Modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales

El pasado 1 de enero de 2023, entraron en vigencia las modificaciones a los artículos 13 y 34 de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales (“LPDP”), introducidas por los artículos 62 y 63 de la Ley de “Aprobación de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Balance 2021” Nº 20.075 (“Ley de Rendición de Cuentas”).

Los cambios introducidos son sustanciales, en tanto:

  • Amplían el alcance del derecho de información de los titulares de datos personales, recogido en el artículo 13 de la LPDP, y, por ende, extienden las obligaciones del responsable de tratamiento en cuanto al contenido del consentimiento informado,
  • Incorporan previsiones específicas en cuanto a la regulación de las decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos.

Sobre el derecho de información de los Titulares de Datos 

  1. Ampliación del listado de información obligatoria

Previo a la Ley de Rendición de Cuentas, el artículo 13 de la LPDP establecía como contenido mínimo y obligatorio, que se informe al titular de datos, en forma previa, expresa, precisa e inequívoca:

A) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios.

  1. B) La existencia de la base de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable.
  2. C) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos sensibles.
  3. D) Las consecuencias de proporcionar los datos y de la negativa a hacerlo o su inexactitud.
  4. E) La posibilidad del titular de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.”

A través de la Ley de Rendición de Cuentas, en primer lugar, se modificó el literal E, que ahora remite a “los derechos previstos en los artículos 14 a 16” de la LPDP, por lo que se extiende expresamente la obligación de informar sobre la posibilidad de ejercer el derecho de actualización (no mencionado en la redacción anterior, pero incluido en el artículo 15), y el derecho a la impugnación de valoraciones personales, previsto en el artículo 16 de la norma.

Adicionalmente, se incorpora la obligación de informar:

F) La existencia o no de transferencias internacionales de datos.

  1. G) En el caso de tratamientos automatizados de datos regulados por el artículo 16 de la presente ley, los criterios de valoración, los procesos aplicados y la solución tecnológica o el programa utilizado.”

Es decir, el responsable deberá informar si se realizarán o no, en el tratamiento de los datos, transferencias internacionales de los datos recolectados.

Además, en el caso que se tomen decisiones con efectos jurídicos, en base a un tratamiento automatizado de datos destinado a la valoración del comportamiento en determinados aspectos, el responsable deberá informar, en forma previa, expresa, precisa e inequívoca, cuáles son los criterios de valoración, los procesos aplicados a dicho tratamiento automatizado, y cuál es la solución tecnológica o el programa utilizado.

  1. Herramienta de acceso a la información en caso de datos no recolectados directamente del titular

Las modificaciones introducen además una herramienta específica de acceso a la información para el caso en que los datos no sean recolectados directamente de sus titulares. En dicha hipótesis, estos podrán solicitar la información contenida en el artículo 13 al responsable, quien deberá proporcionarla en un plazo de 5 días hábiles desde recibida la solicitud.

  1. Publicidad permanente de la información

El inciso final del artículo habilita a que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales reglamente la ley estableciendo condiciones específicas para la publicidad permanente de la información exigida por el artículo 13, en los casos en que las condiciones técnicas y el tipo de tratamiento lo permitan (elemento que entendemos también será determinado por una futura reglamentación).

Sobre las decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos

Además de incorporar la obligación de informar en forma previa, tal como se explicó líneas arriba, que se tomarán decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos, el artículo 63 de la Ley de Rendición de Cuentas, agrega a los cometidos de la URCDP del artículo 34 de la LPDP, el cometido de “establecer los criterios y procedimientos que deban observar los responsables y encargados, en el tratamiento automatizado de datos personales indicados en el artículo 16 de la presente ley.”

De esta forma, se demuestra la intención de avanzar en la regulación de las decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos, a los efectos de garantizar la protección de los derechos de los titulares de datos personales.

Por cualquier duda, no dude en contactarnos.

Dra. Josefina Sanguinetti

Ley N° 20.095 – Modificativa del régimen del IRAE

Introducción

El pasado 7 de diciembre de 2022 ha sido publicada en el Diario Oficial la Ley Nro. 20.095 (la “Ley”), modificativa del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (“IRAE”).

La Ley realiza importantes modificaciones al Texto Ordenado de la DGI 1996, en donde se pasarán a considerar rentas de fuente uruguaya, y por tanto sometidas a IRAE, determinadas rentas de activos ubicados en el exterior, obtenidas por contribuyentes de dicho impuesto.

