¿Qué hay de nuevo en relación a los activos virtuales?

El pasado 1 de octubre, el BCU publicó un comunicado relativo a los “activos virtuales”, considerando tal a “la representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido (DLT) o similares”; también se expuso al respecto a la semana siguiente en las 10ª Jornadas de Derecho del BCU. En el ámbito tributario, la DGI hizo pública la consulta vinculante número 6419, en relación al pago de un inmueble con criptomonedas.

Lo novedoso del comunicado del BCU consiste en hacer explícito que tiene “en vista” reglamentar los activos virtuales y las actividades de los prestadores de servicios de activos virtuales en nuestra jurisdicción, para lo cual ha establecido un plan de trabajo que abarca el último trimestre del año. El mismo comprendería la elaboración por parte del BCU de proyectos de ley que establezcan un marco legal necesario para la reglamentación por parte de dicho organismo. De existir una iniciativa por parte del BCU, se sumaría a los dos proyectos de ley que actualmente se encuentran a consideración del Parlamento.

En cuanto a la naturaleza jurídica de los “activos virtuales” no hay novedades, sino que el BCU se mantiene en la posición en cuanto a que en atención a las características principales que presentan ciertas criptomonedas (por ejemplo, el bitcoin),  no constituyen monedas de curso legal ni son dinero electrónico de acuerdo a la legislación vigente, en tanto no representan un valor monetario con “respaldo” o exigible a su emisor. En línea con lo antedicho, entre las advertencias que el BCU hace a los usuarios, incluye que no existe obligación de las instituciones financieras a procesar transacciones asociadas a activos virtuales y que los comercios no están obligados a aceptarlos como medio de pago. En sentido contrario, también podría decirse con no tienen prohibido hacerlo, y de allí la relevancia de que el BCU emita lineamientos para la prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en operaciones que impliquen activos virtuales.

Surge asimismo del comunicado del BCU que “la emisión y la comercialización de estos instrumentos no son actividades que se encuentren comprendidas dentro de la actuación del Banco Central del Uruguay y, por tanto, no están sujetas a regulación específica”. Al respecto y en forma complementaria nos parece relevante advertir que la presencia de criptoactivos en ciertas operaciones no inhibe la posibilidad de que se configuren actividades u operaciones de tipo financiero que sí estén sujetas  a la regulación y control por parte del BCU. En las JDBCU se utilizó el ejemplo de emisión de “criptoactivos” que representaran una inversión en valores subyacentes (como podrían ser acciones de una sociedad uruguaya), lo cual habría aplicables las normas de oferta pública de valores si estuviera dirigida al público en general desde Uruguay. La Superintendencia de Servicios Financieros por su parte, ha publicado resoluciones en virtud de las cuales, ciertas empresas que brindan servicios vinculados a criptoactivos deberían obtener la inscripción como empresas de transferencias de fondos. Consideración aparte debería hacerse de la emisión de “stablecoins” que tuvieran respaldo de moneda fiat en un depositario, respecto de lo cual el BCU no adelantó posición. En definitiva, se mantiene intacto el criterio rector del derecho banconcetralista en cuanto a atender a la realidad del negocio y al conjunto de aspectos financieros implicados.

Desde el punto de vista tributario, resulta claro que debe regularse el tratamiento fiscal de estos activos, en especial definir dónde se consideran situado los mismos, a los efectos del Impuesto al Patrimonio y de los impuestos a la renta, fijar criterios de valuación y demás aspectos que             otorguen mayor certeza sobre el tratamiento fiscal a aplicar.

Al respecto, DGI se ha expedido en una reciente consulta, donde se plantea el caso de una permuta de un inmueble por criptomonedas. En ausencia de normativa específica al respecto, DGI consideró, de forma consistente con la interpretación que realiza el Banco Central, que las criptomonedas no son dinero ni dinero electrónico, sino un bien mueble incorporal.

