Cambios al régimen de titulares de participaciones patrimoniales nominativas y beneficiarios finales

El pasado 5 de setiembre de 2022 fue publicado el Decreto Nº 272/022 mediante el cual se modifican y agregan disposiciones al Decreto 166/017, relativo al régimen de titulares de participaciones patrimoniales nominativas y beneficiarios finales, conforme se detalla seguidamente:

  1. Entidades exceptuadas de presentar las declaraciones juradas.

El Decreto amplia el elenco de entidades exceptuadas de presentar la declaración jurada con los datos de sus titulares y beneficiarios finales al registro que a tales efectos lleva el Banco Central del Uruguay, agregando las siguientes hipótesis:

  • Las entidades comprendidas en los literales a) a d) del art. 8 del Decreto 166/017 – siendo estas: sociedades personales, sociedades y asociaciones agrarias, sociedades de hecho, sociedades civiles, cooperativas e instituciones de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro, integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que estas sean sus beneficiarios finales- que estén integradas totalmente por otras entidades de las mencionadas, siempre que estas últimas estén a su vez integradas directamente por personas físicas y estas sean sus beneficiarios finales.
  • Las entidades comprendidas en los literales a) a d) del art. 8 del Decreto 166/017 integradas por personas físicas y por otras entidades comprendidas en dichos literales que estén integradas directamente por personas físicas, y que dichas personas sean sus beneficiarios finales.
  1. Plazos para presentar las declaraciones juradas.

Primeras declaraciones juradas: el Decreto amplía el plazo previsto para aquellas entidades que se constituyen o devienen obligadas a cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada que contiene la información sobre sus titulares y beneficiarios finales, pasando de 30 a 45 días. A su vez, se agrega que el plazo se extenderá a 90 días en caso de que los titulares de participaciones patrimoniales o títulos nominativos, los integrantes de la cadena de titularidad o los beneficiarios finales sean no residentes.

Modificaciones en los datos ya presentados: en línea con lo previsto en la ley Nº 19.924, el Decreto amplía el plazo de 30 a 45 días para comunicar las modificaciones de los datos contenidos en la declaración jurada presentada y se mantiene el plazo de 90 días ya previsto para los casos en los que los beneficiarios finales o los titulares de participaciones o títulos nominativos sean no residentes.

Nuevo plazo para modificaciones específicas: también en relación a las declaraciones juradas ya presentadas, el Decreto agrega un nuevo plazo de 90 días, a contar desde el día siguiente de la terminación del año civil en que se produce alguna de las siguientes modificaciones, para comunicarlas:

  • Con respecto a modificaciones a la información relativa a la entidad obligada: sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal.
  • Con respecto a modificaciones a la información relativa los titulares e integrantes de la cadena de titularidad que sean personas físicas y beneficiarios finales: estado civil, la naturaleza propia o ganancial de los títulos declarados, domicilio fiscal y constituido ante la Dirección General Impositiva.
  • Con respecto a los titulares e integrantes de la cadena de titularidad que sean personas jurídicas: domicilio de sus representantes y cargo o vinculación con la entidad.

Modificaciones de datos en caso de fallecimiento: el Decreto agrega un nuevo artículo a los efectos de aclarar desde cuando corre el plazo para informar los cambios acaecidos en caso de fallecimiento de un titular o beneficiario final, disponiendo que el plazo (de 45 o 90 días dependiendo si es residente o no) se computará desde la fecha de la declaratoria de herederos o declaración de carácter análogo. A su vez, el Decreto establece que, de no existir declaratoria de herederos o declaración de carácter análogo dentro del año de fallecido el causante, el plazo se computará desde el día siguiente a la terminación de dicho año. 

  1. Régimen sancionatorio

Eximentes del régimen sancionatorio

El Decreto agrega un nuevo artículo que exime del régimen sancionatorio a aquellos casos en que existan razones debidamente fundadas y acreditadas documentalmente que imposibiliten de manera absoluta y notoria el cumplimiento en plazo de las obligaciones previstas por la ley, entendiendo por imposibilidad “absoluta y notoria”, en caso de “fallecimiento, incapacidad, invalidez o enfermedad grave de la única persona legitimada para suscribir la declaración jurada”. Una vez que cese la situación excepcional de imposibilidad, la entidad deberá cumplir con la obligación pendiente en los plazos previstos en la normativa aplicable y en caso de no hacerlo, el período de incumplimiento será el que transcurre desde el cese de la situación de imposibilidad hasta la fecha del efectivo cumplimiento.

Graduación de sanciones

El Decreto agrega un detalle de cómo se graduarán las multas, por incumplimiento de identificar e informar al beneficiario final o titular de las participaciones, tomando en consideración los criterios ya implementados en la normativa: dimensión económica de la entidad, plazo del incumplimiento, porcentaje de participación desconocido, así como el tope de la multa establecido por ley. A su vez, se establece cuáles serán las multas aplicables en caso de incumplimiento de la obligación de conservar la documentación respaldante de la información requerida.