¿Cómo llega Uruguay a la sanción de la Ley?

A partir del 2016, se inicia en la Unión Europea un proceso por el cual el bloque analiza jurisdicciones que no tienen un sistema tributario adecuado. De esta forma, a partir del 2017 y de la mano del Código de Conducta de Fiscalidad de las de las Empresas (por sus siglas en inglés, el “COCG”), se analizan jurisdicciones que potencialmente puedan tener regímenes perjudiciales bajo el criterio de dicho grupo.

En el marco del trabajo de este organismo, se publican periódicamente las “listas de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales”, cuya primera versión es del 2017. En dicho año, Uruguay fue elegido por el COGD para ser analizado, siendo incluido como “jurisdicción cooperante” pero que debía realizar en su sistema tributario.

En el año 2021, y fruto de la culminación del análisis del COCG, el organismo procede a señalar que nuestro sistema tributario cuenta con algunas regulaciones perjudiciales, en lo que tiene que ver con las rentas pasivas obtenidas fuera de Uruguay, y requiere que Uruguay se comprometa a modificar su sistema tributario a partir del 1 de enero de 2023.

Bajo este marco es que Uruguay inició el camino que condujo a la sanción de la Ley, lo que supuso el sometimiento del anteproyecto a consulta publica para posteriormente ingresarlo en el Poder Legislativo.

¿Cuáles son las principales modificaciones?

Con la sanción de la Ley, pasarán a estar gravadas las rentas pasivas del exterior obtenidas por contribuyentes de IRAE que (i) pertenezcan a un grupo multinacional y (ii) cuando el ingreso es considerado “no calificado” o la entidad que la obtiene es “no calificada”, dependiendo el tipo renta.

¿Cuáles son las rentas alcanzadas?

La Ley regula que se considerarán de fuente uruguaya:

  1. A) las rentas derivadas de la explotación de derechos de propiedad intelectual relativos a patentes o software registrado enajenados o utilizados en el exterior por la parte que no corresponde a “ingresos calificados”, siempre que sean obtenidas por un grupo multinacional; y
  2. B) los rendimientos de capital mobiliario, dividendos, intereses y regalías, depósitos, préstamos y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, obtenidos por contribuyentes de IRAE pertenecientes a un grupo multinacional considerado como “entidad no calificada” por activos, bienes, derechos ubicados fuera del territorio uruguayo.

En cuanto a las rentas mencionadas en A), y al concepto de “ingresos calificados”, la norma expresa las mismas disposiciones establecidas para la exoneración de las rentas provenientes del software en sede de IRAE, regulando la obtención de un cociente que vincula los gastos directos incurridos incrementados en un 30 %, sobre el total de gastos incurridos sin incrementar y considerando solamente los servicios contratados con partes vinculadas no residentes.

En cuanto a las rentas mencionadas en B), y al concepto de “entidad calificada”, la Ley la define como aquella que cuenta con una adecuada sustancia económica durante el ejercicio fiscal. La Ley dispone que se considerará que la entidad tiene suficiente sustancia económica si reúne simultáneamente requisitos en cuanto (i) recursos humanos utilizados, (ii) toma de decisiones estratégicas y soporte de riesgos (iii) gastos y costos adecuados a la adquisición tenencia o enajenación de la renta.

Asimismo, debe aclararse que en B), comprenden a los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones patrimoniales originadas en cualquier negocio jurídico que importe título hábil para trasmitir el dominio y sus desmembramientos, de los activos pasibles de generar los rendimientos precedentes, así como todo aumento de patrimonio derivado de los activos antes mencionados (por ejemplo, rentas por diferencias de cambio).

Por otro lado, las rentas derivadas de la enajenación o utilización económica fuera del territorio nacional de marcas, se considerarán de fuente uruguaya en todos los casos.

En otro orden, un punto importante refiere a que, para las sociedades holding, o para aquellas destinadas a inversiones en inmuebles, los requisitos (ii) y (iii) no son aplicables.

Se prevé asimismo la presentación de una Declaración Jurada a la Dirección General Impositiva (“DGI”) para acreditar estos puntos.

Por último, debe tenerse presente que, a diferencia de lo establecido en el anteproyecto, la Ley agrega a las sociedades de hecho en las que participen entidades integrantes de un grupo multinacional, como contribuyentes de IRAE y por tanto sometidas a los cambios comentados más arriba.