¿En este caso puntual qué implicancia fiscal tiene esta respuesta? Que se trata de una permuta y por lo tanto para determinar a qué precio se transfiere el inmueble para determinar el IRPF, debe considerarse el valor corriente en plaza del bien entregado, es decir, de las criptomonedas, el que podrá ser rechazado por DGI. Cabe recordar que el precio o cotización de este activo es de gran volatibilidad, cambiando segundo a segundo, por lo tanto, al no existir en la normativa una referencia sobre qué cotización considerar y de qué momento, queda a criterio del contribuyente tomar los valores de referencia que estime conveniente, eso sí, deberá conservarse la documentación que respalde dicho valor, dado que el mismo puede ser rechazado por DGI.

La consulta está realizada por el escribano actuante, a los efectos de realizar o no la retención del IRPF. Por esta razón la consulta no menciona cuál es el tratamiento fiscal que debe realizar quien permuta las criptomonedas por el inmueble. Al desprenderse de las criptomonedas, se estaría vendiendo un bien mueble, con las consecuencias fiscales en el impuesto a la renta que variarán según dónde consideramos que se genera la renta por estos activos, y quién la obtiene.

Al respecto, el proyecto de ley elevado al Parlamento el pasado 1 de octubre, que se diera a conocer por redes sociales, incluye artículos específicos sobre el tratamiento fiscal.

El proyecto dispone que el tratamiento tributario de las criptomonedas será el mismo que para la moneda extranjera. Es decir, se está considerando, a efectos fiscales, que es una moneda, no un bien mueble.

Por otra parte, se establece que desde el punto de vista fiscal las criptomonedas están situadas fuera del Uruguay, salvo respecto a aquellas cuya utilización se dirija exclusiva o principalmente al mercado nacional.

En resumen, lo que propone este reciente proyecto de ley, es que la tenencia de criptomonedas y el resultado por su venta o entrega en pago de bienes o servicios, no se encuentre gravado por el impuesto al patrimonio ni por el impuesto a la renta. Recordemos que en el IRPF los resultados por tenencia de moneda extranjera están exonerados y por su parte, en la liquidación del IRAE, generarían una renta en el exterior no gravada.

Asimismo se establece que, DGI podrá requerir información a las entidades financieras, casas de cambio, servicios de plataforma de cambio, servicios de custodia de monederos electrónicos y entidades vinculadas con los cajeros automáticos que intervengan en la adquisición, venta, intermediación o mediación de criptomonedas, así como a las empresas que admiten pagos con por este medio.

En definitiva, el creciente y constante uso y prestación de servicios asociados a los activos virtuales, amerita el dictado de regulación específica en todos los frentes, incluyendo en materia financiera, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y tributario, que otorgue certeza a todas las partes intervinientes.

Documento elaborado por la Dra. Florencia Berro y la Cra. Cynthia Carballo.

Flexibilización Aislamiento Social Obligatorio

El pasado 4 de octubre del corriente, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto No. 340/2021, dispuso que el grupo familiar de los propietarios y promitentes compradores de bienes inmuebles ubicados en nuestro territorio, titulares de participaciones sociales o acciones de personas jurídicas y los beneficiarios finales de éstas, sean propietarias o promitentes compradoras de bienes inmuebles ubicados en el Uruguay, que provengan de un país en que no se haya aprobado ningún tipo de vacuna contra el SARS-COVID 19 para su franja etaria, podrán exonerarse de guardar aislamiento social obligatorio.

Como alternativa, los extranjeros que se encuentran en esa situación indicada más arriba, podrán realizar el test de detección del virus a los siete días de haberse realizado el hisopado exigido para ingresar al Uruguay. Asimismo, conforme al referido texto normativo, se encontrarán exonerados de cumplir con la cuarentena obligatoria (catorce días de aislamiento o siete días con hisopado negativo) aquellas personas que hubieren completado el esquema vacunatorio (una dosis o las dos dosis según el tipo de vacuna suministrada) y los quince días posteriores de inmunidad, en los nueve meses anteriores al embarque o arribo al país.

