empresas recurrir al mercado de capitales:

  • 1. Mayor flexibilidad para plantear un esquema que se ajuste a las necesidades y los plazos de la empresa y sus proyectos. Se pueden fijar las fechas de pago de intereses y/o los plazos de repago del capital, inclusive de amortizaciones parciales, más adecuadas a sus requerimientos financieros, atendiendo por ej. a posibles períodos zafrales.
  • 2. Permite financiamiento a largo plazo.
  • 3. Diversificar su portafolio de fuentes de financiamiento. Mayor poder negociador frente a los bancos y a otras fuentes de financiamiento.
  • 4. Se amplía el elenco de garantías utilizables. Permite el uso de garantías que no son
    aceptables para los bancos (v.gr. garantías no computables).
  • 5. Destino de uso fondos: financiar capital de trabajo, nuevos proyectos, reestructurar pasivos.
  • 6. Acceso a montos que a veces están restringidos en el sistema bancario dado que hay topes por deudor.
  • 7. Contribuye a mejorar la imagen corporativa de la empresa, brindándole difusión.

Documento elaborado por el Dr. Jean Jacques Bragard

Q&A de “Crowdfunding” en Uruguay

Existe una regulación de “crowdfunding” en Uruguay? La ley de fomento y promoción del emprendedurismo, número 19.820, dictada a fines del 2019, incluyó por primera vez una definición de “plataformas de financiamiento colectivo” (“PFC”), colocándolas bajo la regulación y supervisión del Banco Central del Uruguay (“BCU”).

Qué normas dictó el BCU para su implementación? El BCU puso a consideración del público general la normativa que proyecta lanzar, para recibir comentarios hasta el 9 de octubre. Por lo tanto, aún no está vigente y la normativa final podrá tener variaciones al proyecto.

A quiénes abarca la normativa proyectada? Principalmente a empresas que buscan financiamiento por esa vía, las empresas que administren las PFC, y los inversores.

De qué forma pueden recaudar fondos las empresas por esta vía? Mediante la emisión de un valor, que puede ser representativo de capital (por ejemplo, acciones de la empresa), o de deuda (por ejemplo, obligaciones negociables, que paguen una renta al inversor).

Qué son las PFC? Son portales web u otros medios electrónicos análogos, a través de los cuales se podrán negociar esos valores, con la participación directa de los inversores, y en las cuales el monto en circulación por cada emisor en el conjunto de PFC no supere aprox. USD 1 millón.

Qué empresas pueden emitir valores a través de las plataformas? Empresas  residentes  y  no residentes, con ventas anuales (excluido el IVA) que no superen aprox. USD 8.4 millones en cada uno de los dos últimos ejercicios, considerando los ingresos de las demás empresas del conjunto económico, de existir. Luego de la emisión podrá excederse ese límite de facturación, sin implicancias u obligaciones adicionales.

Quiénes pueden participar como inversores? Cualquier persona. Sin embargo, existen límites para aquellos inversores cuyos activos financieros sean inferiores a aprox. USD 100.000, quienes no podrán invertir: (i) más de aprox. USD 4.500 por emisión; (ii) más de aprox. USD 13.500 en valores emitidos en una misma PFC; y (iii) en valores que incorporen derivados implícitos. En relación a los dos primeros límites, se admiten excepciones si intervienen intermediarios de valores o asesores de inversión, asesorando al cliente y justificando que la inversión es adecuada a su perfil

Qué rol juega cada uno en la plataforma? A través de la PFC, el emisor ofrecerá sus valores y los inversores podrán poner sus ofertas y adquirir los mismos. La administradora, además de gestionar la operación de la plataforma, y poder brindar capacitaciones y asistencia al emisor para estructurar el financiamiento, representará a los inversores, será el que procese los pagos, y el que lleve el registro de los valores emitidos y adquiridos, y de los  demás negocios que se hagan con los mismos.