¿Cuál es el concepto de Grupo Multinacional?

La Ley se basa en el concepto de Grupo Multinacional establecido en las definiciones del sistema de precios de transferencia uruguayo (articulo 46 Ter. Titulo 4); grosso modo, se entiende que una entidad forma parte de un Grupo Multinacional cuando queda incluida en los estados consolidados del grupo, o si configurándose la inclusión establecida, queda fuera de dichos estados contables solamente por motivos de tamaño o relevancia.

Cláusula Especifica Anti Abuso

Un tema que no ha estado exento de controversia es la clausula anti abuso regulada en la Ley. En este sentido, para las rentas descriptas anteriormente, la DGI, mediante resolución fundada prevé el desconocimiento de las formas o mecanismos utilizados, si se advierte que el propósito (o uno de los propósitos) fue obtener una ventaja tributaria, desvirtuando el objeto o finalidad que persiguen los artículos.

Asimismo, se aclara que un mecanismo o forma utilizada es impropia, si no existen “razones comerciales válidas” que reflejen la realidad económica.

Advertida dicha situación, el organismo quedaría habilitado para recalificar el ingreso (o la entidad) como no calificada.

Esta norma ha sido señalada por los operadores como una disposición con amplio contenido indeterminado, en donde se conjuga un importante poder al fisco con pasajes ambiguos como pueden ser las “razones comerciales validas” o el propósito de obtener una ventaja tributaria.

Por último, y vinculado a lo expresado más arriba, la Ley dispone las siguientes disposiciones de interés:

  • Crédito Fiscal: Los contribuyentes que queden afectados por las disposiciones de la Ley, tendrán un crédito fiscal del IRAE, por el eventual impuesto a la renta que generen dichas rentas en el exterior, en las condiciones que establezca la reglamentación.
  • IRPF: Los rendimientos de capital mobiliario generados por contribuyentes de IRAE, cuya renta provenga de fuente extranjera, estará sometida a IRPF.
  • Exoneración de dividendos: Se aclara en el literal M) del articulo 52 de l Titulo 4, que la exoneración alcanza los dividendos o utilidades, así como las variaciones patrimoniales vinculadas con la tenencia de participaciones de contribuyentes del IRAE, no así de entidades del exterior.

 

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Guillermo Lorbeer/Cynthia Carballo.

Algunas reflexiones acerca del proyecto que pretende modificar la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060.

La semana académica organizada por el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UDELAR volvió a poner en la mira de los especialistas el proyecto para modificar la ley de sociedades comerciales (el “Proyecto”) que está a estudio del Parlamento, y que de prosperar generaría cambios relevantes en la forma de hacer negocios en Uruguay.

Si bien la Ley N° 16.060 que se pretende modificar, regula distintos tipos de sociedades, es la que aplica a los dos más difundidos en nuestro país: la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La constitución de estas últimas tuvo un gran descenso desde la introducción de las sociedades anónimas simplificadas previstas en la Ley N° 19.820 del año 2019, lo que permite constatar que el mercado busca mayor flexibilidad negocial.

El primer cambio que plantea el Proyecto refiere a la posibilidad de que las sociedades puedan ser constituidas por una única persona. Sin embargo, la mayoría de las modificaciones cobran relevancia en situaciones en que participa más de un sujeto. De hecho, forman parte de los objetivos buscados: dotar a los socios de mayor libertad para pactar las reglas de juego, y de mayores herramientas para resolver situaciones de conflicto interno.

En ese sentido, tan importante como la decisión de ingresar en un negocio con otras personas, es la de decidir las condiciones en que pueden salirse del mismo, y es este precisamente, uno de los temas respecto de los cuales se introducen algunas de las modificaciones más relevantes.

Naturalmente, una forma de salida es que el propio titular decida vender su participación. El proyecto prevé la posibilidad de que las SRLs flexibilicen las mayorías vigentes necesarias para que un socio pueda transferir cuotas a un tercero, y de que las SA puedan introducir la prohibición de negociar las acciones – incluyendo para darlas en garantía-, en principio, por un máximo de 10 años.