Mercedes Nin Algorta

Reconocimiento de Latin Lawyer

Nuestra firma fue reconocida una vez más por la prestigiosa editorial internacional Latin Lawyer como «Altamente Recomendada» en distintas áreas de práctica.

Felicitaciones a todo el equipo por tan merecido reconocimiento!

https://latinlawyer.com/rankings/latin-lawyer-250/country/uruguay/category/banking-finance

 

Novedoso Fallo Jurisprudencial: COVID y Notoria Mala Conducta

En nuestro ordenamiento jurídico, la extinción del vínculo laboral por voluntad unilateral del empleador conlleva la obligación por parte de éste de abonarle al empleado una compensación. La misma es conocida como indemnización por despido (en adelante “IPD”). La mencionada obligación reconoce una excepción: la notoria mala conducta (en adelante “NMC”). Si bien la NMC se encuentra recogida en nuestra legislación desde larga data, ninguna de las normas que la han establecido como causal exoneratoria del pago de la indemnización legal aporta una definición o enumera los requisitos que habitan a darla por configurada.

Asimismo debemos destacar que tradicionalmente la jurisprudencia laboral ha sido muy restrictiva a la hora de caracterizar la NMC.

Recientemente el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2do. Turno, en un fallo por cierto bastante novedoso, confirmó la sentencia dictada por la Jueza Letrada de Primera Instancia del Trabajo de 14° Turno. En el fallo dictado por ésta última, la misma no hizo lugar al reclamo formulado por el actor, quien entendió que la empresa a la hora de despedirlo debió abonarle la IPD conjuntamente con el aguinaldo.

El actor se desempeñaba como auxiliar de enfermería en una institución médica que contaba con un Protocolo de Actuación frente a posibles casos de COVID – 19 (documento que era conocido por el empleado). Éste concurrió a trabajar en abril de 2020, presentando síntomas de la enfermedad SARS COVID-19 (dificultades respiratorias y fiebre) no habiéndole avisado a las autoridades correspondientes, poniendo en consecuencia en riesgo la salud y la vida de los empleados, pacientes y familiares, procediendo la empresa a su despido por NMC.

El Tribunal de Apelaciones entendió configurada la NMC habiendo invocado los siguientes argumentos: (i) el actor con su inconducta incumplió con sus obligaciones contractuales, especialmente con la obligación de colaboración con su empleador porque más allá de que el Protocolo adoleciera de algunas falencias, siendo el empleado enfermero, éste debía conocer los riesgos de la enfermedad así como también su nivel de contagiosidad; (ii) el despido ocurrió en abril de 2020 fecha en la cual existía un fuerte mandato comunitario dirigido a toda la población en la cual se exhortaba a los mismos a permanecer en sus hogares ante la mínima posibilidad de ser portadores de la enfermedad; y (iii) la vulnerabilidad de las personas que se encuentran hospitalizadas.

En definitiva y luego de analizar el fallo mencionado, podríamos concluir que el hecho de no cumplir con las disposiciones sanitarias contenidas en el Protocolo, puede aparejar no solo la aplicación de sanciones disciplinarias sino también la aplicación de la máxima sanción disciplinaria conocida en nuestro ordenamiento jurídico: despido por notoria mala conducta.

Mercedes Nin Algorta

Anuncio de inspecciones por parte de la Senaclaft

La Senaclaft ha vuelto a comunicarse en estos días con los Sujetos Obligados a través de los Comité Operativos de relación con los Sectores No Financieros. También ha publicado en su página web algunas novedades. Detallamos a continuación algunos de los temas que viene manejando.

En primer lugar, en setiembre comenzó el ciclo de charlas que está dando en forma virtual y que quedan a disposición a través de su web y canal de YouTube, que en principio han incluido dos temas: Análisis y Gestión de Riesgos a cargo de la propia Senaclaft y los Reportes de Operaciones Sospechosas, que es dictado por la Unidad de Información Análisis Financiero (UIAF).

