La Senaclaft acaba de publicar, de forma casi simultánea, dos documentos clave que exponen los resultados de su gestión durante 2025 y su evolución en comparación con años anteriores. En la Memoria institucional se repasan hitos que hemos analizado en notas previas —como el lanzamiento de la nueva Estrategia Nacional PLAFT 2025-2030, las modificaciones a la Ley N.º 19.574 y la puesta en marcha del SILCCON—. Sin embargo, detrás de estas grandes reformas legales y políticas, subyace una transformación profunda del sistema antilavado en Uruguay que se está abriendo camino en dos frentes principales: la tecnología y la fiscalización basada en riesgo.
A continuación, analizamos las novedades más destacadas de la Memoria y las tendencias que revela el Informe Estadístico (período 2021-2025).
1. La transformación del control: "Proyecto Senaclaft" y Supervisión Basada en Riesgos
La Senaclaft, en coordinación con la División de Gestión de Gobierno Electrónico (DGGE), está desarrollando un avanzado Sistema de Información (Proyecto Senaclaft). El objetivo es que, más allá de operar como un repositorio de datos, se convierta en una herramienta diseñada para unificar e integrar fuentes de información oficiales de múltiples organismos (como el Poder Judicial, el BCU y la DGI) junto con fuentes abiertas.
Este sistema permitirá cruzar datos para diseñar perfiles de riesgo específicos para los sujetos obligados (SO). De este modo, la actividad de supervisión e inspección se dirigirá con inteligencia hacia donde radican las verdaderas vulnerabilidades, en lugar de realizar controles masivos de carácter meramente formal.
2. La actividad "silenciosa" de control: cannabis, cáñamo y proyectos especiales
Existe un área de control técnico que la Senaclaft ejecuta de forma paralela a sus actividades de supervisión tradicionales. Se trata del análisis y evaluación de beneficiarios finales y del origen de los fondos destinados a proyectos de inversión en sectores de alta sensibilidad:
- Cannabis y cáñamo: En momentos donde la actividad comercial vinculada al cannabis y al cáñamo industrial tiene una menor visibilidad o debate público en el mercado, el informe revela un control técnico sumamente activo. Durante 2025, la Senaclaft elaboró 18 informes de control previo (a solicitud del IRCCA para cannabis y del MGAP para cáñamo no psicoactivo) antes del otorgamiento de las licencias. Este proceso exige a la Secretaría realizar búsquedas complejas en listas de control internacionales, rastrear antecedentes y analizar la documentación jurídica, contable y financiera de los inversores.
- Participación público-privada (PPP) : Por mandato legal, la Senaclaft debe emitir informes técnicos obligatorios para identificar a los beneficiarios finales y la licitud del origen de los fondos en los proyectos de participación público-privada (PPP). Si bien durante 2025 no ingresaron expedientes de PPP para su análisis, bajo esta misma estricta línea de control la Secretaría elaboró 2 informes especiales a solicitud de la Dirección Nacional de Zonas Francas (DNZF).
3. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): mayor volumen, pero con el mismo "embudo" de efectividad
El compromiso de los sujetos obligados con el reporte de operaciones inusuales o sospechosas se mantiene firme. En 2025 se alcanzó un récord histórico con 1.080 reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados ante la UIAF (la cifra más alta desde que existe la obligación de reportar), lo que representa un crecimiento del 12% frente a los 964 del año anterior.
El comportamiento interno por sectores se distribuyó de la siguiente manera:
- Sector financiero (90,1% del total): Sigue liderando la masa de reportes con 973 ROS. El peso principal recae sobre los bancos (78,6%) y los emisores de dinero electrónico (12,1%), estos últimos mostrando sistemas de monitoreo muy activos.
- Sector no financiero (9,9% del total): Aunque es menor en volumen, es el sector que más crece en términos proporcionales, registrando 107 ROS en 2025 (+27,4% respecto de 2024). Los líderes indiscutidos del reporte no financiero fueron los escribanos (34,6%), seguidos por los casinos (20,6%), las inmobiliarias y constructoras (14%), los usuarios de zonas francas (12,2%) y los proveedores de servicios societarios (10,3%).
El dato de efectividad que llama a la reflexión: A pesar del crecimiento en los reportes recibidos por la UIAF, la tasa de judicialización no cambia la tendencia de los últimos años. En 2025, solo 8 casos fueron finalmente remitidos por la UIAF a la Fiscalía para iniciar investigaciones penales. De hecho, el porcentaje de ROS que terminaron incluidos en expedientes fiscales frente al total de reportes recibidos cayó al mínimo casi histórico del 0,74% (frente al 1,24% en 2024 y al 1,42% in 2021). El sistema sigue enfrentando un desafío de efectividad en la conversión de inteligencia financiera en procesos penales.
4. Judicialización: aumento de condenas y el narcotráfico como el gran motor
En la órbita de la Justicia Penal, la serie histórica muestra una tendencia de crecimiento constante en la cantidad de sentencias condenatorias. En 2025 se registraron 13 personas condenadas por lavado de activos (un incremento porcentual importante frente a las 8 de 2024, aunque moderado en valor absoluto).
Respecto a los delitos precedentes que dieron origen a estas condenas, el narcotráfico y sus delitos conexos continúan siendo el principal motor (10 de las 13 condenas), seguidos marginalmente por delitos de estafa, apropiación indebida y tráfico ilícito de armas.
5. Actividad inspectiva de Senaclaft: menos fiscalizaciones, pero con mayor enfoque de riesgo.
Al haber redefinido los procedimientos para concentrar los esfuerzos en función del riesgo, la Senaclaft realizó significativamente menos supervisiones totales en el sector no financiero (bajando de 202 actuaciones en 2024 a 70 en 2025). No obstante, las inspecciones se dirigieron de forma casi exclusiva a los sectores que el regulador considera de mayor vulnerabilidad:
- Inmobiliarias y promotores: 19 actuaciones.
- Escribanos: 16 actuaciones.
- Contadores: Se realizaron 12 supervisiones en 2025, un sector que prácticamente no había registrado inspecciones en los años previos del período.
La Memoria también confirma una información que ya se vislumbraba a través de declaraciones públicas: se está llevando adelante una evaluación sectorial de riesgos enfocada en tres áreas específicas: zonas francas, trading y proveedores de servicios de personas jurídicas.
6. Un dato que sorprende: el sector no financiero triplica en multas al financiero
A nivel de opinión pública suele creerse que las grandes sanciones económicas y las multas más severas recaen sistemáticamente sobre los hombros de los bancos y las instituciones financieras. Sin embargo, las estadísticas oficiales contradicen esa percepción.
En 2025, el monto total de las multas aplicadas por la Senaclaft al sector no financiero ascendió a 1.488.488 UI , concentrándose la gran mayoría de las sanciones en los escribanos (64 sanciones) y en el sector inmobiliario (17 sanciones). Por el contrario, las multas aplicadas por el Banco Central del Uruguay al sector financiero cayeron fuertemente a 507.500 UI (viniendo de 1.987.500 UI en 2024).
Esto significa que, medido en Unidades Indexadas, las multas aplicadas a los sujetos obligados no financieros casi triplicaron (2,93 veces) a las del sector financiero durante el último año. El regulador no financiero está aplicando el régimen sancionatorio de forma sumamente activa y rigurosa sobre los profesionales independientes y operadores inmobiliarios.