Sin embargo, la salida puede ser también instada por los demás socios, y en ese sentido, el proyecto introduce la posibilidad de pactar en el estatuto que el 75% del capital con derecho a voto, excluya a socios que no tengan más del 15%, sin tener que invocar una justa causa. Para ello los socios deberán preverlo en el estatuto, no siendo por lo tanto una solución que rija por defecto para todos los casos. Según se informó, se plantearían nuevas modificaciones al Proyecto para  hacer extensible esta solución a las sociedades anónimas, ya que -pese a que esa fue la intención de los proyectistas- no quedó redactado de esa forma.

El mecanismo de la exclusión debería ser considerado en conjunto con las normas que modifican el rescate de acciones, ya que es otro mecanismo previsto en la ley por medio del cual se podrían retirar acciones de algún socio de circulación. Al respecto, el Proyecto amplía los mecanismos a través de los cuales se pueda decidir rescatar algunas -y no todas las acciones- de una misma clase.

Por último, el socio podría retirarse de la compañía mediante el ejercicio del derecho de receso, esto es, la oportunidad que le da la ley de pedir la salida de la sociedad, en caso que se adopten ciertas decisiones a las que se oponga o de las que no participe. El Proyecto amplía los supuestos en que se puede pedir el receso, siendo uno en caso que no se distribuya al menos un 25% de la utilidad neta distribuibles devengada durante los últimos 5 años.

Excepto por la transferencia de acciones, en los demás casos el socio saliente deberá recibir el valor de su participación por parte de la sociedad. En ese sentido, el Proyecto innova en extender los criterios en base a los cuales pueda determinarse, incluyendo expresamente el valor presente del flujo de ingresos esperados o cualquier otro criterio razonables, de acuerdo con las prácticas de comercio, además de conservar el criterio del valor patrimonial proporcional como una opción.

La propia suerte del proyecto, así como la forma en que resulte aplicable, dependerá en buena parte de lo que se decida respecto de otro de los grandes cambios revistos en el Proyecto y que consiste en la eliminación del contralor de la mayoría de las sociedades anónimas por parte de la Auditoría Interna de la Nación, que a propósito, estaría siendo convocada al Parlamento en los próximos días.

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Dra. Florencia Berro

Breve repaso a las modalidades que ofrece el crowdfunding hoy.

Dentro del dinamismo característico de las nuevas modalidades de financiación, surgió hace unos años el amparo legislativo y regulatorio de determinadas formas de financiamiento colectivo o crowdfunding.

Su término deriva de los vocablos “crowd” (multitud) y “funding” (financiación). Siendo definido por la doctrina como una actividad de financiación colaborativa y colectiva en la que promotores e inversores coadyuvan para llevar a cabo un modelo de negocio particular, el cual se estructurará en base al caso concreto. Otros autores también han definido esta actividad como una convocatoria abierta, generalmente a través de plataformas digitales, con el objetivo de obtener los recursos financieros necesarios para llevar adelante un emprendimiento empresarial.

Dicho fenómeno se ha diversificado de tal forma que al día de hoy se realizan exitosamente una serie de variantes de crowdfunding en el mercado, condicionado fuertemente por las ofertas masivas presentadas por los promotores.

La doctrina ha clasificado a las distintas modalidades dentro del crowdfunding, destacando los siguientes mecanismos:

  • Donation-based. Modalidad de crowdfunding motivada en fines sociales a través del cual el promotor promueve un proyecto de interés social o cultural, que requiere de cierto capital para llevarse a cabo. El financiamiento colectivo de parte de una pluralidad de interesados, no les generará una ganancia futura, si no que se tipifica como una donación colectiva.
  • Reward-based. Dentro de esta variante se prevé una relación entre el aportante y el promotor del proyecto que se instrumenta como un contrato de compraventa, de obra o de prestación de servicios a través del cual el aportante anticipa el pago del precio pactado para que el promotor cuente con fondos que necesita para llevar a cabo el proyecto. En el plazo convenido, el promotor entrega a cada aportante, en calidad de contraprestación, el bien, la obra o el servicio financiado, bajo las condiciones pactadas.
  • Profit-sharing based. En este caso, comúnmente conocido y utilizado, el promotor ofrece de forma masiva a los potenciales inversores una retribución económica a cambio de su aporte inicial, que se reflejará como un derecho de participación en los beneficios económicos que genere el proyecto, en caso de obtenerlos y sujeto a las condiciones acordadas. Es decir, se asimila a lo que comúnmente se conoce como convenio de participación.
  • Lending o debt based también conocido como crowdlending, consiste principalmente en operaciones de préstamo entre un colectivo de usuarios y el operador /promotor. La ganancia se reflejará en torno al porcentaje de interés que se pacte en la amortización posterior de parte del promotor.
  • Equity based o crowdinvesting. Esta última modalidad se caracteriza en el porcentaje de participación que tendrá cada crowdfunder en el capital de la sociedad promotora. La contribución recibe el tratamiento de aportación de capital y el inversor (aportante) adquiere la calidad de socio o accionista (bajo las consideraciones establecidas por la normativa) de la sociedad promotora del proyecto, con derecho a la participación en las utilidades y cualquier otro beneficio previsto por convenio de accionistas, los estatutos sociales o la propia legislación.