A partir del próximo 22 de setiembre empezará un segundo ciclo relativo a Normativa, Debida Diligencia y Sanciones Aplicables.

Por el momento la Senaclaft no emite Certificados por la participación pero está evaluando hacerlo a futuro. Paralelamente están siempre disponible los cursos online respecto de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento de Terrorismo, que tiene prueba de evaluación  y emite Certificados de Participación .

Este año se ha dado cierta polémica entre la Senaclaft y la UIAF , tanto a nivel de medios como en sus comparecencias en la  Comisión de Diputados de Prevención de Lavado , respecto a los motivos de la baja cantidad de ROS presentados en general por el Sector No Financiero en 2020 y en lo que va de 2021.

Inicialmente la Senaclaft atribuía dicha baja a la Pandemia del Covid, agregando que el propio GAFI había advertido en 2020 que eso podría pasar. Por otro lado la UIAF relativizó dicho argumento al advertir que sectores como el Inmobiliario habían incrementado su actividad y cantidad de operaciones en 2020 por lo que no sería totalmente explicable dicha baja por el COVID y si por ejemplo, por las modificaciones realizadas por la LUC que en algunas circunstancias habrían disminuido las exigencias a los Sujetos Obligados.

La novedad en estos días es que la propia Senaclaft advierte que efectivamente en 2021 la baja de ROS (reportes de operaciones sospechosas) a cargo del Sector no Financiero sigue experimentando una baja pronunciada y por ello comenzará en Octubre un proceso de inspecciones al Sector Inmobiliario.

Para ello, la Senaclaft se basará en un Estudio realizado  a través de un  análisis informático de datos provenientes del Registro de Propiedad Inmueble , se identificaran  operaciones que en función de factores de riesgo serán seleccionadas para ser fiscalizadas.

Se anuncia que para el año que viene, usando similares acciones a través del procesamiento de datos, otros sectores como ser el de Administradores de Sociedades y Abogados serán también objeto de fiscalizaciones.

Por último, la Senaclaft comunicó que se encuentra en su fase final el proyecto de modificaciones del Decreto 379 /18 para adaptarlo a los cambios que realizó la LUC a la Ley de Prevención de Lavado ( 19574). Por ahora las modificaciones serán exclusivamente respecto a dicho tema, pero a futuro se  proyecta hacer una actualización general de dicho decreto para el cuál se dará participación a los Sectores No Financieros Obligados.

Cr. Diego Buela

Departamento de Compliance.

 

La socia María Laura Capalbo fue electa Presidenta del Colegio de Abogados

Felicitamos a nuestra Socia la Dra. María Laura Capalbo por su elección como Presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay.

 

Protección al consumidor del comercio electrónico.

Recientemente, se incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Resolución No. 37/19 del Grupo Mercado Común del Mercosur, que tiene como objetivo la protección del consumidor electrónico y armonizar las legislaciones en el ámbito del MERCOSUR.

  1. Introducción

El comercio electrónico global mantiene tendencia de crecimiento, siendo la innovación tecnológica y el acceso a internet determinante para la expansión del comercio en línea.

Cada vez es más frecuente que los consumidores realicen compras en línea dado el gran aumento en el acceso a las tecnologías de la información, lo cual supone ciertas ventajas. Pero del mismo modo, el comercio electrónico podría facilitar maniobras dirigidas a defraudar y/o engañar a los consumidores.

Es en tal sentido, que globalmente se ha tratado de combatir estas prácticas, protegiendo de este modo a los consumidores electrónicos brindándoles cierta seguridad.

  1. Marco normativo

En nuestro país, la ley de Relaciones de Consumo No. 17.250, del 11 de agosto de 2000, la Ley No. 18.507 del 26 de junio de 2009 y el Decreto No. 244/000 del 23 de agosto de 2000 han sido, sin lugar a dudas, un instrumento sumamente relevante en materia de protección del consumidor.