Cabe destacar que las modificaciones antes mencionadas se condicen con la Resolución de fecha 21 de octubre de 2020 de la Auditoría Interna de la Nación, en relación a la escala para la graduación de las sanciones para los casos de incumplimiento de identificar e informar al beneficiario final o conservar documentos de respaldo, pero no con respecto a la escala establecida para el incumplimiento de identificar e informar al titular de las participaciones, siendo el régimen dispuesto por el Decreto más benevolente.

En virtud de lo anterior, se observa una reducción en el monto de las multas en caso de incumplimiento de identificar e informar al titular de las participaciones.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk

 

 

¿Quiénes pueden utilizar la denominación “banco” o similares?

En virtud de una reciente resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros, recordamos que el Decreto Ley Nº 15.322 del Sistema de Intermediación Financiera, únicamente permite la utilización de las denominaciones “banco”, “bancario”, derivados o similares, a aquellas empresas que hubieran obtenido la autorización y habilitación para funcionar como banco o cooperativa de intermediación financiera, estando inscriptas como tales en el Banco Central del Uruguay. Las empresas privadas que no cumplan con tales condiciones, tienen prohibido el uso de las referidas denominaciones.

El fundamento de esta prohibición radica en evitar confundir al usuario financiero y a su vez no inducir en error al mismo, respecto de quienes están habilitados a recibir determinados depósitos bancarios de los usuarios, actividad monopólica de los bancos y cooperativas de intermediación financiera.

Esta limitación abarca por ejemplo el uso de denominaciones sociales, nombres comerciales o marcas registradas como “banking», “bank», “banksa» de objeto financiero o no (siempre que sean privadas). Sin perjuicio de lo anterior, por la propia naturaleza de la actividad como ser “banco de sangre» o “banco de órganos” quedan excluidas de la prohibición, así como entidades públicas o públicas no estatales.

En el caso de obtenerse la licencia de banco de inversión (que al momento ninguna fue otorgada) deberá necesariamente utilizarse el término banco con el aditamento “de inversión”.

Por su parte, en el marco de los cometidos y atribuciones de la Superintendencia de Servicios Financieros de regulación y control del sistema financiero, a dicha entidad le compete dictar instrucciones particulares, tendientes a promover la estabilidad, solvencia, transparencia y el funcionamiento ordenado y competitivo del mercado, así como para la protección de los consumidores de servicios financieros, pudiendo en este marco, proponer medidas correctivas correspondientes frente a cualquier empresa, financiera o no, cuya denominación ofrezca dudas acerca de su naturaleza o posible actividad financiera y hasta disponer la clausura temporal de las empresas en infracción o su clausura definitiva, previa autorización del Poder Ejecutivo.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk

Inauguración Ciudad Deportiva ENFOQUE

Acompañamos a nuestros clientes Andrés Scotti, Diego Godin, Mario Rebollo y Vicente Sánchez en la inauguración de la Ciudad Deportiva ENFOQUE, en cuyo proyecto actuamos como Asesores Legales, Notariales y Fiscales.

 

Nuevo podcast: Portabilidad numérica

A continuación compartimos link de acceso a nuestro nuevo episodio de podcast, en esta ocasión el tema aborado es «Portabilidad numérica».

https://open.spotify.com/episode/4ONUKIkIz5F88rX3ag7O5O?si=076cca0b89b74190

Recordatorio: Pago de aguinaldo

Por Decreto No. 168/021 se fijaron los plazos para el pago del sueldo anual complementario. Antes del 20 de diciembre del año en curso deberá abonarse el aguinaldo generado en el período correspondiente al 1ro. de junio hasta el 30 de noviembre de 2021.

Zonas Francas: Autorización transitoria para prestar servicios a residentes fiscales adquirida en 2020

Considerando los incentivos fiscales promovidos por el gobierno durante el año 2020 tendientes a favorecer la radicación de extranjeros en el país, con fecha 23.12.20, se promulgó el Decreto número 362/020 a fin de contemplar la situación de los usuarios de zonas francas que prestaban servicios a dichas personas físicas en forma previa a que cambien su residencia fiscal al país.

La normativa actual no contemplaba la posibilidad de prestar servicios a personas físicas residentes en el país desde una zona franca con excepción de servicios específicos que tienen un tratamiento particular (call centers, educación a distancia, entre otros).

La autorización concedida está limitada temporáneamente en tanto rige hasta el 30 de junio de 2021 y se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

PRIMERO; que la actividad desarrollada por el usuario sea de servicios;

SEGUNDO; que dichos servicios se presten personas físicas que hayan adquirido su residencia fiscal en el Uruguay durante el año 2020; y

TERCERO; que dichos servicios se estuvieran prestando en forma previa a la entrada en vigencia del Decreto (29.12.20, fecha de publicación en el Diario Oficial).