El desembarco de las tecnologías disruptivas y las potenciales ventajas que ofrece la sistematización de procesos de financiación colectiva para la realización de emprendimientos, han influido en la estructuración de plataformas digitales dirigidas al crowdfunding que nuestro regulador ha introducido a su órbita de supervisión y fiscalización. Cabe mencionar que estas plataformas se encuadran dentro del mercado primario, siendo este el tipo de mercado financiero mediante el cual se emiten valores negociables y se transmiten por primera vez bajo una oferta ya sea esta pública o privada.

A estos efectos, ya desde el año 2020 se prevé la facultad del Banco Central del Uruguay de ejercer un contralor en el funcionamiento de las empresas administradoras de plataformas de financiamiento colectivo y las condiciones para la actividad de inversión, en ella permitidas. La normativa bancocentralista regula la inscripción de los emisores (promotores) de valores y los valores per se ofrecidos a través de dichas plataformas, su funcionamiento, los límites y también topes cuantitativos de dichas emisiones.

En el marco de la tradicional protección al usuario financiero, el Banco Central dispone que aquellas empresas administradoras de plataformas de financiamiento colectivo, que deseen operar en Uruguay, deberán previamente proceder a solicitar la debida autorización a fin de obtener la licencia como entidad regulada, sujeta a los requisitos que el regulador dispone y las consideraciones de legalidad, oportunidad y conveniencia. Dentro de los roles adjudicados a estas entidades también se prevé su actividad como agente de pago, entidad registrante y representante de los tenedores.

Como conclusión, el entorno digital de interacción que se desarrolla a través de estas plataformas vuelve propicio que una mayor cantidad de personas físicas y jurídicas de mayor o menor volumen tengan la posibilidad de participar, bajo distintas modalidades, en proyectos de interés social, audiovisuales, artísticos y culturales, así como también en emprendimientos empresariales innovadores o incluso en desarrollos inmobiliarios, tecnológicos o de infraestructura generando un ecosistema colaborativo y prometedor para todos los agentes.

 

Dra. Sofía Humaian.

El problema del amanecer en el ecosistema cripto.

A medida que transcurre el tiempo, y ya no medido en años, sino en meses, el crecimiento del ecosistema de criptoactivos es exponencial. Es cierto que en el transcurso de este año han sufrido una crisis similar a la de los activos financieros y eso puede haber aplanado su curva de crecimiento, pero desde hace ya tiempo que forman parte de las economías ya sea como alternativas de inversión, sistema de pago, captación de fondos (crowdfunding) o simplemente como una nueva expresión digital en temas culturales y artísticos.

A partir del año 2009 con la creación del Bitcoin, una de las blockchain más conocidas junto con su moneda nativa, inició la tendencia a la popularización que luego en 2014 fue revolucionada por Ethereum que diversificó en fuerte medida el concepto de activos virtuales y consecuentemente trajo consigo la incorporación en el ecosistema de los smart contracts, las DeFi, DAO’s entre otros, favoreciendo la posibilidad de emisión de amplia variedad de criptoactivos y ya no solo criptomonedas.

En 2018 el GAFI , autoridad supranacional que marca las pautas internacionales de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, modificó alguna de sus recomendaciones, solicitando a los países que incorporaran a los activos virtuales como «bienes, productos, fondos y otros activos u otros activos de valor equivalente» (Nota Interpretativa Nro. 1 de la Recomendación 15 del GAFI) y aplicar a ellos las «medidas pertinentes» incluidas en el «sistema» de prevención de lavado que las mencionadas recomendaciones conforman. La recomendación Nro 15 fue modificada incorporando que los «Proveedores de Activos Virtuales» estuvieran regulados a los efectos de fortalecer la prevención de lavado de activos y lucha contra el terrorismo y que tuvieran una «licencia o registro»  en consonancia con las medidas del GAFI.  Como parte de dicha regulación, está el enfoque basado en riesgos, que debe aplicarse en este caso a las actividades que se realicen con activos virtuales, y la supervisión y monitoreo con fines de prevención . Ello implica entender los riesgos que esta actividad trae asociados y las medidas de mitigación de los mismos.