  • Nueva Reglamentación

El Decreto No. 167/021, de fecha 8 de junio, incorpora a nuestro ordenamiento la Resolución No. 37/19 del Grupo Mercado Común del Mercosur, que tiene como objetivo (i) armonizar las legislaciones en materia de defensa del consumidor en el ámbito del MERCOSUR, (ii) avanzar e impulsar acciones en el marco de la protección de los derechos del consumidor y (iii) regular la protección de los consumidores en el comercio electrónico.

  1. Novedades que introduce la Nueva Reglamentación

Los cambios más relevantes introducidos por la nueva reglamentación se vinculan al derecho de información, consagrado en el artículo 6, literal C de la Ley No. 17.250.

Dicho artículo dispone lo siguiente: “…Son derechos básicos del consumidor: La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas…”

En tal sentido, la nueva reglamentación exige a los proveedores garantizar a los consumidores durante todo el proceso de transacción el derecho de información, agregando que debe ser de fácil acceso.

En similares términos, dispone que se deben poner a disposición de los consumidores ubicación, nombre comercial, dirección, correo electrónico, número de identificación tributaria, identificación del fabricante, características del producto, modalidad de pago, términos y condiciones, así como cualquier otra condición o característica relevante del producto o servicio que deba ser de conocimiento de los consumidores.

Por otra parte, exige la visibilidad de los términos de la contratación, debiéndose asegurar que puedan ser leídos y guardados de manera inalterable, así como proporcionar un servicio eficiente de atención de consultar y reclamos.

Por último, los Estados Partes se comprometen a propiciar que los proveedores adopten mecanismos de resolución de controversia en línea, ágiles, justos, transparentes, accesibles y de bajo costo, lo cual sin lugar a dudas facilita el acceso a la justicia de los consumidores.

  1. Reflexión final

La nueva reglamentación es producto de una corriente global que comenzó a aunar esfuerzos para combatir las maniobras fraudulentas que perjudicaban al consumidor electrónico, brindando mayores garantías para las transacciones en línea, que permitan al consumidor gozar de las ventajas que ella propone minimizando los riesgos.

Asimismo, se pretenden lograr una armonía en los países del MERCOSUR en lo que hace a la legislación de protección al consumidor, estableciéndose una serie de obligaciones novedosas en las que resaltamos la transparencia, información y respuesta ante eventuales reclamos.

Dra. María Montserrat Pérez Torres

 

Apertura paulatina de frontera para extranjeros a partir de hoy

El pasado 26 de agosto, el Poder Ejecutivo, publicó el Decreto No. 279/021 que amplía el elenco de extranjeros que pueden ingresar al Uruguay.

En esta oportunidad y a partir del 1 de setiembre podrán hacerlo los propietarios y titulares de participaciones sociales o acciones de personas jurídicas y los beneficiarios finales de bienes inmuebles ubicados en el país que además hubieren recibido una o las dos dosis, según corresponda al tipo de vacuna suministrada, contra el virus SARS CoV-2 aprobadas por su país de origen, dentro de los últimos seis meses previos al embarque o arribo al país y cumplido los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva.

A los efectos de acreditar los requisitos mencionados anteriormente, el interesado deberá contar con un certificación notarial expedido por un Escribano Público habilitado en la República Oriental del Uruguay que certifique lo indicado más arriba o completar una declaración jurada. Asimismo deberá completar un formulario y presentar el carnet de vacunación en el que conste el suministro de las vacunas contra el virus.

Entendemos importante destacar que el interesado podrá ingresar acompañado de su cónyuge o concubino y familiares de primer y segundo grado de consanguinidad debiendo acreditar dicho extremo con el documento probatorio correspondiente.

El trámite se realizará a través de la plataforma web en el sitio www.tramites.gub.uy

Cualquier información adicional no dude en contactarnos.

Mercedes Nin Algorta

Novedades emitidas por Senaclaft

En la última semana la Senaclaft concretó dos iniciativas que había anunciado en sus reuniones con los Comité de Sujetos Obligados a inicios del año. Primero, publico la nueva lista de PEPs, Personas Políticamente Expuestas , que están definidas en la Ley 19574 en su artículo 20 y luego en el Decreto Reglamentario 379/18 en el artículo 14.