Qué trámites debe hacer cada uno? La empresa emisora deberá inscribirse a sí misma y al valor ante la administradora de PFC. Será esta última, la que se encargará de inscribir al emisor y el valor ante el Banco Central del Uruguay. Para poder ser administradora de una PFC, se deberá tramitar una autorización previa ante el BCU; ese trámite debe ser realizado directamente por ésta.

Qué se le exigirá a las administradoras de PFC para ser autorizadas? A aquellas empresas que no sean bolsas de valores, se les exigirá constituirse como sociedades anónimas, tener acciones nominativas, y aportar información de la empresa, sus accionistas y sujetos que ejercen el control, personal superior, origen de fondos, funcionamiento de la plataforma, el sistemas para prevenirse del lavado de activos y financiamiento de terrorismo, incluyendo la designación de un oficial de cumplimiento, estructura de gobierno corporativo, entre otros. Además, entre los requisitos previstos para operar, se exigirá la apertura de cuentas bancarias para fondos propios y de los que operen en la plataforma y la constitución ante el BCU de garantías monto un no inferior a aprox. USD 30.000 y depósito por un monto no inferior a aprox. USD 5.500.

Qué diferencia hay con las bolsas de valores? Si bien las bolsas también son mercados de negociación de valores de oferta pública, los inversores (que no son especializados) deben acudir a un corredor de bolsa para poder operar en la misma. En las bolsas por lo general, no hay límites por emisor ni inversor. Para poder emitir valores en el ámbito de una bolsa, se debe obtener un informe  de calificación  de  riesgo,  lo que no se exige a las emisiones a través de las PFC.

Documento elaborado por la Dra. Florencia Berro

 

 

BRAGARD asesora a Grupo DISA en la adquisición del negocio energético de Petrobras en Uruguay

Con esta operación y una vez obtenida la autorización, Grupo DISA inicia sus operaciones en Latinoamérica para la distribución de combustibles, tiendas de conveniencia, lubricantes, fertilizantes y combustibles marinos y de aviación.

Grupo DISA desembarca en Uruguay como proveedor integral de energía, convirtiéndose en el segundo distribuidor de combustibles de Uruguay con una cuota de mercado del 24% y una red de 88 estaciones de servicio activas a lo largo del Uruguay.

Nuevas modalidades en materia de publicidad digital, marco legal.

Las plataformas virtuales se han convertido, al día de hoy, en parte de nuestra vida cotidiana. Las utilizamos para la búsqueda de cualquier tipo de información, como herramientas de trabajo, solicitud de servicios de transporte, delivery de productos, redes sociales, etc. Según un informe de “We Are Social” de este año, la red social “Facebook” encabeza la gráfica de plataformas virtuales más conocidas a nivel global, contando al día de la fecha con 2.500 millones de descargas realizadas.

Esto ha generado un fenómeno comunicativo complejo en el cual distintos sujetos con gran influencia en los medios, fruto del rubro en el que trabajan, pasen a vivir a través de su cámara, relatando y documentando su día a día, lo que consumen, prueban y visitan a diario, denominándose entre las nuevas generaciones como los “influencers” y logrando llegar a millones de personas a través de sus opiniones, influenciando y persuadiendo a su audiencia.

En consecuencia de ello, la gran mayoría de las empresas, organizaciones, marcas y organismos públicos, han visto la oportunidad de incorporarse, a través de diferentes métodos y estrategias de marketing digital dentro de nuestra cotidianeidad, coexistiendo y anunciándose entre cada video, foto o documento que consumimos.

Grandes y pequeñas empresas, publicitan su marca a través de los “influencers”, pactando contraprestaciones que revisten un carácter consensuado y sin mayores formalidades.

Dada la naturaleza de este acuerdo de carácter innominado basado en la prestación de un servicio de publicidad por un medio digital a cambio de determinada remuneración, se podría interpretar que el mismo cumple con las características propias de un arrendamiento de servicios consistente en una obligación de hacer, ya sea de forma continuada o perfeccionándose en un solo acto.