Si bien la norma no aclara que el alcance es tanto para usuarios directos como indirectos; entendemos que la referencia genérica a “usuarios” abarca a ambos.

Documento elaborado por la Dra. Agustina Bomio.

Día Internacional de la Mujer

Contrato de Trabajo o de Servicios, la relación de UBER y los “Socios Conductores” a la luz de la reciente Jurisprudencia Uruguaya

El 11 de noviembre de 2019 el Juzgado Letrado del Trabajo de 6º Turno de Montevideo en la sentencia 77/2019 en un fallo inédito condenó a UBER en el marco de un juicio laboral promovido por un chofer, entendiendo que al reclamante le asistía razón en que se trataba de un trabajador dependiente por lo cual le correspondía a UBER pagar Licencia, Salario Vacacional y Aguinaldo correspondiente a los años 2016 y 2017 generados por el Chofer.

En la demanda se planteó que UBER vulneraba los derechos como trabajador de los choferes al no reconocer su relación de dependencia y tratarlos como “socios conductores”, como socios del negocio y no empleados. Así se sostuvo que UBER mantiene con los choferes una relación laboral “encubierta” no siendo solamente una empresa de tecnología sino propiamente una empresa de transporte.

UBER planteó en su contestación que la relación que vinculaba a la App con los choferes es de naturaleza comercial, siendo esta una empresa de tecnología no de transporte que le presta a usuarios y choferes un servicio que en función de criterios como disponibilidad y cercanía, conecta a la demanda de servicios de transporte con la oferta de los mismos, esta última que estaría dada por los choferes (“Socios Conductores”).

Se trata de un fallo de extrema importancia en nuestro medio, marcando un fuerte precedente en el tema de la economía disruptiva respecto a la naturaleza de la relación contractual existente entre los trabajadores de las apps y la empresa tecnológica.

La actividad principal de UBER consiste en brindar servicios de transporte

El fallo comentado primero que nada se pronunció respecto a la naturaleza del servicio que presta UBER.

UBER se presenta como una aplicación o plataforma tecnológica que pone en contacto a las personas que buscan un servicio de transporte con choferes que están dispuestos a hacerlo, a los cuales se los denomina “Socios Conductores” y se les propone generar ganancias conduciendo sus propios vehículos en carácter de autónomos.

Contrario a lo que alegó UBER el tribunal entendió que la actividad principal de UBER consiste en brindar servicios de transporte, citando el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó que “este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte” (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del 20 del 12 de 2017 C-434/15 Asociación Profesional Élite Taxi c/Uber Systems Spain, S.L.).

Los “Socios Conductores” tienen un vínculo de trabajo subordinado con UBER

En segundo término, en base al principio de primacía de la realidad entiende el tribunal en este fallo que la relación entre los choferes (“Socios Conductores”) y UBER no reviste una naturaleza comercial, sino que es una relación laboral.

El tribunal recurre para fundar su fallo, sobre la existencia de una relación laboral, a un extenso análisis doctrinario y en particular al contenido de la Recomendación Nº 198 de la OIT que marca criterios generales para la determinación de una relación de trabajo dependiente.

Se consideró así que se demostró la subordinación a través del desarrollo de un poder de dirección, organización y disciplinario por parte de UBER respecto de sus choferes. Estos poderes se manifestaron en varios elementos como las órdenes impartidas por intermedio de correos electrónicos, las instrucciones acerca de cómo cumplir el servicio, condiciones de higiene del vehículo, protocolos de formas de tratar a los usuarios, entre otras cosas.

Principalmente se relevó como indicio de la subordinación jurídica la existencia y aplicación del poder disciplinario por parte de UBER, en por ejemplo la suspensión temporal de la cuenta de los choferes como mecanismo de sanción ante el incumplimiento de las órdenes, instrucciones o protocolos impartidas por UBER a los “Socios Conductores”. La desactivación de la cuenta como forma de ejercicio del poder sancionatorio implica al criterio de la sede una suspensión unilateral disciplinaria propia y exclusiva de un empleador.

Conclusiones

A pesar de que no se ha dicho la última palabra sobre el tema, puesto que se encuentra en trámite la apelación por parte de UBER, este fallo sienta fuertes precedentes en lo que son las nuevas relaciones laborales del siglo XXI.

Todo lo que nos lleva a la disyuntiva entre la flexibilidad que potencie la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación todo lo cual conlleva beneficios a los consumidores y por otro lado los derechos de los prestadores de estos servicios y su posible desprotección al encontrarse por fuera de muchos de los beneficios con los que los trabajadores subordinados cuentan. Este fallo nos interpela al análisis de la ponderación entre estos intereses legítimos, análisis que en Uruguay como en el resto del mundo los ordenamientos jurídicos van a tener que dar.

Documento elaborado por Martín Gamarra

mgamarra@bragard.com.uy

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