La Senaclaft tomó de base las listas anteriores que fueron confeccionadas por la UIAF, y las actualizó con información recibida de los diferentes Organismos Públicos.

Fue emitida en formato pdf y excel, y se encuentran disponibles en el link adjunto:

 

https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-personas-politicamente-expuestas-uruguay

En segundo lugar, en el día de ayer Senaclaft publicó las fechas de Capacitaciones que se harán para todos los Sectores de Sujetos Obligados vía zoom y luego dejando los videos disponibles en la web de la Entidad. El inicio será el próximo miércoles 18 con los Sectores Casinos y Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Metales y Piedras Preciosas. En las siguientes semanas seguirán los otros Sectores obligados , de a uno por semana.

Adjuntamos el link con el calendario e informaciones.

 

https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/noticias/capacitaciones-antilavado-contra-financiamiento-del-terrorismo

Documento elaborado por el Cr. Diego Buela

Oficial de cumplimiento.

Aprobación Proyecto de Ley que Regula el Teletrabajo en Uruguay

En el día de ayer, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que regula el teletrabajo en Uruguay (en adelante “el Proyecto”). El Proyecto fue presentado por la Senadora Carmen Sanguinetti en abril del pasado año.

El texto propuesto inicialmente sufrió algunas modificaciones. El texto normativo aprobado, además de definir el concepto de teletrabajo, establece cuál es su ámbito de aplicación, indicando que dicha modalidad de trabajo será de aplicación a las relaciones laborales que se desempeñen en un régimen de subordinación y dependencia debiendo ser el empleador una persona privada o de derecho público no estatal. No rige por tanto para el sector público y para quienes prestan sus servicios en forma independiente.

Dicha modalidad de trabajo deberá pactarse al comenzar la relación laboral, es decir en el contrato de trabajo, o puede pactarse durante la vigencia de la relación laboral, incluyéndose en un anexo al contrato, debiéndose plasmar siempre por escrito. Uno de los principios rectores del Proyecto es la reversibilidad, es decir que las partes podrán modificar la modalidad de trabajo presencial a la de teletrabajo y de teletrabajo a presencial previo acuerdo por escrito.

En lo que respecta a la jornada laboral, el Proyecto establece que el total de tiempo efectivamente trabajado por el empleado no podrá superar el máximo legal de horas semanales aplicables a la actividad a la que pertenece la empresa, o en su caso del máximo legal semanalmente convenido entre las partes, sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión. Deberá existir una desconexión mínima de ocho horas continuas entre una jornada y la siguiente, entendiéndose por tal, la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de la tecnología y a no ser contactado por su empleador, implicando que el empleado no estará obligado a responder comunicaciones, ordenes u otros requerimientos del empleador. Es importante destacar que el exceso de trabajo diario respecto de la jornada legal o contractual no constituirá trabajo extraordinario no generando en consecuencia derecho al pago de horas extras. Dará lugar al pago de horas extras las que superen el máximo semanal legal o convencional pactado entre las partes debiéndose abonar con un recargo del 100% del valor de la hora de los días hábiles.

En cuanto a quien será el encargado de proveer las herramientas y equipos necesarios para que el empleado pueda trabajar bajo esta nueva modalidad, serán las partes quienes acordarán en el contrato de trabajo o en su caso en el anexo, quién será el encargado de proveer las tecnologías necesarias de la información. De no existir acuerdo en tal sentido, será el empleador quien deberá proporcionar las mismas, siendo de su cargo los costos de operación, funcionamiento, reemplazo y mantenimiento. Los equipos, insumos y servicios que provea el empleador ya sea en forma directa o asumiendo su costo, no serán considerados a ningún efecto parte del salario, materia gravada ni asignación computable.

Documento elaborado por la Dra. Mercedes Nin Algorta