Esta imperante necesidad de regulación trae consigo desafíos muy interesantes. Primero, la contradicción filosófica entre el espíritu descentralizador que está por atrás de estas tecnologías disruptivas descentralizadas y la centralización evidente que cualquier regulación normativa conlleva. En segundo lugar, la dificultad para adaptar la regulación existente en cada país a las definiciones que el GAFI ha dado respecto de  los activos virtuales y los proveedores de activos virtuales (y la variedad que existen en la realidad).

Este escenario es el que se ha dado en llamar «el problema del amanecer«. La realidad de este fenómeno «virtual» está tal vez ya en el atardecer, pero la regulación viene muchos pasos atrás analizando qué criterio resuelve cada jurisdicción y cómo se hace frente a un criterio armónico a nivel global.

Como dijimos son muchos los desafíos que se plantean. De los principales, la llamada «regla de viaje» de la recomendación Nro 16 del GAFI, que enumera la información que debe «viajar» con cada transferencia electrónica entre la entidad ordenante y la entidad beneficiaria. El ecosistema virtual debe llegar a obtener los estándares de seguridad que ofrecen sistemas como el SWIFT,  pero por las diferencias tecnológicas que existen entre el mundo descentralizado y el mundo centralizado financiero, existen riesgos de filtración de información personal que incluso viola las normas internacionales de protección de datos personales. La industria de los criptoactivos está trabajando aún hoy en encontrar soluciones para hacer viable el cumplimiento de esta recomendación.

Otros desafíos son los de lograr definir o «encasillar» los diversos tipos de activos virtuales que existen. Es difícil pensar que pueda haber convergencia de países en conceptos que varían con la tecnología que se utilice y los fines que a ésta se le den. Los países se ven enfrentados a realizar definiciones dentro de su jurisdicción, entre las que deben elegir entre interpretar por analogía normas existentes para que sean aplicables a los nuevos modelos de negocio y tipos de activos que trae el mundo virtual o directamente, sancionar normativa nueva. Allí el GAFI ha intentado facilitar la tarea a través de los «principios enunciativos», donde se insta a intentar adaptar las normas existentes, tomar en cuenta solo la funcionalidad de los activos y no las distintas tecnologías que subyacen a los mismos.

Para ejemplificar las diferencias más grandes existentes, El Salvador es el ejemplo más radical tal vez, al adoptar a la moneda «bitcoin» como moneda de curso legal mientras otros países como Bolivia o China directamente han prohibido su circulación. Quienes más avanzados están son Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea, quienes con muchos matices vienen convergiendo a las directivas del GAFI.

Uruguay cuenta con un proyecto de ley propuesto por el Banco Central del Uruguay, actualmente bajo estudio de la Cámara de Diputados del Parlamento uruguayo, que incorpora las principales directivas del GAFI en la materia. Principalmente, brindó definiciones respecto a los activos virtuales y los proveedores (y los emisores) de activos virtuales. De acuerdo a la naturaleza que los mismos tengan, estarán o no sujetos a la supervisión del Banco Central del Uruguay (si se consideran o no, financieros). Asimismo, se destaca que dicho Proyecto ampara los principios del GAFI de centrarse en la funcionalidad y la naturaleza de que los activos tengan por encima del nombre o denominación con la que se identifiquen (la esencia por encima del nombre). Y también de «preparación para el futuro«, en el sentido de dejar previsto el camino para futuras tecnologías y que la regulación se adapte en forma flexible a los cambios que ella seguramente tendrá.

Las modificaciones que se proponen en dicho proyecto llevan a que todas las entidades que operen con los activos virtuales allí previstos, quedarán sujetas al control de las normas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, formen parte o no del sistema financiero nacional.

Una vez que esta nueva normativa sea sancionada, Uruguay habrá dado un importante paso intentando de salir del «amanecer» regulatorio, integrándose a los países que han tomado cartas en el asunto. Luego vendrá la etapa de aplicación de la nueva normativa y la adaptación de los actores del ecosistema a la misma.

En caso de consultas y/o dudas vinculadas al tema, no dude en contactarnos.