Dentro de nuestra jurisdicción, la publicidad se encuentra regulada muy brevemente a través de la Ley de Relaciones de Consumo N° 17.250, en la cual se limitan las formas y el contenido a la hora de promocionar determinados bienes y servicios. Sin perjuicio de ello, no se han amparado las nuevas modalidades emergentes de publicidad digital. La publicidad conforma, en todo caso, un derecho de todo operador dentro del mercado.

Si observamos el derecho comparado, actualmente en la República Argentina se encuentra en debate un proyecto de ley que busca tutelar el vacío legal respecto a las publicidades a través de los “influencers”. Entre otras cuestiones, este proyecto pretende imponer obligaciones tributarias a aquellos usuarios que resulten remunerados por el cobro de un monto de dinero, obligándolos a inscribirse al organismo público AFIP como “monotributistas”, a ello se acompaña una serie de sanciones para todos aquellos que incumplan con las disposiciones legales establecidas. De esta forma se le otorga un marco regulatorio que genera mayores formalidades a la hora de celebrar contratos entre la empresa y el agente.

Es trascendente recordar que nuestra legislación ya se vio modificada ante la llegada a Uruguay de las aplicaciones “Uber” y “Airbnb” en el año 2015 que, ante la inexistencia de una regulación específica, se resolvió incluir un artículo que regulaba dichas plataformas informáticas dentro de la Ley 19.355 y que luego se acompañó con el decreto reglamentario N° 48/17. Su objetivo fue declarar la responsabilidad solidaria de los intermediarios en la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros (Uber) y de servicios de alojamiento turístico (Airbnb) en relación a los tributos y sanciones pecuniarias que le fueren aplicables a quienes desarrollen efectivamente tales actividades (usuarios/conductores) que no estén “debidamente habilitados”, en el caso de Uber, por ejemplo; todos los conductores se vieron obligados a constituir una Sociedad Unipersonal con todas las consecuencias jurídico-tributarias que esto conlleva.

En la lucha constante del derecho para acompasarse a la realidad, resta aguardar de qué forma se irán adecuando estas nuevas relaciones contractuales y cuál será la mejor herramienta al amparo de los intereses de todos los particulares.

Documento elaborada por la Dra. Sofía Humaian

 

 

 

 

 

 

 

LEY 16.060 Y SUS MODIFICACIONES EN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

El Proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Diputados el pasado lunes 31 de agosto del corriente y establece una serie de novedades en materia societaria, las cuales se reflejan en diversas modificaciones dadas en la Ley N° 16.060 expuestas a continuación.

En primer lugar, el proyecto de ley en discusión amplía las opciones de designación de nombre a las sociedades comerciales emergentes, removiendo la prohibición establecida en el art 12 de la Ley 16.060, de que el nombre de una sociedad no sea “notoriamente semejante” a otro. Por lo tanto, en caso de aprobarse, dos sociedades no podrán tener exactamente la misma denominación social, pero si podrán, eventualmente, tener denominaciones similares.

Se simplifican los requisitos formales de aquellas publicaciones que son exigidas legalmente, pero sin determinación específica, estipulando que las mismas deberán realizarse por única vez en el Diario Oficial. De esta forma se reducen los costos y tiempos para la perfección de procedimientos societarios, lo cual podría repercutir negativamente en los ingresos de los demás diarios.

La modificación realizada al artículo 97 de la Ley 16.060 merece un mayor detenimiento. A través del art 661 del Proyecto se remueve la exigencia, que al momento tienen las sociedades comerciales, de publicar sus estados contables y proyectos de distribución de utilidades. Consecuentemente, también quedaría sin efecto la disponibilidad de cualquier interesado a consultar los Estados Financieros de una entidad registrante de acuerdo a lo previsto en el art 190 de la Ley 19.438.  En relación a este punto y respecto a las sociedades anónimas abiertas, se establece algo muy similar, al removerse el requisito de la publicación de sus Estados Contables que al momento rige, posterior a la visación de parte de la AIN.