Cr. Diego Buela Trevisan.

Cambios al régimen de titulares de participaciones patrimoniales nominativas y beneficiarios finales

El pasado 5 de setiembre de 2022 fue publicado el Decreto Nº 272/022 mediante el cual se modifican y agregan disposiciones al Decreto 166/017, relativo al régimen de titulares de participaciones patrimoniales nominativas y beneficiarios finales, conforme se detalla seguidamente:

  1. Entidades exceptuadas de presentar las declaraciones juradas.

El Decreto amplia el elenco de entidades exceptuadas de presentar la declaración jurada con los datos de sus titulares y beneficiarios finales al registro que a tales efectos lleva el Banco Central del Uruguay, agregando las siguientes hipótesis:

  • Las entidades comprendidas en los literales a) a d) del art. 8 del Decreto 166/017 – siendo estas: sociedades personales, sociedades y asociaciones agrarias, sociedades de hecho, sociedades civiles, cooperativas e instituciones de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro, integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que estas sean sus beneficiarios finales- que estén integradas totalmente por otras entidades de las mencionadas, siempre que estas últimas estén a su vez integradas directamente por personas físicas y estas sean sus beneficiarios finales.
  • Las entidades comprendidas en los literales a) a d) del art. 8 del Decreto 166/017 integradas por personas físicas y por otras entidades comprendidas en dichos literales que estén integradas directamente por personas físicas, y que dichas personas sean sus beneficiarios finales.
  1. Plazos para presentar las declaraciones juradas.

Primeras declaraciones juradas: el Decreto amplía el plazo previsto para aquellas entidades que se constituyen o devienen obligadas a cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada que contiene la información sobre sus titulares y beneficiarios finales, pasando de 30 a 45 días. A su vez, se agrega que el plazo se extenderá a 90 días en caso de que los titulares de participaciones patrimoniales o títulos nominativos, los integrantes de la cadena de titularidad o los beneficiarios finales sean no residentes.

Modificaciones en los datos ya presentados: en línea con lo previsto en la ley Nº 19.924, el Decreto amplía el plazo de 30 a 45 días para comunicar las modificaciones de los datos contenidos en la declaración jurada presentada y se mantiene el plazo de 90 días ya previsto para los casos en los que los beneficiarios finales o los titulares de participaciones o títulos nominativos sean no residentes.

Nuevo plazo para modificaciones específicas: también en relación a las declaraciones juradas ya presentadas, el Decreto agrega un nuevo plazo de 90 días, a contar desde el día siguiente de la terminación del año civil en que se produce alguna de las siguientes modificaciones, para comunicarlas:

  • Con respecto a modificaciones a la información relativa a la entidad obligada: sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal.
  • Con respecto a modificaciones a la información relativa los titulares e integrantes de la cadena de titularidad que sean personas físicas y beneficiarios finales: estado civil, la naturaleza propia o ganancial de los títulos declarados, domicilio fiscal y constituido ante la Dirección General Impositiva.
  • Con respecto a los titulares e integrantes de la cadena de titularidad que sean personas jurídicas: domicilio de sus representantes y cargo o vinculación con la entidad.

Modificaciones de datos en caso de fallecimiento: el Decreto agrega un nuevo artículo a los efectos de aclarar desde cuando corre el plazo para informar los cambios acaecidos en caso de fallecimiento de un titular o beneficiario final, disponiendo que el plazo (de 45 o 90 días dependiendo si es residente o no) se computará desde la fecha de la declaratoria de herederos o declaración de carácter análogo. A su vez, el Decreto establece que, de no existir declaratoria de herederos o declaración de carácter análogo dentro del año de fallecido el causante, el plazo se computará desde el día siguiente a la terminación de dicho año. 

  1. Régimen sancionatorio

Eximentes del régimen sancionatorio

El Decreto agrega un nuevo artículo que exime del régimen sancionatorio a aquellos casos en que existan razones debidamente fundadas y acreditadas documentalmente que imposibiliten de manera absoluta y notoria el cumplimiento en plazo de las obligaciones previstas por la ley, entendiendo por imposibilidad “absoluta y notoria”, en caso de “fallecimiento, incapacidad, invalidez o enfermedad grave de la única persona legitimada para suscribir la declaración jurada”. Una vez que cese la situación excepcional de imposibilidad, la entidad deberá cumplir con la obligación pendiente en los plazos previstos en la normativa aplicable y en caso de no hacerlo, el período de incumplimiento será el que transcurre desde el cese de la situación de imposibilidad hasta la fecha del efectivo cumplimiento.

Graduación de sanciones

El Decreto agrega un detalle de cómo se graduarán las multas, por incumplimiento de identificar e informar al beneficiario final o titular de las participaciones, tomando en consideración los criterios ya implementados en la normativa: dimensión económica de la entidad, plazo del incumplimiento, porcentaje de participación desconocido, así como el tope de la multa establecido por ley. A su vez, se establece cuáles serán las multas aplicables en caso de incumplimiento de la obligación de conservar la documentación respaldante de la información requerida.

Cabe destacar que las modificaciones antes mencionadas se condicen con la Resolución de fecha 21 de octubre de 2020 de la Auditoría Interna de la Nación, en relación a la escala para la graduación de las sanciones para los casos de incumplimiento de identificar e informar al beneficiario final o conservar documentos de respaldo, pero no con respecto a la escala establecida para el incumplimiento de identificar e informar al titular de las participaciones, siendo el régimen dispuesto por el Decreto más benevolente.

En virtud de lo anterior, se observa una reducción en el monto de las multas en caso de incumplimiento de identificar e informar al titular de las participaciones.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk

 

 

¿Quiénes pueden utilizar la denominación “banco” o similares?

En virtud de una reciente resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros, recordamos que el Decreto Ley Nº 15.322 del Sistema de Intermediación Financiera, únicamente permite la utilización de las denominaciones “banco”, “bancario”, derivados o similares, a aquellas empresas que hubieran obtenido la autorización y habilitación para funcionar como banco o cooperativa de intermediación financiera, estando inscriptas como tales en el Banco Central del Uruguay. Las empresas privadas que no cumplan con tales condiciones, tienen prohibido el uso de las referidas denominaciones.

El fundamento de esta prohibición radica en evitar confundir al usuario financiero y a su vez no inducir en error al mismo, respecto de quienes están habilitados a recibir determinados depósitos bancarios de los usuarios, actividad monopólica de los bancos y cooperativas de intermediación financiera.

Esta limitación abarca por ejemplo el uso de denominaciones sociales, nombres comerciales o marcas registradas como “banking», “bank», “banksa» de objeto financiero o no (siempre que sean privadas). Sin perjuicio de lo anterior, por la propia naturaleza de la actividad como ser “banco de sangre» o “banco de órganos” quedan excluidas de la prohibición, así como entidades públicas o públicas no estatales.

En el caso de obtenerse la licencia de banco de inversión (que al momento ninguna fue otorgada) deberá necesariamente utilizarse el término banco con el aditamento “de inversión”.

Por su parte, en el marco de los cometidos y atribuciones de la Superintendencia de Servicios Financieros de regulación y control del sistema financiero, a dicha entidad le compete dictar instrucciones particulares, tendientes a promover la estabilidad, solvencia, transparencia y el funcionamiento ordenado y competitivo del mercado, así como para la protección de los consumidores de servicios financieros, pudiendo en este marco, proponer medidas correctivas correspondientes frente a cualquier empresa, financiera o no, cuya denominación ofrezca dudas acerca de su naturaleza o posible actividad financiera y hasta disponer la clausura temporal de las empresas en infracción o su clausura definitiva, previa autorización del Poder Ejecutivo.

Documento elaborado por la Dra. Daniela Sztryk

Inauguración Ciudad Deportiva ENFOQUE

Acompañamos a nuestros clientes Andrés Scotti, Diego Godin, Mario Rebollo y Vicente Sánchez en la inauguración de la Ciudad Deportiva ENFOQUE, en cuyo proyecto actuamos como Asesores Legales, Notariales y Fiscales.

 

Nuevo podcast: Portabilidad numérica

A continuación compartimos link de acceso a nuestro nuevo episodio de podcast, en esta ocasión el tema aborado es «Portabilidad numérica».

https://open.spotify.com/episode/4ONUKIkIz5F88rX3ag7O5O?si=076cca0b89b74190

Recordatorio: Pago de aguinaldo

Por Decreto No. 168/021 se fijaron los plazos para el pago del sueldo anual complementario. Antes del 20 de diciembre del año en curso deberá abonarse el aguinaldo generado en el período correspondiente al 1ro. de junio hasta el 30 de noviembre de 2021.