En relación con lo antedicho, el Proyecto también rectifica lo previsto en el artículo 98, agregando una mención a la recomposición del rubro contable “Reserva Legal” cuando esta haya quedado disminuida por cualquier razón. Esto aparenta reafirmar lo ya dispuesto en el artículo 93 de la Ley 16.060, el cual menciona que las sociedades deberán destinar “al menos” el 5% de las utilidades netas arrojadas al cierre de cada ejercicio a la reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital integrado. Por tanto, siguiendo dicho razonamiento, previo al presente Proyecto, las sociedades ya debían recomponer el rubro en cuestión.

Atento a las nuevas modalidades de reuniones celebradas a través de diversas plataformas virtuales, que ya venían siendo predicadas y que se han instalado definitivamente, fruto de la emergencia sanitaria, se ha modificado el artículo 340, adaptándose a las nuevas circunstancias, admitiendo la asistencia a Asambleas de Accionistas por medio de videoconferencia, siempre y cuando se brinde la certeza de identidad de sus participantes.

En concordancia con lo antedicho, se elimina el requisito de previa convocatoria a Asambleas previsto en el art 348, siempre que a la misma asistan accionistas que representen el 100% del capital integrado. Esto se podría relacionar con lo recientemente regulado en la Ley N° 19.820 respecto a la posibilidad de los accionistas de una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) a autoconvocarse, siempre que se cumpla con las particularidades pertinentes. Esta reforma disminuye las conocidas formalidades previas a una Asamblea, en relación a sus tiempos y eventuales costos.

En contraste con esta flexibilización, se incrementó el requisito del mínimo de integrantes necesarios para sesionar en las reuniones de Directorio de las sociedades anónimas, pasando de “la mitad más uno” a “la mayoría absoluta”.

Finalmente, se agrega el artículo 409 BIS – “(Publicación del órgano estatal de control).- El órgano estatal de control podrá publicar, toda vez que lo entienda pertinente, las resultancias de las actuaciones realizadas en cumplimiento del control de funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas, y las observaciones formuladas a dichas sociedades, cualquiera sea la causa de las mismas.»

Se desprende así, una mayor autonomía en la actuación de la Auditoría Interna en su función de órgano de control estatal. A esto también se añade la modificación del artículo 411, que, vinculado al accionar de la AIN, sustituye la expresión “en los casos en que proceda su actuación” a “en los casos que así entendiera”, lo cual deja a criterio de este organismo, las facultades de suspender resoluciones sociales, intervenir en sociedades y eventualmente proceder a su disolución y liquidación.

Documento elaborado por: Sofia Humaian

 

 

 

 

 

Se prorroga la suspensión de plazos para realizar comunicaciones al Registro de titulares y beneficiarios finales del BCU.

Informamos que en el marco de la ley Nº 19.885 de junio de este año, que resolvió la suspensión a partir del día 13 de marzo y hasta el día 15 de mayo de 2020 inclusive, del cómputo de los plazos previstos por las Leyes N° 18.930, N° 19.288, y Capítulo II de la Ley N° 19.484, para cumplir con la obligación de información y comunicación al Registro del BCU de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales; se ha resuelto mediante el Decreto Nº 193/020, publicado el pasado 20 de julio de 2020, prorrogar  la suspensión del cómputo de los plazos antedichos, desde el día 15 de mayo de 2020 hasta el día 15 de agosto de 2020 inclusive.

La citada ley se fundó en las dificultades prácticas que conllevan las comunicaciones a realizar al BCU en el estado de emergencia sanitaria como resultado de la pandemia originada por el Covid-19, y tuvo por fin evitar las consecuencias sancionatorias.

En este sentido, la referida ley previó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera prorroga la suspensión del cómputo de los plazos antes detallados en caso de que persistiera el estado de emergencia, facultad que fue ejercida mediante el mencionado Decreto 193/20.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk